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Horror en General Rodríguez: una mujer acusó a un indigente de violar a su hijo de 17, lo mató a puñaladas y lo enterró en un baldío

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Detectives de la DDI de Moreno encontraron el cuerpo a pocos metros de la casa de Nancy Montiel, la acusada. Un hermano de Montiel también fue detenido: lo acusan de abusar del chico

Ayer por la tarde, la DDI de General Rodríguez de la Policía Bonaerense detuvo en la localidad del mismo nombre detuvo a Nancy Elizabeth Montiel, una pensionada de 45 años, en un operativo bajo las ordenes de la UFI N°9 de la jurisdicción. La acusaron de cometer uno de los delitos más brutales de los últimos tiempos: apuñalar a un indigente de su barrio al que ella había denunciado ante la Policía Bonaerense por supuestamente violar a su hijo de 17 años.

El cadáver de José María Palavecino, de 40 años, un hombre en situación de calle adicto a las drogas y al alcohol, fue encontrado en una tumba al ras de la tierra en un baldío de la calle Tucumán entre Chubut y Neuquén: Montiel, que acumula más de 220 mil pesos en deudas a diversas firmas de microcréditos, vive a pocos metros sobre la calle Chubut. Policía Científica peritó la escena y retiró el cuerpo. La primera conclusión fue evidente a la vista: Palavecino había muerto a puñaladas. Así, Montiel fue detenida, según afirmaron fuentes del caso a Télam.

Los detectives de la DDI habían llegado al lugar tras un pedido de la fiscal Alejandra Rodríguez, luego de obtener testimonios que indicaron que Palavecino había ido el pasado 3 de septiembre a la casa de Montiel, quien dos días antes había denunciado al hombre por abuso sexual en contra de su hijo menor. Tras analizar las inmediaciones de la casa de Montiel, los agentes encontraron un pozo con tierra removida en un descampado ubicado frente a la propiedad y a unos 80 metros al interior del terreno, informaron fuentes policiales.

Policía Científica trabaja en el hallazgo del cuerpo (Télam)Policía Científica trabaja en el hallazgo del cuerpo (Télam)

Luego de remover la tierra, los peritos encontraron un cadáver en avanzado estado de descomposición, por lo que se preservó la zona para que trabajaran los peritos de la Policía Científica y posteriormente se confirmó que se trataba de Palavecino.

Por este motivo, se ordenó allanar de urgencia el domicilio de Montiel y se la aprehendió como principal sospechosa del crimen, a la espera de ser indagada por la fiscal Rodríguez. Sin embargo, la trama alrededor de Nancy Elizabeth cobró un giro inesperado poco después. Claudio Alejandro Montiel, su propio hermano fue detenido también, no por el asesinato de Palavecino, sino por la violación del adolescente, su propio sobrino.

La UFI N°10 de Moreno-Rodríguez, a cargo de Gabriela Urrutia, está a cargo de investigar el abuso del menor. Montiel se encontraba en una comisaría de la zona, en medio de una diligencia policial por la desaparición de Palavecino -sobre el cual había una denuncia de paradero- al tiempo que también se encontraba bajo investigación por el abuso sexual del menor. Urrutia dispuso la aprehensión en urgencia del hombre, al considerar un claro peligro de fuga. Claudio Montiel, de 51 años, es vecino de la zona donde Palavecino fue asesinado y hasta marzo había trabajado en una empresa que terceriza la limpieza de edificios.

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Torturan y matan a puñaladas a un jubilado en su casa: descartan la hipótesis de un robo

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Ocurrió en la localidad misionera de San Pedro. El cuerpo lo encontró su hermano.

El cuerpo lo encontró su hermano, tendido en el piso del living de su casa del paraje Piñalito Sur, en la localidad misionera de San Pedro. Estaba atado de pies y manos y tenía signos de haber sido torturado. Lo habían asesinado a puñaladas.

El dinero de la jubilación todavía estaba en los bolsillos de la víctima por lo que los investigadores, en principio, descartan la hipótesis del robo como móvil del homicidio. Mientras tanto, todo es tristeza y conmoción por el crimen brutal de José Antonio Fernández (66), un pionero en esa zona.

