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Naciones Unidas cuestionó el sistema de escuchas telefónicas vigente

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La Corte Suprema, de la que depende la Dirección de Asistencia Legal en Delitos Complejos y Crimen organizado (Dajudeco), que ejecuta las pinchaduras telefónicas, recibió el informe del relator especial sobre el derecho a la privacidad del organismo internacional. Joseph Cannataci denunció la “vigilancia ilegal” de la AFI a la comunidad mapuche de Chubut durante 2015.

Cannataci evaluó las recientes reformas al sistema de escuchas, los mecanismos para prevenir las violaciones del derecho a la privacidad y recogió las preocupaciones expresadas por las organizaciones de la sociedad civil y los especialistas en el tema. La evaluación da cuenta de que mensualmente son interceptadas 6000 líneas telefónicas, de las cuales sólo 69 son escuchas directas (la que se realizan cuando corre peligro la vida de una persona, por ejemplo, ante un secuestro). También aclaraba que la mayor parte de las interceptaciones no son escuchadas por funcionarios de la Dajudeco, sino grabadas automáticamente en CDs sin intervención humana y luego son distribuidas a quien las haya solicitado.

En 2018 se pincharon 41.000 líneas telefónicas. Las principales advertencias de Cannataci giran alrededor de que “la tecnología es bastante anticuada”, hecho que obliga a la Corte Suprema a mantener una gran dependencia respecto de la AFI, el organismo que brinda el soporte técnico de aquel antiguo sistema. El informe agrega una serie de “vulnerabilidades inherentes” derivadas del uso excesivo de las interceptaciones, tratadas como una medida ordinaria de investigación para todo tipo de delitos; “la debilidad de los controles sobre el acceso al contenido de las interceptaciones”, y “la falta de un control independiente sobre el uso de las interceptaciones”.

En su diagnóstico sobre la viglancia en el país, Cannatasi registró con “preocupación” que en 2015 un agente de la AFI siguió durante varios meses en Esquel, provincia de Chubut, a 26 miembros de una comunidad indígena mapuche y de un movimiento contra la minería, trabajó con dos agentes de policía y luego compartió la información que había recopilado con los fiscales de la provincia de Chubut. Además subrayó que se trata de una actividad prohibida por la ley y dirigida a una comunidad vulnerable, aunque también destacó la actitud de los agentes de policía y los funcionarios del sistema de justicia, quienes “aceptan el producto de la vigilancia”.

El relator de la ONU exhortó al gobierno a que aumente de inmediato los recursos asignados a la protección del bienestar y la privacidad de los pueblos indígenas y a que indemnice a las víctimas y se asegure de que la violación no se repita. En la misma línea, sugirió que los servicios de inteligencia deberían llevar a cabo “una revisión en profundidad de su cultura y prácticas de opacidad, actualmente impuestas por la ley”.

En cuanto a la transparencia de las Fuerzas Armadas, Cannataci alertó acerca del alcance “excesivo” de la información clasificada, que “les impide, de facto, poner en práctica políticas de transparencia adecuadas que ayuden a fortalecer la confianza pública”.

El relator de la ONU fue crítico también respecto de la Comisión Bicameral de Inteligencia, a la que la Corte Suprema también había encomendado analizar el sistema de escuchas vigente. Según el experto, la Comisión “no utiliza al máximo su capacidad jurídica ni posee los recursos para auditar a fondo el desarrollo de casos concretos, y tampoco tiene pleno acceso al contenido de cada expediente”, por lo que recomendó la creación de un “nuevo órgano independiente con personal dedicado a tiempo completo”.

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Llegó a Comodoro Py la primera denuncia penal por el apagón histórico

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Es para que se investigue la responsabilidad de funcionarios del Gobierno de Mauricio Macri por el corte de energía que afectó a todo el país el último domingo.

Una denuncia para que se investigue la responsabilidad de funcionarios del gobierno de Mauricio Macri y empresarios en el apagón que afectó a toda la Argentina y a más de 50 millones de usuarios fue realizada este mediodía en los tribunales de Comodoro Py.

En la denuncia se invoca “gravedad institucional nunca vista en la Argentina” y se pidió investigar la responsabilidad de funcionarios del gobierno, entre ellos al secretario de Energía Gustavo Lopetegui, y citar a empresarios como Marcelo Mindlin, de Pampa Energía por la administración de Transener, la encargada de transportar la energía de las generadoras a las distribuidoras.

La presentación está firmada por el presidente de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, Fernando Miguez, ante la Cámara Federal porteña.

Para determinar qué ocurrió el día del apagón, se apunta a dos empresas, Transener, y Cammesa, ésta última quién ordena a las generadoras los despachos de energía para que la demanda y la oferta estén en equilibrio.

De acuerdo a la presentación, en ambas, el Estado tiene participación societaria junto con el sector privado y es responsable de su administración. En Transener, la administración es conjunta a través de la estatal Ieasa (ex-Enarsa) y Pampa Energía, la compañía que tiene a Mindlin como presidente y accionista.

El denunciante se refirió a un “Plan Sistémico donde intervendrían desde funcionarios nacionales, entes reguladores del transporte de energía eléctrica, empresarios del sector energético eléctrico vinculados entre sí como socios de empresas ellas con estrechas relaciones societarias con el presidente de la Nación” , lo que según la denuncia “no puede dejar de ser una de las líneas investigativas que confluirían en el movil de los hechos denunciados”.

