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Sociedad

Se reabre el caso Maldonado: ante los jueces de Casación, la familia volvió a pedir que se investigue la desaparición forzada

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Dos años, cuatro meses y cuatro días después de la última vez que se lo vio con vida a Santiago Maldonado, mientras corría durante un operativo de Gendarmería en la Pu Lof de Cushamen (Chubut), el expediente en el cual se investiga su muerte -confirmada 78 días después de su desaparición con el hallazgo del cuerpo sumergido en el río Chubut- se activa nuevamente.

La sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo, celebró este jueves en la sala AMIA de Comodoro Py una extensa audiencia de la que participaron la familia Maldonado y el resto de los querellantes en la causa, y también a los abogados defensores del gendarme Emmanuel Echazú.

Todas las partes se reunieron en Py porque en cada caso recurrieron el fallo de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, que pidió en septiembre pasado volver a investigar cuándo y cómo fue la muerte de Santiago Maldonado, ocurrida entre el 1 de agosto de 2017 (día de la desaparición del tatuador) y el 17 de octubre (cuando fue hallado el cadáver). Ante los jueces de Casación cada parte expuso sus argumentos. Sobresalió, lógicamente, el pedido de Verónica Heredia, abogada de la familia de la víctima, y de Sergio Maldonado, quienes insistieron para que la Justicia investigue la desaparición forzada seguida de muerte del joven de 28 años.

Tanto Heredia como las querellas de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Comisión Provincial por la Memoria y la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos cuestionaron la decisión de la Cámara de Apelaciones de descartar la figura de desaparición forzada y rechazaron la decisión de los jueces de mandar a profundizar la investigación solamente respecto de una omisión del personal de Gendarmería.

Además, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que también integra la querella, pidió que se siga investigando a Echazú.

Santiago Maldonado tenía 28 años y había llegado desde El Bolsón hasta la comunidad mapuche de Cushamen para solidarizarse por la detención del lonko Facundo Jones Huala

Santiago Maldonado tenía 28 años y había llegado desde El Bolsón hasta la comunidad mapuche de Cushamen para solidarizarse por la detención del lonko Facundo Jones Huala

Los jueces de Casación decidieron hacer la audiencia en la sala AMIA ya que consideraron que se trata de un caso que interesa a la opinión pública. Ante unas 100 personas, entre quienes estaba la Madre de Plaza de Mayo Nora Cortiñas y la mamá de Santiago, Stela Maris Pelozo, Heredia remarcó: “Nos preguntan por qué seguimos insistiendo en que se investigue la desaparición forzada de Santiago. Nos preguntan por qué seguimos insistiendo en eso si apareció el cuerpo de Santiago. Tanto Lleral como la Cámara de Comodoro descartaron analizar el contexto. Se negaron. Esa sola afirmación habilita a que se investigue nuevamente todo este proceso, teniendo como base el delito de desaparición forzada, que se descartó, a pesar de que la Corte Interamericana indica que solamente se puede analizar el tipo penal de desaparición forzada si se tiene en cuenta el contexto. La desaparición forzada es un delito pluriofensivo, que violenta innumerables derechos de la persona. Eso obliga al Estado a investigar el contexto”.

“¿Qué sabemos?”, se preguntó la abogada de la familia Maldonado, quien además reiteró el pedido ante Casación de que se conforme un grupo de investigadores independientes. Y respondió: “La última vez que se lo vio con vida había más de un centenar de gendarmes. Y 78 días después aparece en ese mismo lugar, sin vida. Lugar que fue rastrillado por las mismas fuerzas de seguridad. Este es el contexto que los jueces se negaron a investigar.”

El reclamo para conformar un grupo independiente tampoco es nuevo y apunta a las dudas que tiene la familia de los procesos de investigación que llevaron a cabo las fuerzas de seguridad nacionales, que en definitiva responden todas a la misma autoridad, el ministerio de Seguridad conducido hasta el próximo martes por Patricia Bullrich.

Sergio y Santiago Maldonado, hermanos

Sergio y Santiago Maldonado, hermanos

“Este grupo podría ayudarnos a responder qué hacía el 1 de agosto en la ruta 40, en el kilómetro 1848 el doctor Pablo Noceti (jefe de Gabinete del Ministerio) en el mismo momento que desaparecía Santiago. Por qué el juez Otranto llamaba el 3 de agosto a Noceti advirtiendo que irían a peritar los autos de Gendarmería. Por qué Otranto y la fiscal Avila y el secretario de Coordinación del Ministerio, Gonzalo Cané, a escondidas de las partes, investigaban a Sergio Maldonado, por qué ni Otranto ni Avila querían atender a Sergio pero le escuchaban el teléfono”, enumeró Heredia, quien remarcó que la desaparición forzada seguida de muerte es un delito que prevé la pena a reclusión perpetua.

