Sobre el exintendente pesaba un pedido de pena de 10 años de prisión formulado por el fiscal José Candioti, quien lo consideró coautor de “financiamiento de actividades de comercio de estupefacientes” junto a otros dos funcionarios municipales, el ex concejal Pablo Hernández y la ex secretaria de Seguridad local Griselda Bordeira, para quienes solicitó 9 años de cárcel.
Justicia
“Yo entrené a Fariña para que declare”

EXCLUSIVO: la especialista que entrenó al “arrepentido” cuenta cómo la contrató la AFI
“Sí, yo entrené a Leonardo Fariña para que declare sobre la obra pública. El no tenía la menor idea sobre obra pública. Parecía un chiste. Después, en la declaración y hasta en la televisión, usaba mis palabras. Yo me reía sola. El que me contrató fue un hombre que se sabía era de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), el doctor Raúl Copes, un hombre originario del radicalismo que hacía años estaba en la SIDE. Además de que era conocido que estaba en la AFI, ya antes me había contratado para hacer la normativa administrativa de un cambio en el organigrama de la AFI. Así que yo tenía claro quién me encargó el entrenamiento”. Sentada en una mesa de una cafetería de moda en Palermo, la doctora G, especialista en derecho administrativo, le contó a PáginaI12 cómo preparó a Fariña para que este fuera a declarar el primero de agosto de 2016 y que el arrepentido utilizó para involucrar a Cristina Fernández de Kirchner, tal como lo pactó con la AFI.
La doctora G. pidió que no se diera a conocer su nombre hasta que declare ante el juez Alejo Ramos Padilla. Hoy ya conocemos sus dos iniciales, F.G., y se supone que el magistrado la convocará en la semana que empieza mañana.
Quien conoció cómo se armó la declaración del arrepentido fue su entonces abogada, Giselle Robles. Por esa razón, la banda paraestatal de Marcelo D’Alessio siguió y hostigó a Robles al punto de intentar colocarle droga en su auto. La operación resultó fallida, pero el ex espía Rolando “Rolo” Barreiro reveló lo que hizo la banda contra Robles. Llamada a declarar, Robles contó toda la trama en Dolores y demostró cómo Fariña declaró, palabra por palabra y punto por punto, lo que le indicaron desde la AFI.
Fariña había declarado varias veces como arrepentido, contando lo que había visto sobre la forma en la que, supuestamente, el empresario Lázaro Báez sacó dinero del país. Hasta ahí, casi quedaba todo como un delito o una evasión impositiva o una infracción cambiaria del constructor. El punto que buscaba el gobierno de Cambiemos era involucrar a CFK en el origen de ese dinero. Por lo tanto, necesitaban que Fariña, que nunca había hablado sobre la obra pública en Santa Cruz, dijera algo sobre el tema para así responsabilizar a la ex presidenta. Como Fariña no sabía nada sobre el tema, se hizo imprescindible que alguien lo entrenara. No sólo eso, sino que F.G. tuvo que redondear textos que luego se le hicieron llegar a Fariña para que éste repitiera cada párrafo en su declaración.
Los mails a través de los cuales le indicaban al arrepentido qué decir fueron presentados por su abogada de entonces, Giselle Robles, ante el juez Ramos Padilla. Y además, hubo una sesión de entrenamiento personal, porque el arrepentido tal vez tuviera que responder preguntas y estaba también la cuestión mediática.
Esta es la historia.
El contrato
–¿Cómo la contrataron para entrenar a Fariña?
–Yo soy magister en administración pública. O sea una abogada que no tiene matrícula, que nunca litigó, pero sé como adecuar legislaciones, controlar que las licitaciones o lo que sea se haga de acuerdo a las normas. Me gané buena fama en el Ministerio de Planificación por eso. Copes, que ya falleció, me conoció bastante antes de esta historia en una convención. De manera que cuando me contrató, en 2016, él sabía quién era yo y yo sabía quién era él.
–¿Le pagaron por entrenar a Fariña?
