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Alarmante informe de la UCA: el 41,2% de los niños vive bajo pobreza estructural en Argentina

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No se trata de cifras sueltas. Es la grave situación que transita la Argentina y que golpea crudamente a los chicos menores de 17 años. Detrás de cada dato hay rostros y vidas castigadas.

El 41,2% de los niños del país vive en estado de pobreza estructural, lo que representa a unos 4,7 millones de chicos cuyos padres no tienen ingresos suficientes para vivir, están mal alimentados, duermen en casas sin agua potable o cloacas, tienen problemas para acceder a la educación y escaso nivel de atención sanitaria.

La situación se agravó en los últimos años. Según el último informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA): mientras que en el 2017 el 37,1% de los niños en Argentina estaba alcanzado por esta pobreza estructural, en el 2018 esa cifra llegó al 41,2% de menores cuyas familias no solo tienen ingresos insuficientes sino que además no están cubiertos por más de un derecho básico.

“La pobreza de los niños debe medirse más allá de los ingresos y visualizar todas las carencias que hay en la población menor de la Argentina que se incrementaron sustancialmente en los últimos años”, reflexionó ante Infobae Ianina Tuñón, investigadora Responsable del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia de la UCA.

Según las estimaciones del estudio, en el 2018 el 63,4% de los niños y adolescentes estaba privado de al menos un derecho y el 51,7% vivía en hogares pobres. Un 41,2% de la infancia era doblemente pobre (en el ejercicio de derecho y por pobreza monetaria). Esta doble carencia se incrementó entre 2017 y 2018 en 4,1 por ciento.

Cuando se analiza la propensión a la pobreza multidimensional, se advierte que dentro del 63,4% de chicos que no logran ejercer plenamente al menos uno de los derechos considerados, un 18,9% no logra hacerlo en niveles “humanamente inaceptables”.

En este contexto de incremento de pobreza estructural hay más datos alarmantes en la situación de la niñez en Argentina: en el 2017 había un 7,1% de chicos con problemas de alimentación y esta problemática se agravó ya que el año pasado se registró un 11,2% de esta privación de derechos.

¿A qué se debe esta grave problemática de millones de chicos mal alimentados en un país donde hubo un refuerzo de los programas de asistencia alimentaria en comedores escolares?, preguntó Infobae a Tuñón.

“Entre 2016 y 2017, se observó un incremento significativo de los chicos/as que asistían a comedores escolares y comunitarios, y ello junto a las transferencias económicas pudieron sostener los niveles de inseguridad alimentaria preexistentes. No obstante, dicha ayuda directa en el último período interanual se estabilizó y la problemática alimentaria se disparó de modo sustantivo en las infancias”, dijo la investigadora de la UCA a cargo del estudio sobre pobreza infantil.

Se observa, en cambio, en el análisis detallado de los datos una mínima reducción de problemas de saneamiento, vivienda y salud en los chicos. Así, en el 2017 había un 24,7% de menores de 17 años con problemas de saneamiento en sus hogares. Es decir, que no tenían cloaca o agua potable y en el 2018 este índice se redujo al 23,7%.

A la vez, la problemática de asistencia en salud bajó del 23,3% de 2017 al 22,4% en el 2018.

En la evolución 2010-2018, se advierten progresos importantes, se pasó de un 68,3% a un 63,4% de niños/as privados en el ejercicio de al menos un derecho. En el nivel de privación más severo se pasó de 30,5% a un 18,9%. Y en el último período, 2015-2018 ,se advierte estabilidad en la incidencia total y una leve merma en el déficit severo.

De esta manera, el informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA destaca que “sin dudas, lo relevante es que la mayoría de las infancias continúan experimentando privaciones inaceptables en múltiples dimensiones del desarrollo”.

En números concretos: en el 2018 aún se percibe que hay 7,2 millones de niños con privaciones de derechos, lo que implica el 63,4%. Es cierto que hubo una pequeña disminución de esta variable respecto al 2017 donde había un 65,9%. Pero la gravedad de la situación de pobreza estructural en la Argentina sigue siendo muy alarmante.

Tuñón advirtió en este sentido que “disminuir la pobreza de tipo estructural requiere de transformaciones muy profundas en aspectos esenciales de la infraestructura de las viviendas y el hábitat, ello supone obras públicas a una elevada escala e inversión de las propias familias para acceder a los servicios en el interior de sus viviendas”.

