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La mente de un femicida por dentro: qué revelaron las pericias al “loco de Caballito” que apuñaló a su ex novia en un bar

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Alejandro Daniel Bajeneta fue condenado a prisión perpetua por uno de los femicidios más brutales de la historia porteña reciente, el crimen de Gabriela Parra ocurrido en mayo de 2015. Cinco años después, un tribunal de Casación revisó su sentencia con un sorprendente cambio. El análisis de los psiquiatras

En mayo de 2017, Alejandro Daniel Bajeneta fue condenado a prisión perpetua por matar a puñaladas a su ex novia, Gabriela Parra. El crimen ocurrió dos años antes, el 2 de mayo de 2015, a las 17:45, plena luz del día en el bar y restaurant Plaza del Carmen de la avenida Rivadavia en Caballito frente a los mozos y los vecinos.

Bajeneta, taxista, no citaba a su ex para resolver problemas recientes. La relación era de vieja data, el taxista y Parra habían estado juntos durante tres años, hace casi tres décadas. Bajeneta había intentado volver con ella desde el verano, había comenzado a llamarla con insistencia, a acosarla. Gabriela no quería. Bajeneta llegó a decirle: “Sos la mujer de mi vida”.

En el bar, tuvieron una charla que vista desde afuera no pareció tener sobresaltos. Entonces, se dispusieron a salir.

Bajeneta, de 53 años en aquel entonces, simuló ayudarla para que se pusiera el saco. El taxista tomó un cuchillo de caza que llevaba oculto y la apuñaló varias veces: en el abdomen, en el hombro izquierdo, el omóplato derecho, el dorso lumbar derecho, la muñeca derecha y el cuello. Bajeneta se quedó ahí, salpicado con la sangre de su víctima. Luego, corrió a la calle. Tomó el mismo cuchillo e intentó quitarse la vida.

Gabriela había sentido miedo antes del encuentro, un amigo aguardaba en un bar de la zona a pedido de ella. El amigo corrió a la escena al ver el tumulto. Encontró un mensaje en la cartera de Gabriela: “Gaby jamás hubiera ni penzado (sic) que te toque otro hombre cumplo con la promeza (sic) que nos hicimos te amo mi nena”, decía.

La navaja de Bajeneta también estaba dedicada. Decía, en una cinta blanca pegada sobre el mango: “Con todo mi amor para Gaby”. Tras el crimen, el taxista pasó un mes en el Hospital Durand bajo un coma inducido, luego fue trasladado al penal de Marcos Paz. La causa fue elevada a juicio.

Así, el Tribunal N°4 lo condenó a perpetua, una decisión acorde al pedido del fiscal acusador, Marcelo Saint Jean, bajo la calificación de homicidio triplemente agravado por alevosía, por haber sido cometido contra una persona con la que mantuvo una relación de pareja y por haber mediado violencia de género.

La secuencia de hechos no estuvo en disputa, había pruebas más que suficientes para acreditarla. La mente de Bajeneta fue el centro de la pelea. Su defensa objetó su imputabilidad, si efectivamente el taxista sabía lo que hacía.

Gabriela Parra, la víctima. Gabriela Parra, la víctima.

Una junta médica fue convenida con peritos de parte y de la querella. El perito de la querella aseguró que el taxista presentaba un “trastorno de personalidad agravado” por consumo de estupefacientes así como también “síndrome disejecutivo (trastorno de lóbulo frontal)”, y que por esas razones, al emitir sus opiniones sobre el punto, “dudaron sobre si comprendía o podía dirigir sus acciones”.

Luego, se ordenó un estudio neuro-psicológico que fue parte de la sentencia. “No han surgido indicadores médicos fehacientes y de entidad suficiente que orienten a pensar que Bajeneta Alejandro Daniel no hubiera poseído la autonomía psíquica suficiente como para comprender y/o dirigir su accionar”, ratificó el estudio que fue criticado por los jueces de la condena, ya que fue realizado sin una nueva entrevista al taxista. Una tomografía a su cerebro reveló que no existían lesiones.

Sin embargo, el perito de la defensa fue terminante: aseguró en el juicio que Bajeneta “no es un hombre normal”, que presenta un “trastorno de personalidad”, tiene “un cerebro dañado y adicción la cocaína desde hace 15 años”, y que por esa razón “hay que medicarlo”.

