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Se reabre el caso Maldonado: ante los jueces de Casación, la familia volvió a pedir que se investigue la desaparición forzada

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Dos años, cuatro meses y cuatro días después de la última vez que se lo vio con vida a Santiago Maldonado, mientras corría durante un operativo de Gendarmería en la Pu Lof de Cushamen (Chubut), el expediente en el cual se investiga su muerte -confirmada 78 días después de su desaparición con el hallazgo del cuerpo sumergido en el río Chubut- se activa nuevamente.

La sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo, celebró este jueves en la sala AMIA de Comodoro Py una extensa audiencia de la que participaron la familia Maldonado y el resto de los querellantes en la causa, y también a los abogados defensores del gendarme Emmanuel Echazú.

Todas las partes se reunieron en Py porque en cada caso recurrieron el fallo de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, que pidió en septiembre pasado volver a investigar cuándo y cómo fue la muerte de Santiago Maldonado, ocurrida entre el 1 de agosto de 2017 (día de la desaparición del tatuador) y el 17 de octubre (cuando fue hallado el cadáver). Ante los jueces de Casación cada parte expuso sus argumentos. Sobresalió, lógicamente, el pedido de Verónica Heredia, abogada de la familia de la víctima, y de Sergio Maldonado, quienes insistieron para que la Justicia investigue la desaparición forzada seguida de muerte del joven de 28 años.

Tanto Heredia como las querellas de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Comisión Provincial por la Memoria y la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos cuestionaron la decisión de la Cámara de Apelaciones de descartar la figura de desaparición forzada y rechazaron la decisión de los jueces de mandar a profundizar la investigación solamente respecto de una omisión del personal de Gendarmería.

Además, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que también integra la querella, pidió que se siga investigando a Echazú.

Santiago Maldonado tenía 28 años y había llegado desde El Bolsón hasta la comunidad mapuche de Cushamen para solidarizarse por la detención del lonko Facundo Jones Huala

Santiago Maldonado tenía 28 años y había llegado desde El Bolsón hasta la comunidad mapuche de Cushamen para solidarizarse por la detención del lonko Facundo Jones Huala

Los jueces de Casación decidieron hacer la audiencia en la sala AMIA ya que consideraron que se trata de un caso que interesa a la opinión pública. Ante unas 100 personas, entre quienes estaba la Madre de Plaza de Mayo Nora Cortiñas y la mamá de Santiago, Stela Maris Pelozo, Heredia remarcó: “Nos preguntan por qué seguimos insistiendo en que se investigue la desaparición forzada de Santiago. Nos preguntan por qué seguimos insistiendo en eso si apareció el cuerpo de Santiago. Tanto Lleral como la Cámara de Comodoro descartaron analizar el contexto. Se negaron. Esa sola afirmación habilita a que se investigue nuevamente todo este proceso, teniendo como base el delito de desaparición forzada, que se descartó, a pesar de que la Corte Interamericana indica que solamente se puede analizar el tipo penal de desaparición forzada si se tiene en cuenta el contexto. La desaparición forzada es un delito pluriofensivo, que violenta innumerables derechos de la persona. Eso obliga al Estado a investigar el contexto”.

“¿Qué sabemos?”, se preguntó la abogada de la familia Maldonado, quien además reiteró el pedido ante Casación de que se conforme un grupo de investigadores independientes. Y respondió: “La última vez que se lo vio con vida había más de un centenar de gendarmes. Y 78 días después aparece en ese mismo lugar, sin vida. Lugar que fue rastrillado por las mismas fuerzas de seguridad. Este es el contexto que los jueces se negaron a investigar.”

El reclamo para conformar un grupo independiente tampoco es nuevo y apunta a las dudas que tiene la familia de los procesos de investigación que llevaron a cabo las fuerzas de seguridad nacionales, que en definitiva responden todas a la misma autoridad, el ministerio de Seguridad conducido hasta el próximo martes por Patricia Bullrich.

