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Justicia

Cuáles son las causas por corrupción que involucran a Macri

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Cuando termine la feria judicial,  deberían reactivarse los expedientes. Por el fraude al Correo, los Macri deben unos 4.800 millones de pesos. En cambio, por las ventas privilegiadas de otras empresas durante su gobierno, las empresas ligadas al Presidente ganaron millones de dólares.

Dentro de ocho días, la justicia debería avanzar sobre los gravísimos casos de corrupción en los que está involucrado Mauricio Macri, su grupo empresario y los funcionarios que lo rodean. Los escándalos suman, como mínimo, 11.000 millones de pesos. Abarcan la deuda en el Correo –que data de 2001, hace 18 años–, en la que se intentó una maniobra para esconder y cancelar no menos de 4.800 millones de pesos. También figura la irregular compra de parques eólicos y la inmediata venta con una ganancia para la familia presidencial de 2.760 millones de pesos. En la maniobra tramposa utilizaron sociedades armadas incluso en Luxemburgo y un insólito préstamo de 5 millones de dólares al hermano presidencial. En el listado aparecen las manipulaciones con la participación del Grupo Macri en Ausol, la empresa más importante de peajes. De ese negociado se llevaron, también irregularmente, 2.300 millones de pesos, después de aumentar el peaje 250 por ciento, la acción que vendieron pasó de 4 pesos a 75,50 pesos. No menos escandalosa fue la venta de Macair (Macri Air) a Avianca, aceitada con la promesa del propio gobierno de Macri de otorgarle 36 rutas aéreas, lo que le permitió una ganancia adicional de 460 millones de pesos. Avianca hoy dejó de volar y hay 200 empleados que no cobran hace dos meses. En el paquete irregular entra también lo surgido de Panamá Papers, donde no se pueden explicar otros 460 millones de pesos transferidos entre sociedades fantasmas creadas por el Grupo Macri en Panamá, Bahamas, Brasil e Italia. Para tapar tantos casos de corrupción y evasión, el presidente contó con el respaldo del aparato de Comodoro Py, que en algunos casos se dedicó a enterrar directamente el escándalo y en otros casos hay expedientes abiertos en los que se vienen medidas de máxima importancia cuando termine la feria judicial.

Fraude en el Correo

Mauricio Macri, gobierno, y Mauricio Macri, Correo, fueron sorprendidos cuando, estando de los dos lados del mostrador, trataron de cancelar toda la deuda que el Grupo Macri traía de 2002 por cánones que nunca pagó. Lo que deben los Macri, como mínimo, suma unos 4.800 millones de pesos.

La jugarreta -en la que se interpuso la fiscal Gabriela Boquín– motivó una causa penal en la que fueron indagados, por el juez Ariel Lijo, el entonces titular del Ministerio de Comunicaciones, Oscar Aguad, el director de Asuntos Jurídicos de ese ministerio, Juan Mocoroa, el presidente del Correo (Grupo Macri), Jaime Cibils Robirosa, y el tradicional apoderado de los Macri, Jaime Kleidermacher. La indagatoria se concretó en marzo, hace más de cuatro meses, y sin embargo el magistrado todavía no resolvió los procesamientos por la maniobra que incluye los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública.

En paralelo, respecto de la deuda misma, el Grupo Macri ofreció pagar 296 millones, que es lo que debía en 2002, pero sin tener en cuenta por ahora los intereses y actualizaciones que sumarían más de 4.500 millones, aunque hay cálculos que estiman la cifra en mucho mayor.

El Grupo Macri dice que pagaría intereses y actualizaciones si le gana juicios al estado por la estatización del Correo. Se trata de otra maniobra, sobre todo teniendo en cuenta que algunos de esos juicios los empezó después de 2016, cuando ya negociaban con el actual gobierno.

La Procuración del Tesoro, en manos de un allegado al Grupo, el histórico abogado de los Macri, Bernardo Saravia Frías, tiene que responder sobre la burda oferta del Correo. Pero el caso va de escándalo en escándalo: la quiebra del Grupo Macri debió decretarse transcurridos dos años y el proceso ya lleva 18. Es el proceso de concursos y quiebras más largo de la historia argentina.

