Sobre el exintendente pesaba un pedido de pena de 10 años de prisión formulado por el fiscal José Candioti, quien lo consideró coautor de “financiamiento de actividades de comercio de estupefacientes” junto a otros dos funcionarios municipales, el ex concejal Pablo Hernández y la ex secretaria de Seguridad local Griselda Bordeira, para quienes solicitó 9 años de cárcel.
Justicia
Nuevos misterios del caso D’Alessio: las contradicciones de su última declaración y los chats simulados
Máscaras detrás de máscaras. Relatos que se ensimisman. Personas que no son quienes dicen ser. Hechos que ocurrieron pero que en realidad nunca pasaron.
El caso del falso abogado Marcelo D’Alessio causó estrépito en el mundo de la política, la Justicia y el espionaje. Ahora se conocerá nueva información sobre esta trama. Pruebas documentales que constan en sede judicial y que podría develar el origen de esta historia. Las novedades surgen de uno de los varios expedientes que investigan a D’Alessio. Se trata de una causa que instruye la fiscal Alejandra Mangano y cuyo juez es Julián Ercolini. Esa pesquisa fue iniciada por una denuncia del fiscal Carlos Stornelli contra D’Alessio.
Según un denunciante llamado Pedro Etchebest, éste falso abogado, espía no probado de varias naciones y varios organismos de Inteligencia, le pidió dinero invocando el nombre Stornelli que a cambio de una cifra relevante en dólares no lo involucraría en la causa de mega corrupción de los cuadernos de las coimas. Stornelli niega esos hechos y denunció a D’Alessio en la Justicia. Clarín pudo saber en base a fuentes judiciales fidedignas, y de otras vinculadas a esta trama peculiar, que Ercolini y Mangano habrían determinado que las conversaciones vía WhatsApp entre D’Alessio y Etchebest sobre la posible extorsión del fiscal Stornelli, que dieron origen a esta historia, serían “truchas”.
A esto se le suma una nueva declaración en indagatoria de D’Alessio ante Mangano y Ercolini, en la que el falso abogado deslinda de cualquier responsabilidad delictiva a Stornelli. Y en la que además rechaza haber tenido una relación formal o informal con la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que también se presentó como denunciante en esta causa.
Etchebest, que conocía hacía varios años a D’Alessio jamás había sido mencionado en la causa Cuadernos. ¿Por qué sería, entonces, extorsionado?
¿Qué motivó a Etchebest a denunciar a su viejo amigo D’Alessio? ¿Etchebest y D’Alessio, en realidad, actuaron desde un comienzo en conjunto? ¿Armaron “pruebas” porque ambos trabajaban para instalar el caso en el juzgado de Dolores? Hay indicios que indican que sí. Y un enigma de fondo: ¿quién fue el verdadero organizador de este accionar osado, si es que lo hubo?
La denuncia inicial de Etchebest contra D’Alessio se radicó en el juzgado de Dolores, al mando de Alejo Ramos Padilla. El magistrado primero dio a entender que Stornelli podría estar comprometido en la extorsión que se decía que D’Alessio le había pedido a Etchebest. Después descartó esa hipótesis pero la causa se ramificó hacia diferentes objetivos. La senadora Cristina Kirchner afirmó que el expediente debía ser investigado por la Corte Suprema debido a que D’Alessio era agente de Inteligencia de los Estados Unidos. Nada de eso está probado. El caso se ramificó con querellantes, en su mayoría procesados en casos de corrupción K. Y Ramos Padilla decidió procesar como cómplice de extorsiones de D’Alessio al periodista de Clarín Daniel Santoro.
En un hecho inédito, además, el juez le ordenó a la Comisión Nacional de la Memoria, además, que audite si las notas periodísticas de Santoro fueron escritas, en realidad, como vehículos de acción psicológica para “presionar” a posibles víctimas de un negocio de presión que Santoro habría montado con D’Alessio. Estas decisiones fueron rechazadas por Santoro y organizaciones periodísticas como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), entre otras organizaciones de prensa, alertaron sobre esa decisión de Ramos Padilla que buscaría criminalizar el trabajo de un periodista.
