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Justicia

Ramos Padilla le ganó la pulseada a Comodoro Py, seguirá al frente de la causa de espionaje ilegal

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La Cámara Federal de Mar del Plata, por el voto de sus dos integrantes y el agregado del camarista de Necochea, resolvió por unanimidad que quede en Dolores la causa en la que se investiga a la banda en la que aparecen mezclados el falso abogado Marcelo D’Alessio, integrantes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y, presuntamente, miembros del Poder Judicial y de la prensa. Para el fiscal Carlos Stornelli –declarado rebelde hace más de 45 días– y para el propio D’Alessio, el fallo es un golpe durísimo: contaban con que el expediente viajara a Comodoro Py y se ahogara en los pliegues y complicidades del edificio de Retiro. También es una mala noticia para la Casa Rosada, porque en Dolores se está develando una descomunal trama de cómo se armaban declaraciones, se apretaba a testigos, se planificaban cámaras ocultas a abogados y hasta se espiaba a ex maridos de actuales esposas, todo con la sospecha de participación de la ex SIDE.

Desguace

Los camaristas de Mar del Plata, Alejandro Tazza y Eduardo Jiménez, y el de Necochea, Bernardo Bibel, coincidieron, en primer lugar, en que el expediente de Dolores no se debe atomizar. O sea que no corresponde que quede en Dolores sólo la extorsión al empresario Pedro Etchebest; en Comodoro Py, las cámaras ocultas a los abogados José Manuel Ubeira y Maximiliano Rusconi, la coacción a un ex gerente de Pdvsa, el espionaje a miembros de la Corte Suprema y hasta la investigación del piloto peruano, anterior marido de la actual esposa de Stornelli; en Santa Fé la operación con la banda narco de Los Monos; en el sur la extorsión a otro empresario, Mario Cifuentes, y en Corrientes las jugarretas de inteligencia contra dirigentes radicales.

Los tres camaristas estuvieron de acuerdo en que hay que investigar todo junto porque es una asociación ilícita y, además, consideran que el caso “puede tener gravedad institucional” porque tiene que ver con el armado de causas y la incidencia en la política.

La banda

El punto clave para la Cámara es dónde se armó la banda, cuál fue el centro de operaciones de la asociación ilícita. En ese terreno los magistrados dicen que todavía es prematuro saberlo porque son muchísimos delitos los que se vienen descubriendo y se cometieron en lugares muy distintos.

En la resolución hay una frase clave: “dado que el domicilio del principal imputado es en la localidad de Canning (Provincia de Buenos Aires), que existirían conductas ilícitas cometidas en varias jurisdicciones territoriales –incluso con efectos en el exterior del país–, y que la Agencia Federal de Inteligencia ha negado que D’Alessio haya prestado servicios en agencia de inteligencia alguna –entre otras circunstancias relevantes– lo que corresponde por impulso, prevención, concentración y mejor administración de justicia es que sea el magistrado preventor (Ramos Padilla) el que continúe a cargo de la investigación, hasta tanto se defina adecuada y concretamente el objeto procesal integral que da sustento a las presentes actuaciones”.

En otras palabras, que la banda existe, que cometen un montón de delitos y que todavía no está probado –como se presume– que la AFI haya organizado y financiado a la banda. Cuando se haya avanzado en el terreno del vínculo de la asociación ilícita con el Estado se hará una revisión de la competencia.

Provisorio

Teniendo en cuenta que falta mucho por investigar, la Cámara resolvió que el expediente lo siga investigando Ramos Padilla “en forma provisoria” porque allí se inició la causa y porque avanzó mucho en la instrucción. “El que arrancó, prevalece”, sería un resumen. Los camaristas no le fijan un plazo, no dicen hasta cuando, pero los magistrados afirman que en algún momento habrá que revisar para determinar en qué lugar se constituyó y actuó centralmente la asociación ilícita. Por lo tanto reiteran varias veces el concepto de que provisoriamente la causa queda en Dolores. Una humorada que corría hoy por Comodoro Py es que “es tan provisorio como el impuesto al cheque”. Ese tributo ya lleva 18 años de vigencia.

El tema es que para Stornelli y compañía los tiempos son determinantes. La decisión de este lunes le da toda la fuerza al juez para que siga actuando. Es muy probable que el fiscal de Cámara, Juan Manuel Pettigiani, presente un recurso para llegar a la Casación. Pero es una carrera de obstáculos. La Cámara de Mar del Plata puede conceder el recurso o denegarlo, con lo cual, en este último caso, Pettigiani tiene que ir en queja a la Casación. Sus chances son escasas: Ramos Padilla fue considerado juez competente por el propio magistrado y por la Cámara, con lo cual hay un doble conforme. Pero, además, todo el proceso no se resolverá de ninguna manera antes de la feria de julio. O sea que Ramos Padilla seguirá investigando y lo más probable es que sea inamovible por muchísimo tiempo más.