Estafa en el peaje II

Las maniobras con los peajes fueron asombrosas con el increíble aumento de las tarifas y la venta de acciones, pero hay una causa que ahora cobró vuelo. Antes de la feria judicial, el fiscal Carlos Stornelli impulsó la investigación contra Mauricio Macri por una maniobra previa a la venta de las acciones de Ausol –la que maneja la Panamericana–, empresa en la que el Grupo Macri tenía el siete por ciento. Como en el Correo, Macri estaba de los dos lados del mostrador: en la empresa y en el estado. El escándalo es de marca mayor, al punto que hasta a un fiscal como Stornelli, tan alineado con el gobierno y con Macri, lo obligó a abrir la causa.

Según denunciaron los diputados Tailhade, Moreau, Grana y Castagnetto, pocos días antes de asumir Macri, se armó a las apuradas una denuncia ante el CIADI, tribunal internacional del Banco Mundial, reclamándole al estado nacional la suma de 1.100 millones de dólares por atrasos tarifarios.

El gobierno de Macri accedió a pagarle a la empresa del Grupo Macri una reparación de 499 millones de dólares y utilizó la negociación del conflicto para concretar la renovación del contrato de peajes en la Panamericana, que era el verdadero objetivo.

El periodista Alejandro Bercovich reveló los datos de un expediente armado por la interventora de Ausol, Laura Andino, antes de la asunción del gobierno de Macri. La conclusión era que la empresa cubría con creces los costos y tenía uno de las rentabilidades más altas del país. De manera que la demanda en el CIADI era una trampa. El objetivo real fue cobrar la reparación de 499 millones de dólares y forzar la renovación.

La causa, que instruye el juez Rodolfo Canicoba Corral, tiene una testigo clave: la ex directora de Asuntos Legales de Vialidad Nacional Julieta Ripoll. La letrada estuvo en las primeras reuniones de negociación con Ausol y luego fue despedida de su cargo.

Las maniobras, entonces, estuvieron en el pago de la reparación, en la renegociación de la concesión, en los aumentos desmedidos de peajes y en la venta de las acciones. Si se hace un cálculo basado en que el Grupo Macri y el presidente se beneficiaron sólo con el siete por ciento de la maniobra –hay sospechas de que tienen mucha mayor participación–, al final del proceso se quedaron con más de 2300 millones de pesos, limpitos. La denuncia fue presentada por Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (Stvyara).

Estafa en los molinos

Hace un año y medio, en enero de 2018, se hizo la denuncia de que el Grupo Macri se quedó irregularmente con 48 millones de dólares en un pase de manos con parques eólicos. La causa la instruye el juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal es Eduardo Taiano. Hasta ahora no fue indagado nadie.

La empresa española Isolux Corsan, socia de los Macri en varios negocios, había ganado licitaciones por seis parques eólicos en Chubut durante el gobierno anterior. Sin embargo, estaba en crisis por las denuncias de corrupción en España. En la Argentina, había incumplido los compromisos de avanzar en los parques y sólo desarrolló uno, Loma Blanca IV. Para concretar el pase de manos, el histórico contador de los Macri, Mariano Payaslían, armó una serie de sociedades, tal como reveló en su momento la periodista Emilia Delfino, de Perfil. Esas sociedades compraron los parques eólicos en 25 millones de dólares.

Poco después, en 2017, Loma Blanca I, II, II se le vendieron a una empresa china, Goldwind, en 33 millones de dólares, mientras que Loma Blanca IV se vendió a una empresa del banquero Jorge Brito en 40 millones de dólares. Por la situación de créditos que tenían los españoles y por los términos de los pliegos, la venta de los parques requería autorización del Banco Nación y de Enarsa, ambos dependientes del gobierno. La falta de inversión también debió traducirse en la pérdida total de derechos de Isolux y la devolución de los parques al estado. Lo concreto es que la venta se permitió y en el pase de manos, el Grupo Macri se quedó con 48 millones de dólares.