La última declaración como imputado de D’Alessio en el caso en el que él es investigado por Ercolini y Mangano se realizó el último 3 de octubre.
Además de imputarle haber usado el nombre de Stornelli para extorsionar a su “víctima” Etchebest, el objeto de la investigación se amplió. También busca determinar si D’Alessio manipuló información de que habría obtenido de organismos públicos, “asumiendo funciones públicas sin nombramiento expedido por autoridad competente, al arrogarse vínculos falaces, entre otros, con la Agencia Federal de Inteligencia (AFI)”.
D’Alessio se contradice con otras declaraciones anteriores en otros expedientes donde también se lo investiga por sus aventuras en los tribunales y otras osadías. Hoy está preso por orden de Ramos Padilla.
En el caso de Ercolini y Mangano, el falso abogado rechazó haberse jactado de ser agente de la AFI. Frente a la evidencia de sus dichos en contrario en una entrevista que le dio al periodista Nelson Castro en Radio Continental, pidió que se tenga en cuenta que ese día él no había dormido debido a los problemas judiciales que lo empezaban a acechar.
Admitió, como ya había hecho en el juzgado de Dolores, que sí tuvo trato con el ex comisario Ricardo Bogoliuk, quien sí fue agente de la AFI, pero que según ese organismo ya había dejado su puesto al momento en que D’Alessio relata que empezó a hablar con ese ex espía de Etchebest.
Según su versión, Bogoliuk lo instó a investigar a Etchebest.
En su primera declaración ante Ramos Padilla, Etchebest llamó a Bogoliuk como “mi amigo”. Y su esposa ratificó que compartían oficinas con él y que también conocía desde hace un tiempo a D’Alessio. “Nos vendió un Mercedes Benz“, reveló ella, entre otras puntas de investigación que jamás se siguieron en esa pesquisa.
Ante Ercolini y Mangano, D’Alessio afirmó que eran ellos Etchebest y Bogoliuk los que trabajaron en conjunto, y que él fue “utilizado”: “Soy responsable de no haberme dado cuenta de esa circunstancia, de no haberme parado el 6 de enero y el 8 de enero y frenado esto”. Juró que fue un “rehén” y aclaró que Etchebest y Bogoliuk “lo utilizaron para perjudicar a Stornelli”.
Admitió conocer al fiscal, y también al periodista Santoro, pero los desvinculó totalmente de esta trama delictual.
D’Alessio admitió que se juntó cuatro veces con un espía en actividad, a quien llamo Pablo Piavamonte (en rigor, el apellido del agente es parecido al que él nombró así pero es otro).
Según el imputado, se vio con el agente “Pablo” solo para mostrarle “trabajos periodísticos”. Dijo que la AFI jamás le abonó ni plata ni viajes. Y que Bogoliuk le dijo que “Pablo P…” estaba al tanto de la investigación que le pedirían sobre Etchebest, aunque jamás habló de este tema con el agente.
Insistió con vincular a Etchebest con Bogoliuk.
Cuando la fiscal Mangano le preguntó por qué Etchebest lo involucraría en una historia como la que él narraba, D’Alessio respondió que “está seguro que Pedro Etchebest trabajó en conjunto con Bogoliuk. Y que lo presupone porque Bogoliuk le hacía comentarios que luego eran consecuentes con la actuación de Etchebest”. Dio más pistas sobre ese punto, todas en el mismo sentido.
Negó haber cobrado dinero de Etchebest.