Sergio y Santiago Maldonado, hermanos

Sergio y Santiago Maldonado, hermanos

“Este grupo podría ayudarnos a responder qué hacía el 1 de agosto en la ruta 40, en el kilómetro 1848 el doctor Pablo Noceti (jefe de Gabinete del Ministerio) en el mismo momento que desaparecía Santiago. Por qué el juez Otranto llamaba el 3 de agosto a Noceti advirtiendo que irían a peritar los autos de Gendarmería. Por qué Otranto y la fiscal Avila y el secretario de Coordinación del Ministerio, Gonzalo Cané, a escondidas de las partes, investigaban a Sergio Maldonado, por qué ni Otranto ni Avila querían atender a Sergio pero le escuchaban el teléfono”, enumeró Heredia, quien remarcó que la desaparición forzada seguida de muerte es un delito que prevé la pena a reclusión perpetua.

El momento más emotivo de la audiencia se dio cuando el presidente de Casación, Gustavo Hornos, le preguntó a Sergio Maldonado cómo estaba conformada la familia. El hombre respondió que Santiago era el menor de tres hermanos, y que él era el mayor. “Es doloroso ver cómo una familia se deteriora”, dijo Sergio Maldonado, y su voz se quebró cuando recordó que su abuela murió este año: “Queremos saber la verdad, no importa cuál sea, más allá de lo dolorosa que pueda ser. Hace dos años y cuatro meses que nos cambió la vida. Para que tengan una idea de la necesidad que tenemos, el 8 de julio mi abuela, en la última conversación que tuve, me dijo que quería morirse para saber qué le había pasado a Santiago”.

Para Sergio Maldonado los investigadores y peritos falsearon la profundidad del río para justificar que apareciera allí 78 días después de la desaparición y luego de tres rastrillajes (uno en agosto y dos en septiembre) llevados a cabo en el mismo lugar.

Stella Maris Peloso, mamá de Santiago Maldonado, estuvo en Comodoro Py

Stella Maris Peloso, mamá de Santiago Maldonado, estuvo en Comodoro Py

El hermano de la víctima apuntó contra el juez Guido Otranto, quien luego dejaría la causa, por el destrato que sufrió y sugirió connivencia del magistrado y de la fiscal federal de Esquel, Silvina Avila, con el Ministerio de Seguridad. “El 4 de agosto me presento ante Otranto y me encontré con una fiscal que pensé que era abogada de Gendarmería”, remarcó.

Además protestó porque Otranto le intervino el teléfono y era seguido por personal de Seguridad nacional. “Queremos que se investigue, que a partir de la desaparición forzada se pueden desprender otras partes del hecho. Hicieron tres rastrillajes y no vieron a Santiago. Y aparece el 17 de octubre. Otranto el 17 de septiembre decía que presumía que Santiago se había ahogado. El 18 fue (a rastrillar) y Santiago no estaba”, insistió Maldonado.

“Cómo podemos confiar en las fuerzas de seguridad, Prefectura no lo encuentra tres veces y lo encuentran la cuarta, en un lugar donde la comunidad mapuche iba a buscar agua, ¿y no lo vieron? El cuerpo no condice con tantos días en el agua”, exclamó el hermano de la víctima, quien acusó además al juez Lleral de romper la cadena de custodia del DNI de su hermano para un peritaje.

¿Cómo se puede explicar que aparezca un cuerpo con cuero cabelludo, uñas, huellas digitales si estuvo 78 días en el agua y que 400 efectivos no lo pudieron encontrar tres veces?”, se preguntó Sergio Maldonado.

El gendarme Emmanuel Echazú, único imputado (NA)

El gendarme Emmanuel Echazú, único imputado (NA)

En la sala también estuvieron Manuel Barros y Mauricio Castro, abogados defensores de Echazú, quienes pidieron que Casación revise la decisión de la Cámara de Comodoro Rivadavia de echar para atrás el sobreseimiento del gendarme, dictado en noviembre del año pasado por Lleral.

“Echazú lleva más de dos años en el proceso. Ha sido victimizado, estigmatizado, apareció en medios de prensa, se lo mostró, se ha negado que recibiera una pedrada, fue víctima de los hechos, se presentó espontáneamente en estas actuaciones, prestó declaraciones, siempre estuvo a disposición de la Justicia”, remarcó Castro, ante el bullicio y la reprobación del público que asistió a la audiencia.