A esta situación se sumó otra jugarreta. Isolux volvió a ganar una licitación en octubre de 2016 y consiguió los parques eólicos Miramar y Loma Blanca VI, también en Chubut. Las adjudicaciones fueron objetadas hasta por el ex ministro Juan José Aranguren, pero igual siguieron adelante. Lo cierto es que también esos parques fueron vendidos a sociedades vinculadas a Payaslian y terminaron en manos de la empresa china Goldwind. No se sabe cuándo dinero le quedó al Grupo Macri en esta última maniobra.

Según parece, las sociedades que compraron y vendieron los parques tienen accionistas escondidos en Luxemburgo y actúan bajo el nombre de la sociedad Rainbow Finances, que tiene siete socios. En el camino también aparecen dos cuentas del Grupo Macri en Estados Unidos.

Un detalle que agrava todavía más el cuadro, es que una de las sociedades sospechadas, Usir, le prestó 5 millones de dólares al hermano presidencial Gianfranco una maniobra inexplicable.

Los denunciantes son los diputados Tailhade y Doñate y los delitos son negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias y uso de información privilegiada.

Estafa aérea

La operación de venta de Macair (Macri Air) presenta ilegalidades e irregularidades por donde se la mire. Hay numerosas denuncias que habrá que ver si terminan de arrancar después de la feria. En Comodoro Py dicen que son causas pisadas. Están imputados el propio presidente Mauricio Macri, el secretario de la Presidencia, De Andreis, y numerosos funcionarios. Los delitos son asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias e irregularidades en la administración del espacio aéreo.

El grupo Macri vendió la aerolínea sabiendo que el mismo gobierno de Macri le adjudicaría rutas, que es un activo para cualquier línea aérea. En total se le adjudicaron 36 rutas por 15 años. El gremio de pilotos explicó que la venta se hizo por 10 millones de dólares, cuando Macair tenía sólo tres o cuatro aviones valuados, en total, en 1.200.000 dólares. El resto del valor tenía que ver con las rutas. Parece cantado que cuando se concretó la operación, en octubre de 2016, ya había una promesa de que se le otorgarían rutas, cosa que ocurrió en febrero de 2017.

En las denuncias queda en claro que la subsidiaria de Avianca no tenía ni siquiera la documentación en regla para adjudicarse rutas, al punto que entregó una garantía de la empresa Sinergy Aerospace, que se completó recién después de la adjudicación de rutas. El gremio de pilotos denunció la “adjudicación fraudulenta”.

Hoy en día la situación es de máxima gravedad. Avian suspendió sus vuelos 90 días, presentó un expediente de crisis y luego la convocatoria de acreedores. Hay 200 empleados que no cobran los sueldos desde hace cuatro meses y, por supuesto, no se hicieron los pagos de las cargas sociales. El rumor es que los que están detrás de Avián, colombianos–brasileños, no le pagaron la totalidad al grupo Macri, el gobierno le soltó la mano y la aerolínea entró en crisis.  

Pero lo asombroso de Comodoro Py no es sólo la velocidad con la que avanza en las causas contra el anterior gobierno, sino la habilidad para enterrar causas donde figura el nombre Macri. Sin embargo, esos expedientes podrían revivir cuando ya no exista la cobertura política y mediática que tienen hoy. Hay medios del mundo extrañados con el manejo de causas judiciales de envergadura.

El show de Panamá

Como se sabe, el 3 de abril de 2016 estalló el escándalo conocido como Panamá Papers, la filtración que sacó a la luz a miles de sociedades armadas por el estudio panameño Mossack Fonseca y que luego se usaron para mover dinero negro en paraísos fiscales. Esperaban encontrar sociedades y cuentas K, pero resulta que encontraron sociedades y cuentas M. En total, aparecieron unas 50 sociedades vinculadas a la familia Macri.

