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Justicia

Causa D’Alessio: Ramos Padilla procesó al fiscal Bidone

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El fiscal de Mercedes Juan Ignacio Bidone, suspendido en sus funciones desde hace varios meses debido a presuntos vínculos con la red de espionaje ilegal liderada por Marcelo D’Alessio, fue finalmente procesado por Alejo Ramos Padilla. El juez federal de Dolores consideró que hay elementos para considerarlo responsable del delito de asociación ilícita y abuso de autoridad. El procesamiento dictado es sin prisión preventiva, pero está acompañado de un embargo por 10 millones de pesos.

Bidone había prestado declaración indagatoria ante Ramos Padilla a mediados del mes pasado. El fiscal de Dolores lo había citado para interrogarlo acerca de sus vínculos con la red ilegal construida por D’Alessio para espiar, extorsionar y coaccionar a empresarios, políticos, funcionarios y periodistas, entre otros.

Esta mañana, el juez federal de Dolores determinó que “se han reunido suficientes elementos de prueba objetivos y concordantes” que “dan cuenta prima facie de la participación penalmente responsable” de Bidone en la organización delictiva liderada por D’Alessio e integrada, hasta ahora, por los ex comisarios Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi y el ex espía Rolando Barreiro. El magistrado también sostuvo en su resolución que hay pruebas “de su aporte material y puntual en la comisión de diversos planes delictivos que se habrían planificado y llevado adelante en el marco de esa asociación ilícita”.

Según lo investigado, la banda de D’Alessio obtenía información de Migraciones y de empresas telefónicas a través de Bidone. “No sólo se ha acreditado la relación personal con D´Alessio y Barreiro sino que también se ha dado cuenta de las características de esos vínculos, directamente ligados con las actividades de investigación criminal ilegal y de espionaje político y judicial que llevaba adelante la organización y a la que Bidone asistía alegando actuar en el marco de una investigación a su cargo”, sostiene el fiscal.

El procesamiento dictado lo halla responsable de los delitos de asociación ilícita y abuso de autoridad en perjuicio de Alfredo Olmedo, Ricardo Colombi, Eduardo Tassano, Sergio Flinta, Eduardo Alejandro Vischi, Mario Víctor Cifuentes, Pedro Etchebest, Giselle Robles, Dov Killinsky y Bernardo Marcelo Yungman.

Durante su indagatoria, Bidone intentó justificar estos vínculos desde su labor judicial, “está claro que la información que recogía tenía otra finalidad que eran la extorsión, la intimidación y el espionaje con fines políticos, económicos y judiciales”, aseguró Ramos Padilla.

La semana pasada, Bidone había sido procesado en la causa que investiga una supuesta extorsión al empresario aduanero Gabriel Traficante, a cargo del juez federal Luis Rodríguez.

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Justicia

La Justicia le reclamó al Gobierno que deje de ocultar información

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El Tribunal Oral Federal número 2, que lleva adelante el juicio oral contra Cristina Fernández de Kirchner, volvió a reclamarle al Gobierno nacional una serie de medidas de prueba solicitadas por la defensa de la ex presidenta respecto de la causa conocida como “vialidad”.

Mediante una nota dirigida al jefe de Gabinete, Marcos Peña, el TOF 2 le recuerda que ya había realizado ese mismo pedido el 25 de abril, del cual nunca tuvo respuesta. Con la firma del presidente del tribunal, Jorge Gorini, y el secretario de Cámara, Tomás Cisneros, los jueces exigen la totalidad de las resoluciones tanto del Ministerio de Planificación como de la Dirección Nacional de Vialidad, “a través de las cuales se ampliaron y modificaron las partidas presupuestarias establecidas en las leyes de presupuesto previstas para los ejercicios 2004 a 2015”.

También pidieron “la totalidad de los Actos Administrativos a través de los cuales la Secretaría de Obra Pública, la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal, la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y cualquier otro organismo dependiente del Ministerio de Planificación Federal, asignaron fondos del fideicomiso creado por el Decreto 976/01 para cualquier cumplimiento de fines específicos”.

Según detalló Carlos Beraldi, el abogado de Cristina Kirchner, estas medidas de prueba habían sido solicitadas a la Justicia hace casi un año. Sin embargo, en un primer momento el TOF 2 le había respondido que la búsqueda de esa información debía ser realizada por la defensa ya que consideraban que era de acceso público.

Ante la imposibilidad de ingresar a distintas bases de datos de organismos oficiales por parte de la defensa, el Tribunal Oral requirió por distintas vías la información al Poder Ejecutivo hasta llegar al jefe de Gabinete, que aún no entregó la documentación.

“La acusación que se efectúa en contra de CFK sostiene que desde su gobierno, a través de distintos actos administrativos, se reasignaban de manera especial las partidas del presupuesto votadas por el Congreso de la Nación en favor de las empresas de Lázaro Báez”, explica Beraldi mediante un comunicado en el que asegura que “la acusación es falsa” y la ex Presidenta “jamás favoreció a las empresas de Báez”. “Las reasignaciones de partidas tenían carácter general, representando ello una facultad administrativa que desarrollan habitualmente todos los gobiernos”, sentenció.

Para demostrar esto es que se pidió al Poder Ejecutivo de la Nación todos los actos de gobierno por los cuales se reasignaron partidas presupuestarias.

