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Calcaterra declaró en la causa por coimas en las obras del soterramiento

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El primo del Presidente está acusado de irregularidades para conseguir la licitación. En el escrito que presentó ayer le echó la culpa a la constructora brasileña, a la que estaba asociado en una UTE.

Angelo Calcaterra, ex dueño de Iecsa, primo de Mauricio Macri, debió presentarse como imputado en la causa donde se investigan coimas en el soterramiento del tren Sarmiento. Está acusado de irregularidades para conseguir el direccionamiento de esa licitación en la que el fiscal Franco Picardi determinó que se pagaron coimas y el juez Marcelo Martínez de Giorgi presume que podría ser cierto. El empresario presentó un escrito y no contestó preguntas. En el texto, le echó la culpa a la brasileña Odebrecht, que era nada menos que su socia en aquel mega-emprendimiento.  “Si lo hizo Odebrecht fue por su cuenta”, dijo, aprovechando que esa empresa reconoció sobornos millonarios a raíz del caso Lava Jato en Brasil. “La obra del soterramiento no fue ilegal”, añadió. La fiscalía, sin embargo, ya había presentado pruebas concretas sobre pagos y ahora –por un reciente convenio con Brasil– se incorporarán las delaciones premiadas de ex ejecutivos de Odebrecht, donde surge que las coimas eran manejadas por su socia argentina. Cuando Calcaterra se presentó muy tranquilo en la causa de los cuadernos Gloria, que goza de mucha mayor espectacularidad que la del Sarmiento, se ofreció como imputado colaborador y pintó otra realidad, en un expediente donde sabía que no había demasiadas evidencias concretas más que fotocopias de las anotaciones del chofer. Dio la versión de que había aportado dinero para campañas del kirchnerismo, y que lo hizo bajo presión, como si fuera una víctima. Luego lo complicó Carlos Wagner, ex titular de la Cámara de la Construcción, cuando lo incluyó a su empresa el Club de la obra pública y sus retornos, en un período que también abarca a sus dueños anteriores, los Macri.

Cuando declaró por los cuadernos, sabiendo evidentemente que volvería como si nada a su casa, Calcaterra buscaba evitar quedar comprometido por su ex subordinado en Iecsa Javier Sánchez Caballero, que estaba preso y tratando de convertirse en arrepentido para recuperar su libertad. Ambos terminaron unidos en la versión de los pagos para la campaña el lunes de la semana pasada. Sánchez Caballero, también está imputado en la causa del soterramiento, debe declarar en dos semanas, y en hay algunos elementos contundentes que incluso colaboran con desvirtuar el relato ofrecido en la causa de los cuadernos Gloria. Por ejemplo, existen e-mails secuestrados de la computadora del ex director de Odebrecht en Brasil Mauricio Couri Ribeiro, donde decía que sus tratativas para conseguir contratos en Argentina eran a través de la socia local y que Sánchez Caballero le pedía 20 millones de dólares. Lo que se detectó en esta investigación, según explicó en un dictamen el fiscal Picardi, es que efectivamente hubo pagos que se hicieron a una sociedad fantasma llamada Controles y Auditorías Especiales (CAESA), por auditorías inexistentes. Ese sello de goma era manejado por Manuel  Vázquez, que era mano derecha del ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime. Calcaterra alega que Iecsa asentó esos pagos en sus balances, pero para la fiscalía no es prueba de nada, sólo una posible forma de blanqueo, ya que dio por constatado que la sociedad en cuestión era una simple pantalla. Según la policía brasileña hubo coimas recibidas por CAESA llegaban a través de un circuito de empresas y sociedades offshore, lo que incluye a las firmas Pribont Corporation S.A y Klienfeld Services Ltd).

