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El Papa Francisco criticó el “uso arbitrario de la prisión preventiva” y el “lawfare” contra los dirigentes políticos

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El Sumo Pontífice se refirió a los “abusos del poder punitivo” horas después de que el Congreso puso un límite a las prisiones preventivas.

Horas después de que el Congreso argentino limitara las prisiones preventivas, medida que podría beneficiar a varios ex funcionarios kirchneristas que están presos por corrupción, el Papa Francisco ​volvió a criticar el “uso arbitrario” de esa figura y denunció el “lawfare” contra “dirigentes políticos” sin hacer referencia a casos puntuales.

En un discurso a miembros de la Asociación Internacional de Derecho Penal, a los que recibió este viernes en el Vaticano, el Pontífice dio su visión sobre el “estado actual” de la materia y se enfocó en los “abusos del poder punitivo”.

“En nuestro encuentro anterior señalé con preocupación el uso arbitrario de la prisión preventiva. Lamentablemente, en los años transcurridos desde entonces, la situación se ha agravado en algunos países y regiones donde el número de detenidos sin condena ya supera ampliamente el cincuenta por ciento de la población carcelaria“, les dijo Francisco durante la reunión. Argentina está entre esos países.

“Este fenómeno contribuye al deterioro de las condiciones de detención y es causa de un uso indebido de destacamentos de policía y militares para esos fines“, lamentó el Papa, en un evento en el que estuvo presente, como único argentino, el jurista Roberto Carlés, quien en 2015 fue propuesto por Cristina Kirchner para integrar la Corte Suprema, aunque finalmente no logró acceder a ese cargo.

El encarcelamiento preventivo, cuando es impuesto sin que se verifiquen las circunstancias excepcionales que lo habilitan, o por un período excesivo, vulnera la presunción de inocencia y el principio según el cual todo imputado debe ser tratado como inocente hasta que una condena firme establezca su culpabilidad”, aseveró el sumo pontífice.

Francisco dedicó uno de los puntos de su discurso al denominado lawfare y planteó que se verifica periódicamente que se ha recurrido a imputaciones falsas contra dirigentes políticos, promovidas concertadamente por medios de comunicación, adversarios y órganos judiciales colonizados”.

“De este modo, con las herramientas propias del lawfare, se instrumentaliza la siempre necesaria lucha contra la corrupción con el único fin de combatir gobiernos que no son del agrado, retacear derechos sociales y promover un sentimiento de antipolítica del que solo se benefician quienes aspiran a ejercer liderazgos autoritarios”, denunció.

Como caso opuesto, según Bergoglio, “es curioso que la utilización de paraísos fiscales, instrumento al que se recurre para encubrir toda clase de delitos, no sea percibida como un hecho de corrupción y de criminalidad organizada”.

“En forma análoga, fenómenos masivos de captación de fondos públicos pasan desapercibidos o son minimizados como si se tratara de meros conflictos de interés”, aseveró.

En esa dirección, el Papa enmarcó su discurso considerando que “el capital financiero global es responsable no solo de graves delitos contra la propiedad sino también de delitos contra las personas y el ambiente”.

“Se trata de una auténtica criminalidad organizada que es responsable, entre otras cosas, del sobreendeudamiento de los estados soberanos y de la depredación de los recursos naturales de nuestro planeta”, planteó.

Frente a los participantes en el XX Congreso de la Asociación, Francisco agregó que “un elemental sentido de justicia impone que algunas conductas, de las que habitualmente son responsables las corporaciones, no queden impunes”, y enumeró “todas aquellas que pueden ser consideradas como ecocidas”.

“La contaminación masiva del aire, de los recursos de la tierra y del agua, la destrucción a gran escala de la flora y la fauna y toda acción con el potencial de causar un desastre ecológico o destruir un ecosistema“.

Según el pontífice, “por ecocidio debe entenderse la pérdida, daño o destrucción de ecosistemas de un territorio determinado, de modo que su goce por parte de sus habitantes haya sido o pueda verse severamente menoscabado”, por lo que “se trata de una quinta categoría de crímenes contra la paz que debería ser reconocida como tal por la comunidad internacional”, finalizó.

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