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Justicia

Juicio a Cristina Kirchner por la obra pública: ¿qué debe analizar y resolver la Corte?

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El máximo tribunal pidió el expediente, lo que demoraría el incio del debate judicial previsto para el próximo martes. ¿Cuáles son los pasos siguientes?

La defensa de la ex presidenta Cristina Kirchner advirtió que durante la etapa de instrucción, todas las medidas de prueba que fueron solicitadas fueron denegadas sin ningún fundamento. La Corte deberá definir sobre esa denegatoria de medidas, entre ellas un profundo estudio pericial.

Para la defensa, el Tribunal Oral 2 que debe llevar adelante el juicio “no solo negó la posibilidad de analizar si hubo deficiencias constructivas en las obras realizadas por las empresas de (Lázaro) Báez, sino además limitó el estudio pericial con relación a presuntos sobreprecios y demoras en la ejecución de las obras a sólo 5 de los 51 casos investigados, sin que para ello exista ni se haya indicado razón alguna que justifique tal temperamento”.

También el Tribunal denegó la posibilidad de efectuar un análisis comparativo entre los precios y los tiempos de ejecución de las obras realizadas en Santa Cruz con las realizadas en otras jurisdicciones por otras empresas dedicadas a esta tarea, “entre las que naturalmente se incluyen empresarios vinculados al actual gobierno”, sostuvo la defensa de Cristina.

Paradójicamente, sostiene la defensa, el único informe obrante en la causa, aportado por los técnicos de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), desmiente la acusación descartando particularmente la existencia de deficiencias constructivas en las obras denunciadas.

Según un comunicado difundido tras el pedido de la Corte al tribunal del juicio, para analizar los recursos, la defensa de Cristina requirió distintas medidas de prueba a los efectos de demostrar la absoluta falsedad de la imputación.

“En términos cuantitativos, el Tribunal Oral solo admitió alrededor del 20% de las medidas de prueba ofrecidas por la defensa de la ex presidenta. Sin embargo, la arbitrariedad en que incurrió Tribunal al tiempo de evaluar tal ofrecimiento resulta mucho mayor si se analizan los principales ejes que fueron propuestos por los acusadores, que buscan ser desvirtuados durante las audiencias del juicio oral”, sostiene el documento.

Supuesta concentración de la obra pública

Según los acusadores, la prueba que acreditaría la responsabilidad de Cristina en la supuesta concentración de la obra pública en la provincia de Santa Cruz surgiría de cinco vías legales de asignación presupuestaria. A efectos de controvertir esta acusación, la defensa requirió una pericia contable destinada a establecer si hubo o no una concentración en las partidas en favor de la provincia de Santa Cruz en materia de obra pública, solicitando que se efectuara un análisis comparativo con las inversiones realizadas en las 23 jurisdicciones restantes.

Por otro lado, solicitó que se convocara a prestar declaración testimonial a todos los legisladores que votaron afirmativamente las respectivas leyes de presupuesto. Asimismo, solicitó que se citara a los funcionarios que tomaron intervención en los respectivos expedientes administrativos que se sustanciaron en la esfera del Poder Ejecutivo con motivo de las reasignaciones de partida dispuestas a nivel de Jefatura de GabineteMinisterio de Planificación y Vialidad Nacional.

Frente a tales peticiones el Tribunal rechazó la pericia contable y la transformó en una “prueba informativa”, es decir, un estudio que debe ser realizado por los actuales funcionarios del propio Poder Ejecutivo, que es querellante en la causa.

No admitió la citación como testigos de los legisladores que votaron las leyes de presupuesto que insólitamente se califican como el instrumento de un grave delito.

Hasta ahora no hizo lugar a la citación de los funcionarios del Poder Ejecutivo que fuera propuesta.

Además, la defensa pidió que se llevara a cabo un profundo estudio pericial tendiente a determinar si hubo o no sobreprecios en las obras investigadas, si las mismas presentaban o no deficiencias constructivas y si se cumplieron o no los plazos establecidos en los pliegos de licitación. Todo ello, en relación a las 51 obras que fueron materia de acusación por parte de los Fiscales, la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera.

El Tribunal Oral no solo negó la posibilidad de analizar si hubo deficiencias constructivas en las obras realizadas por las empresas de Báez, sino además limitó el estudio pericial con relación a presuntos sobreprecios y demoras en la ejecución de las obras a sólo 5 de los 51 casos investigados, “sin que para ello exista ni se haya indicado razón alguna que justifique tal temperamento”, explica el comunicado.

Los recursos que tiene que resolver la Corte

La defensa de la ex presidenta presentó dos recursos de casación, los cuales rápidamente fueron declarados inadmisibles por el Tribunal Oral. Ante tal situación se realizaron dos presentaciones directas ante la Cámara de Casación, las cuales también fueron rechazadas con la mayor velocidad por una Sala del Tribunal que, para peor, ni siquiera era competente para intervenir en el caso. Frente a ello fueron presentados dos recursos extraordinarios para que el caso sea resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los cuales también fueron “veloz y arbitrariamente denegados”, sostiene el escrito.

