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Justicia

Condenaron al pediatra Ricardo Russo a 10 años de prisión

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El ex jefe de Inmunología y Reumatología del Hospital Garrahan, Ricardo Russo , fue condenado a 10 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer su profesión por distribución, tenencia y producción de pornografía infantil.

El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 6 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Gonzalo Rúa, dio por acreditado que Russo “puso a disposición y falicilitó a terceros 270 archivos de video con contenido de explotación sexual infantil” desde una computadora de su domicilio. “Cada imagen es un abuso de menores”, puntualizó el magistrado.

Además, consideró que no tiene dudas en que fue Russo quien descargó esos archivos y que “sabía lo que descargaba”. “Descarto que pudo haberse tratado de un error porque los nombres del archivo son bien claros”, subrayó al destacar también que “no es cierto” que nunca los haya visto. “Usted sí sabía que bajaba archivos de abuso infantil”, leyó desde el estrado, al recordar que Russo había intentado cubrir la situación y pedido que no le dijeran nada a su esposa cuando la Policía allanó su domicilio.

Con su celular tomó 39 fotos

En este punto también hizo referencia al descubrimiento de los peritos de al menos 39 fotos tomadas con su celular “a partes íntimas de menores de edad”, además de que quedaron probadas al menos 14 mil búsquedas realizadas por el médico en el programa de transferencia en cuestión.

“Soy inocente. Lo que pasó en el consultorio tiene que ver con la medicina”, había intentado defenderse ayer el médico durante la última audiencia antes de la sentencia. Russo fue detenido en el estacionamiento del propio hospital pediátrico en la tarde del pasado 28 de mayo, seis meses después de que un allanamiento en su domicilio particular diera como resultado el secuestro de material vinculado a la investigación.

El hecho provocó conmoción: entre ese material había dos notebooks con un total de 778 archivos de imagen y 69 archivos con contenido de pornografía infantil.

El Hospital Garrahan aclaró entonces que no había sido notificado ni por la Policía ni por el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, de que se llevaba adelante una investigación: recién lo supo el día de la detención.

Lo insólito de la situación fue que el pediatra había tomado fotos de chicos en el propio hospital, según determinó la investigación.

La reacción inmediata del Garrahan

La reacción inmediata de las autoridades del Garrahan tras la detención de Russo fue instruir un sumario administrativo y apartar sus funciones al profesional. “La comunidad hospitalaria se encuentra profundamente conmovida”, sostuvo en aquel momento la administración que encabeza Carlos Kambourian.

De 57 años, Russo llevaba once años dirigiendo el servicio de inmunología y reumatología pediátrica y 23 como médico del Hospital. La investigación judicial detectó que en agosto de 2018, Russo compartió unos 270 videos de pornografía infantil a través de la plataforma eMule. Tres meses después el médico subió a la misma red siete videos que contenían imágenes de niñas de entre 8 y 12 años en actos sexuales explícitos o con tomas de sus genitales.

Cuatro días después se realizó el allanamiento a su domicilio que terminó con el secuestro de abundante material probatorio, entre el que se destacan nueve fotografías que habrían sido tomadas a dos niñas de entre 6 y 10 años “en el interior del Garrahan”.

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Justicia

Marcelo D’Alessio y la jugarreta del arresto domiciliario

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El falso abogado argumenta que en el penal de Ezeiza corre riesgo a su vida. Pide volver a su casa del lujoso country Saint Thomas, donde al momento de ser detenido ya intentó quedarse a cambio de “contar todo”.

En una nueva jugarreta, el falso abogado Marcelo D’Alessio pidió que le otorguen el beneficio del arresto domiciliario con el argumento de que tiene miedo de que lo maten en prisión ahora que pretende declarar como arrepentido. El razonamiento es que en la cárcel de Ezeiza corre más peligro que en su vivienda del lujoso country Saint Thomas de la localidad de Canning. En verdad este pedido ya lo hizo, a los gritos, en el momento en que el juez Alejo Ramos Padilla allanó su mansión y le dijo, en persona, que ordenaría su detención: “Dejame acá, yo te cuento todo”, intentó negociar D’Alessio. Hoy por hoy, el falso abogado está a la expectativa de su cita del 3 de diciembre con el fiscal Juan Pablo Curi.

