El fiscal Delgado y el denunciante, el diputado Darío Martínez, dijeron que había que seguir investigando, pero el juez Casanello resolvió, tras un informe de la Unidad de Información Financiera, organismo alineado con el Poder Ejecutivo, que no había elementos para considerar el delito de lavado de dinero. El magistrado dictaminó que el caso se correspondía más con una evasión impositiva o, mejor dicho, una “omisión maliciosa” que es esconder un bien o una sociedad en las declaraciones impositivas. Con la ayuda del fiscal Germán Moldes, Macri logró zafar, básicamente echándole la culpa a su papá, Franco, quien –como siempre– se hizo cargo de todo diciendo que las sociedades las armó él y que Mauricio no jugó ningún papel.

La causa está hoy dormida en el fueron Penal Económico. El Süddeutche Zeitung, diario que encabezó el consorcio internacional de periodistas que hizo la investigación de Panamá Papers, se sorprendió por el trato blando que recibió Mauricio Macri en la cobertura periodística.

Como mínimo, en el caso Panamá Papers, hay 460 millones de pesos en danza y quedan por investigar las 50 sociedades armadas por el Grupo Macri en distintos lugares: Panamá, Luxemburgo, Londres, Italia, Brasil, Bahamas.

Estafa en el peaje

Las acciones de Autopistas del Sol (Ausol), que maneja la Panamericana, valían cuatro (4) pesos en enero de 2015. Cuando asumió Mauricio Macri, sabiendo que el presidente era la cabeza del grupo que tenía una parte de Ausol, la acción ya estaba en 14,50. A partir de ese momento, Macri le aumentó la tarifa de peajes a Ausol entre un 200 y 270 por ciento, dependiendo del horario, y, por consiguiente, la acción trepó a 75,50. En ese momento, el grupo Macri vendió el siete por ciento que tenía de participación en la empresa a un valor de 19,7 millones de dólares. Con la acción a 4 pesos, la venta hubiera sido por dos o tres millones de dólares.

Aún así, muchos dicen que la venta fue simulada y que la compradora, Natal Inversiones, no tenía la menor experiencia en peajes ni se dedicaba al rubro. A tal punto que tuvo que cambiar sus estatutos. De inmediato, se firmó la renovación de la concesión con un simulacro evidente: la rúbrica la puso Gabriela Michetti, para que Macri no quedara aún más expuesto. La acción subió entonces a 103 pesos.

Hubo denuncia presentada por Margarita Stolbizer, el fiscal Guillermo Marijuán pidió medidas y luego no quiso avanzar más: desestimó la denuncia.

Blanqueo

La Corte Suprema debe resolver si el diputado Felipe Solá está legitimado para cuestionar judicialmente el blanqueo de los familiares de Mauricio Macri y los demás funcionarios del gobierno, algo que el presidente modificó por decreto. La ley no impedía, igualmente, el blanqueo de los hermanos.

Sin embargo, varias cosas resultaron llamativas de los 622 millones de pesos blanqueados por Gianfranco Macri, hermano presidencial. En primer lugar, la desproporción con los bienes declarados por el mandatario, apenas 126 millones de pesos, o sea que Mauricio –mucho más importante que Gianfranco en las empresas– resultó ser infinitamente más pobre que su hermano.

Al mismo tiempo, Gianfranco le admitió al Consorcio Internacional de Periodistas que junto con otro hermano, Mariano, ocultaban cuatro millones de dólares, unos 170 millones de pesos a valores actuales, en la B.F. Corporation de Panamá, con cuenta en Suiza. El dinero había estado escondido en Hamburgo, pasó al país helvético y luego los hermanos aprovecharon el blanqueo.

Todo esto está, judicialmente hablando, todavía en la neblina.

Soterramiento, negocio y coima

El Grupo Macri, a través de Iecsa, se adjudicó una de las obras más importantes del país: el soterramiento del Sarmiento. El pliego incluía que el consorcio ganador debía garantizar el financiamiento, pero la alianza Odebrecht, Iecsa, la española Comsa y la italiana Ghella no consiguieron el dinero. Macri salió al rescate con un decreto de necesidad y urgencia, derivando 40.000 millones de pesos para financiar la obra.

En Brasil, mientras tanto, los ejecutivos de Odebrecht confesaron que pagaron coimas a funcionarios del anterior gobierno. El juez de la causa es Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal es Franco Picardi. Hasta el momento, el magistrado procesó a los ex funcionarios pero le dictó la falta de mérito a los empresarios, entre ellos el primo presidencial, Angelo Calcaterra. Sin embargo, pocos días antes de la feria, la propia AFIP pidió la indagatoria del familiar de Macri porque quedó en claro que Iecsa armaba contratos por servicios inexistentes y por esa vía, presuntamente, pagaba coimas. Ya se demostró la falsedad de un contrato entre el consorcio y una empresa española, DCS, y otro contrato entre Iecsa y otra consultora, CAESA.

La mano derecha del ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, admitió que hubo coimas, pero su testimonio no se homologó todavía. En Uruguay apareció una cuenta en la que supuestamente también se hicieron pagos: Jorge El Corcho Rodríguez es el apuntado por el fiscal, pero él afirma que nunca manejó esa cuenta en Montevideo, sino que fueron los propios ejecutivos uruguayos y brasileños. También hubo pagos a través de sociedades en Andorra y no deja de estar presente la sospecha de que funcionarios de las empresas decían que pagaban coimas pero se quedaban con el dinero y realizaban inversiones en Miami. De hecho, aparecen ejecutivos de Odebrecht con importantes propiedades escondidas en La Florida.

Todo el negociado del soterramiento está sospechado. Desde la licitación hasta el financiamiento y, por supuesto, el pago de coimas millonarias.