“Ante esta situación se presentaron dos recursos de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pidiéndole a ese Alto Tribunal que, de una vez por todas, interviniera en el caso y requiriera la remisión de los autos principales. Ello, con el propósito de que no se sigan cometiendo mayores irregularidades. Se resaltó que se trata de un caso de gravedad institucional, en el cual se pretende llevar a cabo nada menos que un juicio contra la ex Presidenta de la Nación, sin las pruebas más elementales que permitan definir la verdad de los hechos”, advirtió la defensa.

Finalmente, la Corte solicitó, de manera urgente, la remisión del expediente en cuestión, a efectos de evaluar la grave situación planteada por Cristina.

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Justicia

Bonadio dio por cerrada parte de la investigación de la causa de los cuadernos

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El juez federal dio por agotada la investigación de cinco casos de presunto cohecho que estaban enmarcados en la causa de los cuadernos.

El juez federal Claudio Bonadio dio por agotada la investigación de cinco casos de presunto cohecho que estaban enmarcados en la causa de los cuadernos.

La decisión tiene como objeto encaminar la causa contra la ex presidente Cristina Kirchner por el supuesto pago de coimas en la obra pública entre el 21 y el 23 de julio de 2010.

La causa de los cuadernos está construida sobre las anotaciones de Oscar Centeno, el chofer del ex funcionario del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta, y ya está en trámite para ser elevada a juicio oral.

Los cinco casos de presunto cohecho tienen como imputados a Baratta, a la ex presidenta, al ex director de Energías Renovables del Ministerio de Planificación, Fabián García Ramón, y a los empresarios Gerardo Ferreyra, Osvaldo Acosta, Jorge Neira y César De Goycoechea.

La causa se inició a partir de la confesión de Centeno, quien fue aceptado por el fiscal federal Carlos Stornelli como imputado colaborador (el primer “arrepentido”) en la causa que investiga una supuesta red de pago y cobro de coimas.

Tal como consta en la causa, el dinero habría sido recibido por Baratta y por el secretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, quienes a su vez la habrían entregado en efectivo en la quinta de Olivos o en el departamento de los Kirchner en Recoleta.

Hace algunos días la ex mandataria pidió que la causa fuera enviada a juicio oral con críticas a Bonadio por la investigación en la que está procesada como jefa de una organización ilícita.

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Justicia

El abogado de la familia de Débora Pérez Volpin apelará la absolución de la anestesista

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Diego Pirota aseguró que recurrirá la absolución de Nélida Puente y también el plazo de inhabilitación para el endoscopista Diego Bialonkier. “No debe ejercer más la medicina”, aseguró.

El abogado de la familia de la periodista Débora Pérez Volpin, fallecida el 6 de febrero de 2018 mientras le realizaban una endoscopía en el Sanatorio La Trinidad de Palermo, apelará la semana próxima la absolución de la anestesista Nélida Puente y la pena fijada para el endoscopista Diego Bialolenkier, una vez que analice los fundamentos del fallo que serán difundidos este viernes.

“Vamos a recurrir la absolución de Puente porque entendemos que, si bien no tiene la misma responsabilidad que Bialolenkier, ella también es responsable. Así lo entendimos nosotros y también la fiscal”, aseveró el abogado Diego Pirota en declaraciones a la agencia Télam.

Además, detalló que otro de los aspectos de la sentencia que apelará será el plazo de inhabilitación para ejercer la profesión que se le impuso al endoscopista, fijado por el Tribunal en siete años y medio, dado que la familia de la periodista entiende que Bialolenkier “no debe ejercer más la medicina”.

El viernes último, el Tribunal condenó por “homicidio culposo” al endoscopista Bialolenkier a tres años de prisión condicional y siete años y medio de inhabilitación y absolvió a la anestesista Puente.

Tal como había adelantado a la prensa cuando todavía se desarrollaba el juicio, el abogado de la familia de la periodista y legisladora porteña Pérez Volpin tiene decidido también querellar criminalmente a las autoridades de Galeno, empresa dueña del Sanatorio La Trinidad, por los presuntos delitos de “encubrimiento” y “falso testimonio”.

En el veredicto dado a conocer el viernes último, en la octava y última jornada del juicio, el juez Anzoátegui habilitó extraer los testimonios de la instrumentista Miriam Frías, el endoscopista Sebastián Cechi, el director médico de La Trinidad de Palermo, Roberto Martignano, y el director general de Galeno, Eduardo Cavallo, quienes podrían ser investigados por presunto falso testimonio

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Afip

Echegaray responsabilizó a Abad por haber impedido el cobro de la deuda de Oil Combustibles

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El ex titular de la AFIP señaló que luego de la pericia de la Corte se demostraba que a diciembre de 2015, los planes de pago estaban al día y que fue su sucesor quien empujó a la quiebra a la petrolera.