“Entendemos que las medidas ha sido allanamiento en escuadrones, inspección y peritaje de vehículos, secuestro de computadoras, inspecciones oculares, procedimientos en Pu Lof, se tomó testimonial a toda Gendarmería. Y la prueba fundamental para poner fin es la participación del cuerpo médico forense con más de 55 peritos que determinó por unanimidad que no hay espacio para sospechar que Santiago Maldonado falleció en el lugar donde fue hallado sin intervención de personas ni que lo hayan golpeado o arrastrado”, agregó Barros, quien consideró que la sentencia de la Cámara de Comodoro “es contradictoria”.

Mauricio Castro, uno de los abogados del gendarme Echazú (Adrian Escandar)

Mauricio Castro, uno de los abogados del gendarme Echazú (Adrian Escandar)

“Ante el rastrillaje llevado a cabo el 17 de octubre a siete metros de la costa el resultado de la autopsia anuló prácticamente la posibilidad de sostener cualquier accionar doloso por parte de la fuerza. No sabemos cuál es el hecho que se le puede imputar al alférez Echazú”, dijo Barros.

Ante esto, Federico Efrón, abogado en representación del CELS, remarcó: “El fallo tiene una estructura argumental muy clara y no es contradictoria. Queda muy en claro que el principal argumento de la defensa de Echazú no se sostiene porque el fallo no tiene contradicciones. La defensa dice que todas las pruebas son relacionadas con una desaparición forzada, lo cierto es que en cualquier caso si una prueba es determinante es luego de realizada. Es difícil anticipar. La Cámara dice que la investigación no está agotada“.

En cualquier caso los jueces de la Sala IV tienen 20 días hábiles para definir por dónde sigue su curso la investigación. Podrían resolver que Echazú siga imputado o darle la razón a Lleral y sobreseerlo. Lo mismo con el pedido de la familia Maldonado: determinarán que se investigue una desaparición forzada, homicidio culposo o abandono de persona.

Si Casación usa todos su tiempo a disposición, la resolución saldría después de la feria judicial de enero. Aunque quizá el resultado esté antes. Una fuente del caso adelantó que los jueces quizá “resuelvan en estos días”.

Por qué el caso llegó a la Cámara de Casación

En septiembre pasado, los integrantes de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia tomaron distancia de la conclusión de Lleral, basada casi exclusivamente en la autopsia. Sostuvieron que si bien todo parecería indicar que la muerte se produjo por “asfixia por sumersión” y “el cuerpo habría permanecido desde su desaparición en el medio acuático”, es necesario “despejar cualquier duda razonable y favorecer el derecho a la verdad”.

La Cámara descartó en esa sentencia que haya existido el delito de desaparición forzada de persona, pero dejó abierta la posibilidad de que uno o más gendarmes –o algún miembro de la comunidad mapuche- hayan abandonado al joven artesano en las aguas del río Chubut. Por eso, ordenó una serie de medidas tendientes a precisar cómo y cuándo ocurrió la muerte de Santiago Maldonado.

A partir de los resultados de la autopsia, los camaristas sostuvieron: “Advertimos y las partes también lo hacen -pese a la participación de sus propios peritos- la existencia de ciertos puntos del informe pericial que merecen mayor explicación o su eventual ampliación, en aras a despejar cualquier duda razonable y a favorecer el derecho a la verdad”.

Y solicitaron nuevas medidas para precisar cuál fue la fecha exacta de la muerte, cómo se explica la presencia de polen en las ropas, a pesar de que la licenciada en Geología y Palinología Leticia Povilauskas dijo que eso era imposible en esas condiciones, ampliar el informe sobre la existencia de microalgas y realizar pericias sobre el bastón y los billetes que llevaba Maldonado. Además de “reeditar” las declaraciones del testigo mapuche Lucas Pilquiman con garantías de la ley y con registro audiovisual.

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Coronavirus

Los expertos recomendaron al Gobierno restricciones más duras: cerrar todo por poco tiempo

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Es la propuesta que presentaron los especialistas en la reunión con Cafiero, Vizzotti y “Wado” De Pedro. Plantearon que la medida tenga un principio y un fin determinado.

