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Nacionales

Naciones Unidas cuestionó el sistema de escuchas telefónicas vigente

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La Corte Suprema, de la que depende la Dirección de Asistencia Legal en Delitos Complejos y Crimen organizado (Dajudeco), que ejecuta las pinchaduras telefónicas, recibió el informe del relator especial sobre el derecho a la privacidad del organismo internacional. Joseph Cannataci denunció la “vigilancia ilegal” de la AFI a la comunidad mapuche de Chubut durante 2015.

Cannataci evaluó las recientes reformas al sistema de escuchas, los mecanismos para prevenir las violaciones del derecho a la privacidad y recogió las preocupaciones expresadas por las organizaciones de la sociedad civil y los especialistas en el tema. La evaluación da cuenta de que mensualmente son interceptadas 6000 líneas telefónicas, de las cuales sólo 69 son escuchas directas (la que se realizan cuando corre peligro la vida de una persona, por ejemplo, ante un secuestro). También aclaraba que la mayor parte de las interceptaciones no son escuchadas por funcionarios de la Dajudeco, sino grabadas automáticamente en CDs sin intervención humana y luego son distribuidas a quien las haya solicitado.

En 2018 se pincharon 41.000 líneas telefónicas. Las principales advertencias de Cannataci giran alrededor de que “la tecnología es bastante anticuada”, hecho que obliga a la Corte Suprema a mantener una gran dependencia respecto de la AFI, el organismo que brinda el soporte técnico de aquel antiguo sistema. El informe agrega una serie de “vulnerabilidades inherentes” derivadas del uso excesivo de las interceptaciones, tratadas como una medida ordinaria de investigación para todo tipo de delitos; “la debilidad de los controles sobre el acceso al contenido de las interceptaciones”, y “la falta de un control independiente sobre el uso de las interceptaciones”.

En su diagnóstico sobre la viglancia en el país, Cannatasi registró con “preocupación” que en 2015 un agente de la AFI siguió durante varios meses en Esquel, provincia de Chubut, a 26 miembros de una comunidad indígena mapuche y de un movimiento contra la minería, trabajó con dos agentes de policía y luego compartió la información que había recopilado con los fiscales de la provincia de Chubut. Además subrayó que se trata de una actividad prohibida por la ley y dirigida a una comunidad vulnerable, aunque también destacó la actitud de los agentes de policía y los funcionarios del sistema de justicia, quienes “aceptan el producto de la vigilancia”.

El relator de la ONU exhortó al gobierno a que aumente de inmediato los recursos asignados a la protección del bienestar y la privacidad de los pueblos indígenas y a que indemnice a las víctimas y se asegure de que la violación no se repita. En la misma línea, sugirió que los servicios de inteligencia deberían llevar a cabo “una revisión en profundidad de su cultura y prácticas de opacidad, actualmente impuestas por la ley”.

En cuanto a la transparencia de las Fuerzas Armadas, Cannataci alertó acerca del alcance “excesivo” de la información clasificada, que “les impide, de facto, poner en práctica políticas de transparencia adecuadas que ayuden a fortalecer la confianza pública”.

El relator de la ONU fue crítico también respecto de la Comisión Bicameral de Inteligencia, a la que la Corte Suprema también había encomendado analizar el sistema de escuchas vigente. Según el experto, la Comisión “no utiliza al máximo su capacidad jurídica ni posee los recursos para auditar a fondo el desarrollo de casos concretos, y tampoco tiene pleno acceso al contenido de cada expediente”, por lo que recomendó la creación de un “nuevo órgano independiente con personal dedicado a tiempo completo”.

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Economia

En apenas un mes, los argentinos sacaron casi 10 mil millones de dólares de los bancos

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Desde las PASO el sistema financiero argentino perdió en medio de una fuerte incertidumbre, casi un tercio de sus depósitos en moneda dura.

Los argentinos retiraron unos 9.975 millones de dólares del sistema financiero en apenas un mes en medio de la inestabilidad cambiaria y la fuerte incertidumbre desatada luego de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Se trata del 30,7% de todos los depósitos en moneda dura que el sector privado argentino (ahorristas individuales y empresas) tenían en los bancos públicos y privados del país el viernes 9 de agosto, dos días antes de las elecciones primarias.

Según consignó ámbito.com este jueves el 9 de agosto, dos días antes de las PASO se había registrado el nivel récord histórico de depósitos en dólares estadounidenses por parte del sector privado desde la salida de la convertibilidad, ubicándose en unos 32.500 millones de dólares, según datos del Banco Central.

Pero con el descalabro iniciado el lunes siguiente por una corrida -que primero fue cambiaria con un salto del 32% en el precio del dólar y luego se convirtió en bancaria- se llegó al 12 de septiembre (último dato oficial disponible de caída) con un stock de 22.525 millones de dólares.

El stock de dólares estadounidenses depositados por los ahorristas y las empresas volvió así al nivel más bajo desde el 2 de enero de 2017, cuando el nivel era de 22.509 millones de dólares, según los registros de la autoridad monetaria.