El momento más emotivo de la audiencia se dio cuando el presidente de Casación, Gustavo Hornos, le preguntó a Sergio Maldonado cómo estaba conformada la familia. El hombre respondió que Santiago era el menor de tres hermanos, y que él era el mayor. “Es doloroso ver cómo una familia se deteriora”, dijo Sergio Maldonado, y su voz se quebró cuando recordó que su abuela murió este año: “Queremos saber la verdad, no importa cuál sea, más allá de lo dolorosa que pueda ser. Hace dos años y cuatro meses que nos cambió la vida. Para que tengan una idea de la necesidad que tenemos, el 8 de julio mi abuela, en la última conversación que tuve, me dijo que quería morirse para saber qué le había pasado a Santiago”.

Para Sergio Maldonado los investigadores y peritos falsearon la profundidad del río para justificar que apareciera allí 78 días después de la desaparición y luego de tres rastrillajes (uno en agosto y dos en septiembre) llevados a cabo en el mismo lugar.

Stella Maris Peloso, mamá de Santiago Maldonado, estuvo en Comodoro Py

Stella Maris Peloso, mamá de Santiago Maldonado, estuvo en Comodoro Py

El hermano de la víctima apuntó contra el juez Guido Otranto, quien luego dejaría la causa, por el destrato que sufrió y sugirió connivencia del magistrado y de la fiscal federal de Esquel, Silvina Avila, con el Ministerio de Seguridad. “El 4 de agosto me presento ante Otranto y me encontré con una fiscal que pensé que era abogada de Gendarmería”, remarcó.

Además protestó porque Otranto le intervino el teléfono y era seguido por personal de Seguridad nacional. “Queremos que se investigue, que a partir de la desaparición forzada se pueden desprender otras partes del hecho. Hicieron tres rastrillajes y no vieron a Santiago. Y aparece el 17 de octubre. Otranto el 17 de septiembre decía que presumía que Santiago se había ahogado. El 18 fue (a rastrillar) y Santiago no estaba”, insistió Maldonado.

“Cómo podemos confiar en las fuerzas de seguridad, Prefectura no lo encuentra tres veces y lo encuentran la cuarta, en un lugar donde la comunidad mapuche iba a buscar agua, ¿y no lo vieron? El cuerpo no condice con tantos días en el agua”, exclamó el hermano de la víctima, quien acusó además al juez Lleral de romper la cadena de custodia del DNI de su hermano para un peritaje.

¿Cómo se puede explicar que aparezca un cuerpo con cuero cabelludo, uñas, huellas digitales si estuvo 78 días en el agua y que 400 efectivos no lo pudieron encontrar tres veces?”, se preguntó Sergio Maldonado.

El gendarme Emmanuel Echazú, único imputado (NA)

El gendarme Emmanuel Echazú, único imputado (NA)

En la sala también estuvieron Manuel Barros y Mauricio Castro, abogados defensores de Echazú, quienes pidieron que Casación revise la decisión de la Cámara de Comodoro Rivadavia de echar para atrás el sobreseimiento del gendarme, dictado en noviembre del año pasado por Lleral.

“Echazú lleva más de dos años en el proceso. Ha sido victimizado, estigmatizado, apareció en medios de prensa, se lo mostró, se ha negado que recibiera una pedrada, fue víctima de los hechos, se presentó espontáneamente en estas actuaciones, prestó declaraciones, siempre estuvo a disposición de la Justicia”, remarcó Castro, ante el bullicio y la reprobación del público que asistió a la audiencia.

“Entendemos que las medidas ha sido allanamiento en escuadrones, inspección y peritaje de vehículos, secuestro de computadoras, inspecciones oculares, procedimientos en Pu Lof, se tomó testimonial a toda Gendarmería. Y la prueba fundamental para poner fin es la participación del cuerpo médico forense con más de 55 peritos que determinó por unanimidad que no hay espacio para sospechar que Santiago Maldonado falleció en el lugar donde fue hallado sin intervención de personas ni que lo hayan golpeado o arrastrado”, agregó Barros, quien consideró que la sentencia de la Cámara de Comodoro “es contradictoria”.