La realidad es que hasta el momento no hubo ningún tipo de incidente ni agresión ni mucho menos muerte relacionada con los arrepentidos o con los que se pasaron de bando. Pero se caía de maduro que D’Alessio iba a usar la oportunidad de pedir el arresto domiciliario.

Lo cierto es que en Ezeiza la pasa muy mal: está alojado en el hospital penitenciario y prácticamente no sale al patio. Las autoridades del penal alegan que no lo pueden poner en el pabellón donde están los detenidos a los que les armó causas judiciales y tampoco lo pueden alojar donde están los presos comunes con antecedentes de violencia.

Una idea que surgió fue mandarlo al pabellón de los presos por delitos de lesa humanidad. Sucedió que los ex uniformados no lo admitieron: “No aceptamos a tipos que no tienen códigos”, fue la insólita respuesta de quienes tienen en sus espaldas asesinatos, torturas y robos de bebés.

La alternativa fue el hospital, pero las condiciones en las que está son malas. Casi no sale al patio interno que tiene el pabellón sanitario y, cuando lo hace, le gritan de todo desde los otros pabellones. El remedio que encontró fue ponerse auriculares y trotar sin escuchar lo que le gritan.

En principio, parece difícil que el juez Alejo Ramos Padilla acepte el pedido de prisión domiciliaria, con pulsera electrónica, formulado por Claudio Fogar, abogado de D’Alessio. De todas maneras le pidió al Servicio Penitenciario Federal que informe de las condiciones de detención del abogado trucho. También está la posibilidad de que D’Alessio sea alojado en Dolores después de su declaración de diciembre, según reportó la periodista de Tribunales, Vanesa Petrillo.

En principio Ramos Padilla no querrá mover nada al menos antes de que se complete el trámite que se inició con el pedido de D’Alessio de declarar como arrepentido. El fiscal Juan Pablo Curi, que es quien tiene que aceptar como valiosa la declaración de D’Alessio, ha sido más bien renuente a aceptar arrepentidos. Es un expediente en el que Curi jugó a favor de Comodoro Py y puso obstáculos en buena parte de los avances de la causa. En forma reiterada el fiscal pidió que Ramos Padilla deje la investigación en manos de un juez de Comodoro Py, pero su pretensión fue rechazada por el magistrado y por la Cámara de Mar del Plata, que supervisa el caso.

El 3 de diciembre, D’Alessio será trasladado desde Ezeiza a Dolores y ahí declarará ante Curi. Como se sabe, Ramos Padilla fue exigente en que se cumpla con la ley que obliga a grabar esas declaraciones de manera que no haya margen para negociaciones espúreas del estilo de “decime tal cosa o tal otra y a cambio te doy tal beneficio”.

Lo decisivo serán las pruebas que pueda aportar D’Alessio para respaldar sus dichos. En su casa se encontraron membretes falsos de la Embajada de Estados Unidos y del Ministerio de Defensa de Israel, así como placas falsas de la DEA y sirenas apócrifas de las que se ponen arriba de los patrulleros. O sea que D’Alessio tiene un largo historial del truchadas, combinado con reales extorsiones, causas armadas, espionaje ilegal y vínculos con la Agencia Federal de Inteligencia.