El comité de expertos convocado de manera virtual y de urgencia por la Casa Rosada aconsejó este lunes al Gobierno la aplicación de medidas más duras para tratar de contener el avance de la segunda ola de coronavirus, aseguraron a Clarín fuentes oficiales al tanto del encuentro finalizó más de tres horas después de iniciado, pasadas las 21.30. Algunos de ellos, incluso, dieron un paso más: pidieron avanzar en restricciones totales por un plazo determinado, es decir, con principio y fin.

El Gobierno está atravesado por una creciente preocupación por el aumento exponencial de casos, que este lunes reportó, según el Ministerio de Salud, 19.437 positivos: 9.535 en Provincia, 1.300 en Córdoba y 1.104 en Santa Fe, pero, en especial, 3.353 casos concentrados en la ciudad de Buenos Aires, un nuevo récord desde que comenzó la pandemia, en marzo del año pasado. Un número que sorprendió en los principales despachos de la Casa Rosada. Anoche, había funcionarios más alarmados que de costumbre. 

Carla Vizzotti llega a la Casa Rosada para la reunión con los expertos. Foto Marcelo Carroll.

Carla Vizzotti llega a la Casa Rosada para la reunión con los expertos. Foto Marcelo Carroll.

Desde la cúpula del Ejecutivo, sin embargo, aseguraron tras la reunión encabezada por Santiago Cafiero, Carla Vizzotti y Eduardo “Wado” de Pedro, entre otros ministros, que todavía esperarán a evaluar el impacto de las medidas anunciadas hacia fines de la semana pasada para, en todo caso, avanzar en más restricciones.

“Está vigente un DNU de hace 96 horas, por ahora estamos evaluando con el comité de expertos. Las restricciones son recientes, hay que esperar”, explicaron ya entrada la noche en el primer piso de la Casa Rosada, mientras Alberto Fernández continuaba con su aislamiento. Según sus médicos, el Presidente tendrá el alta médica este martes.

Según confiaron a este diario, la veintena de especialistas que se reunieron de manera virtual con los funcionarios se mostraron preocupados por el comportamiento social, a pesar de la vigencia de las nuevas medidas, centradas, en su mayoría, en la nocturnidad.

Daniel Arroyo también se sumó a la reunión con expertos en la Casa Rosada. Foto Marcelo Carroll.

Daniel Arroyo también se sumó a la reunión con expertos en la Casa Rosada. Foto Marcelo Carroll.

Siempre hay medidas para escalar. Ahora hay medidas tomadas y lo que tenemos que hacer es fortalecer los controles”, declaró una vez terminada la cumbre Juan Manuel Castelli, subsecretario del Ministerio de Salud.

Sugirieron, en ese sentido, la implementación de mayores restricciones en el Área Metropolitana y en los grandes centros urbanos, que concentran el mayor número de casos. Aconsejaron, por caso, prohibir actividades recreativas grupales, con una excepción: todos coincidieron en la necesidad de mantener abiertas las escuelas y proteger, lo máximo posible, la actividad económica. “Sintonía fina: es un límite muy delgado”, razonaban fuentes oficiales.

Los especialistas hablaron, en esa línea, de “una nueva pandemia”, propiciada por las nuevas variantes que desde hace meses azotan sin tregua a la región, con epicentro en Brasil. Azuzada, además, por una campaña de vacunación que avanza aunque aún sin la cobertura deseada: no hay novedades sobre la llegada de más dosis, días después de que el jefe de Estado prometiera una aceleración de la vacunación en la segunda quincena de este mes.

Por eso, los expertos pidieron medidas de cierre focalizadas: “Por poco tiempo, con principio y final”, aseguraron fuentes oficiales. Es decir, la vuelta a una fase 1 pero por tiempo determinado, y en zonas focalizadas.   

Sabina Frederic entra a la Casa Rosada para la reunión con los expertos por el coronavirus. Foto Marcelo Carroll.

Sabina Frederic entra a la Casa Rosada para la reunión con los expertos por el coronavirus. Foto Marcelo Carroll.

