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Justicia

Juicio a Cristina Kirchner por la obra pública: ¿qué debe analizar y resolver la Corte?

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El máximo tribunal pidió el expediente, lo que demoraría el incio del debate judicial previsto para el próximo martes. ¿Cuáles son los pasos siguientes?

La defensa de la ex presidenta Cristina Kirchner advirtió que durante la etapa de instrucción, todas las medidas de prueba que fueron solicitadas fueron denegadas sin ningún fundamento. La Corte deberá definir sobre esa denegatoria de medidas, entre ellas un profundo estudio pericial.

Para la defensa, el Tribunal Oral 2 que debe llevar adelante el juicio “no solo negó la posibilidad de analizar si hubo deficiencias constructivas en las obras realizadas por las empresas de (Lázaro) Báez, sino además limitó el estudio pericial con relación a presuntos sobreprecios y demoras en la ejecución de las obras a sólo 5 de los 51 casos investigados, sin que para ello exista ni se haya indicado razón alguna que justifique tal temperamento”.

También el Tribunal denegó la posibilidad de efectuar un análisis comparativo entre los precios y los tiempos de ejecución de las obras realizadas en Santa Cruz con las realizadas en otras jurisdicciones por otras empresas dedicadas a esta tarea, “entre las que naturalmente se incluyen empresarios vinculados al actual gobierno”, sostuvo la defensa de Cristina.

Paradójicamente, sostiene la defensa, el único informe obrante en la causa, aportado por los técnicos de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), desmiente la acusación descartando particularmente la existencia de deficiencias constructivas en las obras denunciadas.

Según un comunicado difundido tras el pedido de la Corte al tribunal del juicio, para analizar los recursos, la defensa de Cristina requirió distintas medidas de prueba a los efectos de demostrar la absoluta falsedad de la imputación.

“En términos cuantitativos, el Tribunal Oral solo admitió alrededor del 20% de las medidas de prueba ofrecidas por la defensa de la ex presidenta. Sin embargo, la arbitrariedad en que incurrió Tribunal al tiempo de evaluar tal ofrecimiento resulta mucho mayor si se analizan los principales ejes que fueron propuestos por los acusadores, que buscan ser desvirtuados durante las audiencias del juicio oral”, sostiene el documento.

Supuesta concentración de la obra pública

Según los acusadores, la prueba que acreditaría la responsabilidad de Cristina en la supuesta concentración de la obra pública en la provincia de Santa Cruz surgiría de cinco vías legales de asignación presupuestaria. A efectos de controvertir esta acusación, la defensa requirió una pericia contable destinada a establecer si hubo o no una concentración en las partidas en favor de la provincia de Santa Cruz en materia de obra pública, solicitando que se efectuara un análisis comparativo con las inversiones realizadas en las 23 jurisdicciones restantes.

Por otro lado, solicitó que se convocara a prestar declaración testimonial a todos los legisladores que votaron afirmativamente las respectivas leyes de presupuesto. Asimismo, solicitó que se citara a los funcionarios que tomaron intervención en los respectivos expedientes administrativos que se sustanciaron en la esfera del Poder Ejecutivo con motivo de las reasignaciones de partida dispuestas a nivel de Jefatura de GabineteMinisterio de Planificación y Vialidad Nacional.

Frente a tales peticiones el Tribunal rechazó la pericia contable y la transformó en una “prueba informativa”, es decir, un estudio que debe ser realizado por los actuales funcionarios del propio Poder Ejecutivo, que es querellante en la causa.

No admitió la citación como testigos de los legisladores que votaron las leyes de presupuesto que insólitamente se califican como el instrumento de un grave delito.

Hasta ahora no hizo lugar a la citación de los funcionarios del Poder Ejecutivo que fuera propuesta.

Además, la defensa pidió que se llevara a cabo un profundo estudio pericial tendiente a determinar si hubo o no sobreprecios en las obras investigadas, si las mismas presentaban o no deficiencias constructivas y si se cumplieron o no los plazos establecidos en los pliegos de licitación. Todo ello, en relación a las 51 obras que fueron materia de acusación por parte de los Fiscales, la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera.

El Tribunal Oral no solo negó la posibilidad de analizar si hubo deficiencias constructivas en las obras realizadas por las empresas de Báez, sino además limitó el estudio pericial con relación a presuntos sobreprecios y demoras en la ejecución de las obras a sólo 5 de los 51 casos investigados, “sin que para ello exista ni se haya indicado razón alguna que justifique tal temperamento”, explica el comunicado.

