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Justicia

Stornelli anunció que se presentará ante Ramos Padilla

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Sin protección política, el fiscal lo comunicó ante la Procuración General. Todavía resta que lo haga ante el juzgado de Dolores donde lo investigan por su relación con el falso abogado Marcelo D’Alessio.

El fiscal federal Carlos Stornelli anunció ante la Procuración General que se presentará a la declaración indagatoria ante el juez federal Alejo Ramos Padilla que eludió durante casi ocho meses, con faltazos a seis citaciones en la causa donde se investiga una trama de espionaje con mezcla de actores políticos, judiciales y de inteligencia estatal y para estatal. Parte del argumento, que dejó trascender, es que ya elevó a juicio la causa de los cuadernos, ya que él considera que la causa que tramita en Dolores pretendía debilitar aquella. Lo cierto es que después de las PASO quedó claro que empezaba a perder protección política y, como informó Página/12, ya está en condiciones de emitir su dictamen el consejo evaluador de cinco fiscales que podría propiciar su juicio político.

Por ahora, el abogado de Stornelli, Roberto Ribas, informó la decisión a la Procuración, ante la secretaría que se ocupa de los asuntos disciplinarios a cargo de Juan Casanovas. Sin embargo, aún no lo hizo ante el juez Alejo Ramos Padilla y esa comunicación se realizaría en las próximas horas para que le fijen una fecha para la indagatoria. La primera citación al fiscal federal se remonta al 27 de febrero, y la declaración de rebeldía es del 28 de marzo. A Stornelli se le imputan al menos ocho hechos de espionaje ilegal, que lo vinculan con el falso abogado Marcelo Sebastián D’Alessio, algunos de los cuales guardan relación con causas judiciales y otros no.

El anuncio del fiscal rebelde coincide con la inminente decisión del consejo evaluador de la Procuración, tal como anticipó este diario, cuyos integrantes acordaron entregar sus votos este jueves, después de un proceso extenso y burocrático que le dio oxígeno a Stornelli. Son dos expedientes los que están en juego: uno es un sumario y está focalizado en la situación de rebeldía del fiscal y su reticencia a presentarse a dar explicaciones, lo que implica una discusión de puro derecho; el otro es un expediente donde se analizan las presuntas maniobras de espionaje y el comportamiento de Stornelli, en sintonía con la causa penal. ¿Qué pasará ahora con estas actuaciones? Según explican allegados al organismo, el trámite debería continuar como estaba previsto por lo menos hasta el momento en que se concrete la indagatoria.

Una mayoría entre los fiscales que intervienen (que son Oscar Ciruzzi, Julio Piaggio, Adriana García Netto, Alejandro Alagia y Guillermo Pérez de la Fuente) estaba hasta ahora inclinada hacia el sumario por la rebeldía por aconsejar la apertura del juicio político, el único procedimiento que podría quitarle los fueros al fiscal para que pueda ser llevado por la fuerza pública a declarar. Dos de los fiscales propondrían la apertura directa de un jury, otros dos admitirían una intimación previa cuyo incumplimiento derivaría en el juicio político, y un solo fiscal se inclinaría por el archivo por considerar que Stornelli utiliza una estrategia de defensa. Respecto del sumario por los delitos, habría coincidencia en dejarlo en suspenso hasta que se resuelva en la causa penal si cometió algún delito.

Si bien lo que dice este consejo no es vinculante y la última decisión la toma el procurador interino, Eduardo Casal, tiene mucho peso. De hecho el grupo de fiscales fue el que le recomendó abrir el sumario por la rebeldía, y Casal avanzó. Actuó un fiscal sumariante, Marcelo Retes, que se tomó muy en serio los 60 días hábiles que tenía de plazo –estirados al máximo con la feria judicial en el medio—y finalmente dijo que Stornelli había cometido una falta grave, que merece un apercibimiento y que había que intimarlo a que se presente a declarar.

Sólo si Stornelli se presenta a la indagatoria, el sumario por la rebeldía quedaría abstracto y seguirá su curso normalmente la causa penal. Si fuera procesado con prisión preventiva, no se haría efectiva hasta tanto le saquen los fueros que le dan inmunidad como fiscal. Como sea, los siete meses que pasaron sin definiciones configuran una situación escandalosa para el Ministerio Público Fiscal.