Futuro

Es imposible diagnosticar los próximos pasos del magistrado, pero se puede hacer un pronóstico en base a la forma en la que viene investigando:

  • Muy difícil que Stornelli pueda seguir en su situación de rebeldía. Ya hubo mensajes muy concretos de la Corte Suprema y la reafirmación de Ramos Padilla no le deja margen. En Comodoro Py cayó muy mal, además, todo el espionaje ilegal al piloto Jorge Castañón, ex marido de la esposa del fiscal, incluyendo un diálogo entre D’Alessio y Stornelli sobre la posibilidad de plantarle droga a Castañón. Stornelli va camino a la indagatoria y al procesamiento por numerosos delitos.
  • Parece cantada la indagatoria al arrepentido Leonardo Fariña. El magistrado ya tiene todos los elementos que indican que la AFI trabajó en el guionado de la declaración de Fariña con el objetivo de orientar contra Cristina Fernández de Kirchner la causa por lavado de dinero en la que está imputado Lázaro Báez.
  • El magistrado ya mencionó varias veces que la asociación ilícita tiene una pata periodística, que en concreto blanqueaba el espionaje ilegal que realizaban D’Alessio y compañía. Y un tema central será la participación en hechos extorsivos y coacciones.
  • Hay una multitud de vasos comunicantes entre D’Alessio, Fariña, Stornelli, por un lado, y la AFI, Comodoro Py y el gobierno nacional por otro. Todo indica que Ramos Padilla se moverá con cuidado como lo ha hecho hasta ahora, pero parece indefectible el camino hacia el edificio de la calle 25 de mayo, hacia dos ministerios –Seguridad y Justicia– y rumbo a la sede de Comodoro Py.
  • Siguen apareciendo más y más hechos producto de la asociación ilícita. Y el rumor es que habrá todavía más novedades.

La reafirmación del juez lleva también al fiscal Juan Pablo Curi a recibir declaraciones como arrepentidos de algunos de los imputados. Por de pronto, está citado para este martes el ex espía Hugo Rolando Barreiro. Es el primero, pero seguro, seguro, que no será el último.

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Justicia

La Justicia le reclamó al Gobierno que deje de ocultar información

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El Tribunal Oral Federal número 2, que lleva adelante el juicio oral contra Cristina Fernández de Kirchner, volvió a reclamarle al Gobierno nacional una serie de medidas de prueba solicitadas por la defensa de la ex presidenta respecto de la causa conocida como “vialidad”.

Mediante una nota dirigida al jefe de Gabinete, Marcos Peña, el TOF 2 le recuerda que ya había realizado ese mismo pedido el 25 de abril, del cual nunca tuvo respuesta. Con la firma del presidente del tribunal, Jorge Gorini, y el secretario de Cámara, Tomás Cisneros, los jueces exigen la totalidad de las resoluciones tanto del Ministerio de Planificación como de la Dirección Nacional de Vialidad, “a través de las cuales se ampliaron y modificaron las partidas presupuestarias establecidas en las leyes de presupuesto previstas para los ejercicios 2004 a 2015”.

También pidieron “la totalidad de los Actos Administrativos a través de los cuales la Secretaría de Obra Pública, la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal, la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y cualquier otro organismo dependiente del Ministerio de Planificación Federal, asignaron fondos del fideicomiso creado por el Decreto 976/01 para cualquier cumplimiento de fines específicos”.

Según detalló Carlos Beraldi, el abogado de Cristina Kirchner, estas medidas de prueba habían sido solicitadas a la Justicia hace casi un año. Sin embargo, en un primer momento el TOF 2 le había respondido que la búsqueda de esa información debía ser realizada por la defensa ya que consideraban que era de acceso público.

Ante la imposibilidad de ingresar a distintas bases de datos de organismos oficiales por parte de la defensa, el Tribunal Oral requirió por distintas vías la información al Poder Ejecutivo hasta llegar al jefe de Gabinete, que aún no entregó la documentación.

“La acusación que se efectúa en contra de CFK sostiene que desde su gobierno, a través de distintos actos administrativos, se reasignaban de manera especial las partidas del presupuesto votadas por el Congreso de la Nación en favor de las empresas de Lázaro Báez”, explica Beraldi mediante un comunicado en el que asegura que “la acusación es falsa” y la ex Presidenta “jamás favoreció a las empresas de Báez”. “Las reasignaciones de partidas tenían carácter general, representando ello una facultad administrativa que desarrollan habitualmente todos los gobiernos”, sentenció.

Para demostrar esto es que se pidió al Poder Ejecutivo de la Nación todos los actos de gobierno por los cuales se reasignaron partidas presupuestarias.

Entre otras cuestiones, éstas medidas forman parte de las quejas que en su momento remitieron las partes a la Corte Suprema de Justicia y por la cual el máximo tribunal solicitó la semana pasada acceder al expediente.