“Impotencia, bronca y tristeza, es lo que más siento en estos momentos. Sé que mi hermano no era perfecto, tenía sus defectos como cualquiera de nosotros pero no se merecía lo que le pasó”, le dijo Carlos Fernández al diario El Territorio de Misiones este martes.

Fue Carlos el que encontró a su hermano asesinado luego de ir hasta su casa, que queda enfrente de un destacamento de guardaparques de San Pedro, porque no le respondía los mensajes.

El cuerpo de Fernández fue hallado el lunes por la tarde en la misma casa donde tenía un kiosco que él mismo atendía, a la vera de la ruta nacional 14 y con el vecino más cercano a unos 200 metros.

Separado y con dos hijos grandes, algunos vecinos hay llegado a contar que escucharon gritos el domingo por la noche. Todo es materia de investigación por el momento.

Los forenses que trabajaron en el lugar determinaron que Fernández presentaba heridas punzo cortantes en el tórax y el cuello que, para los expertos, fueron realizadas cuando aún estaba con vida como probable método de tortura.

Además, los médicos explicaron que, de acuerdo a lo que pudieron establecer en el lugar, Fernández fue asesinado en horas del mediodía del lunes. Se aguarda el resultado de la autopsia.

El caso es investigador como un “homicidio” por el Juzgado de Instrucción N°3 de San Vicente.

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Corriendo una picada, alcoholizado y bajo efectos de estupefacientes

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¿Como Estado hacemos todo lo posible para que la segunda causa de muertes en la Argentina siga en el podio nacional de la gran cantidad de vidas que se pierden?

Los hechos hablan por sí solos según las imágenes difundidas. Dos autos a toda velocidad embisten contra una Traffic en la cual viajaban cinco integrantes de una familia en la Avenida General Paz. Entre los conductores, al menos uno iba alcoholizado, bajo los efectos de estupefacientes, además de que ambos autos estaban corriendo una picada.

Fue un verdadero milagro no tener que lamentar víctimas fatales.

La cita de Paulo Coelho nos interpela, una vez más, a la reflexión. ¿Como Estado hacemos todo lo posible para que la segunda causa de muertes en la Argentina (la primera es en manos de armas de fuego) siga en el podio nacional de la gran cantidad de vidas que se pierden?

Dos de los valores fundamentales para la sociedad Argentina son la vida humana y la seguridad vial. Dichos intereses fundamentales forman parte del digesto catalogado la “ley de las leyes”, que es el nuevo Código Penal Argentino.

La preocupación respecto de los siniestros viales no sólo es nacional sino también mundial.

Resulta evidente que el actual esquema sancionatorio de las infracciones de tránsito no llega a dar una respuesta adecuada a la problemática. Por eso nos encontramos ante una dramática situación que nos obliga a todos a trabajar fuertemente a fin de reducir los índices de siniestros viales en nuestro territorio nacional.

En línea con los países de legislación más avanzada en la materia (como en el caso de España) el proyecto de reforma del Código Penal con 540 artículos, que fuera redactado por la comisión creada por decreto del PEN nro. 103/17, que me honraron con la Presidencia, enviado por vez primera en los últimos 100 años por el Poder Ejecutivo de la Nación al Congreso Nacional el 25 de marzo de 2019 y que fuera presentado el pasado 4 de junio de 2019 ante la Comisión de Asuntos Penales y Justicia del Honorable Senado de la Nación (se recuerda que los Proyectos de Reforma de los Códigos no tienen plazos de caducidad parlamentaria), de manera específica busca encontrar una solución a la segunda causa de muerte en la República Argentina después del uso de armas.

En el artículo 84 del Proyecto se contempla la conducta culposa básica, con pena de uno (1) a cinco (5) años de prisión, respecto de quien por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o inobservancia de los reglamentos o los deberes a su cargo, causare a otro un resultado, como lo es la muerte. Es decir, determina una penalidad para el desarrollo de conductas que si bien están prohibidas, son llevadas adelante de manera “imprudente”.