A su vez, la investigadora de la UCA señaló que la población de niños y adolescentes con carencias básicas en temas de saneamiento y en viviendas precarias en términos de su construcción continúa siendo elevado. El índice multidimensional que considera diferentes derechos de los niños también considera el acceso a la salud y la calidad de las ofertas educativas, dos recursos con los que los Estados tienen una responsabilidad muy significativa dada la cobertura extensa que tienen estos servicios públicos en el país. Pero también mejorar la calidad de estos servicios según estipula la ley implica transformaciones profundas y de amplio alcance”.

Las carencias de los menores de 17 años se verifican en mayor medida en aquellos que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH); el 78,7% del universo de esos chicos tiene problemas de privación de derechos. Y en el conurbano bonaerense es donde más se registra esta carencia. Allí, el 74,8% de la población infantil tiene problemas de pobreza estructural mientras que en el 89,8% de las villas o asentamientos se profundiza esta grave situación de falta de alimentos, salud, higiene o atención sanitaria en los chicos.

“Las medidas especialmente orientadas a las infancias de los últimos gobiernos son las transferencias de ingresos como la AUH, que sin dudas son necesarias en el actual contexto socioeconómico, pero claramente muy insuficientes para garantizar mejoras en el espacio del hábitat, mejorar la calidad de los servicios de salud y educación, y/o garantizar el acceso a tecnologías de la comunicación y acceso a la información”, aclaró Tuñón.

La investigadora de la UCA señaló incluso que esa ayuda social se ha vuelto insuficiente en el último período interanual para garantizar el acceso a los alimentos. “Es tal el impacto de la inflación y recesión en los hogares más pobres del país que los recursos monetarios que logran reunir los hogares no se utilizan únicamente para acceder a los alimentos, porque los hogares deben adicionalmente abonar servicios públicos, trasladarse, entre otros gastos de subsistencia”, dijo Tuñón ante Infobae.

Desde el punto de vista etario, los adolescentes son los más expuestos a experimentar alguna carencia en el espacio multidimensional de los derechos (73,5%, frente a 60,8% entre los de 4 a 12 y 62,2% entre los de 0 a 3 años). Los niños que viven en hogares de clima educativo bajo (padres que no completaron la escuela secundaria) tienen casi tres veces más chances de tener al menos una privación que sus pares de hogares de clima educativo medio-alto (cuyos padres tienen nivel universitario incompleto o más).

Y los niños que viven con uno solo de sus padres están más expuestos a experimentar privaciones que aquellos que viven con ambos padres (70,9% frente a 62,3%). Un niño/a del estrato trabajador marginal tiene cuatro veces más chances de tener una privación que las que experimenta un niño/a del estrato medio profesional (84,9% frente a 22%).

Otro dato relevante es que la ley de protección integral de niños, niñas y adolescentes sancionada en 2005 dispuso un sistema de protección de derechos, con diferentes autoridades y funciones, para asegurar su vigencia y garantía. En la cúspide de ese sistema está prevista la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, un órgano federal de protección y control, con amplias facultades para intervenir ante violaciones a los derechos de la infancia, y promover la vigencia de los derechos de la niñez; tanto ante denuncias puntuales, como ante la identificación de problemáticas estructurales.

Sin embargo, Carmen Ryan, integrante de la coalición Infancia en Deuda, advirtió que recién la semana pasada, tras 14 años de espera, la bicameral del Congreso eligió por unanimidad candidatos a ocupar la defensoría del niño, que deberán avalar los dos tercios con mayoría especial.

La titular de este nuevo organismo encargado de velar por la defensa de los niños será Marisa Graham, quien es abogada y fue titular de la Dirección Nacional de Promoción y Protección Integral de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. También Graham se desempeñó como asesora legislativa en la Cámara de Diputados y en la Comisión de Tratados de Derechos Humanos en la Comisión Constituyente de 1994. En su cuenta de Twitter se mostró abiertamente afín a Cristina Kirchner y las políticas del Frente Para la Victoria.

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El impacto de las críticas de Cristina Kirchner en Comodoro Py: “La consigna es resistir los ataques”

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Las acusaciones de la vicepresidenta en la audiencia por el caso de “dólar futuro” llegaron a todos los jueces federales, para quienes ella intenta “desprestigiar a la justicia”.

Tres días después del duro discurso de Alberto Fernández contra el Poder Judicial, Cristina Kirchner no escatimó en críticas sobre el funcionamiento de la justicia que la investigó en ocho causas por presunta corrupción. En Comodoro Py, aunque varios magistrados federales aseguraron no haber escuchado el descargo de la vicepresidenta, sus puntos centrales contra jueces y fiscales circularon rápidamente. “La consigna es resistir los ataques”, dijeron algunos. Para otros, “se trató de un discurso político” con un marcado objetivo: “desprestigiar a la justicia”.

