Causa de los seguros: Alberto Fernández recusó al juez Julián Ercolini y pidió apartarlo del caso

Después de varias semanas desde que inició la investigación, donde se le atribuyó una doble imputación por presuntos hechos de corrupción, el ex presidente Alberto Fernández designó abogada y su primera presentación ante la justicia federal, fue recusar al magistrado que lleva el caso, Julián Ercolini. Pidió que deje de intervenir en el expediente donde se investigan 45 contratos que el Estado firmó con Nación Seguros SA (tras una Decreto presidencial) con la participación de intermediarios, brokers entre ellos un amigo del ex mandatario.

La causa que inició con la revelación de Clarín sobre los contratos que Nación Seguros firmó con ANSES utilizando intermediarios, se convirtió en un gran rompecabezas. Se sumaron 45 contratos de diversos organismos del Estado, la sospechosa intervención de 25 brokers, y una cifra de 3.453.302.777 pesos que al tipo de cambio del momento, representan 17 millones de dólares en concepto de comisiones erogadas de fondos públicos.

El ex presidente cuenta con dos imputaciones en esta investigación. La carátula detalla los presuntos delitos que habría cometido: abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, incumplimiento de los deberes y malversación de caudales públicos.

Argumentando ser víctima de una persecución por parte del magistrado, negando cualquier elemento jurídico que sustente las imputaciones penal, designó como abogada a Mariana Barbitta quien a su vez defiende al ex general César Milani en otro expediente judicial.

Sostuvo en un escrito de más de 80 páginas, que Alberto Fernández teme la parcialidad del juez Ercolini en la instrucción del caso y por eso entiende que debe ser recusado.

“Invito a la excusación, y subsidiariamente promuevo formal recusación, respecto de la intervención como Magistrado del Dr. Julián D. Ercolini”, inicia el escrito de la abogada de Alberto Fernández, al que accedió Clarín.

Una de las primeras aclaraciones formuladas es que si bien la recusación expone referencias “personales”, no se cuestionan aspectos “en forma personal” al juez del caso a quien “conozco desde hace literalmente décadas, sino que, exclusivamente, este planteo versa sobre las razones que con toda fuerza y evidencia imponen su apartamiento del trámite de estas actuaciones para asegurar el debido proceso legal”, sostiene Alberto Fernández.

En este sentido el escrito refiere la necesidad de “garantizar el fundamental derecho de todo ciudadano a ser juzgado por Magistrados cuya imparcialidad no pueda ser razonablemente puesta en duda”.

Uno de los puntos expuestos por el ex presidente, es que él se considera amigo del juez Ercolini, algo que no había expresado en ninguna otra expresión pública. “Durante años, y al menos desde mi perspectiva -y de lo que cualquier tercera persona podría considerar- hemos mantenido una extensa y muy cercana relación de amistad, estrecha”.

Después señaló que cuando fue presidente de la Nación ha tenido diferencias con el magistrado a punto tal de que hizo una cadena nacional para informar que iba a denunciarlo por el viaje a Lago Escondido, investigación en la que se desechó la comisión de delitos y se terminó cerrando.

En otro tramo de su escrito, Fernández dijo que su temor es porque ” -sin justificación alguna- “penalmente” perseguido por uno de los Magistrados cuya conducta requerí que fuese investigada, en el marco de un verdadero escándalo público”.

Fernández, antes de llegar a la Casa Rosada, tuvo expresiones en duros términos contra Ercolini. En una entrevista había cuestionado a los jueces que investigaban a Cristina Kirchner sobre los que dijo que iban a tener que “dar explicaciones” y luego agregó: “Algún día Ercolini, Bonadio, Irurzun, Hornos y Gemignani van a tener que explicar las barrabasadas que escribieron para cumplir con el poder de turno”.

La causa y su avance

En esta etapa de la pesquisa, se encuentran bajo estudio documentos firmados por representantes de distintos organismos del Estado que dan cuenta sobre la designación de intermediarios en la toma de seguros de forma previa a la firma del cuestionado Decreto. Fue esa normativa la que impuso al Estado Nacional la contratación exclusiva de Nación Seguros SA y ésta a su vez, habilitó la participación de intermediarios.

Es decir: se investiga si la maniobra inicial que impulsó la investigación penal se cometió durante toda la presidencia de Alberto Fernández. El ex presidente nada dijo al respecto.

Durante toda la gestión de Fernández en concepto de comisiones a los intermediarios entre el Estado y las aseguradoras, se abonaron un total de 3.213.341.098 pesos. Como algunos de esos contratos siguieron vigentes luego de la llegada de Javier Milei al Gobierno, la cifra de pagos actualizada hasta que se cerró el informe llega a los 3.453.302.777 pesos.

El detalle que consignó Nación Seguros en un documento que está incorporado a la causa, muestra una sustancial diferencia entre las cifras de dinero que percibieron un grupo de intermediarios frente a otros.

Aunque los brokers involucrados son 25, sólo cinco de ellos cobraron 2.782.170.946 pesos sobre los 3.453.302.777 erogados por el Estado en cuatro años. Es decir, representan el 80,56% de las comisiones abonadas.

Investigación patrimonial

Junto con el expediente principal que instruye el juez Ercolini, se inició otra investigación de carácter patrimonial y que se encuentra delegada en la fiscalía de Carlos Rívolo. La misma se abrió cuando se ordenó la inhibición general de bienes de Alberto Fernández, su amigo broker Héctor Martínez Sosa, la esposa de Martínez Sosa y secretaria privada de Fernández, María Cantero, y un extenso listado de intermediarios.

Hay dos puntos centrales en el caso: si las comisiones abonadas por parte del Estado responden a los valores de mercado, y por otro lado si las contrataciones se realizaron a través de procesos irregulares, como licitaciones direccionadas. Entre los reproches legales al ex Presidente, la justicia le atribuye haber vedado la posibilidad de que se hayan llevado a cabo procesos transparentes con la real competencia.

En la causa patrimonial también se incluyen dos cooperativas: 7 de Mayo Cooperativa de Trabajo y Cooperativa Irigoin. Como contó Clarín, las mismas están bajo investigación bajo la sospecha de que podrían haber sido utilizadas para canaliza las comisiones que pagó el Estado.

Todo es parte del expediente que tiene a cargo el fiscal Rívolo. Para profundizar el entrecruzamiento de información bancaria, tras el levantamiento del secreto fiscal y bancario es que se pidió la intervención de la PROCELAC a cargo del fiscal Diego Velasco. “a fin de determinar posibles maniobras de lavado de activos”, indicó en su momento Rívolo.

De esta manera el frente judicial de Alberto Fernández incluye una causa patrimonial y el expediente principal abocado a desentrañar la presunta maniobra delictiva en torno a los contratos firmados con Nación Seguros, organismos del Estado y la intermediación de brokers.