La decisión tiene como objeto encaminar la causa contra la ex presidente Cristina Kirchner por el supuesto pago de coimas en la obra pública entre el 21 y el 23 de julio de 2010.

La causa de los cuadernos está construida sobre las anotaciones de Oscar Centeno, el chofer del ex funcionario del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta, y ya está en trámite para ser elevada a juicio oral.

Los cinco casos de presunto cohecho tienen como imputados a Baratta, a la ex presidenta, al ex director de Energías Renovables del Ministerio de Planificación, Fabián García Ramón, y a los empresarios Gerardo Ferreyra, Osvaldo Acosta, Jorge Neira y César De Goycoechea.

La causa se inició a partir de la confesión de Centeno, quien fue aceptado por el fiscal federal Carlos Stornelli como imputado colaborador (el primer “arrepentido”) en la causa que investiga una supuesta red de pago y cobro de coimas.

Tal como consta en la causa, el dinero habría sido recibido por Baratta y por el secretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, quienes a su vez la habrían entregado en efectivo en la quinta de Olivos o en el departamento de los Kirchner en Recoleta.

Hace algunos días la ex mandataria pidió que la causa fuera enviada a juicio oral con críticas a Bonadio por la investigación en la que está procesada como jefa de una organización ilícita.

“Vamos a recurrir la absolución de Puente porque entendemos que, si bien no tiene la misma responsabilidad que Bialolenkier, ella también es responsable. Así lo entendimos nosotros y también la fiscal”, aseveró el abogado Diego Pirota en declaraciones a la agencia Télam.

Además, detalló que otro de los aspectos de la sentencia que apelará será el plazo de inhabilitación para ejercer la profesión que se le impuso al endoscopista, fijado por el Tribunal en siete años y medio, dado que la familia de la periodista entiende que Bialolenkier “no debe ejercer más la medicina”.

El viernes último, el Tribunal condenó por “homicidio culposo” al endoscopista Bialolenkier a tres años de prisión condicional y siete años y medio de inhabilitación y absolvió a la anestesista Puente.

Tal como había adelantado a la prensa cuando todavía se desarrollaba el juicio, el abogado de la familia de la periodista y legisladora porteña Pérez Volpin tiene decidido también querellar criminalmente a las autoridades de Galeno, empresa dueña del Sanatorio La Trinidad, por los presuntos delitos de “encubrimiento” y “falso testimonio”.

Télam

En el veredicto dado a conocer el viernes último, en la octava y última jornada del juicio, el juez Anzoátegui habilitó extraer los testimonios de la instrumentista Miriam Frías, el endoscopista Sebastián Cechi, el director médico de La Trinidad de Palermo, Roberto Martignano, y el director general de Galeno, Eduardo Cavallo, quienes podrían ser investigados por presunto falso testimonio

Alberto Abad, titular de la AFIP

Según el periodista de Ámbito Financiero, Gabriel Morini, el ex AFIP dejó una serie de mensajes políticos y técnicos en su declaración que incluyeron la mención a varias empresas o personas que habían recibido idéntico beneficio por los planes del Artículo 32, entre las que estaban desde la constructora del primo de Mauricio Macri, IECSA, hasta el propio Consejo de la Magistratura, encargado de administrar el dinero del Poder Judicial.

“Me jodieron la vida. Soy un muerto civil”, se definió el ex administrador quien reconoció que él mismo se financió recientemente con un plan de facilidades de la AFIP sobre el pago de IVA que debía afrontar.

La anécdota tuvo otro dardo teledirigido: acusar al abogado (externo) Ricardo Gil Lavedra –quien dirigió la estrategia jurídica de la gestión Abad en el caso Oil- y al fiscal Gerardo Pollicita de haber ignorado en su acusación una serie de elementos de funcionamiento interno de la AFIP que impedirían considerar el otorgamiento de planes de pago un delito, como es el eje del debate oral y de la causa que instruyó el juez Julián Ercolini.

“Me adjudicaron la autoría, no de un delito que no pueden probar, sino que no existe”, lanzó. “Soy blanco de una persecución política con ropaje judicial”, subrayó, al apuntar que quizás el objetivo final de la “serie de disparates jurídicos y técnicos” que tiene la causa podría haber sido “arrebatarles las empresas” a Cristóbal López y Fabián De Sousa.

Para Echegaray se ignoraron auditorías hechas por su gestión donde no se mostraron objeciones al procedimiento interno para autorizar planes de pago; se desconoció que desde hace años no se les exige a las empresas que presenten documentación para acreditar una situación económica o financiera que les impida pagar con normalidad porque esos datos ya se encuentran en las bases informáticas de AFIP; y que hubo una cadena de 8 escalones previos de funcionarios de carrera que convalidaron el procedimiento para Oil –pero están siendo investigados en un proceso aparte que desmembró la causa madre-, en especial de su ex mano derecha Guillermo Mitchell (hoy asesor de Miguel Pichetto) quien dio el último visto bueno a los planes.

Pero en las falencias técnicas sobre la investigación, Echegaray apuntó a un asunto clave para desentrañar en el juicio: por su naturaleza, el “destinatario del impuesto” ITC era Oil Combustibles –no los consumidores de nafta a quienes se le traslada o no ese costo- por lo que como un impuesto indirecto (similar al IVA) podía ser susceptible de ser financiado a través de planes porque no es una percepción ni una retención, algo que la querella rechaza. “¿Qué le sirve a la AFIP, cobrar en plan de pagos o no cobrar? ¿Quién le cobró más, nuestra gestión o la que la liquidó (a Oil)?”, se preguntó en base a la pericia. Esas preguntas fueron fue para Abad. “¿Por qué no está Abad acá si también le dio planes generales al Grupo Indalo?”, inquirió.

La AFIP ya afila su estrategia de intentar esquivar la pericia y sus conclusiones para sostener que lo importante no era el monto de la deuda de la empresa de Cristóbal López y Fabián De Sousa a 2015, sino que hubo irregularidad en los planes. Por lo pronto tiene que resolver un problema que ayer generó cruces: el mandato del abogado Alejandro Carrió para representar a la parte acusatoria, con una contratación directa para continuar la labor de Gil Lavedra. La AFIP tiene algunas restricciones para contratar externos ya que cuenta con un cuerpo de más de mil abogados. El requisito es que no representen “intereses contrapuestos”. Carrió es abogado de Alfonso Prat Gay en un juicio paralelo en el que se acusa a Echegaray como ex titular de la AFIP. Cuando se insinuó el tema en la audiencia, hubo protestas. La cuestión del mandato seguirá rodeada de controversia.

Echegaray pidió puntualmente que se incorpore la nota que la mayor parte de jerárquicos de la AFIP le dirigió a Leandro Cuccioli quejándose de que estaban siendo judicializados por haber cumplido con sus funciones con Oil como caso emblemático. Deslizó varios nombres como el del intendente Mestre con quien se reunió para otorgarle un artículo 32 a la Municipalidad de Córdoba. Dijo que con López y De Sousa apenas se había saludado alguna vez. Y mencionó a IECSA. Pareció jugar al misterio sobre si hubo un pedido de un dirigente político para que la constructora de Ángelo Calcaterra acceda. Prometió más nombres propios.