Los recursos que tiene que resolver la Corte

La defensa de la ex presidenta presentó dos recursos de casación, los cuales rápidamente fueron declarados inadmisibles por el Tribunal Oral. Ante tal situación se realizaron dos presentaciones directas ante la Cámara de Casación, las cuales también fueron rechazadas con la mayor velocidad por una Sala del Tribunal que, para peor, ni siquiera era competente para intervenir en el caso. Frente a ello fueron presentados dos recursos extraordinarios para que el caso sea resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los cuales también fueron “veloz y arbitrariamente denegados”, sostiene el escrito.

“Ante esta situación se presentaron dos recursos de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pidiéndole a ese Alto Tribunal que, de una vez por todas, interviniera en el caso y requiriera la remisión de los autos principales. Ello, con el propósito de que no se sigan cometiendo mayores irregularidades. Se resaltó que se trata de un caso de gravedad institucional, en el cual se pretende llevar a cabo nada menos que un juicio contra la ex Presidenta de la Nación, sin las pruebas más elementales que permitan definir la verdad de los hechos”, advirtió la defensa.

Finalmente, la Corte solicitó, de manera urgente, la remisión del expediente en cuestión, a efectos de evaluar la grave situación planteada por Cristina.

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Justicia

La Justicia le reclamó al Gobierno que deje de ocultar información

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El Tribunal Oral Federal número 2, que lleva adelante el juicio oral contra Cristina Fernández de Kirchner, volvió a reclamarle al Gobierno nacional una serie de medidas de prueba solicitadas por la defensa de la ex presidenta respecto de la causa conocida como “vialidad”.

Mediante una nota dirigida al jefe de Gabinete, Marcos Peña, el TOF 2 le recuerda que ya había realizado ese mismo pedido el 25 de abril, del cual nunca tuvo respuesta. Con la firma del presidente del tribunal, Jorge Gorini, y el secretario de Cámara, Tomás Cisneros, los jueces exigen la totalidad de las resoluciones tanto del Ministerio de Planificación como de la Dirección Nacional de Vialidad, “a través de las cuales se ampliaron y modificaron las partidas presupuestarias establecidas en las leyes de presupuesto previstas para los ejercicios 2004 a 2015”.

También pidieron “la totalidad de los Actos Administrativos a través de los cuales la Secretaría de Obra Pública, la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal, la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y cualquier otro organismo dependiente del Ministerio de Planificación Federal, asignaron fondos del fideicomiso creado por el Decreto 976/01 para cualquier cumplimiento de fines específicos”.

Según detalló Carlos Beraldi, el abogado de Cristina Kirchner, estas medidas de prueba habían sido solicitadas a la Justicia hace casi un año. Sin embargo, en un primer momento el TOF 2 le había respondido que la búsqueda de esa información debía ser realizada por la defensa ya que consideraban que era de acceso público.

Ante la imposibilidad de ingresar a distintas bases de datos de organismos oficiales por parte de la defensa, el Tribunal Oral requirió por distintas vías la información al Poder Ejecutivo hasta llegar al jefe de Gabinete, que aún no entregó la documentación.

“La acusación que se efectúa en contra de CFK sostiene que desde su gobierno, a través de distintos actos administrativos, se reasignaban de manera especial las partidas del presupuesto votadas por el Congreso de la Nación en favor de las empresas de Lázaro Báez”, explica Beraldi mediante un comunicado en el que asegura que “la acusación es falsa” y la ex Presidenta “jamás favoreció a las empresas de Báez”. “Las reasignaciones de partidas tenían carácter general, representando ello una facultad administrativa que desarrollan habitualmente todos los gobiernos”, sentenció.

Para demostrar esto es que se pidió al Poder Ejecutivo de la Nación todos los actos de gobierno por los cuales se reasignaron partidas presupuestarias.

Entre otras cuestiones, éstas medidas forman parte de las quejas que en su momento remitieron las partes a la Corte Suprema de Justicia y por la cual el máximo tribunal solicitó la semana pasada acceder al expediente.

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Justicia

Cristina Kirchner está en Comodoro Py para afrontar su primer juicio oral por corrupción

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Piloto azul, pollera y camisa blanca. La ex mandataria y actual senadora Cristina Kirchner partió a las 11:14 desde su vivienda de Juncal y Uruguay, en el barrio de Recoleta, con destino a los Tribunales de Retiro, donde este martes comenzará el juicio oral y público en su contra por la causa Vialidad.

En medio de forcejeos, Cristina Kirchner se hizo paso por el cordón humano de militantes y periodistas que la esperaban en la vereda de su departamento, para subirse al Chevrolet blanco que la trasladó hacia Comodoro Py 2002.