Mauricio Castro, uno de los abogados del gendarme Echazú (Adrian Escandar)

Mauricio Castro, uno de los abogados del gendarme Echazú (Adrian Escandar)

“Ante el rastrillaje llevado a cabo el 17 de octubre a siete metros de la costa el resultado de la autopsia anuló prácticamente la posibilidad de sostener cualquier accionar doloso por parte de la fuerza. No sabemos cuál es el hecho que se le puede imputar al alférez Echazú”, dijo Barros.

Ante esto, Federico Efrón, abogado en representación del CELS, remarcó: “El fallo tiene una estructura argumental muy clara y no es contradictoria. Queda muy en claro que el principal argumento de la defensa de Echazú no se sostiene porque el fallo no tiene contradicciones. La defensa dice que todas las pruebas son relacionadas con una desaparición forzada, lo cierto es que en cualquier caso si una prueba es determinante es luego de realizada. Es difícil anticipar. La Cámara dice que la investigación no está agotada“.

En cualquier caso los jueces de la Sala IV tienen 20 días hábiles para definir por dónde sigue su curso la investigación. Podrían resolver que Echazú siga imputado o darle la razón a Lleral y sobreseerlo. Lo mismo con el pedido de la familia Maldonado: determinarán que se investigue una desaparición forzada, homicidio culposo o abandono de persona.

Si Casación usa todos su tiempo a disposición, la resolución saldría después de la feria judicial de enero. Aunque quizá el resultado esté antes. Una fuente del caso adelantó que los jueces quizá “resuelvan en estos días”.

Por qué el caso llegó a la Cámara de Casación

En septiembre pasado, los integrantes de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia tomaron distancia de la conclusión de Lleral, basada casi exclusivamente en la autopsia. Sostuvieron que si bien todo parecería indicar que la muerte se produjo por “asfixia por sumersión” y “el cuerpo habría permanecido desde su desaparición en el medio acuático”, es necesario “despejar cualquier duda razonable y favorecer el derecho a la verdad”.

La Cámara descartó en esa sentencia que haya existido el delito de desaparición forzada de persona, pero dejó abierta la posibilidad de que uno o más gendarmes –o algún miembro de la comunidad mapuche- hayan abandonado al joven artesano en las aguas del río Chubut. Por eso, ordenó una serie de medidas tendientes a precisar cómo y cuándo ocurrió la muerte de Santiago Maldonado.

A partir de los resultados de la autopsia, los camaristas sostuvieron: “Advertimos y las partes también lo hacen -pese a la participación de sus propios peritos- la existencia de ciertos puntos del informe pericial que merecen mayor explicación o su eventual ampliación, en aras a despejar cualquier duda razonable y a favorecer el derecho a la verdad”.

Y solicitaron nuevas medidas para precisar cuál fue la fecha exacta de la muerte, cómo se explica la presencia de polen en las ropas, a pesar de que la licenciada en Geología y Palinología Leticia Povilauskas dijo que eso era imposible en esas condiciones, ampliar el informe sobre la existencia de microalgas y realizar pericias sobre el bastón y los billetes que llevaba Maldonado. Además de “reeditar” las declaraciones del testigo mapuche Lucas Pilquiman con garantías de la ley y con registro audiovisual.

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Provincia: un médico se cruzó con unas personas que no mantenían distancia social

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Un trabajador de la salud de la Provincia discutió con personas que hacían una cola sin guardar el espacio necesario para evitar el contagio de coronavirus.

Un médico que trabaja en el sistema de salud bonaerense tuvo un cruce con un grupo de personas que hacían la cola para entrar al Banco Provincia. Según trascendió, el profesional había ido a la casa matriz, ubicada en calle 7 y 47 de La Plata, para realizar un trámite, vio la cantidad de clientes que no respetaban la distancia necesaria para prevenir el coronavirus y salió a hablarles.

Un médico le advirtió a los que hacían cola en la puerta del Banco Provincia de La Plata que no guardaban la distancia por el coronavirus

“¿Ustedes se dieron cuenta que están todos juntos?”, les dijo indignado Enrique en un video tomado en la puerta del Banco Provincia. Luego le respondieron varios, entre ellos una mujer que les dijo que les habían dado turno para la misma hora a muchos. “Veo lo que está pasando acá y es terrible, están todos juntos, no hay distancia de uno con el otro”, advirtió.