Del encuentro, además de los ministros -se sumaron Sabina Frederic, Vilma Ibarra, Gustavo Béliz, Daniel Arroyo y Cecilia Nicolini-, participaron Luis Cámera, Omar Sued, María Marta Contrini, Susana Lloveras, Florencia Cahn, Elsa Baumeister, Cecilia Freire, Gonzalo Camargo, Pablo Bonvehí, Angela Gentile, Eduardo Lopez, Tomás Orduna, Gustavo Lopardo, Pedro Cahn, Mirta Roses, Charlotte Russ, Ignacio Maglio, Gabriela Kessler (socióloga), Silvia Bentolila (psiquiatra), Santiago Levin (psiquiatra), Juan Piovani (investigador del CONICET) y Alicia Stolkiner (especializada en salud mental).

La inclusión de sociólogos, psiquiatras y especialistas en salud mental obedece a una lógica: el Gobierno quiere evaluar con expertos en diversas disciplinas antes de tomar medidas más duras. En parte, para analizar el impacto en el humor social.

La preocupación del Gobierno está centrada en estas horas, como anticipó ayer este diario, en la ocupación de las camas de terapia, que crece a diario, en especial en el Área Metropolitana.

En la Ciudad, de todos modos, todavía resisten la posibilidad de entrar en otra fase: argumentan que de las 450 camas de los hospitales públicos, hay poco más de 200 ocupadas. El problema, subrayan, es el sistema privado, que actualmente dedica alrededor del 30% de las camas al tratamiento de pacientes con COVID. Es una de las principales tareas en las que están abocados desde el Gobierno: en hacer crecer ese porcentaje, y dejar las camas casi exclusivamente para el coronavirus.

Según el reporte oficial de este lunes, la ocupación de camas UTI del AMBA rozaba el 70%.​

En Casa Rosada, de todos modos, aseguran que el DNU publicado la semana pasada facultó a las jurisdicciones a tomar decisiones unilaterales. El problema es que mientras la provincia de Buenos Aires presiona por más restricciones, la Ciudad pide más tiempo.

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Murió una dirigente radical tras un aborto legal en Mendoza: investigan si hubo mala praxis

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La víctima tenía 23 años y era la presidenta de la juventud radical de la zona Este de Mendoza.

La Justicia de Mendoza investiga si la muerte de María del Valle González López (23), ocurrida el domingo en un hospital público, se trató de un caso de mala praxis por un aborto legal.

La joven era la presidenta de la Juventud Radical del municipio de La Paz y su muerte causó conmoción en la UCR provincial y nacional. En las redes sociales hubo mensajes de condolencias de los principales dirigentes del partido que gobierna Mendoza y de sus amigos de militancia.

De acuerdo con información oficial, María del Valle había concurrido el miércoles 7 de abril al hospital Arturo Illia, el único de su pueblo, para solicitar un procedimiento de interrupción legal.

Allí le recetaron una medicación -se presume que misoprostol-  y el viernes comenzó a sentirse mal. Fue derivada al principal centro de salud de la Zona Este de Mendoza, el hospital Perrupato, donde detectaron una infección general que le habría provocado la muerte.

En cuanto se conocieron los detalles de su muerte, los grupos provida que se oponen al aborto legal comenzaron a pronunciarse en las redes con los hashtags #MurióPorAbortoLegal y #AbortoLegalMataIgual para señalar los riesgos asociados a esta práctica.

El avance de la investigación

El fiscal Mariano Carbajal pidió el secuestro de la historia clínica de la joven y la realización de una necropsia para conocer los detalles de su muerte.

La Fiscalía de Santa Rosa inició la investigación, pero por su complejidad pasará este lunes a la Fiscalía de San Martín. En las próximas horas se conocerán detalles de la necropcia.

“Al principio no querían entregarnos la historia clínica de la paciente pero luego de muchas insistencia, accedieron”, le contó al diario Mendoza Post una fuente judicial.

“Hay que ver si esa pastilla no tiene alguna contraindicación o si la chica tenía alguna otra enfermedad de base que sea incompatible con ese medicamento”, agregó.

“Se había criado en el campo y estaba estudiando. El año pasado fue electa presidenta de la Juventud Radical de La Paz. También fue reina distrital por Desaguadero”, explicó el exintendente paceño Sergio Pinto.

