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Quiso salir del país caminando con 186 mil dólares sin declarar en una mochila

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El hombre, de nacionalidad boliviana, quedó detenido en la puna jujeña.

Caminaba por la Puna jujeña tranquilo, sin más que una mochila a sus espaldas. Pero en realidad estaba cruzando de Argentina a Bolivia de manera ilegal. Cuando la Gendarmería lo identificó, le encontraron 186 mil dólares.

Se trata de un nuevo caso de contrabando de dinero sin declarar detectado por agentes de Gendarmería. Esta vez, el detenido fue un ciudadano de nacionalidad boliviana que intentaba pasar hacia su país con varios fajos de dólares adentro de una mochila.

Como esa zona del altiplano de la Cordillera de los Andes suele ser elegida por “mulas” contratadas por contrabandistas y narcotraficantes para cruzar su mercadería de un lado al otro, la Gendarmería realiza patrullajes con frecuencia.

En una de las recorridas que realizaban agentes del Escuadrón 21 “La Quiaca” con la colaboración del Centro de Reconocimiento y Operaciones contra el Narcotráfico y Unidad de Reconocimiento “Santiago del Estero” fue que detectaron al caminante solitario con su mochila. El hombre estaba por un sector conocido como “Ojo de Agua”, al oeste de la ciudad de La Quiaca.

Cuando lo identificaron y le revisaron las pertenencias, los gendarmes notaron que llevaba una gran cantidad de billetes de distintas denominaciones y monedas extranjeras sin ningún tipo de documentación que lo avalara.

Gendarmería incautó 186 mil dólares que un ciudadano boliviano intentaba sacar del país por un cruce ilegal.

Gendarmería incautó 186 mil dólares que un ciudadano boliviano intentaba sacar del país por un cruce ilegal.

En ese mismo lugar, los agentes hicieron el conteo del dinero, que totalizó una suma de 186 mil dólares estadounidenses más un billete 10.000 won coreanos. Lo curioso es que apenas tenía una pequeña cantidad de pesos argentinos y bolivianos encima.

La Fiscalía Federal de Jujuy dispuso la detención del involucrado y el decomiso del dinero.

Como viene señalando Clarín, la cuarentena por el coronavirus expuso varias problemáticas en cada rincón del país. Una de ellas, el movimiento de “plata negra”. Habitual para los lugareños, aunque extraordinario para el resto del país, especialmente cuando ante el poco movimiento en las rutas argentinas se empezó a dar una sucesión de operativos y secuestros de dinero, pesos y dólares, ocultos en sobres, cajas, mochilas, distintos sectores de los vehículos.

Solamente en julio, a casi un mes del primer caso de esta saga, la suma retenida se acercaba a los 50 millones de pesos y la secuencia indica un caso cada dos días.

Las causas que se fueron abriendo refieren a delitos relacionados al régimen penal cambiario y al lavado de activos, también al contrabando menor (allí se considera el monto de dinero y corre una multa por “infracción aduanera de contrabando menor”).

Las hipótesis siguen abiertas: van desde plata de origen narco con destino Buenos Aires (para “inversiones” o compra de divisas), hasta feriantes que ante la imposibilidad de viajar envían el dinero para que vuelva en forma de mercadería (ropas y calzados). La correlación de hechos preocupa a los organismos nacionales encargados de investigar esos delitos.

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Pidieron la detención de un sacerdote acusado de abusar de una alumna de un colegio

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Raúl Anatoly Sidders era docente y sacerdote del Colegio San Vicente de Paúl de la ciudad de La Plata

La fiscalía penal de La Plata solicitó este jueves la detención de un sacerdote que se desempeñaba como docente y confesor en un colegio privado de la capital bonaerense acusado de abusar sexualmente de una alumna del establecimiento.

Raúl Anatoly Sidders fue docente y sacerdote del colegio platense San Vicente de Paúl y en mayo último fue trasladado a Misiones, donde aguarda ser nombrado capellán del Escuadrón XIII de Gendarmería Nacional en Puerto Iguazú.

El sacerdote es investigado por el fiscal Álvaro Garganta, quien este jueves pidió la detención del cura por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante por su duración en el tiempo y circunstancias de realización doblemente agravado contra una mujer que denunció haber sido abusada por el sacerdote entre el 2004 y el 2008, cuando la víctima tenía entre 11 y 14 años y asistía a dicho establecimiento.