Otro tema que amaga con complicar la situación de Calcaterra, Sánchez Caballero y otros de los involucrados en el soterramiento, es que serán incorporadas al expediente las declaraciones que ofrecieron bajo la modalidad de delación premiada los ex ejecutivos de Odebrecht en Brasil. El acuerdo ya está firmado y ahora resta que cada fiscalía avance en su propio pacto con sus pares del país vecino. Para este caso, será clave la confesión de Luiz Antonio Mameri, quien dijo que las coimas eran manejadas por su socia argentina, o sea, Iecsa (aunque la unión de empresas adjudicatarias también incluía a la italiana Ghella y a española Comsa).  Picardi ya le pidió también a Bonadio las fotocopias de los cuadernos del chofer de Roberto Baratta –ex mano derecha de Julio de Vido en el ministerio de Planificación– para determinar si en ellos hay información útil para su investigación. Baratta y De Vido, están citados a indagatoria también por Martínez de Giorgi, igual que Jaime y empresarios de Ghella, Comsa y Odebrecht. Ya desfilaron otros, como el ex secretario de Obras Públicas, José López, que se negó a declarar, y Rafael Llorens, ex secretario legal de Planificación, negó sobornos.  Los brasileños que fueron delatores en Brasil, con el nuevo acuerdo de cooperación con ese país, no podrán ser involucrados aquí.

Si bien ambas investigaciones aluden coimas en obra pública, la metodología elegida por los jueces y fiscales es bien distinta. En la causa del soterramiento nunca hubo detenidos aunque se ha producido prueba y hay llamados a indagatoria. Ni Martínez de Giorgi ni Picardi consideran que hay peligro de fuga o entorpecimiento de los ex funcionarios o de los empresarios. Un dictamen de Picardi aseguraba la existencia de un mecanismo de cartelización y tomaba como referencia la confesión de Odebrecht en Estados Unidos, de que pagó en Argentina 35 millones de dólares en sobornos entre 2007 y 2014. En la causa de los cuadernos hay detenidos que se espera que “canten”. El que dice algo que les interese al juez Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, que apunte –por ejemplo a Néstor y Cristina Kirchner o a Julio De Vido– sale en libertad. El secreto de sumario por ahora dificultó saber si hay otras pruebas que respalden las supuestas coimas que, en rigor, solo reconoció el empresario Wagner.

Calcaterra debía presentarse hoy por el soterramiento, pero se anticipó ayer con un escrito donde niega el pago de coimas y dice que si existió alguna irregularidad fue “administrativa”. Insistió con que no hubo nada ilegal y cuestionó a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. Pero no tuvo margen, por el encuadre de la investigación, para argumentar supuestos pagos voluntarios ni le convenía decir que le dio dinero a Sánchez Caballero, porque el material  del expediente muestra otra cosa. Acá optó por echarle la culpa a la empresa, que admitió coimas, pero que casualmente era su socia.

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El impacto de las críticas de Cristina Kirchner en Comodoro Py: “La consigna es resistir los ataques”

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Las acusaciones de la vicepresidenta en la audiencia por el caso de “dólar futuro” llegaron a todos los jueces federales, para quienes ella intenta “desprestigiar a la justicia”.

Tres días después del duro discurso de Alberto Fernández contra el Poder Judicial, Cristina Kirchner no escatimó en críticas sobre el funcionamiento de la justicia que la investigó en ocho causas por presunta corrupción. En Comodoro Py, aunque varios magistrados federales aseguraron no haber escuchado el descargo de la vicepresidenta, sus puntos centrales contra jueces y fiscales circularon rápidamente. “La consigna es resistir los ataques”, dijeron algunos. Para otros, “se trató de un discurso político” con un marcado objetivo: “desprestigiar a la justicia”.

Lejos de apaciguarse, el fuego cruzado entre la Casa Rosada y la Justicia aumenta semana tras semana. Parecen ahora lejanas las 200 intimaciones a jueces y fiscales que realizó la ANSES para que decidan si se van a jubilar o no. También quedaron atrás el pedido de Alberto Fernández de hace tres días, para que se reforme a la Justicia, o los dichos de Wado de Pedro señalando que si los jueces no se “transforman, se van”.

En línea con sus declaraciones y posteos en las redes sociales de los últimos meses, este jueces Cristina volvió a acusar a los jueces por entrometerse “en las decisiones de la política”, de ser “cómplices del endeudamiento del país”, de actuar de manera “corporativa”, intervenir en “los procesos electorales” y de impulsar procesos judiciales “que son armados, sin sustento”.