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Las claves del nuevo programa Procrear: tendrá líneas de créditos para la construcción, ampliación y refacción de viviendas

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El Poder Ejecutivo relanzó el programa con el que dispone otorgar 300.000 créditos. Asimismo serán adjudicados 10.000 nuevos lotes con servicios en todo el país

El Gobierno relanzó el plan Procrear, con un nuevo esquema que prevé una inversión de 25.000 millones de pesos distribuidos en nueve líneas de créditos personales e hipotecarios para la construcción y refacción de viviendas.

En ese marco, el plan anunciado por el presidente Alberto Fernández dispone otorgar 300.000 créditos para mejoramientos, refacción y ampliación y para la construcción de 44.000 nuevas viviendas, y asimismo serán adjudicados 10.000 nuevos lotes con servicios en todo el país.

El Presidente -quien hizo el anuncio junto con la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, y a la directora Ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta– destacó el rol del Estado para impulsar la construcción y la generación de empleo en todo el país.

El plan anunciado por el presidente Alberto Fernández dispone otorgar 300.000 créditos para mejoramientos, refacción y ampliación y para la construcción de 44.000 nuevas viviendas, y asimismo serán adjudicados 10.000 nuevos lotes con servicios en todo el país

Entre los créditos personales, se encuentran las líneas de Microcréditos, Mejoramientos Refacción, Mejoramientos Gas y Mejoramientos Sustentables. En tanto, las de crédito hipotecario se dividen en Desarrollos urbanísticos, Desarrollos habitacionales, Construcción, Ampliación y Lotes con servicios.

Asimismo, la nueva modalidad del plan amplía el rango de los requisitos que necesita una familia para ingresar al programa con el fin de que puedan calificar familias monoparentales y de bajos recursos.

El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat ya dejó abierta en su página web (argentina.gob.ar/habitat) la inscripción para las dos primeras líneas que se abren: Microcréditos y Mejoramientos Refacción.

El Estado se une al sector privado para desarrollar viviendas que lleguen a quienes lo necesitan y que el crédito no esté ligado a la variación del dólar, sino al ingreso de cada familia.

“En política nada es más importante que la palabra empeñada. Estamos cumpliendo con nuestras palabras, le dijimos que íbamos poner al país de pie y que la deuda no nos iba a impedir lograr un proceso de desarrollo y contar con los recursos para que ese desarrollo se vuelque a la producción y al trabajo”, remarcó el presidente Alberto Fernández.

La ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa destacó además que se finalizarán desarrollos urbanísticos que quedaron congelados y sin terminar durante la gestión del Gobierno de Mauricio Macri. Se trata de más de 10.000 viviendas.

Cuáles son las líneas de créditos hipotecarios

Es para personas de entre 18 y 65 años, con ingresos formales y 12 meses de antigüedad laboral sin antecendentes financieros desfavorables. Y los créditos se actualizarán con la nueva formula de actualización HogAr, basada en la evolución del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) y que reemplaza al sistema UVA. La inscripción a estas líneas estará abierta a partir de septiembre.

Los créditos para construcción, lotes con servicios, desarrollos urbanos y habitacionales tendrán además como requisito no ser propietario ni copropietario de otra vivienda.

– Ampliación: para ampliaciones de hasta 20 metros cuadrados en viviendas existentes. Son 2.000 créditos.

– Construcción: para construcción de viviendas de hasta 60 metros cuadrados en lote de Procrear, municipal o propio. Son 30.000 créditos.

– Lotes con servicios: estará destinada a familias que no cuentan con terreno. Son 10.000 lotes.

– Desarrollos habitacionales: desarrollos de edificios de vivienda multifamiliar. Son 4.000 viviendas.

– Desarrollos urbanísticos: viviendas en predios Procrear. Son 10.000 viviendas.

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Cuáles son las líneas de créditos personales

Son créditos para pequeñas mejoras, que arrancan con microcréditos de $50.000 y luego tienen opciones de créditos para refacciones, con un tope de $500.000. También hay otras líneas para acceder a mejoras en la eficiencia energética de una vivienda y acceso a la red de gas. En este caso, los créditos tendrán una tasa fija del 24% (y del 16% para el acceso a la red de gas).

Los requisitos son tener entre 18 y 68 años al momento de acceder al crédito, 12 meses de antigüedad laboral y estarán incluidos los beneficios de Procrear. Y en la mayoría, la inscripción ya está abierta a través de la página web de Procrear.

Una de las novedades es que se va a ampliar el rango de salarios mínimos para poder acceder al programa. Según adelantaron desde el ministerio, va a haber cuatro segmentos de ingresos que van desde 0,5 salarios mínimos (cerca de $8.500) —para acceder a los microcréditos para pequeñas mejoras— hasta 4,5 salarios (casi $76.000). “Esto permite la entrada de familias monoparentales o con jefas de hogar, que estadísticamente ganan menos”, explicaron.