El inciso 2º del Proyecto aumenta la escala penal de dos (2) años a cinco (5) de prisión cuando la muerte es el resultado de la conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo con motor.

Se establecen especiales circunstancias de hecho que agravan la penalidad y que elevan el mínimo de la escala penal a tres (3) años de prisión con un máximo de siete (7) años de prisión.

Se llega a una sanción penal para los delitos imprudentes cuya escala penal se encuentra en su máximo de pena justo por debajo del delito doloso de resultado muerte previsto en el art. 79 del Código Penal.

A modo de referencia, la escala penal de los delitos imprudentes se agrava hasta un máximo de siete (7) años de prisión e inhabilitación de hasta 10 años para conducir cuando:

1) El imputado se diere a la fuga, o no intentare socorrer a la víctima, siempre que no incurriera en el delito de abandono de persona.

2) Cuando el autor estuviere bajo los efectos de estupefacientes o con un nivel de alcoholemia igual o superior a los 500 miligramos por litro de sangre en el caso de conductores de transporte público o 1 gramo por litro de sangre en los demás casos.

3) Cuando estuviere conduciendo en exceso de velocidad de más de 30 kilómetros por encima de la máxima permitida en el lugar del hecho o participando de una prueba de velocidad o de destreza sin la debida autorización de autoridad competente.

4) Lo mismo, para quien hubiese organizado o promocionado la prueba de velocidad o destreza.

5) Incluso si condujere estando inhabilitado o violare la señalización del semáforo o las señales de tránsito, entendiendo la responsabilidad (por entenderla también como conducta imprudente) la conducta respecto de quien entrega un vehículo de su propiedad o confiado a su custodia, a sabiendas que será utilizado a tal fin.

Otra de las conductas que se prevé como imprudentes con una penalidad mayor es la “culpa temeraria” (brindando respuesta a los reclamos de las asociaciones civiles de víctimas y ONG, así como las modificaciones introducidas al Código Penal por la Ley 27.347), que se enrola dentro de lo legislado en el Código Penal español, que contempla la temeridad manifiesta en el Título XVII “De los delitos contra la seguridad colectiva”.

Por otro lado, el Proyecto de reforma prevé que determinadas conductas peligrosas que no llegan a producir un resultado muerte, también serán consideradas delitos. Se sigue así la línea del Código Penal Español, que a través de la tipificación de este tipo de conductas de peligro, se evidencia con información empírica y estudios de campo que se redujo de un año a otro, en 500 las muertes producidas en tragedias viales.

El nuevo artículo 194 del Proyecto del Código Penal prevé, dentro de los “Delitos contra la Seguridad Pública”, sin llegar al extremo de la fatalidad, que la pena de prisión de seis (6) meses a tres (3) años e inhabilitación especial para conducir por el doble de tiempo de la condena, al que creare una situación de peligro para la vida o la integridad física de las personas mediante la participación de una prueba de velocidad o destreza con un vehículo con motor, sin autorización. La misma pena para quien organiza esta clase de eventos de peligro concreto.

Por otra parte, prevé como delito de peligro abstracto con pena de multa actualizable, la conducta de quien condujere un vehículo con motor bajo los efectos de sustancias estupefacientes o con un nivel de alcoholemia igual o superior a 500 miligramos por litro de sangre en el caso de conductores de transporte público 1 gramo por litro de sangre en los demás casos. Casos antes contemplados como contravenciones.

Prevé la aplicación de la misma pena al conductor que, requerido por un agente de la autoridad, se negare a someterse a las pruebas legalmente establecidas para la comprobación de las tasas de alcoholemia y la presencia de las drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

Contempla también una pena de multa actualizable respecto de quien condujere un vehículo con motor a velocidad superior en 60 kilómetros por hora a la máxima permitida reglamentariamente.

En suma, se establecen, de una parte, nuevas circunstancias de hecho con penas que alcanzan los siete (7) años de prisión en el caso de resultado muerte, inhabilitación de hasta 10 años para conducir, para los delitos que sean llevados adelante de manera imprudente y, de la otra, se adelanta la intervención del Estado, sin tener que esperar un resultado trágico respecto de aquellas personas que conducen vehículos en determinadas circunstancias (bajo los efectos de alcohol, estupefacientes, corriendo picadas), hoy prohibidas por normas contravencionales.