–Sí, unos 30.000 o 40.000 pesos de ahora. Pero le aclaro que yo no sabía que era para entrenar a Fariña.
–¿Cómo que no sabía?
–No. Hacia marzo, después durante abril y junio, Copes me dijo que era un trabajo relacionado con obras públicas y con la administración pública en general. Me pedía que elaborara documentos sobre circuitos administrativos, el Instituto de la Vivienda de Santa Cruz y sobre obra vial. Me pidió cosas puntales. Hasta ahí no me dijo para quién era el trabajo. Después me dijo que era para una persona “que está en el foco de la tormenta”. O sea que siguió sin decirme para quién preparaba yo las cosas que le mandaba por mail.
–¿Cómo sabe que el encargo fue de la AFI y que lo pagó la AFI?
–En primer lugar porque era casi público que Copes trabajaba en la AFI: había estado como delegado en Venezuela. Pero en mi caso, él me había encargado un trabajo anterior. Querían hacer un cambio de organigrama en la ex SIDE y para eso había que redactar una normativa. Las cosas son así en el estado, porque un cambio de organigrama implica cargos, modificación de presupuestos, competencias nuevas, una adecuación administrativa y una fundamentación. El me contrató para ese trabajo que era mi especialidad. De manera que cuando vino en marzo a contratarme para explicarle a alguien, que yo no sabía quien era, de la obra pública, yo sí sabía quién me hacía el encargo.
–¿Por lo tanto usted empezó a escribir las explicaciones?
–No, Copes me entregó tres veces, en mano, mails con las ideas generales. Yo tomaba esos mails y mi trabajo era darle forma técnica. Ahí yo interactuaba con Copes. Una vez que hacía mi trabajo, lo mandaba al mail elturista@protonmail.com y hoy en día veo que de ahí Fariña memorizaba o se copió directamente para la declaración judicial posterior.
–Sin embargo, ¿hubo un encuentro personal?
–Así es. A principios de julio, Copes me llama y me dice aquello de que está con una persona que “está en el centro de la tormenta” y que necesita una mano para ordenar y entender algunas cuestiones que surgían de mis escritos. Entonces me pregunta si me puedo acercar a una oficina cerca de Tribunales para encontrarme con la persona que necesitaba el entrenamiento. Copes me dijo que tenía que darle una clase sobre obras públicas y el funcionamiento del estado. Insisto en que hasta ahí yo no sabía a quién iba a ayudar o entrenar.
El contexto
En aquel momento, Fariña tenía poca libertad de movimientos por su incorporación al programa de protección de testigos. Las libertades las estaba negociando en esa época con el ministro de Justicia, Germán Garavano. Por lo tanto, el arrepentido sólo podía concurrir a determinados lugares, entre ellos la oficina de sus abogados. Allí se realizó el encuentro. Fariña sostiene que lo que surge de los mails le fue enviado por sus abogados, Franco Bindi y Giselle Robles, lo que no cambia nada: se trató de una declaración guionada y por lo tanto falsa: le dijeron lo que tenía que declarar. El dice que quienes lo guionaron fueron sus abogados y sus abogados sostienen que fue la AFI. Lo concreto es que la doctora F.G. fue contratada por la AFI y presenta no sólo su versión del entrenamiento sino la documentación que se movió.
Con Fariña
–¿Cómo fue el encuentro?
–Yo llegué a la oficina y ahí estaba Fariña. Por supuesto que lo conocía de la televisión, de manera que enseguida supe quién era. Estaba ahí sentado, todo canchero, con un gorro de lana en la cabeza. Arrancó hablándome de su matrimonio, de Karina Jelinek y de cómo la estaba pasando como testigo protegido. Fueron 20 minutos para romper el hielo. El hablaba y hablaba. Cuando pasamos a la obra pública me quedé sorprendida: no sabía nada de nada. No sabía lo que era un certificado de obra, que es cuando se termina una parte de la obra, los funcionarios constatan lo hecho y certifican lo construido. Con eso se cobra. No sabía lo que era el acopio, que consiste en que antes se compraban materiales para iniciar una obra y presentando las facturas se cobraba un adelanto. Eso era muy diferente a cobrar un anticipo financiero. El decía que se cobraba un anticipo del 25 por ciento, lo que no existía. Hay incluso obras que no tienen anticipo, otras tienen el 10 por ciento y otras el 15 y alguna el 20, pero el 25 no existía. Fariña no sabía lo que era el fondo de reparo, que es un porcentaje que el estado retiene en cada pago como garantía de que las obras están bien hechas. No tenía el menor contacto con la obra pública.