La investigación de Mangano y Ercolini, como se dijo, da por probado que los chats que Etchebest y D’Alessio se cruzaron sobre las preguntas que le hacía Stornelli a su supuesto nexo de extorsión sobre la vida de Etchebest no se generaron como declaró éste último en Dolores, es decir, en medio de la reunión que tuvo D’Alessio en Pinamar con el fiscal, y que según la versión de ellos dos duró alrededor de cuatro horas. Para el juez Ercolini y para Mangano, hay indicios suficientes que probarían que el encuentro duró en rigor unos cuarenta minutos, y que el intercambio por celular que Etchebest juró haber mantenido con D’Alessio mientras estaba reunido con Stornelli fueron “armados” por el denunciante y el denunciado pero una vez terminada la reunión en Pinamar en la que Stornelli habló con D’Alessio.
La Justicia tendría acreditado que esos chats, que se usaron como prueba de lo que habría pasado entre Etchebest, D’Alessio y Stornelli, fueron escritos adrede, entre el acusado de extorsionador y su víctima cuando se encontraban lejos de Pinamar. Así lo muestran los horarios de esos chats que constan en los teléfonos de D’Alessio. Y que Ercolini y Mangano probaron con documentos de las empresas telefónicas. Ambos habrían escrito la “prueba” sobre la extorsión que ya fue descartada cuando viajaba en auto con D’Alessio en camino de vuelta a Buenos Aires.
Sobre el vínculo de D’Alessio con agentes de la AFI, por las fechas que él dio sobre ese punto, y por declaraciones de ex agentes y de otro en actualidad, quizás si se indaga en ese punto se llegue a la gestión del ex jefe del espionaje K, Oscar Parrilli.
Pero esa es otra historia que surge de la trama original.
Habrá novedades al respecto.
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En un inicio, el caso abarcaba a 25 imputados, incluida Cristina Fernández de Kirchner, y señalaba una defraudación de 6900 millones de dólares. Pero se derrumbó por múltiples irregularidades, desde la actuación de un perito que plagió su informe hasta la declaración de Marcelo D’Alessio. Terminó incluyendo a cinco acusados, sin CFK, y apuntando a un supuesto fraude de 124 millones.
La elevación a juicio de la causa por la compra de Gas Natural Licuado (GNL) es una pintura de las andanzas de la coalición judicial–política–mediática con sede en Comodoro Py y alineada con Cambiemos. Al principio de la causa hubo 25 imputados. En la elevación terminan acusados cinco. La acusación tenía el objetivo principal de apuntar a Cristina Fernández de Kirchner, pero eso se cayó a pedazos, o sea que ella no va a juicio en esta causa. En la imputación original, fogoneada por el perito trucho David Cohen y el abogado trucho Marcelo D’Alessio, se habló de una defraudación de 6900 millones de dólares, pero ahora esa cifra bajó a 124 millones, cifra 55 veces menor que la original, lo que demuestra la manipulación. También se imputa por supuestas maniobras en el puerto, pero no se sabe la cifra ni cuál fue la mecánica ni quién hizo las maniobras. El juez Claudio Bonadio argumenta que no usó a Cohen y a D’Alessio para elevar la causa a juicio, pero lo único que hizo fue no nombrarlos: la acusación es la misma, usando lo que el perito y el falso abogado dijeron, aunque como quedaron evidenciadas las falsedades, las imputaciones terminaron reducidas a la mínima expresión.
Elevación
El expediente ya está en el Tribunal Oral Federal número 7 que tendrá que hacerse cargo de una causa en la que no hay peritajes, porque se cayeron por truchos, y tampoco hay testigos de peso, porque D’Alessio es impresentable. En la causa del GNL, el falso abogado fue llevado a declarar por el periodista Daniel Santoro cuando el expediente se había caído por el falso peritaje.
Por supuesto que D’Alessio declaró como abogado, o sea ya falseó su testimonio desde el primer minuto. Y, además, entregó cuatro carpetas que –según él– recibió de manera anónima. El contenido de esas cuatro carpetas ya estaba detallado en la computadora que le secuestró el juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla, o sea que también ese material nació de forma fraudulenta: lo escribió e imprimió el propio D’Alessio, quien obviamente mintió diciendo que el origen era desconocido.