Lejos de apaciguarse, el fuego cruzado entre la Casa Rosada y la Justicia aumenta semana tras semana. Parecen ahora lejanas las 200 intimaciones a jueces y fiscales que realizó la ANSES para que decidan si se van a jubilar o no. También quedaron atrás el pedido de Alberto Fernández de hace tres días, para que se reforme a la Justicia, o los dichos de Wado de Pedro señalando que si los jueces no se “transforman, se van”.

En línea con sus declaraciones y posteos en las redes sociales de los últimos meses, este jueces Cristina volvió a acusar a los jueces por entrometerse “en las decisiones de la política”, de ser “cómplices del endeudamiento del país”, de actuar de manera “corporativa”, intervenir en “los procesos electorales” y de impulsar procesos judiciales “que son armados, sin sustento”.

El mensaje repercutió en Comodoro Py, donde la vicepresidenta tiene ocho causas elevadas a juicio oral por presuntos hechos de corrupción. En dos de ellas, por supuesto lavado de dinero, también están involucrados sus hijos Máximo y Florencia Kirchner.

“La consigna es resistir” señaló un magistrado que ocupa un importante despacho hace muchos años. Al interior de la gran mayoria de los actores del sistema judicial “se consideró que es demasiado todo esto y el mensaje es resistir”, insistió.

Quienes siguieron el descargo de Cristina Kirchner, entre ellos algunos integrantes del Ministerio Público Fiscal, consideraron que lo que debía ser una defensa vinculada al expediente judicial “se volvió un discurso político, centrado en una sola cosa que es una pericia que no se trata de la única medida de prueba en el caso”, dijeron a Clarín.

En los Tribunales federales de Retiro creen que hay un “hilo conductor entre todas las medidas impulsadas por la Casa Rosada”, desde la Reforma Judicial impulsada por Alberto Fernández para licuar el poder de los doce jueces de Comodoro Py, hasta la modificación del sistema previsional del sector.

De allí devino la intimación por parte de la Anses a 200 jueces y fiscales para que en el lapso de treinta días informen si continuarán con sus expedientes previsionales o si los retirarán.

El Gobierno también busca modificar la ley que rige al Ministerio Público Fiscal y el método de enjuiciamiento de los fiscales. “No quedó ni un sector de la Justicia que no quieran modificar”, señaló un fiscal con despacho en Comodoro Py.

Hay que recordar que el kirchnerismo también buscó desplazar de la Cámara Federal porteña a los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, quienes permanecen temporalmente en sus cargos por orden de la Corte Suprema de Justicia.

Las acusaciones son cruzadas: el Poder Judicial no disimuló sus diferencias con una gestión a la que acusa de intromisión y violación de la división de poderes.

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Jair Bolsonaro anunció que visitará a Alberto Fernández y respaldó las gestiones de la Argentina ante el FMI

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El presidente de Brasil indicó que su primera visita oficial a Buenos Aires será el 26 de marzo. “Hinchamos para que tengan éxito en las negociaciones”, agregó.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció este jueves su primer viaje oficial a la Argentina, que se concretará el 26 de marzo próximo, para reunirse con su par Alberto Fernández, en el marco de las celebraciones por los 30 años de la fundación del Mercosur. Además, con un gesto sorpresivo, apoyó las negociaciones argentinas con el FMI.

“El 26 de marzo estaré en Buenos Aires, en nuestra querida Argentina, celebrando los 30 años del Mercosur”, dijo Bolsonaro en una transmisión vía Facebook.

El mandatario brasileño visitará por primera vez a su tercer socio comercial y al primero dentro del Mercosur, que también integran Paraguay y Uruguay.

Con una frase que remitió a la pasión futbolera de ambos países, Bolsonaro también respaldó la negociación de Argentina para reestructurar su deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“El Covid causó dificultad económica en todo el mundo. Hinchamos para que Argentina tenga éxito en las negociaciones con el FMI, la situación es bastante complicada. Brasil es uno de los grandes interesados en eso. Y será la primera vez que voy a conversar con el presidente”, dijo Bolsonaro, acompañado por el ministro de Infraestructura, Tarcisio de Freitas.

La confirmación de la visita por parte del presidente brasileño ocurre dos días después de que el canciller Ernesto Araújo alentara la flexibilización del Mercosur para que cada país pueda realizar acuerdos comerciales en forma unilateral, por fuera del bloque.

Bolsonaro y Fernández dialogaron en forma virtual el 30 de noviembre, día de la amistad binacional, en el marco de una estrategia de acercamiento iniciada en Brasilia por el embajador argentino, el ex vicepresidente Daniel Scioli.