–El dice que tenía ideas subyacentes. O sea que sabía, pero que no las tenía presentes.
–Mire, no sabía las cosas más elementales. Se ve que nunca tuvo contacto con una licitación ni con una obra pública. No sabía lo que era una readecuación, que sucede cuando el índice de la construcción sube más de un dice por ciento. La empresa constructora pide la readecuación, o sea que se actualice el valor de la obra. Es algo matemático, un cálculo que está muy establecido. La readecuación es algo provisorio. Es diferente a una redeterminación que es cuando ya se convalida al final esa actualización. Piense que cuando yo me vi con él, se supone que había leído los mails. Pero no podía repetir ni lo que había leído.
Un cambio de planes
Conviene tener en cuenta que el mayor problema inicial que afrontó el Gobierno cuando contrató a F.G. para el armado de la declaración del arrepentido era que él no sabía nada de la obra pública de Santa Cruz, que es con lo que se quería imputar a CFK. Fariña había declarado que estuvo mucho en el sur, pero no sabía nada concreto. Por ejemplo, no podía hablar de la construcción de ningún tramo de la ruta 3 o de la ruta 40. De manera que la alternativa era hablar generalidades. En ese terreno involucró a la Cámara de la Construcción y a Carlos Wagner, pero Lázaro Báez era un marginado de aquella Cámara, de manera que no servía para involucrar ni a Lázaro ni a la ex presidenta. Como lo que interesaba era Santa Cruz, trataron de instruir a Fariña, por ejemplo, respecto de lo que era el IDUV (Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda), que era el Instituto Provincial de la Vivienda de Santa Cruz. Lo que había que introducir era que el supuesto modelo de corrupción provincial se traspasó a la Nación, pero Fariña no entendía de las cuestiones más elementales.
La maestra
–¿Y cómo se fue resolviendo el desconocimiento?
–Hice de maestra. Le hacia cuadritos, dibujitos. El repetía a rajatabla. Después era impresionante. Usaba mis palabras. Piense que yo no sabía que eso iba a tomar la dimensión que tomó. Como yo le hacía los cuadritos y dibujitos en un block mío, todavía tengo todo el material. Así que se lo entregaré al juez de Dolores. También los mails y lo que yo escribí a pedido. El quería saber cómo se podía, por ejemplo, manipular una compulsa de precios o una licitación. O cómo se podrían conseguir sobreprecios, la manipulación de los adelantos, las facturas apócrifas, coimas y hasta lavado de dinero. Todo eso tengo anotado en mi block.
Iguales
La enumeración de items está exactamente igual redactada en las anotaciones de F.G. que en un texto enviado por la AFI y en un manuscrito que Fariña llevó a su declaración del 8 de abril de 2016. Lo que se necesitaba era que F.G. le diera argumentos para sostener aquello y, sobre todo, ampliarlo. Todo está con los mismos números y en el mismo orden. Las menciones al IDUV están idénticas en las anotaciones de F.G. y luego en la ampliación de indagatoria de Fariña.
El caso del arrepentido exhibe la forma en la que se armaron declaraciones en distintas causas. Fariña repitió lo que le mandaron en los mails, lo transcribió en su declaración y hasta lo tuvo memorizado para decirle en algunos medios.