Durante el juicio oral por la causa “Oil Combustibles” el ex titular de la AFIP Ricardo Echegaraypuntualizó que fue su sucesor, Alberto Abad quien, según detallaron los expertos en su informe, generó el contexto para que cayeran todos los planes de con los que había refinanciado su deuda por el Impuesto a la Transferencia de Combustibles.

Según el periodista de Ámbito FinancieroGabriel Morini, el ex AFIP dejó una serie de mensajes políticos y técnicos en su declaración que incluyeron la mención a varias empresas o personas que habían recibido idéntico beneficio por los planes del Artículo 32, entre las que estaban desde la constructora del primo de Mauricio Macri, IECSA, hasta el propio Consejo de la Magistratura, encargado de administrar el dinero del Poder Judicial.

Me jodieron la vida. Soy un muerto civil”, se definió el ex administrador quien reconoció que él mismo se financió recientemente con un plan de facilidades de la AFIP sobre el pago de IVA que debía afrontar.

La anécdota tuvo otro dardo teledirigido: acusar al abogado (externo) Ricardo Gil Lavedra –quien dirigió la estrategia jurídica de la gestión Abad en el caso Oil- y al fiscal Gerardo Pollicita de haber ignorado en su acusación una serie de elementos de funcionamiento interno de la AFIP que impedirían considerar el otorgamiento de planes de pago un delito, como es el eje del debate oral y de la causa que instruyó el juez Julián Ercolini.

Me adjudicaron la autoría, no de un delito que no pueden probar, sino que no existe”, lanzó. “Soy blanco de una persecución política con ropaje judicial”, subrayó, al apuntar que quizás el objetivo final de la “serie de disparates jurídicos y técnicos” que tiene la causa podría haber sido “arrebatarles las empresas” a Cristóbal López y Fabián De Sousa.

Para Echegaray se ignoraron auditorías hechas por su gestión donde no se mostraron objeciones al procedimiento interno para autorizar planes de pago; se desconoció que desde hace años no se les exige a las empresas que presenten documentación para acreditar una situación económica o financiera que les impida pagar con normalidad porque esos datos ya se encuentran en las bases informáticas de AFIP; y que hubo una cadena de 8 escalones previos de funcionarios de carrera que convalidaron el procedimiento para Oil –pero están siendo investigados en un proceso aparte que desmembró la causa madre-, en especial de su ex mano derecha Guillermo Mitchell (hoy asesor de Miguel Pichetto) quien dio el último visto bueno a los planes.

Pero en las falencias técnicas sobre la investigación, Echegaray apuntó a un asunto clave para desentrañar en el juicio: por su naturaleza, el “destinatario del impuesto” ITC era Oil Combustibles –no los consumidores de nafta a quienes se le traslada o no ese costo- por lo que como un impuesto indirecto (similar al IVA) podía ser susceptible de ser financiado a través de planes porque no es una percepción ni una retención, algo que la querella rechaza. “¿Qué le sirve a la AFIP, cobrar en plan de pagos o no cobrar? ¿Quién le cobró más, nuestra gestión o la que la liquidó (a Oil)?”, se preguntó en base a la pericia. Esas preguntas fueron fue para Abad. “¿Por qué no está Abad acá si también le dio planes generales al Grupo Indalo?”, inquirió.

La AFIP ya afila su estrategia de intentar esquivar la pericia y sus conclusiones para sostener que lo importante no era el monto de la deuda de la empresa de Cristóbal López y Fabián De Sousa a 2015, sino que hubo irregularidad en los planes. Por lo pronto tiene que resolver un problema que ayer generó cruces: el mandato del abogado Alejandro Carrió para representar a la parte acusatoria, con una contratación directa para continuar la labor de Gil Lavedra. La AFIP tiene algunas restricciones para contratar externos ya que cuenta con un cuerpo de más de mil abogados. El requisito es que no representen “intereses contrapuestos”. Carrió es abogado de Alfonso Prat Gay en un juicio paralelo en el que se acusa a Echegaray como ex titular de la AFIP. Cuando se insinuó el tema en la audiencia, hubo protestas. La cuestión del mandato seguirá rodeada de controversia.

Echegaray pidió puntualmente que se incorpore la nota que la mayor parte de jerárquicos de la AFIP le dirigió a Leandro Cuccioli quejándose de que estaban siendo judicializados por haber cumplido con sus funciones con Oil como caso emblemático. Deslizó varios nombres como el del intendente Mestre con quien se reunió para otorgarle un artículo 32 a la Municipalidad de Córdoba. Dijo que con López y De Sousa apenas se había saludado alguna vez. Y mencionó a IECSA. Pareció jugar al misterio sobre si hubo un pedido de un dirigente político para que la constructora de Ángelo Calcaterra acceda. Prometió más nombres propios.

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