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Justicia

Postergaron el cierre de tres denuncias contra el juez Bonadio en el Consejo de la Magistratura

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El oficialismo en el Consejo de la Magistratura de la Nación no pudo esta mañana lograr la desestimación de tres denuncias por presunto mal desempeño contra el juez federal Claudio Bonadio por cómo instruyó diferentes causas a su cargo. Entre otros expedientes, este magistrado llevó adelante la causa de los cuadernos de las coimas, la de “Los Sauces”, la llamada “dólar futuro” y la del Memorándum de Entendimiento con Irán, en las cuales procesó a la vicepresidente electa Cristina Kircher, e incluso pidió su prisión preventiva, medida que no se concretó porque cuenta con fueros como senadora.

Dos de esas denuncias fueron presentadas en 2017 por dos de los hombres que le cuidan las espaldas a la ex presidenta: Carlos Alberto Beraldi, abogado de la ex presidenta, y por Oscar Parrilli, ex secretario general de la Presidencia durante el kirchnerismo y senador electo del Frente de Todos. Ambos habían pedido el enjuiciamiento y destitución del magistrado por mal desempeño.

La desestimación de esos dos expedientes contra el juez más cuestionado por el kirchnerismo ya había sido impulsada en septiembre por el entonces consejero del Poder Ejecutivo Nacional, Juan Bautista Mahiques, quien actuó como instructor de la investigación. Mahiques dejó el Consejo el pasado 29 de octubre al jurar como fiscal general de la Ciudad y fue reemplazado por Facundo Bargalló Benegas, quien hizo suyos esos dictámenes desestimatorios.

Pero su aprobación en la Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo se postergó una vez más por pedido del consejero académico Diego Molea, que suele ser crítico de posiciones del oficialismo en el Consejo. Molea advirtió que había “medidas de prueba en curso, pedidas y aprobadas por la propia Comisión”. Puntualmente dijo que no habían llegado copia de los expedientes en los que se cuestionaba la actuación de Bonadio.

El vicepresidente de la Comisión de Acusación, el diputado del PRO Pablo Tonelli, defendió el cierre de las causas ya que Bonadio había informado que “no contaba con copia de los expedientes”, por haber sido elevados a juicio, y que esos dictámenes desestimatorios ya habían sido postergados en una reunión anterior.

Por su parte, Bargalló Benegas destacó que los cuestionamientos a Bonadio “se refieren a decisiones del juez ya revisadas por el tribunal de alzada”, en referencia a la Cámara Federal, lo que era “suficiente” para avanzar en la votación de la desestimación.

Diego Molea (Consejo de la Magistratura)

Diego Molea (Consejo de la Magistratura)

Pero al planteo de Molea de esperar a poder analizar los expedientes en cuestión, se sumaron el consejero juez Alberto Lugones y el senador peronista Mario Pais. “Si votamos como Comisión una medida de prueba, debemos agotar los medios para conseguirla”, advirtió el legislador opositor. Este reclamo forzó a Tonelli a aceptar una nueva postergación.

La de hoy fue probablemente la última reunión de la Comisión de Acusación con la actual composición del Consejoen la que el actual oficialismo logró mantener una ajustada mayoría de 7 votos sobre 6 en las votaciones en el plenario. A partir del 10 de diciembre, se invertirán los números, ya que cambiará el representante del Poder Ejecutivo con la llegada de Alberto Fernández a la Casa Rosada.

Ninguno de los dos expedientes tuvo casi movimientos y se apuran a proponer su desestimación cuando se están yendo”, se quejaron por lo bajo desde el bloque “opositor” en el Consejo. “Solo en ese apuro –analizaron- se entiende la protección que busca garantizarle el Gobierno a Bonadio”, el magistrado a cargo de la causa que reveló una práctica institucionalizada durante el kirchnerismo de cobro de coimas a empresarios a cambio de contratos con el Estado.

La tercera denuncia contra Bonadio que no fue cerrada en la reunión de Comisión de esta mañana la formuló el año pasado la mujer y el hijo de Gerardo Ferreyra, titular de Electroingeniería, Myriam Cohen y Luis Sebastián Ferreyra. Su desestimación había sido pedida por el consejero juez Juan Manuel Culotta, cercano a las posiciones del actual oficialismo.