Veintitrés minutos después, la ex mandataria ingresaba con su auto –custodiada por dos motos de la Policía Federal– por un acceso lateral lindero al edificio del Correo Argentino, y desde allí a la sala de audiencias AMIA.

CFK con la militancia (foto: Télam)

CFK con la militancia (foto: Télam)

Según la imputación, desde su gobierno se le asignaron contratos de manera presuntamente irregular al empresario Lázaro Báez. Para esta primera jornada, donde está procesada por asociación ilícita, se prevé el inicio de la lectura del requerimiento de elevación de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques. Se cree que ese trámite llevará por lo menos cuatro audiencias.

Este primer juicio que se le sigue, junto a otros doce acusados, se relaciona con la adjudicación de 51 obras públicas a empresas vinculadas al detenido Báez durante el kirchnerismo, en la provincia de Santa Cruz.

Estas adjudicaciones habrían sido irregulares y la mayor parte de las obras quedaron inconclusas pese a que se pagaron en su totalidad, entre otras acusaciones.

El expediente cuenta con 60 cuerpos y está previsto que declaren 160 testigos, entre los que se encuentra Alberto Fernández, su compañero en la fórmula presidencial que ella misma anunció el sábado pasado y donde irá como vicepresidente.

Esta mañana,  la ex mandataria aseguró que el juicio por la causa Vialidad “se trata de un nuevo acto de persecución” que tiene por objetivo “colocar a una ex presidenta opositora a este gobierno en el banquillo de los acusados en plena campaña presidencial”.

Dirigentes kirchneristas en Comodoro Py (Twitter: @gabicerru)

Dirigentes kirchneristas en Comodoro Py (Twitter: @gabicerru)

Desde temprano se concentraron en el hall central de Comodoro Py referentes políticos kirchneristas para brindarle su apoyo. Varios lograron ingresar a la sala de audiencias para presenciar el debate, entre ellos, Oscar Parrilli, Carlos Tomada, Diana Conti, Hebe de Bonafini y Martín Sabbatella. Otros siguen el proceso desde afuera.

El Tribunal Oral Federal Número 2 (TOF2) asignó 60 lugares para los invitados que en principio se irán rotando. Además, en la Sala AMIA hay espacio para más de 50 periodistas.

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Nuevo juicio por delitos de lesa humanidad en Santa Fe

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Un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en Santa Fe evaluará, a partir de mañana, la responsabilidad de 14 represores que integraron el Ejército y la Policía de la provincia en los asesinatos y desapariciones de militantes comprendidos en lo que judicialmente se conoce como “Operativos área 212”, llevados a cabo de manera conjunta por las fuerzas de seguridad durante la última dictadura cívico militar.

A partir de mañana, el Tribunal Oral Federal de Santa fe, compuesto por los jueces Luciano Lauría, Mario Gambacorta y Otmar Paulucci, dará comienzo a este debate que repasará los detalles de una docena de casos crímenes y desapariciones de militantes de agrupaciones políticas setentistas durante el terrorismo de Estado entre 1976 y 1977. Entre los casos a evaluar se encuentran la llamada Masacre de Ituzaingó y Las Heras, un operativo conjunto de la policía local y las fuerzas militares en el que la cúpula de la organización Montoneros de la provincia resultó asesinada.

Años atrás un juicio oral evaluó responsabilidades de cuatro de sus autores sin haberlos condenado: fallecieron antes o durante el debate. En esta ocasión, por estos hechos y otros, serán juzgados los ex miembros del Ejército Ramón Recio, Jorge Balla y Luis Gómez; los ex policías Rodolfo Reible, Abel Romero, Carlos Albornoz, Mariol Aquino, Ricardo Brunel, Rolando Martínez, Rubén Vázquez, Luis Alberto Bellini, Juan Perizzotti y Raúl Giménez, y el ex oficial del Departamento de Informaciones Oscar Valdéz.

Se estima que declaren unos 80 testigos mientras que fuentes judiciales calculan que el debate se extenderá hasta agosto próximo.

El viernes, en tanto, la Justicia federal de la provincia emitirá su sentencia en el juicio que se desarrolla desde marzo pasado contra siete ex integrantes de la Policía local y el Ejército que durante la última dictadura cometieron delitos de lesa humanidad como parte de la “Patota santafesina”.

Los imputados, seis hombres y una mujer, están acusados por los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos, violación sexual agravada y violación en contra de diez víctimas. Para ellos, la Fiscalía solicitó penas de entre 8 y 23 años de cárcel.

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