El mensaje repercutió en Comodoro Py, donde la vicepresidenta tiene ocho causas elevadas a juicio oral por presuntos hechos de corrupción. En dos de ellas, por supuesto lavado de dinero, también están involucrados sus hijos Máximo y Florencia Kirchner.

“La consigna es resistir” señaló un magistrado que ocupa un importante despacho hace muchos años. Al interior de la gran mayoria de los actores del sistema judicial “se consideró que es demasiado todo esto y el mensaje es resistir”, insistió.

Quienes siguieron el descargo de Cristina Kirchner, entre ellos algunos integrantes del Ministerio Público Fiscal, consideraron que lo que debía ser una defensa vinculada al expediente judicial “se volvió un discurso político, centrado en una sola cosa que es una pericia que no se trata de la única medida de prueba en el caso”, dijeron a Clarín.

En los Tribunales federales de Retiro creen que hay un “hilo conductor entre todas las medidas impulsadas por la Casa Rosada”, desde la Reforma Judicial impulsada por Alberto Fernández para licuar el poder de los doce jueces de Comodoro Py, hasta la modificación del sistema previsional del sector.

De allí devino la intimación por parte de la Anses a 200 jueces y fiscales para que en el lapso de treinta días informen si continuarán con sus expedientes previsionales o si los retirarán.

El Gobierno también busca modificar la ley que rige al Ministerio Público Fiscal y el método de enjuiciamiento de los fiscales. “No quedó ni un sector de la Justicia que no quieran modificar”, señaló un fiscal con despacho en Comodoro Py.

Hay que recordar que el kirchnerismo también buscó desplazar de la Cámara Federal porteña a los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, quienes permanecen temporalmente en sus cargos por orden de la Corte Suprema de Justicia.

Las acusaciones son cruzadas: el Poder Judicial no disimuló sus diferencias con una gestión a la que acusa de intromisión y violación de la división de poderes.

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Jair Bolsonaro anunció que visitará a Alberto Fernández y respaldó las gestiones de la Argentina ante el FMI

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El presidente de Brasil indicó que su primera visita oficial a Buenos Aires será el 26 de marzo. “Hinchamos para que tengan éxito en las negociaciones”, agregó.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció este jueves su primer viaje oficial a la Argentina, que se concretará el 26 de marzo próximo, para reunirse con su par Alberto Fernández, en el marco de las celebraciones por los 30 años de la fundación del Mercosur. Además, con un gesto sorpresivo, apoyó las negociaciones argentinas con el FMI.

“El 26 de marzo estaré en Buenos Aires, en nuestra querida Argentina, celebrando los 30 años del Mercosur”, dijo Bolsonaro en una transmisión vía Facebook.

El mandatario brasileño visitará por primera vez a su tercer socio comercial y al primero dentro del Mercosur, que también integran Paraguay y Uruguay.

Con una frase que remitió a la pasión futbolera de ambos países, Bolsonaro también respaldó la negociación de Argentina para reestructurar su deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“El Covid causó dificultad económica en todo el mundo. Hinchamos para que Argentina tenga éxito en las negociaciones con el FMI, la situación es bastante complicada. Brasil es uno de los grandes interesados en eso. Y será la primera vez que voy a conversar con el presidente”, dijo Bolsonaro, acompañado por el ministro de Infraestructura, Tarcisio de Freitas.

La confirmación de la visita por parte del presidente brasileño ocurre dos días después de que el canciller Ernesto Araújo alentara la flexibilización del Mercosur para que cada país pueda realizar acuerdos comerciales en forma unilateral, por fuera del bloque.

Bolsonaro y Fernández dialogaron en forma virtual el 30 de noviembre, día de la amistad binacional, en el marco de una estrategia de acercamiento iniciada en Brasilia por el embajador argentino, el ex vicepresidente Daniel Scioli.

Scioli se volcó a Twitter para confirmar el anuncio. Lo acompañó con un extracto de la transmisión del presidente brasileño.