Stornelli fue señalado por el denunciante original de la causa de Dolores, el empresario Pedro Etchebest, quien relató la extorsión de Marcelo D’Alessio que le prometía salvarlo de una supuesta (falsa) acusación en la causa de los cuadernos y que contó que el abogado trucho lo llevó a Pinamar, donde estaría el fiscal. Pero a lo largo de la investigación fueron surgiendo otros casos, como la denuncia del empresario venezolano Gonzalo Brusa Dovat, llevado por D’Alessio ante Stornelli a declarar para abrir una causa contra la petrolera Pdvsa mientras era presionado con una supuesta causa; también surgieron otros casos de aprietes con alguna conexión con el caso cuadernos, como el denunciado por el ex secretario de Cristina Fernández de Kirchner, Pablo Barreiro, y el armado de cámaras ocultas contra abogados. Pero también fueron detectadas presuntas operaciones más ligadas a la vida personal del fiscal, como el espionaje al ex marido de su actual esposa, Jorge Castañón, un piloto de aviación con quien el propio Stornelli había tenido una amistad, y a quien habría monitoreado D’Alessio, quien incluso le ofrecía al fiscal plantarse algo ilegal en su equipaje, posiblemente droga.

Así las cosas, los dos temas claves que se vienen son la posible fecha de indagatoria y el enigma sobre qué hará el consejo evaluador, que ya tiene todo para expedirse. Algunas especulaciones hablan de un acuerdo de Stornelli con el procurador interino para jubilarse en el verano, una opción que de todos modos podría dejarlo penalmente expuesto.

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Justicia

Elevan a juicio el expediente por la compra de Gas Natural Licuado

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En un inicio, el caso abarcaba a 25 imputados, incluida Cristina Fernández de Kirchner, y señalaba una defraudación de 6900 millones de dólares. Pero se derrumbó por múltiples irregularidades, desde la actuación de un perito que plagió su informe hasta la declaración de Marcelo D’Alessio. Terminó incluyendo a cinco acusados, sin CFK, y apuntando a un supuesto fraude de 124 millones.

La elevación a juicio de la causa por la compra de Gas Natural Licuado (GNL) es una pintura de las andanzas de la coalición judicial–política–mediática con sede en Comodoro Py y alineada con Cambiemos. Al principio de la causa hubo 25 imputados. En la elevación terminan acusados cinco. La acusación tenía el objetivo principal de apuntar a Cristina Fernández de Kirchner, pero eso se cayó a pedazos, o sea que ella no va a juicio en esta causa. En la imputación original, fogoneada por el perito trucho David Cohen y el abogado trucho Marcelo D’Alessio, se habló de una defraudación de 6900 millones de dólares, pero ahora esa cifra bajó a 124 millones, cifra 55 veces menor que la original, lo que demuestra la manipulación. También se imputa por supuestas maniobras en el puerto, pero no se sabe la cifra ni cuál fue la mecánica ni quién hizo las maniobras. El juez Claudio Bonadio argumenta que no usó a Cohen y a D’Alessio para elevar la causa a juicio, pero lo único que hizo fue no nombrarlos: la acusación es la misma, usando lo que el perito y el falso abogado dijeron, aunque como quedaron evidenciadas las falsedades, las imputaciones terminaron reducidas a la mínima expresión.

Elevación

El expediente ya está en el Tribunal Oral Federal número 7 que tendrá que hacerse cargo de una causa en la que no hay peritajes, porque se cayeron por truchos, y tampoco hay testigos de peso, porque D’Alessio es impresentable. En la causa del GNL, el falso abogado fue llevado a declarar por el periodista Daniel Santoro cuando el expediente se había caído por el falso peritaje.

Por supuesto que D’Alessio declaró como abogado, o sea ya falseó su testimonio desde el primer minuto. Y, además, entregó cuatro carpetas que –según él– recibió de manera anónima. El contenido de esas cuatro carpetas ya estaba detallado en la computadora que le secuestró el juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla, o sea que también ese material nació de forma fraudulenta: lo escribió e imprimió el propio D’Alessio, quien obviamente mintió diciendo que el origen era desconocido.