El empresario kirchnerista fue procesado por Bonadio y estuvo detenido con prisión preventiva en la causa de los cuadernos por 14 meses. Fue excarcelado el mes pasado por la Cámara Federal, con la causa de los cuadernos ya elevada a juicio oral.

La denuncia la formularon su mujer e hijo por presunta “privación ilegal de la libertad”, “violación de los deberes de funcionario público”, “abuso de autoridad” y “prevaricato” por parte de Bonadio, por el tiempo que el empresario estuvo detenido con prisión preventiva “sin auto de mérito alguno, y a las resultas de una investigación errática y ficcional”. La misma denuncia presentaron ante sede penal, pero fue desestimada por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, decisión confirmada por la Cámara Federal y la de Casación.

La causa que sí se cerró

A esas dos presentaciones de Beraldi y Parrilli, y la de la familia de Ferreira, se agregó un pedido de cerrar una cuarta denuncia formulada contra Bonadio por los abogados Federico Paurolo, Lisandro Teszkiewicz y Adrián Albor también en 2017. Su desestimación fue pedida por Tonelli, y esta sí fue aprobada hoy en la Comisión.

Los letrados lo había acusado de “persecución política” y “avasallamiento de la privacidad de las personas” – en el marco de los allanamientos dispuestos por Bonadio por los incidentes que tuvieron lugar cuando se trató en el Congreso la reforma previsional en diciembre de 2017-, por haber ordenado secuestrar, entre otras cosas, “panfletos… banderías y propagandas políticas (ropa, papeles, etc.), elementos cortantes, llaves falsas o ganzúas y todos los elementos útiles para la pesquisa, debiéndose obtener fotografías de los mismos”.

También de haber desconocido “la garantía del pleno ejercicio de los derechos políticos, la creación de los partidos políticos y el ejercicio de sus actividades, su organización y funcionamiento democrático“ y hacer “un uso ilegal e indiscriminado de los allanamientos, que tienen un carácter restrictivo, de acuerdo con el art. 224 del CPPN, y únicamente se encuentran permitidos ante situaciones graves, excepcionales e indispensables para la investigación de un delito”

Otros expedientes abiertos

Estos expedientes no son las únicos que tiene Bonadio en el Consejo. Hay otros cuatro abiertos en el Consejo contra el magistrado. Uno se abrió por otra denuncia de Beraldi –bajo el número 150/18- que también estaba en manos de Mahiques y ahora la tiene Bargalló Benegas. Otra denuncia la presentó el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten y está a cargo de Graciela Camaño, que también tiene la iniciada por la abogada Natalia Salvo en representación del empresario agropecuario denunciante de una trama de espionaje y extorsión Pedro Etchebest.

La última es del juez Juan Ramos Padilla, abogado de su hijo, el magistrado federal de Dolores Alejo Ramos Padilla, a cargo de la causa del falso abogado Marcelo D’Alessio, detenido por espionaje ilegal y extorsión, que también está en manos de Culotta. Ramos Padilla padre cuestionó a Bonadio por el manejo de las escuchas telefónicas de la “Operación Puff”, que revelaban que presos kirchneristas habrían estado al tanto de la denuncia que haría el empresario Pedro Etchebest en el Juzgado de Dolores para desacreditar la investigación de la causa de los cuadernos e intentar apartar al fiscal Carlos Stornelli y al juez Bonadio.

Los argumentos de las denuncias

Beraldi lo denunció a Bonadio por su actuación en la causa conocida como “Los Sauces”, en la que el magistrado procesó a Cristina Kirchner por asociación ilícita y lavado de dinero. Lo hizo al acusarla de simular alquileres de propiedades de la familia Kirchner para encubrir retornos de parte de empresarios contratistas del Estado.