La causa judicial fue instruida por el juez Sebastián Casanello y por el fiscal Federico Delgado y giró entorno de dos sociedades, Fleg Trading y Kagemusha. Ninguna de las dos figuró nunca en declaraciones juradas de Mauricio Macri quien aparecía como director de ambas sociedades. El presidente alegó que no tenían movimiento y por lo tanto no requerían declaración alguna, pero en el camino aparecieron 9,3 millones de dólares que se movieron de Fleg Trading de Bahamas a Owners do Brasil, Socma (Sociedades Macri) do Brasil y Fleg Traders de Brasil y que, según parece, después terminaron en Italia, en el hotel Nuraghe Porto Rotondo, de Cerdeña, propiedad de un amigo de la familia, Giorgio Nocella.

El fiscal Delgado y el denunciante, el diputado Darío Martínez, dijeron que había que seguir investigando, pero el juez Casanello resolvió, tras un informe de la Unidad de Información Financiera, organismo alineado con el Poder Ejecutivo, que no había elementos para considerar el delito de lavado de dinero. El magistrado dictaminó que el caso se correspondía más con una evasión impositiva o, mejor dicho, una “omisión maliciosa” que es esconder un bien o una sociedad en las declaraciones impositivas. Con la ayuda del fiscal Germán Moldes, Macri logró zafar, básicamente echándole la culpa a su papá, Franco, quien –como siempre– se hizo cargo de todo diciendo que las sociedades las armó él y que Mauricio no jugó ningún papel.

La causa está hoy dormida en el fueron Penal Económico. El Süddeutche Zeitung, diario que encabezó el consorcio internacional de periodistas que hizo la investigación de Panamá Papers, se sorprendió por el trato blando que recibió Mauricio Macri en la cobertura periodística.

Como mínimo, en el caso Panamá Papers, hay 460 millones de pesos en danza y quedan por investigar las 50 sociedades armadas por el Grupo Macri en distintos lugares: Panamá, Luxemburgo, Londres, Italia, Brasil, Bahamas.

Estafa en el peaje

Las acciones de Autopistas del Sol (Ausol), que maneja la Panamericana, valían cuatro (4) pesos en enero de 2015. Cuando asumió Mauricio Macri, sabiendo que el presidente era la cabeza del grupo que tenía una parte de Ausol, la acción ya estaba en 14,50. A partir de ese momento, Macri le aumentó la tarifa de peajes a Ausol entre un 200 y 270 por ciento, dependiendo del horario, y, por consiguiente, la acción trepó a 75,50. En ese momento, el grupo Macri vendió el siete por ciento que tenía de participación en la empresa a un valor de 19,7 millones de dólares. Con la acción a 4 pesos, la venta hubiera sido por dos o tres millones de dólares.

Aún así, muchos dicen que la venta fue simulada y que la compradora, Natal Inversiones, no tenía la menor experiencia en peajes ni se dedicaba al rubro. A tal punto que tuvo que cambiar sus estatutos. De inmediato, se firmó la renovación de la concesión con un simulacro evidente: la rúbrica la puso Gabriela Michetti, para que Macri no quedara aún más expuesto. La acción subió entonces a 103 pesos.

Hubo denuncia presentada por Margarita Stolbizer, el fiscal Guillermo Marijuán pidió medidas y luego no quiso avanzar más: desestimó la denuncia.

Blanqueo

La Corte Suprema debe resolver si el diputado Felipe Solá está legitimado para cuestionar judicialmente el blanqueo de los familiares de Mauricio Macri y los demás funcionarios del gobierno, algo que el presidente modificó por decreto. La ley no impedía, igualmente, el blanqueo de los hermanos.

Sin embargo, varias cosas resultaron llamativas de los 622 millones de pesos blanqueados por Gianfranco Macri, hermano presidencial. En primer lugar, la desproporción con los bienes declarados por el mandatario, apenas 126 millones de pesos, o sea que Mauricio –mucho más importante que Gianfranco en las empresas– resultó ser infinitamente más pobre que su hermano.

Al mismo tiempo, Gianfranco le admitió al Consorcio Internacional de Periodistas que junto con otro hermano, Mariano, ocultaban cuatro millones de dólares, unos 170 millones de pesos a valores actuales, en la B.F. Corporation de Panamá, con cuenta en Suiza. El dinero había estado escondido en Hamburgo, pasó al país helvético y luego los hermanos aprovecharon el blanqueo.