Orígenes

La causa del GNL empezó en 2014 a raíz de una denuncia de Laura Alonso, Patricia Bullrich y Federico Pinedo. Los dirigentes del PRO simplemente dieron cuenta de una sospecha: que podría haber sobreprecios en las compras del gas, que empezaron en 2008, y que fueron necesarias a raíz del crecimiento de la economía y varias oleadas de frío.

El dúo del fiscal Carlos Stornelli y el juez Bonadio no se anduvo con chiquitas y fijó la defraudación en 6900 millones de dólares, una cifra tan descomunal que hasta el propio ministro macrista Juan José Aranguren sostuvo que era un delirio. El gas se compraba a las más grandes empresas del mundo British Petroleum; Gas Natural Fenosa, Shell, Stanley & Poors, Repsol y otras. Del lado argentino, fueron procesadas 25 personas. En cambio, ninguno del lado de los vendedores: se supone que si hubo sobreprecios debía haber complicidades de los dos lados del mostrador.

Lo cierto es que el peritaje realizado por David Cohen se cayó a pedazos. El juez tomó su trabajo y descartó los estudios de otros peritos, pese a que se demostró que lo hecho por Cohen fue copiado de estudiantes chilenos y no tenía el menor rigor científico. Falsificó siglas de centros de estudios inexistentes y puso como parámetro de costos un índice norteamericano –el Henry Hub– que en todas las instancias fue demolido por los expertos porque no sirve para comparar con los precios de gas trasladado en barcos. El perito ya afronta un juicio oral por falso testimonio agravado.

La cuestión es todavía más seria: en un entrecruzamiento de llamadas presentado por el ex funcionario de Infraestructura Roberto Baratta, se advierte que Cohen hablaba por teléfono con grandes estudios de abogados ligados al PRO, funcionarios de Cambiemos, abogados que trabajaban para la Agencia Federal de Inteligencia; el Ministerio de Seguridad, el de Justicia. La impresión es que estaba complotado con toda la trama judicial–política–mediática que respondía a la Casa Rosada.

Caído el peritaje de Cohen, la Cámara Federal anuló los procesamientos y les dijo al fiscal y el juez que debían demostrar sobreprecios con un nuevo estudio. La causa se elevó ahora a juicio sin que se haga el estudio ordenado por los camaristas Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia. Es más, el magistrado estima un sobreprecio, ya no de 6900 millones sino de 124 millones de dólares, otra vez sobre la base del Henry Hub, que los propios camaristas destrozaron.

O sea, el juez dice que sacó a Cohen de la causa, pero lo dejó tácitamente.

Rescate

Cuando la causa se hundía irremediablemente por el fraude del perito, a fines de 2018, el periodista Daniel Santoro presentó a D’Alessio, tal como lo reveló el fiscal Stornelli.

El 5 y el 12 de noviembre de 2018, D’Alessio declaró en la causa ante Stornelli, sin que el fiscal tuviera delegada la investigación: dijo ser abogado, entregó documentación robada de Enarsa, empresa en la que dijo que se había infiltrado y entregó cuatro carpetas que, según él, recibió de manera anónima en su estudio. La declaración de D’Alessio estuvo escondida: recién se incorporó al expediente en febrero cuando ya había estallado el escándalo en la causa de Dolores. Ramos Padilla desarmó toda la patraña basándose en lo que encontró en la computadora de D’Alessio, secuestrada durante el allanamiento a su vivienda.

¿Qué decía D’Alessio? Que en realidad hubo una defraudación con los seguros de los barcos y que Cristina Fernández de Kirchner llamó personalmente a Enarsa para interiorizarse de la cuestión. La mentira no se sostuvo: los camaristas Bruglia y Bertuzzi sacaron a CFK de la causa porque no se podía basar esa acusación en los dichos del oportuno D’Alessio.