En tanto, el total de depósitos en moneda dura en el sistema financiero -que contempla también los dólares que tienen ahorrados provincias, municipios y otras dependencias oficiales del Estado- cayeron desde los 35.243 millones el 9 de agosto hasta los 25.204.

Esa baja fue del 10.039 millones de dólares, equivalente al 28,5% del stock total.

La tendencia de caída se quebró el 13 de septiembre con un aumento de 19 millones de dólares en los depósitos del sector privado debido al cobro de una Letra del Tesoro que pagó el ministerio de Hacienda a tenedores particulares.

Por contrapartida, los depósitos totales que contemplan también los dólares del sector público bajaron ese día unos 218 millones de dólares, desde los 25.204 millones hasta los 24.986 millones.

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Nacionales

Piden que el gobierno de Macri declare la emergencia PyME para frenar el cierre de empresas

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En el último año cerraron casi 2 mil empresas manufactureras y miles de trabajadores quedaron en la calle.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) reclamó este miércoles al gobierno de Mauricio Macri declarar la “Emergencia PyME” para afrontar la dura crisis que atraviesa el sector y a partir de la cual cerraron miles de empresas durante la gestión de Cambiemos.

El pedido fue formulado en el marco de una reunión del Consejo Directivo de la entidad empresarial y reclamó el “compromiso de todos los sectores políticos para los próximos meses para la asistencia financiera y el mantenimiento y creación de empleo“.

“La supervivencia de las pequeñas y medianas empresas depende de las medidas que se tomen en el plano tributario, financiero, energético, laboral y de consumo interno”, sostuvieron los directivos de CAME.

El sector pyme es uno de los más afectados por la crisis económica y financiera, y la situación se agravó tras la última devaluación de agosto.

La entidad solicitó líneas de crédito productivas con tasas del 21%; Repro Pyme Express para empresas en crisis para sostener el empleo y el Mínimo no imponible sobre contribuciones patronales.

También reclamó la suspensión del impuesto al cheque, la eximición del cobro de IVA e Ingresos Brutos en las boletas de luz, agua y gas, y la postergación del pago de anticipos de Ganancias.

“En la Argentina, las micro, pequeñas y medianas empresas son grandes protagonistas de la actividad económica ya que representan el 44% del PBI nacional“, sostuvo la CAME. La entidad está integrada por 1.491 cámaras y federaciones, que representan a los sectores de comercio, economías regionales, turismo, industria y construcción.

En los últimos doce meses cerraron 1.734 empresas manufactureras dejando a miles de trabajadores en la calle, según estimaciones privadas.

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Economia

El Senado unánime con la Emergencia Alimentaria

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Por unanimidad el Senado convirtió en ley la prórroga de la Emergencia Alimentaria hasta diciembre de 2022. Ahora, el Gobierno –-que se negó a implementar la emergencia por DNU— debe promulgarla para reasignar partidas presupuestarias por 10.400 millones de pesos para paliar la urgencia de los sectores más vulnerables de la sociedad en lo que queda del año. El proyecto incluye a partir de 2020 un aumento trimestral de las partidas alimentarias en base al incremento del rubro “alimentos y bebidas” del Indice de Precios al Consumidor y la variación de la canasta básica medida por el INDEC.

El debate acordado para una sesión rápida no estuvo exento de duras críticas del grueso de la oposición a la política económica del Gobierno de Mauricio Macri que desató la crisis socioeconómica. Criticaron su favorecimiento a los sectores concentrados, el “brutal endeudamiento externo”, la fuga de capitales y la dolarización de la comida, los combustibles y las tarifas, además de cuestionar a los funcionarios y dirigentes oficialistas que niegan el hambre y que algunos definieron como “la ideología del desprecio a la gente”. Lejos de asumir las responsabilidades, el oficialismo buscó culpar a los gobiernos peronistas por la crisis alimentaria, insistió en que la emergencia lleva 18 años vigente, exaltó “la inversión social” del Gobierno de Cambiemos, aunque lo incluyó como uno de los “condicionantes del endeudamiento” y el senador radical Luis Naidenoff desafió electoralmente al peronismo opositor: “Tenemos en claro le mensaje de las Paso. La elección no se definió”, les espetó.

La probación fue unánime: 61 votos a favor. No hubo votos en contra ni abstenciones. Pero el tablero electrónico de la votación no reflejó la confrontación de modelos económicos que se dio en el debate a poco más de un mes de la elección que definirá el nuevo Gobierno para los próximos cuatro años. De los trece oradores que tuvo la sesión, doce fueron opositores y el oficialismo solo se reservó la palabra final para el cierre del debate.

La salteña María Cristina Fiore fue la primera en abrir el debate. “No nos cabe duda de la necesidad del tratamiento de este proyecto, porque la pobreza lamentablemente ha aumentado”, afirmó la senadora que acompañó muchos de los proyectos del oficialismo. Citó las cifras que arrojan el Observatorio de la Deuda Social de la UCA y de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para sostener que la inseguridad alimentaria grave, “quienes comen una vez al día o pasa sin comer, aumento de 2,5 millones en 2015 a 5 millones de personas en 2018”, sin contar este último año de agravamiento de la crisis. Luego calificó como “vergonzoso, grave e irresponsable” las declaraciones de los funcionarios del Gobierno que “niegan el hambre”, que también “trae muerte”.