El abogado advirtió que el magistrado “removió a quien se desempeñaba como administrador de la sucesión del doctor Néstor Carlos Kirchner y, atribuyéndose facultades exclusivas de un juez con competencia civil, designó un interventor judicial para administrar los bienes del acervo hereditario, pese a que éstos no tendrían vinculación con el objeto procesal de la referida causa penal”.

Cristina Kirchner en Comodoro Py

Cristina Kirchner en Comodoro Py

El abogado de la ex presidenta también objetó que los interventores de la inmobiliaria Los Sauces S.A y de la sucesión de Néstor Kirchner “habrían cometido faltas gravísimas que ameritaban su apartamiento, sin embargo las mismas fueron consentidas y avaladas por el doctor Bonadio, dejando al descubierto que el verdadero propósito de las medidas ordenadas habría sido causar perjuicios a la familia Kirchner“.

Beraldi cuestionó asimismo al juez porque ordenó detener en abril de 2017 a Manzanares, “ignorando por completo la pormenorizada explicación dada por el imputado” e “invocando una supuesta maniobra dirigida a obstruir la labor de la justicia y entorpecer la investigación en curso“.

En opinión del letrado -designado en ese momento por el histórico contador de los Kirchner como su defensor-, su detención en Santa Cruz “estuvo dirigida a producir un alto impacto en la opinión pública”. En ese sentido cuestionó que, pese a “la urgencia con la que se dispuso”, su traslado a la ciudad de Buenos Aires se produjo varios días después.

Beraldi también consignó que denunció a Bonadio en la Justicia penal por su actuación en este expediente, causa que recayó en el Juzgado Federal Nº5, subrogado en ese momento por Marcelo Martínez De Giorgi. Sin embargo, este magistrado desestimó la denuncia ya que se trataba de “cuestiones netamente procesales” que debían en todo caso ser planteadas en la causa original para su revisión por instancias superiores. Esa decisión fue luego confirmada por la Sala I de la Cámara Federal y la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal.

El letrado también cuestionó el accionar del juez en la llamada causa “Dólar futuro”, en la que la ex mandataria fue procesada por defraudación a la administración pública. Beraldi consideró que en ambos expedientes el juez “habría adoptado medidas abusivas y arbitrarias en relación con el patrimonio de la familia Kirchner”.

Parrilli, en tanto, denunció a Bonadio por la causa en el que lo procesó -junto a la ex titular de la Casa de la Moneda Katya Daura- por defraudación a la administración pública por los fondos destinados a un libro laudatorio de los logros del kirchnerismo que finalmente nunca se publicó, pero el Estado nunca recuperó el dinero.

Los motivos del pedido de la desestimación

En los fundamentos para rechazar las denuncias que finamente hoy no se cerraron, los distintos consejeros coincidieron en la histórica posición del Consejo de no enjuiciar a los magistrados por el contenido de sus sentencias, y en destacar que las presentaciones efectuada por los denunciantes, responden a “una mera disconformidad con el criterio sostenido por el magistrado a cargo de la instrucción en el expediente“.

También señalaron en los dictámenes que piden la desestimación que “en el juicio político se juzga institucional y administrativamente la inconducta o la incapacidad de los jueces, no la dirección de sus actos o el criterio que informa sus decisiones en la interpretación de la ley”.

Y concluyeron que “el Consejo de la Magistratura de la Nación limita sus facultades disciplinarias a cuestiones relacionadas con la eficaz prestación del servicio de justicia, no pudiendo ejercer, directa o indirectamente, la jurisdicción”, ya que esto “implicaría ejercer una suerte de revisión jurídica del criterio” adoptado por un juez.

Las denuncias contra Canicoba Corral

En la reunión de hoy, también se postergó el pedido del consejero y abogado radical Juan Pablo Más Vélez de cerrar cuatro expedientes contra el juez federal Rodolfo Canicoba Corral por presunto enriquecimiento ilícito, su vinculación de inmuebles millonarios, la supuesta recepción de sobresueldos, y por su actuación en la causa del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU). En este último expediente, el magistrado dispuso el procesamiento y detención de su ex titular del sindicato Omar “Caballo” Suárez, uno de los que luego lo denunció en el Consejo.