Finalmente, el Tribunal N°4 consideró que Bajeneta sabía lo que hacía. Fue condenado como femicida.

Hoy, cinco años después, la historia cambia, al menos en parte: la sentencia fue revisada por la Sala III de la Cámara Criminal y Correccional con los jueces Mario Magariños, Pablo Jantus y Alberto Huarte Petite.

En un nuevo fallo, la sentencia fue anulada parcialmente.

La confitería donde Parra fue asesinada tras el hecho.La confitería donde Parra fue asesinada tras el hecho.

Hubo un cambio sorpresivo en la calificación. Se eliminó la figura en el inciso 2 del artículo 80 del Código Penal: alevosía, uno de los agravantes más fuertes en un crimen violento. Los jueces establecieron que es básico que el agresor “obre sobre seguro” para lograr impunidad, sin nada o nadie que frene su plan, aunque Bajeneta explotó un momento de debilidad al atacar a traición mientras se ofrecía a ponerle el saco a su víctima.

Sin embargo, aseguró la Sala III en su decisión del 18 de agosto a la que accedió Infobae: ″se ha omitido considerar la incidencia que tendría para arribar a esa conclusión una circunstancia especialmente relevante como el contexto en el cual se ejecutó el hecho, esto es, en un lugar público y concurrido por muchas personas que podían brindar ayuda a la víctima, tal como efectivamente se tuvo por acreditado en la sentencia al señalar que un testigo agredió al acusado al advertir lo que sucedía”, según el voto de uno de los jueces. Pablo Jantus, por su parte, no compartió el criterio.

La pena, sin embargo, se mantiene, según la decisión de la Sala III. Los jueces, con amplios argumentos, lo consideraron un hecho de violencia de género. No solo se trató de la calificación. Otra vez, revela el fallo, la mente de Bajeneta fue parte del reclamo.

Bajeneta durante el juicio. (Télam)Bajeneta durante el juicio. (Télam)

“Los jueces del juicio omitieron ponderar una serie de informes incorporados por lectura al debate oral y público que demostrarían ‘las fallas en el psiquismo’ del acusado”, afirmó la defensa, citada por los jueces.

Citaron un informe del Cuerpo Médico Forense donde se asentó que las facultades mentales del imputado “no encuadran dentro de los parámetros considerados como normales desde la perspectiva médico legal” y que su cuadro reviste la forma clínica de “síndrome de inhibición psicomotriz”. El programa psiquiátrico PRISMA del Servicio Penitenciario Federal adjuntó dos informes que hablan de trastornos a causa de consumo de estupefacientes y un “déficit específico en sus funciones ejecutivas”.

El Cuerpo Médico Forense determinó que el imputado, en su configuración emocional, presenta una “modalidad psicopática de funcionamiento”, “ansiedad paranoide incrementada” y “un trastorno de personalidad con predominio de componentes psicopáticos y narcisistas”. Un plan previo, aseguró la defensa, no equivalía a capacidad de ser imputable.

“La defensa omite explicar por qué razones esos elementos de prueba alterarían el razonamiento expuesto en la sentencia para concluir, frente a las demás evidencias producidas durante el debate oral y público, que el acusado efectivamente contó con capacidad de culpabilidad al momento del hecho”, aseguraron los jueces.

La Sala III, otra vez, aseguró que Bajeneta sabía lo que hacía.

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Pidieron la detención de un sacerdote acusado de abusar de una alumna de un colegio

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Raúl Anatoly Sidders era docente y sacerdote del Colegio San Vicente de Paúl de la ciudad de La Plata

La fiscalía penal de La Plata solicitó este jueves la detención de un sacerdote que se desempeñaba como docente y confesor en un colegio privado de la capital bonaerense acusado de abusar sexualmente de una alumna del establecimiento.

Raúl Anatoly Sidders fue docente y sacerdote del colegio platense San Vicente de Paúl y en mayo último fue trasladado a Misiones, donde aguarda ser nombrado capellán del Escuadrón XIII de Gendarmería Nacional en Puerto Iguazú.