Entre otras cuestiones, éstas medidas forman parte de las quejas que en su momento remitieron las partes a la Corte Suprema de Justicia y por la cual el máximo tribunal solicitó la semana pasada acceder al expediente.

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Justicia

Cristina Kirchner está en Comodoro Py para afrontar su primer juicio oral por corrupción

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Piloto azul, pollera y camisa blanca. La ex mandataria y actual senadora Cristina Kirchner partió a las 11:14 desde su vivienda de Juncal y Uruguay, en el barrio de Recoleta, con destino a los Tribunales de Retiro, donde este martes comenzará el juicio oral y público en su contra por la causa Vialidad.

En medio de forcejeos, Cristina Kirchner se hizo paso por el cordón humano de militantes y periodistas que la esperaban en la vereda de su departamento, para subirse al Chevrolet blanco que la trasladó hacia Comodoro Py 2002.

Veintitrés minutos después, la ex mandataria ingresaba con su auto –custodiada por dos motos de la Policía Federal– por un acceso lateral lindero al edificio del Correo Argentino, y desde allí a la sala de audiencias AMIA.

CFK con la militancia (foto: Télam)

CFK con la militancia (foto: Télam)

Según la imputación, desde su gobierno se le asignaron contratos de manera presuntamente irregular al empresario Lázaro Báez. Para esta primera jornada, donde está procesada por asociación ilícita, se prevé el inicio de la lectura del requerimiento de elevación de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques. Se cree que ese trámite llevará por lo menos cuatro audiencias.

Este primer juicio que se le sigue, junto a otros doce acusados, se relaciona con la adjudicación de 51 obras públicas a empresas vinculadas al detenido Báez durante el kirchnerismo, en la provincia de Santa Cruz.

Estas adjudicaciones habrían sido irregulares y la mayor parte de las obras quedaron inconclusas pese a que se pagaron en su totalidad, entre otras acusaciones.

El expediente cuenta con 60 cuerpos y está previsto que declaren 160 testigos, entre los que se encuentra Alberto Fernández, su compañero en la fórmula presidencial que ella misma anunció el sábado pasado y donde irá como vicepresidente.

Esta mañana,  la ex mandataria aseguró que el juicio por la causa Vialidad “se trata de un nuevo acto de persecución” que tiene por objetivo “colocar a una ex presidenta opositora a este gobierno en el banquillo de los acusados en plena campaña presidencial”.

Dirigentes kirchneristas en Comodoro Py (Twitter: @gabicerru)

Dirigentes kirchneristas en Comodoro Py (Twitter: @gabicerru)

Desde temprano se concentraron en el hall central de Comodoro Py referentes políticos kirchneristas para brindarle su apoyo. Varios lograron ingresar a la sala de audiencias para presenciar el debate, entre ellos, Oscar Parrilli, Carlos Tomada, Diana Conti, Hebe de Bonafini y Martín Sabbatella. Otros siguen el proceso desde afuera.

El Tribunal Oral Federal Número 2 (TOF2) asignó 60 lugares para los invitados que en principio se irán rotando. Además, en la Sala AMIA hay espacio para más de 50 periodistas.

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Justicia

Nuevo juicio por delitos de lesa humanidad en Santa Fe

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Un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en Santa Fe evaluará, a partir de mañana, la responsabilidad de 14 represores que integraron el Ejército y la Policía de la provincia en los asesinatos y desapariciones de militantes comprendidos en lo que judicialmente se conoce como “Operativos área 212”, llevados a cabo de manera conjunta por las fuerzas de seguridad durante la última dictadura cívico militar.

A partir de mañana, el Tribunal Oral Federal de Santa fe, compuesto por los jueces Luciano Lauría, Mario Gambacorta y Otmar Paulucci, dará comienzo a este debate que repasará los detalles de una docena de casos crímenes y desapariciones de militantes de agrupaciones políticas setentistas durante el terrorismo de Estado entre 1976 y 1977. Entre los casos a evaluar se encuentran la llamada Masacre de Ituzaingó y Las Heras, un operativo conjunto de la policía local y las fuerzas militares en el que la cúpula de la organización Montoneros de la provincia resultó asesinada.

Años atrás un juicio oral evaluó responsabilidades de cuatro de sus autores sin haberlos condenado: fallecieron antes o durante el debate. En esta ocasión, por estos hechos y otros, serán juzgados los ex miembros del Ejército Ramón Recio, Jorge Balla y Luis Gómez; los ex policías Rodolfo Reible, Abel Romero, Carlos Albornoz, Mariol Aquino, Ricardo Brunel, Rolando Martínez, Rubén Vázquez, Luis Alberto Bellini, Juan Perizzotti y Raúl Giménez, y el ex oficial del Departamento de Informaciones Oscar Valdéz.

Se estima que declaren unos 80 testigos mientras que fuentes judiciales calculan que el debate se extenderá hasta agosto próximo.

El viernes, en tanto, la Justicia federal de la provincia emitirá su sentencia en el juicio que se desarrolla desde marzo pasado contra siete ex integrantes de la Policía local y el Ejército que durante la última dictadura cometieron delitos de lesa humanidad como parte de la “Patota santafesina”.

Los imputados, seis hombres y una mujer, están acusados por los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos, violación sexual agravada y violación en contra de diez víctimas. Para ellos, la Fiscalía solicitó penas de entre 8 y 23 años de cárcel.

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