Todo esto está, judicialmente hablando, todavía en la neblina.

Soterramiento, negocio y coima

El Grupo Macri, a través de Iecsa, se adjudicó una de las obras más importantes del país: el soterramiento del Sarmiento. El pliego incluía que el consorcio ganador debía garantizar el financiamiento, pero la alianza Odebrecht, Iecsa, la española Comsa y la italiana Ghella no consiguieron el dinero. Macri salió al rescate con un decreto de necesidad y urgencia, derivando 40.000 millones de pesos para financiar la obra.

En Brasil, mientras tanto, los ejecutivos de Odebrecht confesaron que pagaron coimas a funcionarios del anterior gobierno. El juez de la causa es Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal es Franco Picardi. Hasta el momento, el magistrado procesó a los ex funcionarios pero le dictó la falta de mérito a los empresarios, entre ellos el primo presidencial, Angelo Calcaterra. Sin embargo, pocos días antes de la feria, la propia AFIP pidió la indagatoria del familiar de Macri porque quedó en claro que Iecsa armaba contratos por servicios inexistentes y por esa vía, presuntamente, pagaba coimas. Ya se demostró la falsedad de un contrato entre el consorcio y una empresa española, DCS, y otro contrato entre Iecsa y otra consultora, CAESA.

La mano derecha del ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, admitió que hubo coimas, pero su testimonio no se homologó todavía. En Uruguay apareció una cuenta en la que supuestamente también se hicieron pagos: Jorge El Corcho Rodríguez es el apuntado por el fiscal, pero él afirma que nunca manejó esa cuenta en Montevideo, sino que fueron los propios ejecutivos uruguayos y brasileños. También hubo pagos a través de sociedades en Andorra y no deja de estar presente la sospecha de que funcionarios de las empresas decían que pagaban coimas pero se quedaban con el dinero y realizaban inversiones en Miami. De hecho, aparecen ejecutivos de Odebrecht con importantes propiedades escondidas en La Florida.

Todo el negociado del soterramiento está sospechado. Desde la licitación hasta el financiamiento y, por supuesto, el pago de coimas millonarias. 

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Justicia

El fiscal Marijuán dictaminó en contra de la liberación de Lázaro Báez en una causa y por ahora seguirá preso

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Sostuvo que todavía “puede entorpecer la investigación”. El empresario fue liberado en la ruta del dinero “K” y buscaba una resolución similar en otra causa por lavado de dinero

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Justicia

En qué consiste la reforma judicial que anunció Alberto Fernández

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Reorganizar la Justicia, redistribuir el sistema federal, poner en marcha el sistema acusatorio, son las claves del paquete. La Ley del Arrepentido, usada de forma grotesca por fiscales y jueces federales, es otra cuestión central.

El equipo del Ministerio de Justicia, encabezado por Marcela Losardo, está trabajando los proyectos de ley que integrarán el paquete sobre reforma judicial , pero ese paquete no se enviará para ser tratado en las sesiones extraordinarias antes de fin de año. Lo más probable es que se envíen a comienzos de 2020, tal vez para ser tratadas en las extraordinarias anteriores a la apertura de marzo. Como ya anticipó Página/12, uno de los ejes estará en poner en marcha el llamado sistema acusatorio, que le quita poder y protagonismo a los magistrados ya que la instrucción de los expedientes pasa centralmente a manos de los fiscales. Sin embargo, lo sustancial estará en una reorganización de la justicia y en una redistribución de todo el sistema federal. La ministra Losardo adelantó que también están estudiando la forma en la que se viene implementando la ley del arrepentido, que consideró que “funciona mal”.

La ministra confirmó los adelantos de este diario en diálogo con el programa La inmensa minoría de Radio con Vos, aunque dijo que el proceso podría ser más lento que lo adelantado por el presidente: “nuestro equipo está trabajando los proyectos que no son coyunturales sino de fondo y sobre los que buscaremos consensos”. Sucede que las sesiones extraordinarias inmediatas estarán destinadas a las emergencias, básicamente la sanitaria, alimentaria y económica.