El sacerdote es investigado por el fiscal Álvaro Garganta, quien este jueves pidió la detención del cura por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante por su duración en el tiempo y circunstancias de realización doblemente agravado contra una mujer que denunció haber sido abusada por el sacerdote entre el 2004 y el 2008, cuando la víctima tenía entre 11 y 14 años y asistía a dicho establecimiento.

De acuerdo a lo que consta en el pedido de detención del sacerdote, al que accedió Télam, el sacerdote abusó de la menor que en ese entonces tenía 11 años “a quien hacía colocar sus manos en los bolsillos de la sotana y sentir su pene erecto. Situaciones que acaecía en el patio de la institución y durante los recreos que provocaron un grave daño en la salud mental de la niña”.

“Asimismo y en las habituales ocasiones en las que le recibía el sacramento de confesión corrompió a la menor mediante explicaciones personalísimas sobre cómo masturbarse, realizar sexo oral y mantener relaciones sexuales con acceso carnal con su novio”, precisó el fiscal en su escrito.

Álvaro Garganta remarcó que la medida coercitiva se solicita por la elevada pena en abstracto y porque su zona de residencia es fronteriza, advirtiendo entonces que hay “elementos suficientes para sostener el riesgo de fuga del mismo en caso de ser hallado culpable” el sacerdote Sidders.

La mujer que hizo la denuncia contó que el cura empezó a acosarla a los 11 años. “En invierno, delante de todos, me hacía poner mis manos en los bolsillos de su sotana porque decía que yo tenía las manos frías, y me hacía sentir su erección”, relató la joven a Prensa Obrera.

Además relató que el sacerdote, durante la confesión, “me preguntaba si sabía masturbarme y como le decía que no, me explicó con sus dedos, sin tocarme, cómo tenía que hacer. Me sugirió que lo hiciera pensando en él y que en la próxima confesión le contara cómo me había sentido”.

Cabe destacar que veinte días atrás, el Tribunal de Casación Penal bonaerense declaró prescripta la causa en la que se investigaba a otros dos sacerdotes y a un profesor de informática por abusos sexuales y corrupción de menores hipoacúsicos en el Instituto Próvolo de La Plata.

Los investigados eran los curas Nicola Corradi, detenido en Mendoza por delitos similares cometidos en el Próvolo de esa provincia; Eliseo Primati, quien fue localizado en un asilo en Italia y cuya extradición se había pedido; y José Brítez, profesor de informática del Instituto Próvolo, ubicado en las calles 25 y 47 de la ciudad de La Plata.

Según la investigación fiscal penal, los tres hombres abusaron de al menos 5 niños hipoacúsicos internados en ese establecimiento a los que además golpeaban, imponían fuertes penitencias sometían a servidumbre.

La medida fue resuelta por la Sala Tercera del Tribunal de Casación Penal, al afirmar que “en el presente caso no opera la exclusión de prescripción”.

En el fallo, que lleva la firma de los jueces Víctor Violini y Ricardo Borinsky, el Tribunal aludió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando aseguró que en los delitos comunes, “como ocurre en el presente, la prescripción es una garantía que debe ser observada debidamente” y recordó que los hechos que se investigaron ocurrieron entre 1982 y 1991.

La Sala se expidió así ante un hábeas corpus presentado por la defensa de Brítez. Una fuente judicial precisó que “queda la vía recursiva por parte del fiscal de Casación para ir ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense” y apelar la prescripción de la causa, que en la práctica desvincula a los acusados de los hechos investigados.

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Torturan y matan a puñaladas a un jubilado en su casa: descartan la hipótesis de un robo

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Ocurrió en la localidad misionera de San Pedro. El cuerpo lo encontró su hermano.

El cuerpo lo encontró su hermano, tendido en el piso del living de su casa del paraje Piñalito Sur, en la localidad misionera de San Pedro. Estaba atado de pies y manos y tenía signos de haber sido torturado. Lo habían asesinado a puñaladas.

El dinero de la jubilación todavía estaba en los bolsillos de la víctima por lo que los investigadores, en principio, descartan la hipótesis del robo como móvil del homicidio. Mientras tanto, todo es tristeza y conmoción por el crimen brutal de José Antonio Fernández (66), un pionero en esa zona.

“Impotencia, bronca y tristeza, es lo que más siento en estos momentos. Sé que mi hermano no era perfecto, tenía sus defectos como cualquiera de nosotros pero no se merecía lo que le pasó”, le dijo Carlos Fernández al diario El Territorio de Misiones este martes.