De acuerdo a lo que consta en el pedido de detención del sacerdote, al que accedió Télam, el sacerdote abusó de la menor que en ese entonces tenía 11 años “a quien hacía colocar sus manos en los bolsillos de la sotana y sentir su pene erecto. Situaciones que acaecía en el patio de la institución y durante los recreos que provocaron un grave daño en la salud mental de la niña”.

“Asimismo y en las habituales ocasiones en las que le recibía el sacramento de confesión corrompió a la menor mediante explicaciones personalísimas sobre cómo masturbarse, realizar sexo oral y mantener relaciones sexuales con acceso carnal con su novio”, precisó el fiscal en su escrito.

Álvaro Garganta remarcó que la medida coercitiva se solicita por la elevada pena en abstracto y porque su zona de residencia es fronteriza, advirtiendo entonces que hay “elementos suficientes para sostener el riesgo de fuga del mismo en caso de ser hallado culpable” el sacerdote Sidders.

La mujer que hizo la denuncia contó que el cura empezó a acosarla a los 11 años. “En invierno, delante de todos, me hacía poner mis manos en los bolsillos de su sotana porque decía que yo tenía las manos frías, y me hacía sentir su erección”, relató la joven a Prensa Obrera.

Además relató que el sacerdote, durante la confesión, “me preguntaba si sabía masturbarme y como le decía que no, me explicó con sus dedos, sin tocarme, cómo tenía que hacer. Me sugirió que lo hiciera pensando en él y que en la próxima confesión le contara cómo me había sentido”.

Cabe destacar que veinte días atrás, el Tribunal de Casación Penal bonaerense declaró prescripta la causa en la que se investigaba a otros dos sacerdotes y a un profesor de informática por abusos sexuales y corrupción de menores hipoacúsicos en el Instituto Próvolo de La Plata.

Los investigados eran los curas Nicola Corradi, detenido en Mendoza por delitos similares cometidos en el Próvolo de esa provincia; Eliseo Primati, quien fue localizado en un asilo en Italia y cuya extradición se había pedido; y José Brítez, profesor de informática del Instituto Próvolo, ubicado en las calles 25 y 47 de la ciudad de La Plata.

Según la investigación fiscal penal, los tres hombres abusaron de al menos 5 niños hipoacúsicos internados en ese establecimiento a los que además golpeaban, imponían fuertes penitencias sometían a servidumbre.

La medida fue resuelta por la Sala Tercera del Tribunal de Casación Penal, al afirmar que “en el presente caso no opera la exclusión de prescripción”.

En el fallo, que lleva la firma de los jueces Víctor Violini y Ricardo Borinsky, el Tribunal aludió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando aseguró que en los delitos comunes, “como ocurre en el presente, la prescripción es una garantía que debe ser observada debidamente” y recordó que los hechos que se investigaron ocurrieron entre 1982 y 1991.

La Sala se expidió así ante un hábeas corpus presentado por la defensa de Brítez. Una fuente judicial precisó que “queda la vía recursiva por parte del fiscal de Casación para ir ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense” y apelar la prescripción de la causa, que en la práctica desvincula a los acusados de los hechos investigados.

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Torturan y matan a puñaladas a un jubilado en su casa: descartan la hipótesis de un robo

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Ocurrió en la localidad misionera de San Pedro. El cuerpo lo encontró su hermano.

El cuerpo lo encontró su hermano, tendido en el piso del living de su casa del paraje Piñalito Sur, en la localidad misionera de San Pedro. Estaba atado de pies y manos y tenía signos de haber sido torturado. Lo habían asesinado a puñaladas.

El dinero de la jubilación todavía estaba en los bolsillos de la víctima por lo que los investigadores, en principio, descartan la hipótesis del robo como móvil del homicidio. Mientras tanto, todo es tristeza y conmoción por el crimen brutal de José Antonio Fernández (66), un pionero en esa zona.

“Impotencia, bronca y tristeza, es lo que más siento en estos momentos. Sé que mi hermano no era perfecto, tenía sus defectos como cualquiera de nosotros pero no se merecía lo que le pasó”, le dijo Carlos Fernández al diario El Territorio de Misiones este martes.