En realidad, desde el punto de vista legislativo, poner en marcha el sistema acusatorio no requiere de ley porque ya está aprobada, pero la instrumentación no es sencilla. Por ahora sólo se puso plenamente en marcha en Salta porque el macrismo nunca quiso esa transformación: la coalición judicial-política-mediática alineada con Cambiemos estaba a sus anchas con los jueces de Comodoro Py y de ninguna manera iba a activar un sistema que le quita poder a esos magistrados.

En el sistema acusatorio el que protagoniza la instrucción es el fiscal: pone en marcha las pruebas, toma los testimonios, ordena las pericias. Luego formula la acusación. El juez controla el proceso y decide sobre las cuestiones claves: los pedidos de allanamiento o las detenciones que pide el fiscal. O sea que el fiscal acusa, el defensor defiende y el juez está en el medio controlando, proponiendo medidas cuando considera que el fiscal no las puso en marcha y resolviendo si procesa, si hay que seguir investigando sin procesar ni absolver o si absuelve.

Losardo afirmó que los magistrados no están tan en contra, pero cuando se puso en marcha el sistema en la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, hubo protestas públicas y en off the record de numerosos jueces. Es posible que, como dice la ministra, esta vez haya menos reacción porque el sistema está implementado en todas las justicias provinciales y rige en gran parte de los países. Es como un adelanto frente al cual hay pocos argumentos para resistirse. También Losardo insistió en que no se debe mirar sólo a Comodoro Py: “tenemos varios fueros. El contencioso administrativo, el penal económico, el civil y comercial federal. No todo es Comodoro Py”. Sin embargo, está claro que Alberto Fernández, en su discurso inaugural, fundó la necesidad de la reforma en las gravísimas maniobras e irregularidades que se produjeron en el edificio de Retiro, en connivencia con agentes de inteligencia y operadores judiciales.

Losardo también mencionó este miércoles la cuestión de la Ley del Arrepentido, otro instrumento usado de forma grotesca por los fiscales y jueces federales, según denunciaron algunos de los imputados a quienes le ofrecían la libertad si, por ejemplo, mencionaban a Cristina Fernández de Kirchner. La jugarreta se completaba con la falta de grabación de las declaraciones, de manera que se ocultaron las negociaciones ilegales con el fiscal en el caso de las fotocopias de los cuadernos. “Todos sabemos que funcionó mal. Estamos estudiando también eso, aunque no lo tenemos como uno de los primeros temas“, explicó la ministra.

La funcionaria reiteró lo dicho por el presidente respecto del abuso en las prisiones preventivas durante estos años. “Todos lo sabemos –dijo Losardo–. Está muy claro que si no hay peligro de fuga ni de entorpecimiento de la investigación, no hay razón para imponerle la prisión preventiva a alguien. Se llama justamente prisión preventiva, prevenir la fuga y el entorpecimiento. No puede ser una condena anticipada“.

Aunque no lo mencionó, parece cantado que en la reforma se incluirá el traspaso de la estructura de escuchas telefónicas. El macrismo se lo quitó a la Procuración porque quería sacárselas a Alejandra Gils Carbó, la procuradora que Mauricio Macri pretendía sacar de su cargo. Mediante un decreto, la estructura pasó a la Corte Suprema, ésta la puso en manos de Martín Irúrzun, camarista de Comodoro Py, y todo derivó en un festival de filtraciones y shows mediáticos, con la difusión de diálogos entre detenidos y sus abogados; entre maridos y esposas; padres e hijos y hasta la ex presidenta CFK con quien fuera secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli. Cristina lo sintetizó así: “Irurzun te escucha e Iruzun te detiene”. En todo el proceso, por supuesto, se metió la mano de la Agencia Federal de Inteligencia, a la que se acusa de haber intervenido en el reparto de las escuchas en los medios más cercanos al oficialismo.

El lugar central de la reforma tendrá que ver con la reorganización del sistema federal. Se menciona que las causas ya no serán sorteadas sólo entre los jueces federales sino entre todos los jueces penales, lo que en la ciudad de Buenos Aires significa que entrarán en los sorteos de los expedientes sobre corrupción, no ya los 12 magistrados del edificio de Retiro, sino los 70 jueces penales de CABA.