Fue Carlos el que encontró a su hermano asesinado luego de ir hasta su casa, que queda enfrente de un destacamento de guardaparques de San Pedro, porque no le respondía los mensajes.

El cuerpo de Fernández fue hallado el lunes por la tarde en la misma casa donde tenía un kiosco que él mismo atendía, a la vera de la ruta nacional 14 y con el vecino más cercano a unos 200 metros.

Separado y con dos hijos grandes, algunos vecinos hay llegado a contar que escucharon gritos el domingo por la noche. Todo es materia de investigación por el momento.

Los forenses que trabajaron en el lugar determinaron que Fernández presentaba heridas punzo cortantes en el tórax y el cuello que, para los expertos, fueron realizadas cuando aún estaba con vida como probable método de tortura.

Además, los médicos explicaron que, de acuerdo a lo que pudieron establecer en el lugar, Fernández fue asesinado en horas del mediodía del lunes. Se aguarda el resultado de la autopsia.

El caso es investigador como un “homicidio” por el Juzgado de Instrucción N°3 de San Vicente.

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Corriendo una picada, alcoholizado y bajo efectos de estupefacientes

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¿Como Estado hacemos todo lo posible para que la segunda causa de muertes en la Argentina siga en el podio nacional de la gran cantidad de vidas que se pierden?

Los hechos hablan por sí solos según las imágenes difundidas. Dos autos a toda velocidad embisten contra una Traffic en la cual viajaban cinco integrantes de una familia en la Avenida General Paz. Entre los conductores, al menos uno iba alcoholizado, bajo los efectos de estupefacientes, además de que ambos autos estaban corriendo una picada.

Fue un verdadero milagro no tener que lamentar víctimas fatales.

La cita de Paulo Coelho nos interpela, una vez más, a la reflexión. ¿Como Estado hacemos todo lo posible para que la segunda causa de muertes en la Argentina (la primera es en manos de armas de fuego) siga en el podio nacional de la gran cantidad de vidas que se pierden?

Dos de los valores fundamentales para la sociedad Argentina son la vida humana y la seguridad vial. Dichos intereses fundamentales forman parte del digesto catalogado la “ley de las leyes”, que es el nuevo Código Penal Argentino.

La preocupación respecto de los siniestros viales no sólo es nacional sino también mundial.

Resulta evidente que el actual esquema sancionatorio de las infracciones de tránsito no llega a dar una respuesta adecuada a la problemática. Por eso nos encontramos ante una dramática situación que nos obliga a todos a trabajar fuertemente a fin de reducir los índices de siniestros viales en nuestro territorio nacional.

En línea con los países de legislación más avanzada en la materia (como en el caso de España) el proyecto de reforma del Código Penal con 540 artículos, que fuera redactado por la comisión creada por decreto del PEN nro. 103/17, que me honraron con la Presidencia, enviado por vez primera en los últimos 100 años por el Poder Ejecutivo de la Nación al Congreso Nacional el 25 de marzo de 2019 y que fuera presentado el pasado 4 de junio de 2019 ante la Comisión de Asuntos Penales y Justicia del Honorable Senado de la Nación (se recuerda que los Proyectos de Reforma de los Códigos no tienen plazos de caducidad parlamentaria), de manera específica busca encontrar una solución a la segunda causa de muerte en la República Argentina después del uso de armas.

En el artículo 84 del Proyecto se contempla la conducta culposa básica, con pena de uno (1) a cinco (5) años de prisión, respecto de quien por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o inobservancia de los reglamentos o los deberes a su cargo, causare a otro un resultado, como lo es la muerte. Es decir, determina una penalidad para el desarrollo de conductas que si bien están prohibidas, son llevadas adelante de manera “imprudente”.

El inciso 2º del Proyecto aumenta la escala penal de dos (2) años a cinco (5) de prisión cuando la muerte es el resultado de la conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo con motor.

Se establecen especiales circunstancias de hecho que agravan la penalidad y que elevan el mínimo de la escala penal a tres (3) años de prisión con un máximo de siete (7) años de prisión.

Se llega a una sanción penal para los delitos imprudentes cuya escala penal se encuentra en su máximo de pena justo por debajo del delito doloso de resultado muerte previsto en el art. 79 del Código Penal.