Scioli se volcó a Twitter para confirmar el anuncio. Lo acompañó con un extracto de la transmisión del presidente brasileño.

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La Justicia acelera la quiebra del Correo Argentino y no descarta que la familia Macri deba pagar la deuda exigida por el Estado

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En medio del enfrentamiento entre la Casa Rosada y el expresidente, el fuero comercial dio curso a una presentación del procurador del Tesoro, Carlos Zannini, que coloca a la compañía al borde de la liquidación

En una resolución de apenas ocho renglones, la jueza comercial María Cirulli desmanteló la defensa que trataba de evitar que la posible quiebra del Correo Argentino S.A. provoque un efecto dominó contra la estabilidad económica del Grupo Socma y el patrimonio personal de los hermanos y sobrinos del expresidente Mauricio Macri.

“Por ello, lo establecido en la LCQ 48, restantes normas legales, precedentes jurisdiccionales vinculantes y doctrina citada, resuelvo:

1. Establecer que el paquete accionario de Correo Argentino S.A. carece de valor positivo.

2. Citar la audiencia informativa establecida en la LCQ 48, inciso 5, en el día 29 del mes de marzo de 2021 a las 12 hs.

3. Notifíquese por ministerio de la ley”, dictaminó la magistrada.

La traducción del argot jurídico es fácil de ejecutar. La juez Cirulli resolvió que las acciones de la familia Macri en el Correo Argentino no valen nada, y que por lo tanto -si en un plazo fijado por el Código de Procedimiento en lo Civil y Comercial- no acercan una nueva propuesta, se acelera la quiebra de la compañía familiar y ante la ausencia de fondos para resolver la deuda se podría avanzar sobre el Grupo Socma y el patrimonio de los familiares directos del exjefe de Estado.

Desde la perspectiva del Gobierno, la familia Macri y su empresa, Correo Argentino S.A. le estaría debiendo al Estado 4500 millones de pesos.

El presidente saliente de Argentina, Mauricio Macri, al entregar el bastón presidencial a Alberto Fernández en 2019El presidente saliente de Argentina, Mauricio Macri, al entregar el bastón presidencial a Alberto Fernández en 2019

Si la cifra alegada por Balcarce 50 fuera cierta, Socma y el patrimonio de la familia Macri no alcanzaría a satisfacer la deuda reclamada por el Estado Nacional al Correo Argentino.

En este contexto, la defensa del Correo Argentino sostiene que se trata de una ofensiva judicial que está teñida por las diferencias entre Alberto Fernández y su antecesor. Desde esta perspectiva, a los abogados del Correo Argentino les sorprendió que la jueza Cirulli accediera al expediente hacia fines de febrero y que apenas seis días hábiles después decidiera que no tiene sentido seguir con la instancia de “cramdown” y permita la posibilidad de iniciar la quiebra del Correo para luego avanzar sobre otros bienes del Grupo Socma y la familia Macri.

“Esa resolución se tomó hoy. Significa que la jueza de primera instancia, en un plazo llamativamente breve, no valoró ni tomó en cuenta las impugnaciones a la valuación del paquete accionario de Correo que hicieron Socma y otros interesados en adquirir el paquete accionario. Sorpresivamente, tampoco ordenó una notificación para que el estudio evaluador brinde explicaciones cómo hubiese correspondido en una valuación de tanta complejidad. Evidentemente la resolución va a ser apelada. Con respecto a la fecha establecida, corresponde al plazo para que Correo y/o los interesados acompañen las conformidades correspondientes para homologar una propuesta. Este plazo podría ser suspendido en caso de que prosperen los recursos que se han planteado”, aseguró a Infobae un vocero de la compañía.

Pese a los cuestionamientos jurídicos presentados por la defensa del Correo Argentino, en Casa Rosada explicaron que todo está ajustado a derecho, que se cumplieron los plazos, y que la decisión de la jueza Cirulli es irreprochable.

Al otro lado de la trinchera legal, los defensores del Correo Argentino aseguraron que el fallo de la jueza no quedará firme, que presentarán todas las apelaciones habilitadas por las leyes vigentes y no descartan llegar a la Corte Suprema a través de un recurso extraordinario.

La cita clave será el próximo 29 de marzo. Si la defensa del Correo Argentino no prospera, la Justicia comercial podría avanzar sobre los bienes del Grupo Socma y a continuación, sobre el patrimonio de los accionistas Gianfranco, Mariano, Florencia, y los hijos de Sandra Macri.

Todo en medio del enfrentamiento visceral entre Alberto Fernández y Mauricio Macri.

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