En aquel momento, el expediente con el que se acusa a Cristina, Julio de Vido, Roberto Baratta, Báez y muchos otros estaba en crisis porque la auditoría mandada a hacer por Javier Iguacel, entonces titular de Vialidad Nacional y el más acérrimo funcionario anti-K, concluyó que sólo había un 0,1 por ciento de diferencia entre lo pagado y lo construido en las rutas de Santa Cruz. Buena parte de los atrasos en las obras eran por demoras en la expropiación de terrenos, ya que habían sido invadidos con viviendas o porque aparecieron caños de YPF o cables subterráneos de empresas públicas. En cualquier caso, los atrasos de Báez eran similares al del resto de las constructoras. Que Austral Construcciones haya ganado 51 licitaciones de las 81 que se hicieron en Santa Cruz tampoco marcaba un delito, por cuanto pocas empresas querían construir allí, por el frío, el viento y la complicación de transportar maquinaria y personal a 1.800 kilómetros de la Capital Federal. Ante esas dificultades en la acusación, la declaración de Fariña resultaba de máxima importancia: iba a involucrar a todos. Hoy en día, casi todo lo que se le atribuye a CFK –Hotesur, Los Sauces, fotocopias de los cuadernos– tiene anclaje en la obra pública, de manera que el aparato judicial-político-mediático no podía permitirse que naufragara ese expediente, que va a llegar a juicio el 21 de mayo.
Así como la AFI jugó sus cartas para presionar al juez Luis Carzoglio para que metiera preso a Pablo Moyano, también intervino en el armado y entrenamiento de la declaración de Fariña. Para eso contrató una abogada especialista y le redactaron todo lo que tenía que decir. Ahora la trama quedó a la vista. Falta saber en qué otros expedientes hicieron la misma trampa.
Justicia
Elevan a juicio el expediente por la compra de Gas Natural Licuado

En un inicio, el caso abarcaba a 25 imputados, incluida Cristina Fernández de Kirchner, y señalaba una defraudación de 6900 millones de dólares. Pero se derrumbó por múltiples irregularidades, desde la actuación de un perito que plagió su informe hasta la declaración de Marcelo D’Alessio. Terminó incluyendo a cinco acusados, sin CFK, y apuntando a un supuesto fraude de 124 millones.
La elevación a juicio de la causa por la compra de Gas Natural Licuado (GNL) es una pintura de las andanzas de la coalición judicial–política–mediática con sede en Comodoro Py y alineada con Cambiemos. Al principio de la causa hubo 25 imputados. En la elevación terminan acusados cinco. La acusación tenía el objetivo principal de apuntar a Cristina Fernández de Kirchner, pero eso se cayó a pedazos, o sea que ella no va a juicio en esta causa. En la imputación original, fogoneada por el perito trucho David Cohen y el abogado trucho Marcelo D’Alessio, se habló de una defraudación de 6900 millones de dólares, pero ahora esa cifra bajó a 124 millones, cifra 55 veces menor que la original, lo que demuestra la manipulación. También se imputa por supuestas maniobras en el puerto, pero no se sabe la cifra ni cuál fue la mecánica ni quién hizo las maniobras. El juez Claudio Bonadio argumenta que no usó a Cohen y a D’Alessio para elevar la causa a juicio, pero lo único que hizo fue no nombrarlos: la acusación es la misma, usando lo que el perito y el falso abogado dijeron, aunque como quedaron evidenciadas las falsedades, las imputaciones terminaron reducidas a la mínima expresión.
Elevación
El expediente ya está en el Tribunal Oral Federal número 7 que tendrá que hacerse cargo de una causa en la que no hay peritajes, porque se cayeron por truchos, y tampoco hay testigos de peso, porque D’Alessio es impresentable. En la causa del GNL, el falso abogado fue llevado a declarar por el periodista Daniel Santoro cuando el expediente se había caído por el falso peritaje.
Por supuesto que D’Alessio declaró como abogado, o sea ya falseó su testimonio desde el primer minuto. Y, además, entregó cuatro carpetas que –según él– recibió de manera anónima. El contenido de esas cuatro carpetas ya estaba detallado en la computadora que le secuestró el juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla, o sea que también ese material nació de forma fraudulenta: lo escribió e imprimió el propio D’Alessio, quien obviamente mintió diciendo que el origen era desconocido.
