El presidente Mauricio Macri donó $100.000 para la campaña por su reelección. Lo hizo ayer con una transferencia bancaria a través del Banco Galicia. Lo curioso es que como destino del aporte figuran las PASO que tuvieron lugar el domingo.

Hasta ayer a última hora, Juntos por el Cambio recibió contribuciones por casi $44 millones. De este monto, casi $18 millones fueron aportes para la campaña por la reelección presidencial de Mauricio Macri, y otros $26 millones para sus candidatos a legisladores nacionales. El monto -si bien es importante- resulta austero para los gastos que demanda una campaña en la que se define un posible cambio de gobierno.

Los datos surgen del registro público de aportes de la Cámara Nacional Electoral, que debutó en estas elecciones, y que se actualiza en tiempo real a medida que los aportantes informan sus contribuciones a las distintas fuerzas políticas.

Si bien no hay una fecha de cierre para recibir aportes privados, desde la Cámara Nacional Electoral (CNE) explicaron que “se supone que los destinados a las PASO, ya concluida la elección, deberían ser marginales, destinados a cubrir, por ejemplo, una deuda contraída por un partido o alianza, o reponer al partido fondos propios con los que se solventó un gasto de campaña”.

La plataforma – habilitada el 23 de junio- fue diseñada por la Cámara Electoral, a partir de lo dispuesto por la nueva ley de financiamiento de los partidos políticos sancionada en mayo de este año. La norma fue impulsada por el Gobierno nacional después de que el sitio El Destape revelara la existencia de aportantes truchos en la campaña legislativa de Juntos por el Cambio en la Provincia de Buenos Aires del 2017. El escándalo derivó en una causa judicial y se convirtió en el primer gran dolor de cabeza para la gobernadora María Eugenia Vidal.

El apoyo empresario al Gobierno

La nueva ley Nº 27.504 estableció la bancarización obligatoria de todos los aportes para garantizar su trazabilidad y habilitó nuevamente que las empresas puedan hacer contribuciones de campaña a partidos y frentes electorales, una modalidad que el oficialismo buscaba restablecer, y que el kirchnerismo prohibió en 2009. Hasta la modificación de la ley este año, solo se permitían donaciones de empresas privadas para el desenvolvimiento institucional de los partidos.

Si bien el estallido de la causa de los cuadernos y la obligación de blanquear los aportes desalentó la contribución empresaria, el apoyo del sector a la continuidad del actual gobierno por sobre la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, queda en evidencia al analizar las contribuciones informadas.

Hasta ayer, Juntos por el Cambio recibió para su campaña (tanto para las PASO como para las Generales) $43.833.326, casi tres veces más que lo que recibió el Frente de Todos.

Pero a diferencia de la alianza opositora, casi el 70% de los aportes – tanto para financiar la campaña por la reelección de Macri (40% de los aportes) como de los legisladores nacionales en diferentes distritos (60%)- provienen de empresas, en su mayoría de gran envergadura. Las contribuciones van desde $150.000 a $4,5 millones.

Si se analizan las contribuciones para las distintas fórmulas presidenciales, el apoyo del mundo empresario a Macri es aún más abrumador: son el 90% de aportes para la reelección del actual presidente, contra poco más del 10% que recibió hasta ahora Alberto Fernández.

Los principales aportantes

El principal aportante hasta el momento de la campaña presidencial es SICMA SA, una sociedad de inversión de Pérez Companc que donó en total más de $6,2 millones el 7 de agosto último. De esa cifra, $4.535.618 fueron para apoyar la reelección de Macri y otros $1.674.668 para la Legislativa por la Provincia de Buenos Aires. Ambos montos están apenas por debajo de los topes máximos de aportes que pueden hacerse para una agrupación por distrito. ($4.620.494 para la campaña presidencial que es distrito único, y $ 1.705.109 para la Provincia de Buenos Aires)

La familia Pérez Companc es dueña de la empresa Molinos Río de la Plata, cuya planta en la localidad bonaerense de Esteban Echeverría fue visitada por Macri el mes pasado, junto a María Eugenia Vidal. El año pasado, a través de un decreto del Ministerio de Agricultura, el Gobierno le condonó a Molinos una deuda de USD 70 millones a la AFIP por gravámenes a las exportaciones, según publicó el sitio Letra P.

SICMA ya había había aportado $3 millones para el PRO a nivel nacional en 2017, tal como surge del Balance presentado por el partido a fines de ese año.