Orígenes
La causa del GNL empezó en 2014 a raíz de una denuncia de Laura Alonso, Patricia Bullrich y Federico Pinedo. Los dirigentes del PRO simplemente dieron cuenta de una sospecha: que podría haber sobreprecios en las compras del gas, que empezaron en 2008, y que fueron necesarias a raíz del crecimiento de la economía y varias oleadas de frío.
El dúo del fiscal Carlos Stornelli y el juez Bonadio no se anduvo con chiquitas y fijó la defraudación en 6900 millones de dólares, una cifra tan descomunal que hasta el propio ministro macrista Juan José Aranguren sostuvo que era un delirio. El gas se compraba a las más grandes empresas del mundo British Petroleum; Gas Natural Fenosa, Shell, Stanley & Poors, Repsol y otras. Del lado argentino, fueron procesadas 25 personas. En cambio, ninguno del lado de los vendedores: se supone que si hubo sobreprecios debía haber complicidades de los dos lados del mostrador.
Lo cierto es que el peritaje realizado por David Cohen se cayó a pedazos. El juez tomó su trabajo y descartó los estudios de otros peritos, pese a que se demostró que lo hecho por Cohen fue copiado de estudiantes chilenos y no tenía el menor rigor científico. Falsificó siglas de centros de estudios inexistentes y puso como parámetro de costos un índice norteamericano –el Henry Hub– que en todas las instancias fue demolido por los expertos porque no sirve para comparar con los precios de gas trasladado en barcos. El perito ya afronta un juicio oral por falso testimonio agravado.
La cuestión es todavía más seria: en un entrecruzamiento de llamadas presentado por el ex funcionario de Infraestructura Roberto Baratta, se advierte que Cohen hablaba por teléfono con grandes estudios de abogados ligados al PRO, funcionarios de Cambiemos, abogados que trabajaban para la Agencia Federal de Inteligencia; el Ministerio de Seguridad, el de Justicia. La impresión es que estaba complotado con toda la trama judicial–política–mediática que respondía a la Casa Rosada.
Caído el peritaje de Cohen, la Cámara Federal anuló los procesamientos y les dijo al fiscal y el juez que debían demostrar sobreprecios con un nuevo estudio. La causa se elevó ahora a juicio sin que se haga el estudio ordenado por los camaristas Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia. Es más, el magistrado estima un sobreprecio, ya no de 6900 millones sino de 124 millones de dólares, otra vez sobre la base del Henry Hub, que los propios camaristas destrozaron.
O sea, el juez dice que sacó a Cohen de la causa, pero lo dejó tácitamente.
Rescate
Cuando la causa se hundía irremediablemente por el fraude del perito, a fines de 2018, el periodista Daniel Santoro presentó a D’Alessio, tal como lo reveló el fiscal Stornelli.
El 5 y el 12 de noviembre de 2018, D’Alessio declaró en la causa ante Stornelli, sin que el fiscal tuviera delegada la investigación: dijo ser abogado, entregó documentación robada de Enarsa, empresa en la que dijo que se había infiltrado y entregó cuatro carpetas que, según él, recibió de manera anónima en su estudio. La declaración de D’Alessio estuvo escondida: recién se incorporó al expediente en febrero cuando ya había estallado el escándalo en la causa de Dolores. Ramos Padilla desarmó toda la patraña basándose en lo que encontró en la computadora de D’Alessio, secuestrada durante el allanamiento a su vivienda.
¿Qué decía D’Alessio? Que en realidad hubo una defraudación con los seguros de los barcos y que Cristina Fernández de Kirchner llamó personalmente a Enarsa para interiorizarse de la cuestión. La mentira no se sostuvo: los camaristas Bruglia y Bertuzzi sacaron a CFK de la causa porque no se podía basar esa acusación en los dichos del oportuno D’Alessio.