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– Microcréditos: para mejoramientos de terminaciones y arreglos menores. Son 120.000 créditos personales.

– Refacción: Para refacción general de la vivienda. Con 70.000 créditos personales.

– Mejoramientos sustentables: para realizar intervenciones en la vivienda con el objetivo de incrementar la eficiencia energética. Son 15.000 créditos. En este caso, la inscripción se abrirá a partir de octubre.

– Gas: para realizar instalaciones domiciliarias de acceso a la red de gas hasta tres bocas. Son 34.000 mil créditos. A diferencia de los anteriores, tendrán una tasa fija del 16%.

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La ANMAT prohibió un medicamento que era publicitado como un supuesto tratamiento contra el coronavirus

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Se trata de un producto que está hecho a base de plata y que se ofrecía a través de las redes sociales

Tras analizar la denuncia presentada por un particular, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) descubrió la presencia de un producto que era comercializado en las redes sociales como un supuesto tratamiento contra el coronavirus y prohibió su comercialización por no contar con las habilitaciones correspondientes. La medida se anunció a través de la Disposición 5570/2020 que se publicó este lunes en el Boletín Oficial.

De acuerdo con lo que explicó el organismo, todo surgió a partir de la investigación que inició el Departamento de Control de Mercado de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud, luego de recibir la advertencia de que en un perfil de Facebook se estaba vendiendo este artículo, rotulado como “Plata Coloidal Argenyl”, el cual decía contener gran cantidad de acciones terapéuticas.

Según el comerciante, se trata de un compuesto que “es producido desde 1940 por el Laboratorio Argenol, en España, Zaragoza”, una empresa “líder mundial en derivados de plata” y que además es “única en el mercado” y está “aprobada por ANMAT con Registro (2962)”.

Además, en la publicación se aseguraba que es “antibacteriano, antivírico, antibacteriano de amplio espectro, antimicótico”, para “uso externo e interno” y también como profiláctico.

Las autoridades sanitarias señalaron que “es importante resaltar” que el producto era comercializado “como un medicamento no solo con propiedades terapéuticas, sino que también es ofrecido para la prevención y tratamiento del COVID-19, sin contar con la debida autorización”.

Después de una búsqueda rápida, la Dirección de Gestión de Información Técnica precisó que “no existen constancias” de la mencionada empresa española ni del artículo en cuestión en el Registro de Especialidades Medicinales.

El producto era vendido como un supuesto tratamiento contra el coronavirus.

El producto era vendido como un supuesto tratamiento contra el coronavirus.

Por esta razón, la ANMAT consideró que “se trata de un producto ilegal, toda vez que declara datos no veraces en su rotulado, se desconoce su efectivo origen y su formulación, por lo cual no puede garantizarse su calidad, seguridad y eficacia, situación que resulta en un riesgo para la salud de la población, máxime teniendo en cuenta el contexto actual de pandemia en el que nos encontramos”.

Ante esta situación, a partir de la Disposición 5570/2020 el organismo ordenó prohibir “el uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional del producto rotulado como ‘Plata Coloidal Argenyl’”.

Esta medida se suma a otras recientes que tomó esta misma administración nacional para impedir la venta de elementos que son de primera necesidad en el marco de la pandemia, pero que no cumplían con las normativas sanitarias vigentes o eran ilegales por diferentes razones.

El viernes pasado sacó de circulación unos artículos “falsamente rotulado como ‘BARBIJO QUIRURGICO TIPO 3 CLASE 2, BARBIJO TRICAPA CON TIRAS -DOC10- fabricado por LABORATORIO RODIMED de ASSI DIANA MARIA’”.

Esta decisión fue tomada luego de que la empresa mencionada informara que “se trata de un producto falsificado y que no fue fabricado por ellos”, ya que los que hace esta compañía “vienen termosellados y poseen elásticos para su ajuste”, mientras que los que no son originales “poseen en las uniones costuras a máquina y tiras para atar y ajustar”.

En esa oportunidad, la sospecha comenzó gracias a una consulta realizada por el Hospital de la Baxada de la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos, que derivó en una investigación para identificar la procedencia de esos tapabocas.

De la misma manera, en los últimos meses el organismo fue prohibiendo algunos alcoholes en gel, desinfectantes y alcoholes líquidos que no estaban debidamente registrados o también eran falsificaciones.

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