A modo de referencia, la escala penal de los delitos imprudentes se agrava hasta un máximo de siete (7) años de prisión e inhabilitación de hasta 10 años para conducir cuando:

1) El imputado se diere a la fuga, o no intentare socorrer a la víctima, siempre que no incurriera en el delito de abandono de persona.

2) Cuando el autor estuviere bajo los efectos de estupefacientes o con un nivel de alcoholemia igual o superior a los 500 miligramos por litro de sangre en el caso de conductores de transporte público o 1 gramo por litro de sangre en los demás casos.

3) Cuando estuviere conduciendo en exceso de velocidad de más de 30 kilómetros por encima de la máxima permitida en el lugar del hecho o participando de una prueba de velocidad o de destreza sin la debida autorización de autoridad competente.

4) Lo mismo, para quien hubiese organizado o promocionado la prueba de velocidad o destreza.

5) Incluso si condujere estando inhabilitado o violare la señalización del semáforo o las señales de tránsito, entendiendo la responsabilidad (por entenderla también como conducta imprudente) la conducta respecto de quien entrega un vehículo de su propiedad o confiado a su custodia, a sabiendas que será utilizado a tal fin.

Otra de las conductas que se prevé como imprudentes con una penalidad mayor es la “culpa temeraria” (brindando respuesta a los reclamos de las asociaciones civiles de víctimas y ONG, así como las modificaciones introducidas al Código Penal por la Ley 27.347), que se enrola dentro de lo legislado en el Código Penal español, que contempla la temeridad manifiesta en el Título XVII “De los delitos contra la seguridad colectiva”.

Por otro lado, el Proyecto de reforma prevé que determinadas conductas peligrosas que no llegan a producir un resultado muerte, también serán consideradas delitos. Se sigue así la línea del Código Penal Español, que a través de la tipificación de este tipo de conductas de peligro, se evidencia con información empírica y estudios de campo que se redujo de un año a otro, en 500 las muertes producidas en tragedias viales.

El nuevo artículo 194 del Proyecto del Código Penal prevé, dentro de los “Delitos contra la Seguridad Pública”, sin llegar al extremo de la fatalidad, que la pena de prisión de seis (6) meses a tres (3) años e inhabilitación especial para conducir por el doble de tiempo de la condena, al que creare una situación de peligro para la vida o la integridad física de las personas mediante la participación de una prueba de velocidad o destreza con un vehículo con motor, sin autorización. La misma pena para quien organiza esta clase de eventos de peligro concreto.

Por otra parte, prevé como delito de peligro abstracto con pena de multa actualizable, la conducta de quien condujere un vehículo con motor bajo los efectos de sustancias estupefacientes o con un nivel de alcoholemia igual o superior a 500 miligramos por litro de sangre en el caso de conductores de transporte público 1 gramo por litro de sangre en los demás casos. Casos antes contemplados como contravenciones.

Prevé la aplicación de la misma pena al conductor que, requerido por un agente de la autoridad, se negare a someterse a las pruebas legalmente establecidas para la comprobación de las tasas de alcoholemia y la presencia de las drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

Contempla también una pena de multa actualizable respecto de quien condujere un vehículo con motor a velocidad superior en 60 kilómetros por hora a la máxima permitida reglamentariamente.

En suma, se establecen, de una parte, nuevas circunstancias de hecho con penas que alcanzan los siete (7) años de prisión en el caso de resultado muerte, inhabilitación de hasta 10 años para conducir, para los delitos que sean llevados adelante de manera imprudente y, de la otra, se adelanta la intervención del Estado, sin tener que esperar un resultado trágico respecto de aquellas personas que conducen vehículos en determinadas circunstancias (bajo los efectos de alcohol, estupefacientes, corriendo picadas), hoy prohibidas por normas contravencionales.

Se intenta receptar, proteger y sobre todo resguardar, por intermedio del nuevo Código Penal, los intereses fundamentales que reclama la sociedad por medio de una política de Estado que tutele la vida humana y la seguridad vial.

* El autor es Presidente Comisión de Reforma del Código Penal, Juez Cámara Federal Casación Penal, Doctor en Derecho Penal UBA, Profesor Adjunto Regular Universitario UBA, UTDT y UA.

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