Fue Carlos el que encontró a su hermano asesinado luego de ir hasta su casa, que queda enfrente de un destacamento de guardaparques de San Pedro, porque no le respondía los mensajes.

El cuerpo de Fernández fue hallado el lunes por la tarde en la misma casa donde tenía un kiosco que él mismo atendía, a la vera de la ruta nacional 14 y con el vecino más cercano a unos 200 metros.

Separado y con dos hijos grandes, algunos vecinos hay llegado a contar que escucharon gritos el domingo por la noche. Todo es materia de investigación por el momento.

Los forenses que trabajaron en el lugar determinaron que Fernández presentaba heridas punzo cortantes en el tórax y el cuello que, para los expertos, fueron realizadas cuando aún estaba con vida como probable método de tortura.

Además, los médicos explicaron que, de acuerdo a lo que pudieron establecer en el lugar, Fernández fue asesinado en horas del mediodía del lunes. Se aguarda el resultado de la autopsia.

El caso es investigador como un “homicidio” por el Juzgado de Instrucción N°3 de San Vicente.

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Corriendo una picada, alcoholizado y bajo efectos de estupefacientes

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¿Como Estado hacemos todo lo posible para que la segunda causa de muertes en la Argentina siga en el podio nacional de la gran cantidad de vidas que se pierden?

Los hechos hablan por sí solos según las imágenes difundidas. Dos autos a toda velocidad embisten contra una Traffic en la cual viajaban cinco integrantes de una familia en la Avenida General Paz. Entre los conductores, al menos uno iba alcoholizado, bajo los efectos de estupefacientes, además de que ambos autos estaban corriendo una picada.

Fue un verdadero milagro no tener que lamentar víctimas fatales.

La cita de Paulo Coelho nos interpela, una vez más, a la reflexión. ¿Como Estado hacemos todo lo posible para que la segunda causa de muertes en la Argentina (la primera es en manos de armas de fuego) siga en el podio nacional de la gran cantidad de vidas que se pierden?

Dos de los valores fundamentales para la sociedad Argentina son la vida humana y la seguridad vial. Dichos intereses fundamentales forman parte del digesto catalogado la “ley de las leyes”, que es el nuevo Código Penal Argentino.

La preocupación respecto de los siniestros viales no sólo es nacional sino también mundial.

Resulta evidente que el actual esquema sancionatorio de las infracciones de tránsito no llega a dar una respuesta adecuada a la problemática. Por eso nos encontramos ante una dramática situación que nos obliga a todos a trabajar fuertemente a fin de reducir los índices de siniestros viales en nuestro territorio nacional.

En línea con los países de legislación más avanzada en la materia (como en el caso de España) el proyecto de reforma del Código Penal con 540 artículos, que fuera redactado por la comisión creada por decreto del PEN nro. 103/17, que me honraron con la Presidencia, enviado por vez primera en los últimos 100 años por el Poder Ejecutivo de la Nación al Congreso Nacional el 25 de marzo de 2019 y que fuera presentado el pasado 4 de junio de 2019 ante la Comisión de Asuntos Penales y Justicia del Honorable Senado de la Nación (se recuerda que los Proyectos de Reforma de los Códigos no tienen plazos de caducidad parlamentaria), de manera específica busca encontrar una solución a la segunda causa de muerte en la República Argentina después del uso de armas.

En el artículo 84 del Proyecto se contempla la conducta culposa básica, con pena de uno (1) a cinco (5) años de prisión, respecto de quien por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o inobservancia de los reglamentos o los deberes a su cargo, causare a otro un resultado, como lo es la muerte. Es decir, determina una penalidad para el desarrollo de conductas que si bien están prohibidas, son llevadas adelante de manera “imprudente”.

El inciso 2º del Proyecto aumenta la escala penal de dos (2) años a cinco (5) de prisión cuando la muerte es el resultado de la conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo con motor.

Se establecen especiales circunstancias de hecho que agravan la penalidad y que elevan el mínimo de la escala penal a tres (3) años de prisión con un máximo de siete (7) años de prisión.

Se llega a una sanción penal para los delitos imprudentes cuya escala penal se encuentra en su máximo de pena justo por debajo del delito doloso de resultado muerte previsto en el art. 79 del Código Penal.