Orígenes
La causa del GNL empezó en 2014 a raíz de una denuncia de Laura Alonso, Patricia Bullrich y Federico Pinedo. Los dirigentes del PRO simplemente dieron cuenta de una sospecha: que podría haber sobreprecios en las compras del gas, que empezaron en 2008, y que fueron necesarias a raíz del crecimiento de la economía y varias oleadas de frío.
El dúo del fiscal Carlos Stornelli y el juez Bonadio no se anduvo con chiquitas y fijó la defraudación en 6900 millones de dólares, una cifra tan descomunal que hasta el propio ministro macrista Juan José Aranguren sostuvo que era un delirio. El gas se compraba a las más grandes empresas del mundo British Petroleum; Gas Natural Fenosa, Shell, Stanley & Poors, Repsol y otras. Del lado argentino, fueron procesadas 25 personas. En cambio, ninguno del lado de los vendedores: se supone que si hubo sobreprecios debía haber complicidades de los dos lados del mostrador.
Lo cierto es que el peritaje realizado por David Cohen se cayó a pedazos. El juez tomó su trabajo y descartó los estudios de otros peritos, pese a que se demostró que lo hecho por Cohen fue copiado de estudiantes chilenos y no tenía el menor rigor científico. Falsificó siglas de centros de estudios inexistentes y puso como parámetro de costos un índice norteamericano –el Henry Hub– que en todas las instancias fue demolido por los expertos porque no sirve para comparar con los precios de gas trasladado en barcos. El perito ya afronta un juicio oral por falso testimonio agravado.
La cuestión es todavía más seria: en un entrecruzamiento de llamadas presentado por el ex funcionario de Infraestructura Roberto Baratta, se advierte que Cohen hablaba por teléfono con grandes estudios de abogados ligados al PRO, funcionarios de Cambiemos, abogados que trabajaban para la Agencia Federal de Inteligencia; el Ministerio de Seguridad, el de Justicia. La impresión es que estaba complotado con toda la trama judicial–política–mediática que respondía a la Casa Rosada.
Caído el peritaje de Cohen, la Cámara Federal anuló los procesamientos y les dijo al fiscal y el juez que debían demostrar sobreprecios con un nuevo estudio. La causa se elevó ahora a juicio sin que se haga el estudio ordenado por los camaristas Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia. Es más, el magistrado estima un sobreprecio, ya no de 6900 millones sino de 124 millones de dólares, otra vez sobre la base del Henry Hub, que los propios camaristas destrozaron.
O sea, el juez dice que sacó a Cohen de la causa, pero lo dejó tácitamente.
Rescate
Cuando la causa se hundía irremediablemente por el fraude del perito, a fines de 2018, el periodista Daniel Santoro presentó a D’Alessio, tal como lo reveló el fiscal Stornelli.
El 5 y el 12 de noviembre de 2018, D’Alessio declaró en la causa ante Stornelli, sin que el fiscal tuviera delegada la investigación: dijo ser abogado, entregó documentación robada de Enarsa, empresa en la que dijo que se había infiltrado y entregó cuatro carpetas que, según él, recibió de manera anónima en su estudio. La declaración de D’Alessio estuvo escondida: recién se incorporó al expediente en febrero cuando ya había estallado el escándalo en la causa de Dolores. Ramos Padilla desarmó toda la patraña basándose en lo que encontró en la computadora de D’Alessio, secuestrada durante el allanamiento a su vivienda.
¿Qué decía D’Alessio? Que en realidad hubo una defraudación con los seguros de los barcos y que Cristina Fernández de Kirchner llamó personalmente a Enarsa para interiorizarse de la cuestión. La mentira no se sostuvo: los camaristas Bruglia y Bertuzzi sacaron a CFK de la causa porque no se podía basar esa acusación en los dichos del oportuno D’Alessio.