Las denuncias fueron presentadas, además, por el consejero Tonelli, el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López, y el contador forense Alfredo Popritkin. Como Más Vélez consideró que las causas eran conexas, acumuló los cinco expedientes y tomó medidas de prueba en los últimos diez meses. Se libraron oficios a los organismos públicos como la AFIP, el Renaper, al Banco Central y a la Dirección Nacional de Migraciones, entre otros.

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Abuso Sexual

Pidieron 45 años de cárcel para los curas abusadores del Instituto Próvolo

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Luego de un proceso de tres meses que alcanzó más de 40 audiencias, el Ministerio Público Fiscal de Mendoza finalmente pidió las penas para los curas del Instituto Antonio Próvolo acusados de abusar y corromper niños sordos: 45 años de prisión para los sacerdotes Nicola Corradi y Horacio Corbacho; de 22 años y medio para el ex jardinero Armando Gómez.

Poco antes del mediodía, el fiscal Alejandro Iturbide culminó sus alegatos que habían comenzado ayer en el Tribunal Penal Colegiado Nº2 de Mendoza, en la capital provincial. Iturbide se explayó de forma cronológica sobre cada uno de los episodios por los que llegaron al primero de los juicios por los abusos eclesiásticos.

La pena máxima por estos delitos es de 50 años. La Fiscalía solicitó 45 años para los sacerdotes; considerando que -en el caso de Corbacho- contaba con la mayor cantidad de imputaciones. Respecto a Corradi, aunque tiene menos imputaciones en su contra, 6 en total, Iturbide recordó era el regente del instituto y quien comandaba todo lo que acontecía en el instituto religioso.

Familiares de las víctimas en una protesta durante el juicio.

Familiares de las víctimas en una protesta durante el juicio.

Para Gómez, quien es sordo, el pedido de pena fue menor, exactamente la mitad de la que se pidió para los curas: el fiscal tuvo en cuenta entre los atenuantes que se trata de una persona analfabeta, de poca instrucción y claramente influenciable. Según informó el diario mendocino Los Andes, un joven de 27 años que estuvo en la escuela religiosa entre el 2011 y el 2013, advirtió en el juicio que Gómez, a quien se refirió como “Pilo”, guardaba entre sus pertenencias prendas íntimas de algunos de los estudiantes de la institución. Otro alumno declaró que fue violado al menos 8 veces mientras estuvo en el instituto, en ocasiones hasta llegaba a desmayarse por el dolor que sufría durante esos ataques.

Durante su declaración -registrada en 2017, que duró más de 4 horas y media- el joven también relató otra ocasión en que fue violado por el también cura Corbacho.

El ex jardinero Gómez (@NacionalMza)

El ex jardinero Gómez (@NacionalMza)

Corbacho llegó al juicio con 16 imputaciones por abusos sexuales (simples y agravados), mientras que Corradi y Gómez contabilizaban 6 cada uno.

El juicio comenzó el 5 de agosto pasado e involucra a los primeros involucrados de todo el caso (quienes integran la causa inicial). En total, más de 20 ex alumnos denunciaron haber sido abusados y atacados mientras estudiaron en el Próvolo.

El 25 de noviembre se cumple 3 años desde que salieron a la luz las primeras denuncias por abusos sexuales contra chicos y chicas sordos y sordas en el instituto. Esas denuncias terminaron por constituir uno de los escándalos de abuso eclesiástico más importantes de la historia argentina. Es casi un hecho de que el tercer aniversario del Caso Próvolo llegará con sentencia en el primero de los juicios.

Tras culminar los alegatos del fiscal, comenzarán ahora los de los abogados querellantes (divididos en dos grupos); y luego será el turno de la defensa.

La sentencia podría conocerse la semana próxima.

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