A modo de referencia, la escala penal de los delitos imprudentes se agrava hasta un máximo de siete (7) años de prisión e inhabilitación de hasta 10 años para conducir cuando:

1) El imputado se diere a la fuga, o no intentare socorrer a la víctima, siempre que no incurriera en el delito de abandono de persona.

2) Cuando el autor estuviere bajo los efectos de estupefacientes o con un nivel de alcoholemia igual o superior a los 500 miligramos por litro de sangre en el caso de conductores de transporte público o 1 gramo por litro de sangre en los demás casos.

3) Cuando estuviere conduciendo en exceso de velocidad de más de 30 kilómetros por encima de la máxima permitida en el lugar del hecho o participando de una prueba de velocidad o de destreza sin la debida autorización de autoridad competente.

4) Lo mismo, para quien hubiese organizado o promocionado la prueba de velocidad o destreza.

5) Incluso si condujere estando inhabilitado o violare la señalización del semáforo o las señales de tránsito, entendiendo la responsabilidad (por entenderla también como conducta imprudente) la conducta respecto de quien entrega un vehículo de su propiedad o confiado a su custodia, a sabiendas que será utilizado a tal fin.

Otra de las conductas que se prevé como imprudentes con una penalidad mayor es la “culpa temeraria” (brindando respuesta a los reclamos de las asociaciones civiles de víctimas y ONG, así como las modificaciones introducidas al Código Penal por la Ley 27.347), que se enrola dentro de lo legislado en el Código Penal español, que contempla la temeridad manifiesta en el Título XVII “De los delitos contra la seguridad colectiva”.

Por otro lado, el Proyecto de reforma prevé que determinadas conductas peligrosas que no llegan a producir un resultado muerte, también serán consideradas delitos. Se sigue así la línea del Código Penal Español, que a través de la tipificación de este tipo de conductas de peligro, se evidencia con información empírica y estudios de campo que se redujo de un año a otro, en 500 las muertes producidas en tragedias viales.

El nuevo artículo 194 del Proyecto del Código Penal prevé, dentro de los “Delitos contra la Seguridad Pública”, sin llegar al extremo de la fatalidad, que la pena de prisión de seis (6) meses a tres (3) años e inhabilitación especial para conducir por el doble de tiempo de la condena, al que creare una situación de peligro para la vida o la integridad física de las personas mediante la participación de una prueba de velocidad o destreza con un vehículo con motor, sin autorización. La misma pena para quien organiza esta clase de eventos de peligro concreto.

Por otra parte, prevé como delito de peligro abstracto con pena de multa actualizable, la conducta de quien condujere un vehículo con motor bajo los efectos de sustancias estupefacientes o con un nivel de alcoholemia igual o superior a 500 miligramos por litro de sangre en el caso de conductores de transporte público 1 gramo por litro de sangre en los demás casos. Casos antes contemplados como contravenciones.

Prevé la aplicación de la misma pena al conductor que, requerido por un agente de la autoridad, se negare a someterse a las pruebas legalmente establecidas para la comprobación de las tasas de alcoholemia y la presencia de las drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

Contempla también una pena de multa actualizable respecto de quien condujere un vehículo con motor a velocidad superior en 60 kilómetros por hora a la máxima permitida reglamentariamente.

En suma, se establecen, de una parte, nuevas circunstancias de hecho con penas que alcanzan los siete (7) años de prisión en el caso de resultado muerte, inhabilitación de hasta 10 años para conducir, para los delitos que sean llevados adelante de manera imprudente y, de la otra, se adelanta la intervención del Estado, sin tener que esperar un resultado trágico respecto de aquellas personas que conducen vehículos en determinadas circunstancias (bajo los efectos de alcohol, estupefacientes, corriendo picadas), hoy prohibidas por normas contravencionales.

Se intenta receptar, proteger y sobre todo resguardar, por intermedio del nuevo Código Penal, los intereses fundamentales que reclama la sociedad por medio de una política de Estado que tutele la vida humana y la seguridad vial.

* El autor es Presidente Comisión de Reforma del Código Penal, Juez Cámara Federal Casación Penal, Doctor en Derecho Penal UBA, Profesor Adjunto Regular Universitario UBA, UTDT y UA.

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