Pero el falso abogado también mencionó defraudaciones en materia de gastos portuarios y por la intermediación del estudio de los hermanos Dromi. La Cámara ordenó entonces que se estudiara la cuestión, que se profundizara la investigación sobre una posible defraudación. El magistrado ignoró la orden y elevó el expediente a juicio mencionando una generalidad: que hubo facturaciones de hasta 700 mil dólares en cada barco, pero sin precisar si hubo maniobras o no, ni de cuánto podría ser el perjuicio. En una palabra dijo: “que se ocupe el Tribunal Oral”.

Como se ve, el juez dice que no usó a D’Alessio pero lo único que evitó fue nombrarlo. Mantuvo las acusaciones formuladas por el falso abogado, pese a que la Cámara ordenó la anulación de aquella declaración auspiciada por Santoro y concretada ante Stornelli.

Juicio

El TOF 7 recibe entonces el expediente sin que se hubieran hecho ni los peritajes ni los estudios que reclamaba la Cámara Federal. Pero, además, el magistrado dijo que no podía probar sobreprecios entre 2008 y 2011 porque no consiguió que le entregaran la documentación necesaria, que había pasado por la Auditoría General de la Nación. La Cámara le ordenó conseguir ese material. El juez tampoco lo hizo.

O sea que se pretende llegar a un juicio oral sin peritajes, sin la descripción ni datos reales sobre los supuestos delitos, sin la documentación pedida por los camaristas, con un testigo (D’Alessio) que está preso y con un perito (Cohen) procesado y camino a juicio.

Nada de eso importó. Es una causa que fue clave para la ofensiva política de Cambiemos: se usó para meter presos a Julio De Vido y Roberto Baratta; para acusar a CFK y dictarle otra prisión preventiva y luego, de manera grotesca, armaron sobre el expediente del GNL el de las fotocopias de los cuadernos, argumentando que eran los mismos acusados y la misma asociación ilícita.

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Sergio Varisco fue condenado por narcotráfico a 6 años y medio de prisión

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El exintendente de Paraná Sergio Varisco fue condenado a 6 años y medio de prisión. Estaba acusado de narcotráfico junto a otras 32 personas de narcotráfico. El veredicto se dio a conocer esta tarde en los tribunales de la capital entrerriana.

Los jueces que dictaron la sentencia contra Varisco son Lilia Carnero, Noemí Berros y Roberto López Arango. El viernes pasado, durante las “últimas palabras” de los imputados, Varisco había afirmado ser víctima de una “campaña política”. También negó haber financiado operaciones narcos desde el municipio.

En ese contexto, el exintendente de Cambiemos dijo en los últimos dos años sufrió “un calvario, estigmatizado como narco” y fue agredido, pero aseguró que desde los ’80 sólo se dedicó a la política y no tiene auto, casa, ni cuenta bancaria.

En relación con su vínculo con el sindicado narcotraficante Daniel Celis, también acusado en el juicui, dijo que sólo tuvo una “relación política” vinculada a la incorporación de personal al municipio.

Sobre el exintendente pesaba un pedido de pena de 10 años de prisión formulado por el fiscal José Candioti, quien lo consideró coautor de “financiamiento de actividades de comercio de estupefacientes” junto a otros dos funcionarios municipales, el ex concejal Pablo Hernández y la ex secretaria de Seguridad local Griselda Bordeira, para quienes solicitó 9 años de cárcel.

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Justicia

Envían a Cristina Kirchner a juicio oral por la cartelización y coimas en la obra pública

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El juez Bonadio finalizó la instrucción de este expediente, vinculado a los cuadernos de las coimas. Junto a la vicepresidenta, serán enjuiciados De Vido, López y medio centenar de empresarios.

La vicepresidenta Cristina Kirchner irá a juicio oral junto a Julio De Vido, José López y más de medio centenar de empresarios, entre ellos Carlos Wagner, Ángelo Calcaterra, Gerardo Ferreyra y Juan Chediack, por la cartelización en la obra pública y el circuito de sobornos que según la justicia funcionó alrededor de esos contratos. Se trata de la décima causa que la ex mandataria, tiene elevada a juicio oral. 

Con el expediente principal del caso cuadernos elevado a juicio oral, Bonadio dio por clausurada la instrucción del tramo que investigó el circuito de sobornos que vinculados a la Cámara de la Construcción.

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