Pero el falso abogado también mencionó defraudaciones en materia de gastos portuarios y por la intermediación del estudio de los hermanos Dromi. La Cámara ordenó entonces que se estudiara la cuestión, que se profundizara la investigación sobre una posible defraudación. El magistrado ignoró la orden y elevó el expediente a juicio mencionando una generalidad: que hubo facturaciones de hasta 700 mil dólares en cada barco, pero sin precisar si hubo maniobras o no, ni de cuánto podría ser el perjuicio. En una palabra dijo: “que se ocupe el Tribunal Oral”.
Como se ve, el juez dice que no usó a D’Alessio pero lo único que evitó fue nombrarlo. Mantuvo las acusaciones formuladas por el falso abogado, pese a que la Cámara ordenó la anulación de aquella declaración auspiciada por Santoro y concretada ante Stornelli.
Juicio
El TOF 7 recibe entonces el expediente sin que se hubieran hecho ni los peritajes ni los estudios que reclamaba la Cámara Federal. Pero, además, el magistrado dijo que no podía probar sobreprecios entre 2008 y 2011 porque no consiguió que le entregaran la documentación necesaria, que había pasado por la Auditoría General de la Nación. La Cámara le ordenó conseguir ese material. El juez tampoco lo hizo.
O sea que se pretende llegar a un juicio oral sin peritajes, sin la descripción ni datos reales sobre los supuestos delitos, sin la documentación pedida por los camaristas, con un testigo (D’Alessio) que está preso y con un perito (Cohen) procesado y camino a juicio.
Nada de eso importó. Es una causa que fue clave para la ofensiva política de Cambiemos: se usó para meter presos a Julio De Vido y Roberto Baratta; para acusar a CFK y dictarle otra prisión preventiva y luego, de manera grotesca, armaron sobre el expediente del GNL el de las fotocopias de los cuadernos, argumentando que eran los mismos acusados y la misma asociación ilícita.
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El exintendente de Paraná Sergio Varisco fue condenado a 6 años y medio de prisión. Estaba acusado de narcotráfico junto a otras 32 personas de narcotráfico. El veredicto se dio a conocer esta tarde en los tribunales de la capital entrerriana.
Los jueces que dictaron la sentencia contra Varisco son Lilia Carnero, Noemí Berros y Roberto López Arango. El viernes pasado, durante las “últimas palabras” de los imputados, Varisco había afirmado ser víctima de una “campaña política”. También negó haber financiado operaciones narcos desde el municipio.
En ese contexto, el exintendente de Cambiemos dijo en los últimos dos años sufrió “un calvario, estigmatizado como narco” y fue agredido, pero aseguró que desde los ’80 sólo se dedicó a la política y no tiene auto, casa, ni cuenta bancaria.
En relación con su vínculo con el sindicado narcotraficante Daniel Celis, también acusado en el juicui, dijo que sólo tuvo una “relación política” vinculada a la incorporación de personal al municipio.
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El juez Bonadio finalizó la instrucción de este expediente, vinculado a los cuadernos de las coimas. Junto a la vicepresidenta, serán enjuiciados De Vido, López y medio centenar de empresarios.
La vicepresidenta Cristina Kirchner irá a juicio oral junto a Julio De Vido, José López y más de medio centenar de empresarios, entre ellos Carlos Wagner, Ángelo Calcaterra, Gerardo Ferreyra y Juan Chediack, por la cartelización en la obra pública y el circuito de sobornos que según la justicia funcionó alrededor de esos contratos. Se trata de la décima causa que la ex mandataria, tiene elevada a juicio oral.
Con el expediente principal del caso cuadernos elevado a juicio oral, Bonadio dio por clausurada la instrucción del tramo que investigó el circuito de sobornos que vinculados a la Cámara de la Construcción.
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