El segundo mayor donante de la coalición del Gobierno, con $4.500.000, es Valiente Polo J5 Argentina SRL, dueña del equipo Valiente Polo Team donde juega Adolfo Cambiaso. La firma, con una sede en Wellington, Palm Beach, donde entrenan sus caballos y jugadores para la temporada de alto handicap de Estados Unidos, hizo una transferencia dos días antes de las PASO.

Petromix SA, una firma de logística para la extracción de gas y petróleo, le aportó a Juntos por el Cambio $4 millones, en tanto que su presidente, Martín Fernando Brandi, donó $1 millón.

Brandi es, a su vez, presidente de Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR), una productora de petróleo y gas en Argentina, y principal proveedora de cemento en la Patagonia. Tras incursionar en el área de energías renovables, se quedó con la licitación del Parque Eólico del Bicentenario en la provincia de Santa Cruz impulsado durante la gestión de Macri, e inaugurado en junio último.

No solo Brandi es aportante, sino su madre y también socia en Petroquímica Comodoro Rivadavia, Marta Amalia Mesa, una de las mayores aportantes particulares de Juntos por el Cambio para la campaña legislativa por la Provincia de Buenos Aires, con $ 1.500.000.

La nueva ley de financiamiento de partidos políticos prohíbe las contribuciones de “permisionarios, empresas concesionarias o contratistas de servicios u obras públicas o proveedores” de la Nación o las provincias. La sanción no recae sobre el aportante sino sobre la agrupación política que recibió el aporte, que eventualmente puede ser sancionada cuando la Justicia Electoral audite sus aportes.

Cuando el que dona es el dueño o directivo de la empresa, si bien es legal, el límite es difuso. Hay un antecedente en Córdoba, en el que hubo un aporte de Benito Roggio, titular del Grupo Roggio, en el que la Cámara Electoral dispuso que se lo cite para acreditar contar con fondos suficientes y que el aporte era a título personal, y no como un aporte indirecto de la empresa.

Otras dos personas físicas se destacan como donantes privados. Uno es el empresario de origen holandés Daniel Diego Van Lierde, propietario de la empresa Caleras San Juan y de la planta recicladora más grande del país, Cabelma PET, donde se recupera el plástico para nuevas botellas. Fue uno de los que primero aportó, $1.674.000, el 29 de julio. Lo hizo para la campaña legislativa en la Provincia de Buenos Aires apostando a un triunfo de María Eugenia Vidal.

El otro gran donante particular es Jorge Guillermo Stuart Milne, uno de los ex dueños del Banco Patagonia, quien también contribuyó para la campaña legislativa del oficialismo, pero en la Ciudad de Buenos Aires, con $1.640.000.

Exactamente el mismo monto – $ 1.640.000 – y con el mismo destino aportó María Luisa Bárbara Miguens, una de la principales contribuyentes de la campaña bonaerense de Cambiemos en 2017 (cuando había contribuido con $437.500).

Miguens es accionista de Central Puerto, la segunda generadora eléctrica del país, que tiene entre sus dueños al íntimo amigo del Presidente, Nicolás Caputo. La empresa, una de las más beneficiadas por las políticas energéticas del Gobierno, obtuvo una ganancia neta en 2018 de $17.519 millones, 231% más que el año anterior, según informó la propia firma en sus balances.

El empresario inmobiliario Eduardo Costantini también desembolsó     $1.670.000, a través de sus empresas Consultatio y Nordelta, para la campaña del oficialismo en territorio bonaerense.

Explotación de Campos y Montes del Río Bermejo -empresa del Grupo Bermejo, dedicado a la explotación forestal y los negocios agropecuarios- aportó apenas por debajo de ese límite, $1.674.000, también para la campaña del oficialismo en la Provincia de Buenos Aires.

La firma Control Unión Argentina SA de la familia Lacrase – dedicada a proveer servicios de control de garantías y filial local de la internacional Control Union World Group – figura con una contribución de $1.640.000 con el mismo destino. Uno de sus dueños es el empresario Félix Lacroze, subsecretario de Coordinación Administrativa del Ministerio de Educación. Es uno de los funcionarios más ricos del Gobierno, con un patrimonio declarado a fines de 2017, según su última declaración jurada disponible en la Oficina Anticorrupción, de casi $88 millones.

Con un monto ligeramente inferior – $1.500.000 – en el registro de la Cámara Electoral figura la agropecuaria Establecimiento Los Abuelos como donante de la campaña de Vidal en el Provincia para las PASO, que terminó perdiendo por 17 puntos frente a Axel Kicillof.

Otro aportante que se destaca, en este caso para la campaña presidencial de Macri, es la empresa cordobesa Tarjeta Naranja SA con $1.500.000.