“Acompañamos este proyecto, pero debemos rediscutir el modelo económico de la Argentina si queremos hacer efectivos los derechos sociales, políticos y económicos garantizados en la Constitución”, sostuvo la santafesina María de los Angeles Sacnun (FpV-PJ) y agregó: “Los modelos económicos neoliberales fundados en el endeudamiento y fuga de capitales quiebran ese contrato social”. Sacnun propuso avanzar en la “soberanía alimentaria” para pensar en la producción de alimentos y no solo en el acceso a los mismos.

En un duro discurso, el formoseño José Mayans (BJ) se quejó de la falta de funcionamiento del Senado para discutir los “temas importantes” y que había que discutir la emergencia “rapidito”. Sostuvo que Macri les recortó a las provincias por DNU unos “50 mil millones de pesos”, mientras que los 18 mil millones presupuestados que el gobierno destina a la ayuda alimentaria, “16 mil van a la provincia y la ciudad de Buenos Aires y los otros 2 mil al resto de las provincias”.

Mayans también le puso números a la “herencia” que el Gobierno de Cambiemos le deja a la futura gestión en materia de deuda “que no pasó por el Congreso”: incluyendo intereses y capital, la Argentina deberá pagar 56 mil millones de dólares en 2020; 53 mil millones en 2021; otros 83 mil millones en 2023 y 73 mil en 2024.

La situación de hambre debería avergonzarnos porque somos un país capaz de darle de comer a 400 millones de personas y no somos capaces de darle de comer a 15 millones”, dijo la rionegrina Magdalena Odarda. “Cuando el dólar costaba 16 pesos, eran de 16 pesos las partidas para alimentos. Hoy el dólar roza los 60 y también son de 16 pesos las partidas para almuerzo en las escuelas y algunos comedores comunitarios”, describió la tucumana Beatriz Mirkin.

Por segunda vez en la historia contemporánea, la aventura del proyecto neoliberal termina en una hambruna, termina en desnutridos, termina en una tasa de indigentes enorme, y hoy 5 millones de argentinos comen una sola vez por día”, arrancó Fernando “Pino” Solanas (Proyecto Sur), antes de referirse en otro trazo de la política económica del macrismo: “La tasa de desocupación es enorme, el endeudamiento nacional es poderoso, pagamos 3.500 millones de pesos diarios de servicios de deuda”.

Para el jefe del bloque kirchnerista del FpV-PJ, Marcelo Fuentes, “Estamos ante un hecho político significativo: la carnalidad de la visibilidad del hambre” y señaló “que si no fuera por las movilizaciones que incomodan tanto a quienes quieren desplazarse legítimamente, ese sujeto que padece el hambre sería siendo siempre una abstracción”.

“No estamos ante una emergencia producto de un cataclismo natural. No hay inundaciones, tsunamis, erupciones volcánicas o terremotos que quiebren la infraestructura de transporte o la producción de alimentos. Estamos ante un dato de naturaleza política. El hambre en Argentina, con los recursos que hay, es una construcción política”, continuó Fuentes y advirtió: “Si esto no ardió todavía es porque el pueblo tiene la esperanza de votar en octubre”.

El flamante jefe del Bloque Justicialista, Carlos Caserio afirmó que “es una circunstancia trágica que Argentina le venda alimentos a 400 millones de personas en el mundo y que no sepamos cómo resolver el hambre de 15 millones de argentinos”. “No hay soluciones mágicas, no estamos ante una catástrofe natural, sino ante políticas económicas erradas”, insistió el senador cordobés. Luego de calificar a la emergencia como un “paliativo”, Caserio propuso que “más allá de quien gobierne, la única solución pasa por generar que la Argentina crezca”, y propuso que “se termine la fiesta financiera”.

Sin otros oradores, el oficialismo se reservó el cierre del debate. Como jefe del interbloque de Cambiemos, Naidenoff trató de exculpar a su gobierno por la crisis: “La pobreza es un problema que excede a una mirada mezquina en el contexto previo al 27 de octubre”, consideró Naidenoff, y alertó que “independientemente de los ciclos siempre pendulares (de la economía), la variable inmodificable fue estos 18 años de emergencia alimentaria y social”, dijo el senador radical.

Afirmó que Cambiemos heredó una pobreza de la gestión kirhnerista: “el 34 por ciento de los argentinos estaba en situaciones de precariedad o informalidad”; “el 50 por ciento de los chicos no habían terminado la secundaria”; y “de cada tres hogares, uno presentaba condiciones de construcción que dejaban mucho que desear”. Después dobló la apuesta: “Cuando uno asume en default, con cinco tipos de cambio, con una economía cerrada, con socios poco recomendables como Irán y Venezuela, sin margen por te dejaron sin reservas, ¿cómo financiás un Estado?, dijo y preguntó el formoseño.

Naidenoff dejó para el final fue una advertencia para la oposición en modo electoral: “Lo que estoy escuchando de una elección que no se realizó es más miedo que propuestas. Ojo cuando se siembra el miedo”.

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