Un abogado de la AFIP apuntó contra Lázaro Báez y complicó a Cristina en la Ruta del Dinero K

Para la querella los U$S 60 millones que el empresario K aplicó a maniobras de blanqueo, provenía “de los contratos de obra pública que se le otorgaron durante el período 2003 – 2015”, en referencia al juicio contra Cristina Kirchner, procesada como jefa de una asociación ilícita que defraudó en $ 26.000 millones al Estado, al beneficiar al Grupo Austral. La AFIP fue más allá: “Báez fue beneficiado a través de procesos licitatorios espurios con más del 80% de la obra pública que se adjudicó por esos tiempos en la provincia de Santa Cruz: 51 contratos de obra pública que implicaron montos superiores a los $ 9 mil millones”.

La vinculación de la Ruta del Dinero K con la presunta corrupción en la obra pública se produjo durante la instrucción, y por orden de la Cámara federal porteña. Esa relación, como delito precedente, es la que desestimó en diversas oportunidades Cristina Kirchner incluso cuando declaró el 8 de diciembre, rechazando esa tesis, pero que este jueves fue sostenida por la AFIP.

“Este punto es relevante porque se fortalece la acusación de la fiscalía siendo una querella la que remarca que el dinero que se habría lavado proviene de los contratos de obra pública”, señaló una fuente judicial a Clarín. Fuentes del caso también remarcaron que no sólo el fisco hizo énfasis respecto a los sobreprecios de los contratos viales, sino también a la evasión tributaria. Ratificar este aspecto, en caso que haya una condena en la Ruta del dinero K, podría complicar en el otro juicio a Cristina Kirchner.

Lázaro Báez según la Justicia, recibió contratos con sobreprecios promedio del 65% en obras que no fueron concluidos en un 50%. Una pericia sobre cinco casos testigos que ordenó el TOF 2 que juzga en ese caso a Cristina Kirchner y a otros 15 imputados, arrojó por parte de los peritos oficiales sobrecostos -en ese universos de licitaciones-, de U$S 176 a U$S 200 millones. Este concepto fue retomado por el fisco al acusar al empresario K de lavar dinero.

Es que aquellos contratos, sostiene el dictamen acusador, permitieron que el patrimonio de Lázaro Báez se incremente un 1.200%. La Justicia determinó que su patrimonio conformado de 1.400 propiedades, asciende a U$S 205 millones, mientras su único cliente era el Estado. “Lázaro Báez era un simple empleado bancario, un monotributista, y de golpe, de la noche a la mañana, se transformó en un gran empresario“, dijo la AFIP.