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Justicia

Cristina Kirchner está en Comodoro Py para afrontar su primer juicio oral por corrupción

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Piloto azul, pollera y camisa blanca. La ex mandataria y actual senadora Cristina Kirchner partió a las 11:14 desde su vivienda de Juncal y Uruguay, en el barrio de Recoleta, con destino a los Tribunales de Retiro, donde este martes comenzará el juicio oral y público en su contra por la causa Vialidad.

En medio de forcejeos, Cristina Kirchner se hizo paso por el cordón humano de militantes y periodistas que la esperaban en la vereda de su departamento, para subirse al Chevrolet blanco que la trasladó hacia Comodoro Py 2002.

Veintitrés minutos después, la ex mandataria ingresaba con su auto –custodiada por dos motos de la Policía Federal– por un acceso lateral lindero al edificio del Correo Argentino, y desde allí a la sala de audiencias AMIA.

CFK con la militancia (foto: Télam)

CFK con la militancia (foto: Télam)

Según la imputación, desde su gobierno se le asignaron contratos de manera presuntamente irregular al empresario Lázaro Báez. Para esta primera jornada, donde está procesada por asociación ilícita, se prevé el inicio de la lectura del requerimiento de elevación de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques. Se cree que ese trámite llevará por lo menos cuatro audiencias.

Este primer juicio que se le sigue, junto a otros doce acusados, se relaciona con la adjudicación de 51 obras públicas a empresas vinculadas al detenido Báez durante el kirchnerismo, en la provincia de Santa Cruz.

Estas adjudicaciones habrían sido irregulares y la mayor parte de las obras quedaron inconclusas pese a que se pagaron en su totalidad, entre otras acusaciones.

El expediente cuenta con 60 cuerpos y está previsto que declaren 160 testigos, entre los que se encuentra Alberto Fernández, su compañero en la fórmula presidencial que ella misma anunció el sábado pasado y donde irá como vicepresidente.

Esta mañana,  la ex mandataria aseguró que el juicio por la causa Vialidad “se trata de un nuevo acto de persecución” que tiene por objetivo “colocar a una ex presidenta opositora a este gobierno en el banquillo de los acusados en plena campaña presidencial”.

Dirigentes kirchneristas en Comodoro Py (Twitter: @gabicerru)

Dirigentes kirchneristas en Comodoro Py (Twitter: @gabicerru)

Desde temprano se concentraron en el hall central de Comodoro Py referentes políticos kirchneristas para brindarle su apoyo. Varios lograron ingresar a la sala de audiencias para presenciar el debate, entre ellos, Oscar Parrilli, Carlos Tomada, Diana Conti, Hebe de Bonafini y Martín Sabbatella. Otros siguen el proceso desde afuera.

El Tribunal Oral Federal Número 2 (TOF2) asignó 60 lugares para los invitados que en principio se irán rotando. Además, en la Sala AMIA hay espacio para más de 50 periodistas.

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Justicia

Nuevo juicio por delitos de lesa humanidad en Santa Fe

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Un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en Santa Fe evaluará, a partir de mañana, la responsabilidad de 14 represores que integraron el Ejército y la Policía de la provincia en los asesinatos y desapariciones de militantes comprendidos en lo que judicialmente se conoce como “Operativos área 212”, llevados a cabo de manera conjunta por las fuerzas de seguridad durante la última dictadura cívico militar.

A partir de mañana, el Tribunal Oral Federal de Santa fe, compuesto por los jueces Luciano Lauría, Mario Gambacorta y Otmar Paulucci, dará comienzo a este debate que repasará los detalles de una docena de casos crímenes y desapariciones de militantes de agrupaciones políticas setentistas durante el terrorismo de Estado entre 1976 y 1977. Entre los casos a evaluar se encuentran la llamada Masacre de Ituzaingó y Las Heras, un operativo conjunto de la policía local y las fuerzas militares en el que la cúpula de la organización Montoneros de la provincia resultó asesinada.

Años atrás un juicio oral evaluó responsabilidades de cuatro de sus autores sin haberlos condenado: fallecieron antes o durante el debate. En esta ocasión, por estos hechos y otros, serán juzgados los ex miembros del Ejército Ramón Recio, Jorge Balla y Luis Gómez; los ex policías Rodolfo Reible, Abel Romero, Carlos Albornoz, Mariol Aquino, Ricardo Brunel, Rolando Martínez, Rubén Vázquez, Luis Alberto Bellini, Juan Perizzotti y Raúl Giménez, y el ex oficial del Departamento de Informaciones Oscar Valdéz.

Se estima que declaren unos 80 testigos mientras que fuentes judiciales calculan que el debate se extenderá hasta agosto próximo.

El viernes, en tanto, la Justicia federal de la provincia emitirá su sentencia en el juicio que se desarrolla desde marzo pasado contra siete ex integrantes de la Policía local y el Ejército que durante la última dictadura cometieron delitos de lesa humanidad como parte de la “Patota santafesina”.

Los imputados, seis hombres y una mujer, están acusados por los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos, violación sexual agravada y violación en contra de diez víctimas. Para ellos, la Fiscalía solicitó penas de entre 8 y 23 años de cárcel.

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