Según explicó, la joven “recién estaba empezando en el mundo de la política” y no había ocupado ningún cargo público.

González estaba de novia y estudiaba licenciatura en Trabajo Social en la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo).

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La primera ejecución de un préstamo UVA: “Si tengo que dejar la casa lo acepto, pero esto sólo lo arregla la política”

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La familia Macaluso recibió una notificación judicial y podrían desalojarlos por su deuda. “No creo que nos salvemos”, se sincera Marcelo, esposo y padre de cuatro hijos.

Hace tres días Marcelo conversaba después de cenar con su mujer Mariela en su casa de San Rafael, Mendoza. El tono sereno no condecía con el tenor de la charla. “Tenemos que hablar con los chicos y decirles”, coincidieron. Al ratito, los cuatro hijos de entre 8 y 18 años escuchaban con calma. “Es muy posible que nos tengamos que ir de esta casa. La abuela Élida o la abuela Mirtha nos darán un lugar”. Los chicos se miraron y la más grande, Ariadna, le respondió: “Papá, con ustedes vamos abajo de un puente si es necesario”.

El 30 de marzo había llegado al hogar de los Macaluso una notificación de ejecución entregada en mano desde el juzgado local por un oficial de justicia. “Tienen un plazo de cinco días para responder si es que tienen algo que decir”, termina la intimación, que antes detalla sobre una inminente “ejecución hipotecaria que se tramita en el Juzgado Federal de Primera Instancia de San Rafael, en caso de no proceder al pago de 4.990.607 pesos, equivalente a 99.295 UVAS al día de la liquidación, 17 de enero de 2020″.

Sí, enero de 2020 cuando fue escrita la notificación, que demoró unos meses hasta ser enviada. Estaba a punto de realizarse el procedimiento hasta que la pandemia del coronavirus dejó todo en stand by y esa notificación que debía iba a llegar en marzo del año pasado, arribó a casa de los Malacuso la semana pasada. “Esos casi cinco millones de pesos que tengo de deuda, hoy, un poco más de un año después, son 9 millones de pesos“.

Con una mezcla de sensaciones, que le cuesta describir, Marcelo Macaluso (45), sanrafaelino, recuerda cuando en septiembre de 2017 le dieron el crédito hipotecario UVA que había pedido al Banco Nación. “Estábamos con mi mujer y la empleada que nos atendió nos dijo exultante: ‘Qué buena decisión tomaron, no tendrán problema en pagarlo, será como un alquiler barato durante treinta años’. En aquel momento 1 UVA estaba $14, hoy $74“.

La notificación de ejecución que el 30 de marzo Marcelo Macaluso recibió en su casa de San Rafael Mendoza. "Nos dieron cinco días para presentar una defensa, ahora esperamos la decisión del juez".

La notificación de ejecución que el 30 de marzo Marcelo Macaluso recibió en su casa de San Rafael Mendoza. “Nos dieron cinco días para presentar una defensa, ahora esperamos la decisión del juez”.

Macaluso trabaja desde hace trece años en el banco ICBC y conversa con Clarín sentado en un sillón del living. “Estoy solo, pensando qué hacer pero sin perder los estribos. Quiero trata de proteger a mi mujer Mariela y a mis hijos lo más que pueda. Mariela está muy angustiada y la situación la sobrepasó y le disparó la presión arterial al punto que la cardióloga le recetó medicación de por vida. Eso me preocupa más que la casa, por suerte la familia hermosa que tengo está más unida que nunca”, dice Marcelo, casado hace 20 años y quien tomó en solitario el toro por las astas.

Realista, sabe Macaluso que la embarazosa situación judicial con su casa avanzó demasiado como para que vuelva atrás “por obra de un milagro”. El miércoles, un día antes del plazo exigido, “mi abogada respondió ante el Juzgado Federal, la notificación explicando los motivos de la deuda, que son los mismos que padecen las más de cien mil familias que se plegaron a los créditos UVA. Ahora el juez determinará si avala mi defensa o la rechaza. Si la acepta, tengo un poco más de tiempo, dos o tres meses para ver qué hago; en cambio, sii la rechaza, en una semana o diez días se procederá a la ejecución, luego el desalojo y el remate de la propiedad“.