La casa de cambio Maxinta SA, que también opera en el mercado bursátil con el nombre Maxinta Valores Sociedad de Bolsa, fue otro donante para las PASO legislativas del oficialismo en la Provincia de Buenos Aires, en su caso, con $1.000.000.

Alejandro Carlos Francisco Oxenford, conocido como Alec Oxenford, cofundador de las plataformas de OLX, Letgo, DineroMail y DeRemate, aportó la misma cifra -$1.000.000- con el mismo destino.

La empresa Grifería FV SA, en tanto, donó $700.000, y desde el sector financiero, Enrique Cristofani, presidente del banco Santander Río y uno de los banqueros de mejor sintonía con el Gobierno de Cambiemos, contribuyó con otros $500.000. Su colega Julio Patricio Supervielle, CEO del Grupo Supervielle, aportó a su vez $200.000.

Por su parte, Magdalena Vigil, de la familia del fundador de la editorial Atlántida que publica la revista Gente, y vicepresidente de la agropecuaria Membrillar SA, aportó $400.000. Vigil figuró como directora de una sociedad offshore registrada en Barbados, según los documentos revelados en la investigación de los Paradise Papers.

El empresario avícola Joaquín de Grazia, presidente de Granja Tres Arroyos, también aparece como aportante de $400.000 para la campaña en la Provincia.

Además de empresarios, aparecen funcionarios como el “lilito” Fernando Sánchez, secretario de Fortalecimiento Institucional de la Jefatura de Gabinete, que aportó $100.000.

Actualización en tiempo real

Las contribuciones de los donantes privados -tanto personas como empresas, identificados con su CUIT o CUIL- están por primera vez online en tiempo real, a medida que son informados por los propios aportantes. Bajo la modalidad de declaración jurada, además de declarar el monto, dejan constancia de su libre consentimiento y de no estar alcanzados por alguna de las prohibiciones de la ley de financiamiento político para hacerlo.

¿Por qué las personas o empresas tienen que declarar su contribución en la plataforma de la Cámara Electoral? ¿Qué pasa si no lo hacen? “Si no declara el aporte, el donante no tiene sanción. Pero el partido o la alianza no pueden utilizar ese aporte, ni tampoco consignarlo en la rendición de cuentas de la campaña que deben hacer 30 días después de las elecciones ante la Justicia Electoral. Si ese aporte no fue declarado, y fue usado o consignado, la agrupación puede ser sancionada tal como fija la ley“, le explicó Hernán Gonçalves Figueiredo, secretario de actuación judicial de la CNE, a Infobae. Esta situación es la que deriva en que sean las propias fuerzas políticas las que alienten a que sus donantes informen en la plataforma el dinero que les dan.

En la plataforma web de aportantes de la Cámara, las contribuciones están identificadas por la fecha en que son declaradas, si son de orden nacional o a qué distrito están destinadas, así como su destino: PASO Campaña Presidencial, PASO Campaña Legislativa, Generales Campaña Presidencial, Generales Campaña Legislativa, y Desenvolvimiento Institucional.

También debe consignarse si la donación se hizo vía transferencia electrónica o depósito bancario. Al informar la contribución, el aportante tiene que validar su identidad y adjuntar el comprobante electrónico de la transferencia o depósito bancario realizado.

El cuerpo de auditores de la Cámara Electoral cruzará luego los montos declarados y las fechas de los aportes de cada donante con los informes de financiamiento que deberán presentar los partidos y alianzas ante la Justicia, con fecha tope el 10 de septiembre próximo.

“Es una herramienta de transparencia novedosa para controlar las transferencias y aportes, y brinda más elementos para hacer las auditorías de los informes de financiamiento electoral”, agregó Gonçalves Figueiredo ante Infobae.

En esa auditoría, además, se chequea que los aportantes no estén alcanzados por alguno de los impedimentos fijados por la nueva ley de financiamiento político, la Nº 27.504.  En este sentido, Gonçalves Figueiredo aclaró que “no hay un control de los auditores en el momento en que se declara el aporte en la plataforma, sino luego al hacerse la auditoría de los informes de las agrupaciones“.

¿Cómo se procesó la información?

Los datos de aportantes a la presente campaña electoral fueron descargados por la Unidad de Datos de Infobae del registro público de la Cámara Nacional Electoral. Esta fuente de información se actualiza diariamente, a lo largo de cada jornada.

La información, originalmente en CSV (valores separados por comas), se estructuró en columnas y fue subida a Tableau Public para su visualización.

Si desea descargar la hoja de cálculo con los datos, haga clic en este enlace.