Pero el falso abogado también mencionó defraudaciones en materia de gastos portuarios y por la intermediación del estudio de los hermanos Dromi. La Cámara ordenó entonces que se estudiara la cuestión, que se profundizara la investigación sobre una posible defraudación. El magistrado ignoró la orden y elevó el expediente a juicio mencionando una generalidad: que hubo facturaciones de hasta 700 mil dólares en cada barco, pero sin precisar si hubo maniobras o no, ni de cuánto podría ser el perjuicio. En una palabra dijo: “que se ocupe el Tribunal Oral”.
Como se ve, el juez dice que no usó a D’Alessio pero lo único que evitó fue nombrarlo. Mantuvo las acusaciones formuladas por el falso abogado, pese a que la Cámara ordenó la anulación de aquella declaración auspiciada por Santoro y concretada ante Stornelli.
Juicio
El TOF 7 recibe entonces el expediente sin que se hubieran hecho ni los peritajes ni los estudios que reclamaba la Cámara Federal. Pero, además, el magistrado dijo que no podía probar sobreprecios entre 2008 y 2011 porque no consiguió que le entregaran la documentación necesaria, que había pasado por la Auditoría General de la Nación. La Cámara le ordenó conseguir ese material. El juez tampoco lo hizo.
O sea que se pretende llegar a un juicio oral sin peritajes, sin la descripción ni datos reales sobre los supuestos delitos, sin la documentación pedida por los camaristas, con un testigo (D’Alessio) que está preso y con un perito (Cohen) procesado y camino a juicio.
Nada de eso importó. Es una causa que fue clave para la ofensiva política de Cambiemos: se usó para meter presos a Julio De Vido y Roberto Baratta; para acusar a CFK y dictarle otra prisión preventiva y luego, de manera grotesca, armaron sobre el expediente del GNL el de las fotocopias de los cuadernos, argumentando que eran los mismos acusados y la misma asociación ilícita.
Justicia
Sergio Varisco fue condenado por narcotráfico a 6 años y medio de prisión

El exintendente de Paraná Sergio Varisco fue condenado a 6 años y medio de prisión. Estaba acusado de narcotráfico junto a otras 32 personas de narcotráfico. El veredicto se dio a conocer esta tarde en los tribunales de la capital entrerriana.
Los jueces que dictaron la sentencia contra Varisco son Lilia Carnero, Noemí Berros y Roberto López Arango. El viernes pasado, durante las “últimas palabras” de los imputados, Varisco había afirmado ser víctima de una “campaña política”. También negó haber financiado operaciones narcos desde el municipio.
En ese contexto, el exintendente de Cambiemos dijo en los últimos dos años sufrió “un calvario, estigmatizado como narco” y fue agredido, pero aseguró que desde los ’80 sólo se dedicó a la política y no tiene auto, casa, ni cuenta bancaria.
En relación con su vínculo con el sindicado narcotraficante Daniel Celis, también acusado en el juicui, dijo que sólo tuvo una “relación política” vinculada a la incorporación de personal al municipio.
Justicia
Envían a Cristina Kirchner a juicio oral por la cartelización y coimas en la obra pública

El juez Bonadio finalizó la instrucción de este expediente, vinculado a los cuadernos de las coimas. Junto a la vicepresidenta, serán enjuiciados De Vido, López y medio centenar de empresarios.
La vicepresidenta Cristina Kirchner irá a juicio oral junto a Julio De Vido, José López y más de medio centenar de empresarios, entre ellos Carlos Wagner, Ángelo Calcaterra, Gerardo Ferreyra y Juan Chediack, por la cartelización en la obra pública y el circuito de sobornos que según la justicia funcionó alrededor de esos contratos. Se trata de la décima causa que la ex mandataria, tiene elevada a juicio oral.
Con el expediente principal del caso cuadernos elevado a juicio oral, Bonadio dio por clausurada la instrucción del tramo que investigó el circuito de sobornos que vinculados a la Cámara de la Construcción.
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