Se intenta receptar, proteger y sobre todo resguardar, por intermedio del nuevo Código Penal, los intereses fundamentales que reclama la sociedad por medio de una política de Estado que tutele la vida humana y la seguridad vial.

* El autor es Presidente Comisión de Reforma del Código Penal, Juez Cámara Federal Casación Penal, Doctor en Derecho Penal UBA, Profesor Adjunto Regular Universitario UBA, UTDT y UA.

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Crimen de Blas Correas: se quebró una de las policías y contó cómo plantaron el arma para “justificar un tiroteo”

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Una de las agentes detalló que un compañero le pidió que tirara una pistola en la escena del crimen. Hay 13 policías y tres empleados de un sanatorio imputados.

Una de los 13 policías imputados en el caso del crimen de Valentino Blas Correas (17) confirmó en su indagatoria que se “plantó” un arma con la intención de justificar un “tiroteo” cuando los agentes policiales dispararon contra el automóvil, ocupado por la víctima y cinco amigos, porque presuntamente había evadido un control en la capital de Córdoba en la madrugada del 6 de agosto.

La policía Wanda Micaela Esquivel (32) declaró ante el fiscal José Mana que cuando se trasladaban en un móvil policial, el oficial Javier Alarcón sacó un arma de su chaleco y le pidió que la tirara por la ventanilla, en una zona cercana donde presuntamente los chicos evadieron un control policial.

El abogado Hugo Luna, defensor de Alarcón, confirmó que ese relato de Esquivel consta en el expediente, no obstante dijo que “no se ajusta a la realidad” y que va a “ofrecer elementos de pruebas para demostrarlo”.

Al respecto añadió que Esquivel, con lo que relata en la indagatoria, “busca atenuar su situación procesal y evitar la prisión preventiva, pero no le resultó”, consideró Luna al restarle importancia a las declaraciones de la mujer policía que participó en los operativos de control cuando ocurrió el crimen.

El Fiat Argo blanco en el que viajaba el joven asesinado en Córdoba.

El Fiat Argo blanco en el que viajaba el joven asesinado en Córdoba.

En el proceso de investigación ya fueron indagados los 13 agentes policiales imputados y los tres empleados de un sanatorio que se negaron a atender a Blas cuando llegó, presuntamente con vida, luego de recibir el balazo que ingresó por la luneta e impactó en su omóplato.

Los policías Alarcón (31) y Lucas Gómez (35) son los dos principales imputados como los autores de los disparos que mataron al adolescente, a quienes se les adjudica el delito de “homicidio calificado agravado por el uso de arma de fuego y por la condición de policías” y también en grado de “tentativa” por el riesgo de vida que significaron esos disparos para el resto de los ocupantes del automóvil.​ Según trascendió, las imágenes de las cámaras de seguridad mostraban a Gómez disparando contra el vehículo en línea recta y a Alarcón con dirección a las ruedas.

Gómez, de cuya arma salió el disparo mortal que asesinó a Correas, tiene un juicio pendiente en una causa por encubrimiento. Lo acusaron de participar de una red policial que buscó proteger al violador serial de La Calera, Leandro Raúl Castañares, condenado en 2018 por reconocer de seis abusos sexuales. Ese juicio no se llevó adelante pero Gómez estaba señalado como parte del encubrimiento policial pero el tribunal de conducta le permitió continuar en funciones y con portación de arma. Por su parte, Alarcón también aparece involucrado en una causa de 2013 en la que lo acusaron por “privación ilegítima de la libertad” y “lesiones leves” que no avanzó.

El hecho ocurrió el 6 de agosto pasado cuando Correas se movía en un auto con cinco amigos y habrían evadido un control policial en la zona sur de la ciudad de Córdoba, por lo que los policías dispararon varios tiros, uno de los cuales ingresó por la luneta y dio en el omóplato de Valentino Blas Correas. El joven iba en la parte de atrás y murió a causa de la herida, mientras que otro joven recibió heridas menores por el impacto de otro proyectil.

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