Repasa su historia crediticia y cuenta que pagó durante veinte meses la cuota, hasta que se le empezó a ser insostenible. “Yo arranqué con $9.000 por mes en septiembre de 2017 y ganaba unos $45.000 de sueldo. En abril de 2019 mi sueldo era de unos $55.000 y la cuota, que fue la última vez que pagué subió a $21.000. Yo tengo cuatro hijos y mi mujer es ama de casa. Pero yo estaba en perfectas condiciones de tomar el crédito; de hecho ser funcionario bancario del ICBC me exige un comportamiento crediticio intachable“.

"Estoy solo en esta situación, quiero proteger a mi familia, a mi mujer, que está angustiada y medicada. Hay situaciones que son inexplicables en la vida pero hay que aceptarlas", expresa Macaluso.

“Estoy solo en esta situación, quiero proteger a mi familia, a mi mujer, que está angustiada y medicada. Hay situaciones que son inexplicables en la vida pero hay que aceptarlas”, expresa Macaluso.

Paralelamente al préstamo hipotecario, Marcelo pidió otro de 200 mil pesos para gastos de escritura, que junto con la cuota UVA se tornó asfixiante. “Agobiado en un momento tuve que elegir y opté por seguir pagando el préstamo hipotecario. Pero no pagar el préstamo personal me generó que estemos inhabilitados para cualquier tipo de operación con tarjeta de crédito, además de tener el 30 por ciento de mi sueldo embargado, algo que tendré que soportar por un largo tiempo”, explica con templanza.

Los Macaluso son tan unidos como creyentes en Dios. Mientras dialoga con este medio, mira y acaricia su virgencita del Rosario de San Nicolás, “que nos apoya y guía. La virgencita está una semana en casa de distintos familiares y amigos, pero una prima me la alcanzó hace unos días: ‘la vas a necesitar mucho’, me dijo, y acá estamos, rezando el rosario y hablando con Dios, que no se ensaña con nosotros, al contrario, nos pone a prueba para sortear este obstáculo para luego saber que algo mejor estará por venir. Hay cosas inexplicables en la vida que hay que aceptarlas”.

Hábil para los números, Marcelo comparte el cálculo que, por curiosidad, hizo de cara a una eventual deuda a futuro. “Lo que va aumentando en casos como el mío es el arrastre, no el monto por pagar. Entonces hice una proyección de lo que estaré debiendo dentro de quince años, tomando el valor de los UVA y el promedio de inflación. ¿Sabés a cuánto ascenderá mi deuda en el año 2036? A 46 millones de pesos. ¡A vos te parece!”, comenta sin perder la compostura”.

La familia Macaluso es muy unida, tanto la pareja como los 4 hijos. "Papá, vamos todos juntos a vivir debajo de un puente si es necesario", le dijo Ariadna, la hija mayor.

La familia Macaluso es muy unida, tanto la pareja como los 4 hijos. “Papá, vamos todos juntos a vivir debajo de un puente si es necesario”, le dijo Ariadna, la hija mayor.

No se arrepiente de haber pedido el préstamo, tampoco está enojado con nadie ni culpa a tal o cual gobierno; sin embargo está convencido que “esto sólo lo arregla la política, hay que barajar y dar de nuevo, es necesario estudiar cada caso de los 105 mil y hacer un plan de pago sensato. Pero yo no puedo pelearme con mi mujer, con mis hijos o en mi trabajo; tampoco culpar Macri o a Alberto Fernández, en absoluto, a mi no me representa ninguno de ellos… Dios decidió que cargue con esta cruz para llegar al cielo y eso haré”.

¿Qué sucederá si se procede a la ejecución y posterior desalojo? “Nos tendremos que ir y el Banco Nación rematará la propiedad que, en estos casos, se suele vender al 50 por ciento de su valor. En el caso de que se venda a unos 5 millones de pesos, yo tendré que pagar la diferencia entre la venta y la deuda que tengo; es decir que deberé abonar los 4 millones, que son los que le debo al banco. ¿Cómo los pagaría? Como si fuera un crédito de 15 años pero sin tener la casa. Es realmente penoso, pero será así, hay que estar fuerte para lo que se viene”.

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