Pide en la denuncia que se cite, según criterio de la justicia a Lopetegui, al jefe de Gabinete Marcos Peña, los empresarios Angelo Calcaterra, Marcelo Mindlin, Nicolás Caputo, entre otros.

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El Gobierno llamó Falkland a las Islas Malvinas

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Otra vez el gobierno nacional cometió un error relacionado con las Islas Malvinas. En un mapa que ofrece la Secretaria de Cultura para identificar los “puntos de cultura” en todo el país, el archipiélago aparecía bajo la denominación “Falkland Islands”, el nombre asignado por el Reino Unido. No es la primera vez que un aparente error pone en duda la posición del Gobierno en torno al reclamo de soberanía sobre las islas; ocurrió también con el Ministerio de Desarrollo Social y el de Modernización.

El primero en advertir el error del Gobierno fue el diputado Daniel Filmus. Desde su cuenta de Twitter, Filmus publicó la imagen ofrecida por la Secretaria de Cultura. “En el día que recordamos a un gran luchador por la soberanía, Martín Miguel de Güemes, la página oficial de Puntos de Cultura de la Secretaría de Cultura no se enteró que las Islas Malvinas son argentinas”, escribió el diputado.

Filmus, que además fue secretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas de la Cancillería, señaló que el mapa “atenta contra los reclamos históricos de Argentina sobre la soberanía de las Islas Malvinas” que sostiene la Constitución Nacional, los acuerdos del Congreso nacional y que residen “en el corazón de todas/os las/os habitantes del país”.

Desde Cultura reconocieron el error y prometieron enmendarlo este martes incorporando el nombre correcto de las islas.

No es la primera vez el Gobierno comete un error similar con Malvinas. En 2017, el entonces Ministerio de Modernización incurrió en el mismo fallido. Ese mismo año, desde Desarrollo Social enviaron como saludo por año nuevo una ilustración del mapa de la Argentina pero sin ninguna alusión a las islas, directamente no figuraban en el mapa. El olvido también recibió un fuerte repudio.

La Anses también compartió en sus redes sociales un mapa sin las islas, hecho por el que el organismo tuvo que salir a pedir disculpas y corregir la imagen. Más tarde, la empresa estatal Radio Televisión Argentina publicó un mapa donde figuraban como “Falkland”.

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Con luz por la cáscara de maní: Un pueblo zafó del apagón porque genera su propia energía

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Si Negrazón y Chaveta, los míticos personajes de la revista Hortensia, de humor cordobés, estuvieran vivos de la mano de su creador, Alberto Cognini, fallecido en 1983, hubieran llevado a la tapa a la localidad de Ticino. Y no es para menos, porque más allá de toda referencia humorística, ese pueblo cordobés de 2188 habitantes fue uno de los pocos, en Argentina, que zafó del corte de energía eléctrica que oscureció el Día del Padre. El pueblo se autoabastece de electricidad mediante un sistema de biomasa, alimentado por la utilización de la cáscara de maní como materia prima. La energía renovable, menospreciada por los grandes emprendimientos de las grandes urbes, es producida en Ticino por la empresa Lorenzati Ruetsch y Compañía. Hasta le sobra paño, porque puede abastecer de energía eléctrica a unas ocho mil viviendas, muchas más de las que el domingo no sufrieron el corte.

La potencia que les sobra podría sumarse al sistema interconectado nacional, pero en Ticino, la modestia es su principal virtud. La intendenta local, Liliana Ruetsch, en declaraciones a la prensa de Córdoba, explicó que tienen su propio sistema desde agosto del año pasado y que si bien están interconectados, ante cualquier emergencia como la vivida el fin de semana, “tenemos la posibilidad de aislarnos y brindar el servicio normal a nuestro pueblo”.  El secreto es la cáscara de maní, una materia prima accesible para la provincia, dado que es la que abastece de ese producto a casi todo el país.

Una explicación sencilla dice que la cáscara de maní –entre otros desechos de la producción agrícola– se acopia en celdas y luego se traslada a una caldera para la quema y de esa manera se transforma  en energía potencial de vapor de agua. Eso se traslada a la turbina de vapor y se convierte en energía mecánica de rotación. Luego se acople al generador y se transforma en energía eléctrica.

De esa forma artesanal, Ticino no se quedó a oscuras como el resto del país, salvo Tierra del Fuego. Para completar el cuadro de autoabastecimiento, la caldera que utilizan fue fabricada en el país. A diferencia de las fuentes basadas en combustibles fósiles, este tipo de generación, denominada de “ciclo cerrado”, no emite gases de efecto invernadero, de manera que contribuyen a mitigar el cambio climático.

Ticino es una localidad ubicada en el departamento General San Martín. Según el censo de 2010, tiene 2188 habitantes. Está situada sobre la ruta provincial 6, a 190 kilómetros de la ciudad de Córdoba. La localidad fue fundada en 1911 por dos ítalo-suizos, Ricardo Simonini y Juan Thiele. El nombre fue elegido basándose por un lado en el río Tesino (Ticino en italiano), que recorre la Suiza meridional y el norte de Italia.

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