Para la defensa, el Tribunal Oral 2 que debe llevar adelante el juicio “no solo negó la posibilidad de analizar si hubo deficiencias constructivas en las obras realizadas por las empresas de (Lázaro) Báez, sino además limitó el estudio pericial con relación a presuntos sobreprecios y demoras en la ejecución de las obras a sólo 5 de los 51 casos investigados, sin que para ello exista ni se haya indicado razón alguna que justifique tal temperamento”.

También el Tribunal denegó la posibilidad de efectuar un análisis comparativo entre los precios y los tiempos de ejecución de las obras realizadas en Santa Cruz con las realizadas en otras jurisdicciones por otras empresas dedicadas a esta tarea, “entre las que naturalmente se incluyen empresarios vinculados al actual gobierno”, sostuvo la defensa de Cristina.

Paradójicamente, sostiene la defensa, el único informe obrante en la causa, aportado por los técnicos de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), desmiente la acusación descartando particularmente la existencia de deficiencias constructivas en las obras denunciadas.

Según un comunicado difundido tras el pedido de la Corte al tribunal del juicio, para analizar los recursos, la defensa de Cristina requirió distintas medidas de prueba a los efectos de demostrar la absoluta falsedad de la imputación.

“En términos cuantitativos, el Tribunal Oral solo admitió alrededor del 20% de las medidas de prueba ofrecidas por la defensa de la ex presidenta. Sin embargo, la arbitrariedad en que incurrió Tribunal al tiempo de evaluar tal ofrecimiento resulta mucho mayor si se analizan los principales ejes que fueron propuestos por los acusadores, que buscan ser desvirtuados durante las audiencias del juicio oral”, sostiene el documento.

Supuesta concentración de la obra pública

Según los acusadores, la prueba que acreditaría la responsabilidad de Cristina en la supuesta concentración de la obra pública en la provincia de Santa Cruz surgiría de cinco vías legales de asignación presupuestaria. A efectos de controvertir esta acusación, la defensa requirió una pericia contable destinada a establecer si hubo o no una concentración en las partidas en favor de la provincia de Santa Cruz en materia de obra pública, solicitando que se efectuara un análisis comparativo con las inversiones realizadas en las 23 jurisdicciones restantes.

Por otro lado, solicitó que se convocara a prestar declaración testimonial a todos los legisladores que votaron afirmativamente las respectivas leyes de presupuesto. Asimismo, solicitó que se citara a los funcionarios que tomaron intervención en los respectivos expedientes administrativos que se sustanciaron en la esfera del Poder Ejecutivo con motivo de las reasignaciones de partida dispuestas a nivel de Jefatura de Gabinete, Ministerio de Planificación y Vialidad Nacional.

Frente a tales peticiones el Tribunal rechazó la pericia contable y la transformó en una “prueba informativa”, es decir, un estudio que debe ser realizado por los actuales funcionarios del propio Poder Ejecutivo, que es querellante en la causa.

No admitió la citación como testigos de los legisladores que votaron las leyes de presupuesto que insólitamente se califican como el instrumento de un grave delito.

Hasta ahora no hizo lugar a la citación de los funcionarios del Poder Ejecutivo que fuera propuesta.

Además, la defensa pidió que se llevara a cabo un profundo estudio pericial tendiente a determinar si hubo o no sobreprecios en las obras investigadas, si las mismas presentaban o no deficiencias constructivas y si se cumplieron o no los plazos establecidos en los pliegos de licitación. Todo ello, en relación a las 51 obras que fueron materia de acusación por parte de los Fiscales, la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera.

El Tribunal Oral no solo negó la posibilidad de analizar si hubo deficiencias constructivas en las obras realizadas por las empresas de Báez, sino además limitó el estudio pericial con relación a presuntos sobreprecios y demoras en la ejecución de las obras a sólo 5 de los 51 casos investigados, “sin que para ello exista ni se haya indicado razón alguna que justifique tal temperamento”, explica el comunicado.

Los recursos que tiene que resolver la Corte

La defensa de la ex presidenta presentó dos recursos de casación, los cuales rápidamente fueron declarados inadmisibles por el Tribunal Oral. Ante tal situación se realizaron dos presentaciones directas ante la Cámara de Casación, las cuales también fueron rechazadas con la mayor velocidad por una Sala del Tribunal que, para peor, ni siquiera era competente para intervenir en el caso. Frente a ello fueron presentados dos recursos extraordinarios para que el caso sea resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los cuales también fueron “veloz y arbitrariamente denegados”, sostiene el escrito.

“Ante esta situación se presentaron dos recursos de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pidiéndole a ese Alto Tribunal que, de una vez por todas, interviniera en el caso y requiriera la remisión de los autos principales. Ello, con el propósito de que no se sigan cometiendo mayores irregularidades. Se resaltó que se trata de un caso de gravedad institucional, en el cual se pretende llevar a cabo nada menos que un juicio contra la ex Presidenta de la Nación, sin las pruebas más elementales que permitan definir la verdad de los hechos”, advirtió la defensa.

Finalmente, la Corte solicitó, de manera urgente, la remisión del expediente en cuestión, a efectos de evaluar la grave situación planteada por Cristina.