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La Justicia acelera la quiebra del Correo Argentino y no descarta que la familia Macri deba pagar la deuda exigida por el Estado

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En medio del enfrentamiento entre la Casa Rosada y el expresidente, el fuero comercial dio curso a una presentación del procurador del Tesoro, Carlos Zannini, que coloca a la compañía al borde de la liquidación

En una resolución de apenas ocho renglones, la jueza comercial María Cirulli desmanteló la defensa que trataba de evitar que la posible quiebra del Correo Argentino S.A. provoque un efecto dominó contra la estabilidad económica del Grupo Socma y el patrimonio personal de los hermanos y sobrinos del expresidente Mauricio Macri.

“Por ello, lo establecido en la LCQ 48, restantes normas legales, precedentes jurisdiccionales vinculantes y doctrina citada, resuelvo:

1. Establecer que el paquete accionario de Correo Argentino S.A. carece de valor positivo.

2. Citar la audiencia informativa establecida en la LCQ 48, inciso 5, en el día 29 del mes de marzo de 2021 a las 12 hs.

3. Notifíquese por ministerio de la ley”, dictaminó la magistrada.

La traducción del argot jurídico es fácil de ejecutar. La juez Cirulli resolvió que las acciones de la familia Macri en el Correo Argentino no valen nada, y que por lo tanto -si en un plazo fijado por el Código de Procedimiento en lo Civil y Comercial- no acercan una nueva propuesta, se acelera la quiebra de la compañía familiar y ante la ausencia de fondos para resolver la deuda se podría avanzar sobre el Grupo Socma y el patrimonio de los familiares directos del exjefe de Estado.

Desde la perspectiva del Gobierno, la familia Macri y su empresa, Correo Argentino S.A. le estaría debiendo al Estado 4500 millones de pesos.

El presidente saliente de Argentina, Mauricio Macri, al entregar el bastón presidencial a Alberto Fernández en 2019El presidente saliente de Argentina, Mauricio Macri, al entregar el bastón presidencial a Alberto Fernández en 2019

Si la cifra alegada por Balcarce 50 fuera cierta, Socma y el patrimonio de la familia Macri no alcanzaría a satisfacer la deuda reclamada por el Estado Nacional al Correo Argentino.

En este contexto, la defensa del Correo Argentino sostiene que se trata de una ofensiva judicial que está teñida por las diferencias entre Alberto Fernández y su antecesor. Desde esta perspectiva, a los abogados del Correo Argentino les sorprendió que la jueza Cirulli accediera al expediente hacia fines de febrero y que apenas seis días hábiles después decidiera que no tiene sentido seguir con la instancia de “cramdown” y permita la posibilidad de iniciar la quiebra del Correo para luego avanzar sobre otros bienes del Grupo Socma y la familia Macri.

“Esa resolución se tomó hoy. Significa que la jueza de primera instancia, en un plazo llamativamente breve, no valoró ni tomó en cuenta las impugnaciones a la valuación del paquete accionario de Correo que hicieron Socma y otros interesados en adquirir el paquete accionario. Sorpresivamente, tampoco ordenó una notificación para que el estudio evaluador brinde explicaciones cómo hubiese correspondido en una valuación de tanta complejidad. Evidentemente la resolución va a ser apelada. Con respecto a la fecha establecida, corresponde al plazo para que Correo y/o los interesados acompañen las conformidades correspondientes para homologar una propuesta. Este plazo podría ser suspendido en caso de que prosperen los recursos que se han planteado”, aseguró a Infobae un vocero de la compañía.

Pese a los cuestionamientos jurídicos presentados por la defensa del Correo Argentino, en Casa Rosada explicaron que todo está ajustado a derecho, que se cumplieron los plazos, y que la decisión de la jueza Cirulli es irreprochable.

Al otro lado de la trinchera legal, los defensores del Correo Argentino aseguraron que el fallo de la jueza no quedará firme, que presentarán todas las apelaciones habilitadas por las leyes vigentes y no descartan llegar a la Corte Suprema a través de un recurso extraordinario.

La cita clave será el próximo 29 de marzo. Si la defensa del Correo Argentino no prospera, la Justicia comercial podría avanzar sobre los bienes del Grupo Socma y a continuación, sobre el patrimonio de los accionistas Gianfranco, Mariano, Florencia, y los hijos de Sandra Macri.

Todo en medio del enfrentamiento visceral entre Alberto Fernández y Mauricio Macri.

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