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Espionaje ilegal: D’Alessio fue aceptado como arrepentido por el fiscal

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El juez Alejo Ramos Padilla tiene que resolver si lo acepta. Las versiones indican que involucró a los dos comisarios que estuvieron contratados por la AFI, Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi; al supuesto contacto dentro del organismo, Pablo Pinamonti, a las diputadas de la Coalición Cívica y al fiscal Carlos Stornelli.

El fiscal Juan Pablo Curi aceptó este miércoles como arrepentido al falso abogado Marcelo D’Alessio . El acuerdo se firmó cerca de las 16 y se le envió minutos más tarde al juez Alejo Ramos Padilla. El magistrado tiene que resolver ahora si convalida el acuerdo entre el fiscal y el detenido. En el acta consta que “los elementos provistos por D’Alessio constituyen prueba verificable”, pero el abogado del imputado, Claudio Fogar –en diálogo con Página/12– se negó a revelar el contenido. Las versiones indican que involucró a los dos comisarios que estuvieron contratados por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi, al supuesto contacto dentro de la AFI, Pablo Pinamonti, a las diputadas de la Coalición Cívica y también al fiscal Carlos Stornelli. El próximo paso es que Ramos Padilla revise el texto y luego convocará a las partes a una audiencia, después de la cual tomará una decisión. Todo indica que, si el magistrado acepta el acuerdo, Fogar pedirá los beneficios de la ley, tal vez una excarcelación o una prisión domiciliaria.

Según los rumores que anoche circulaban en Dolores, el fiscal aceptó el arrepentimiento de D’Alessio en cuatro casos: la extorsión a Pedro Etchebest, el armado de una cámara oculta al abogado José Manuel Ubeira; el espionaje ilegal al ex marido de la actual esposa de Stornelli, el piloto Jorge Christian Castañón, y el armado de una declaración con falsedades en la causa del Gas Natural Licuado. Habrá que leer en detalle los dichos de D’Alessio para confirmar esas versiones que, por supuesto, complicarían claramente al fiscal Stornelli al menos en tres de los cuatro hechos. Por supuesto que hay otras maniobras ilegales en las cuales D’Alessio no confiesa delitos, pero habló de la estructura que respondía a Pinamonti y, según las versiones, también a un integrante de la mesa judicial de Cambiemos. El texto del arrepentido incluiría igualmente “trabajos” que le habrían encomendado legisladoras de la Coalición Cívica.

Curi aceptó a D’Alessio como arrepentido durante la tercera jornada de la declaración del falso abogado. El primer encuentro fue el lunes, día en el que declaró casi diez horas, luego el martes otras cuatro horas y el miércoles las cuatro horas decisivas. Todo fue registrado en video como exige la ley y a continuación se corrigió el acta, se firmó y de inmediato se envió al juzgado federal. A esa hora el magistrado estaba tomando examen –es profesor universitario– de manera que recién leerá el acuerdo durante este jueves.

D’Alessio es el primer arrepentido que acepta Curi lo que llevará indefectiblemente a poner sobre la balanza las razones de esa aceptación. El motivo más elemental y justo sería que el contenido de lo declarado por D’Alessio es revelador y que deja al descubierto la trama detrás de los delitos y el espionaje ilegal. Pero no puede esquivarse el razonamiento de que el cambio de gobierno jugó un papel: el fiscal tiene en claro que habrá un nuevo procurador y que, tarde o temprano, ese nuevo procurador evaluará su comportamiento. En los diez meses transcurridos desde el inicio de la causa, Curi más bien jugó a favor de Comodoro Py, amparado por el procurador Eduardo Casal. Sin embargo, está claro que el gobierno de Alberto Fernández tiene los votos en el Senado para conseguir el acuerdo para designar un nuevo procurador y es evidente que ese funcionario mirará en detalle lo hecho por Curi en lo que constituye un expediente de importancia trascendental: la causa de Dolores es un resumen del accionar que el presidente denunció desde el primer día.

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