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Tironeos sobre el futuro de la causa por las fotocopias del ex chofer Oscar Centeno

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Algo huele a un nuevo intento de fórum shopping en la Cámara de Casación Penal donde se debe definir la suerte de la causa de las fotocopias de los cuadernos Gloria. Planteos de excarcelación, nulidades, recusaciones y objeciones al uso de la figura del “arrepentido” como chantaje: todo eso desemboca en el más alto tribunal penal. Y ante la llegada de los primeros recursos un grupo de jueces se pasan la pelota, evitando hasta ahora resolver el asunto, mientras otro con afinidades con el Gobierno, busca conexidades para llevar el caso a sus despachos y quedarse con la última palabra. Casación tiene cuatro salas de tres jueces cada una. El caso llegó por sorteo a la Sala II, que el jueves último decidió enviarlo a sus colegas de la Sala I, con el argumento de que el sistema informático señalaba conexidad con otra causa radicada allí, la que es conocida como “gas licuado”, en la que el fiscal Carlos Stornelli decidió introducir el asunto de los cuadernos de Oscar Centeno. El problema es que una de las grandes discusiones es si el asunto de los cuadernos no debió enviarse a sorteo o a otro juzgado. La Sala I –contaron allegados a PáginaI12– preparaba el viernes a la tarde un proyecto mayoritario en borrador para devolver el expediente a la Sala II, que tampoco lo quiere. Pero en las otras dos salas, afines al macrismo, ya buscan formas de llevarse el caso.

La causa de las fotocopias de los cuadernos tiene seis ex funcionarios y un grupo de empresarios aún detenidos, que no entraron en la cadena de “arrepentidos”. Los que confesaron algo, aunque sea que ponían dinero para campañas políticas, quedaron libres. Los planteos de excarcelación de los que permanecen en prisión fueron hasta ahora rechazados por la Cámara Federal y empiezan a llegar a la Cámara de Casación. La primera tiene pendientes aún algunos recursos, entre ellos los que señalan que hubo una maniobra de fórum shopping con la causa que –plantean algunas defensas– debió haber sido enviada a sorteo o a otros juzgados donde ya se investiga, por ejemplo, la misma organización o los mismos hechos. Hasta ahora, en la pirámide judicial, los camaristas que están inmediatamente encima del juzgado –Leopoldo Bruglia y Martín Irurzun– respaldaron lo actuado. Arriba de todo en el Poder Judicial, también lo hizo el supremo Lorenzetti, aunque no fue a través de una resolución: recibió al juez Bonadio en su despacho y después difundió que considera que está trabajando muy bien. Luego publicó su informe especial de la causa donde atribuye delitos concretos a los imputados, con Cristina Fernández de Kirchner a la cabeza, aún sin haber resuelto su situación procesal. Pero todavía no opinó la Casación, que es clave por ser la máxima autoridad en materia penal federal.

Lo primero que llegó a Casación es un recurso de Nelson Lazarte, ex secretario de Roberto Baratta, número dos de Planificación Federal. En la llamada “minuta” que elevan los jueces inferiores no se mencionaban causas conexas, por lo tanto se hizo un sorteo y le tocó a la sala II, que integran Alejandro Slokar, Angela Ledesma y Guillermo Yacobucci. Los dos primeros son conocidos por su cuidado del respeto a las garantías, lo que hace suponer que tendrán una vara alta para avalar la privación de la libertad de una persona. Esta sala advirtió que en el sistema informático, el caso de Lazarte figuraba asociado al expediente sobre irregularidades en la compra de “gas licuado”. Se debe a que el fiscal Stornelli decidió incorporar allí la presentación del periodista de La Nación Diego Cabot de las fotocopias de los cuadernos, a pesar de que el reparto de bolsos ya había sido denunciado en esa misma investigación por la ex pareja de Centeno, Hilda Horovitz, pero se mandó a sorteo y le tocó a Sergio Torres. El hecho es que la presidenta de la sala II, Ledesma, firmó una resolución en la que dice que como la causa “gas licuado” la tiene la Sala I, era conveniente que resolviera el planteo de excarcelación, aunque dejó claro que eso no implicaba “pronunciamiento acerca de la validez, acierto, o error de las conexidades dispuestas”. O sea, dijo que no estaba confirmando al juez. La pregunta es ¿quién terminará resolviendo ese punto, que es crucial?

La sala I tiene una conformación reciente, con dos jueces designados por el gobierno actual, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone. Comparte sala con ellos Ana María Figueroa. Los dos primeros armaron ayer un borrador que intenta devolver la causa a la Sala II. Podría llegar a resolver el planteo de Lazarte, pero no es claro. Lo cierto es que tampoco quieren la causa. La defensa de Oscar Parrilli también les presentó ayer un planteo para que devuelvan todo a la sala que había sido sorteada. Allí también había llegado un planteo grave de otro detenido, Rafael Llorens, ex funcionario de asuntos jurídicos de Planificación, donde denuncia el uso de la figura del arrepentido como factor de presión, al borde de la tortura. Tres fuentes distintas del tribunal le dijeron a este diario que, desde la presidencia de la Cámara a cargo de Eduardo Riggi, intentaron disuadir a Barroetaveña y Petrone de intervenir. En la sala II, todo indica que si les devuelven el expediente, reiterarán la devolución con un pedido para que el plenario resuelva qué hacer. Mientras estas discusiones transcurrían los dos últimos días, desde la presidencia de Riggi se pusieron a analizar otros expedientes que puedan tener conexidad con la causa de los cuadernos. No les importa que nadie lo haya establecido hasta ahora. Buscan en la Sala III, que él mismo integra, con Liliana Catucci y Carlos Mahiques, y ya levantaron la mano desde la sala IV (Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Juan Gemignani), donde está radicada la causa conocida como “vialidad” sobre las obras públicas concedidas a Lázaro Báez, donde está acusada Cristina Fernández de Kirchner (con fecha de juicio para el 26 de febrero) y el “caso Báez”, llamado “ruta del dinero”, también elevado en parte. En este último caso sí existe una insinuación de la Cámara Federal sobre posible relación con otros casos. Desde allí fogonean la teoría de que Báez era testaferro de CFK, algo nunca probado, y que la plata es toda la misma.

La Sala III y la Sala IV de Casación suelen dictar resoluciones del agrado del gobierno de Mauricio Macri, y en especial la segunda de ellas ha respaldado la creación de causas mellizas (como la del Memorándum) y tiene buena relación con Lorenzetti. Lo que pasa en la Casación refleja un mecanismo que crece en un sector de Comodoro Py, que intenta llevar las causas hacia determinados jueces que se plantan, con grandes demostraciones de fuerza frente a la política, como una especie de poder amenazante y alternativo. A la vez, nadie quiere correr la misma suerte que otros jueces que, por firmar resoluciones que no agradaban al gobierno, terminaron siendo expulsados o desplazados, como Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Eduardo Farah.

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El impacto de las críticas de Cristina Kirchner en Comodoro Py: “La consigna es resistir los ataques”

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Las acusaciones de la vicepresidenta en la audiencia por el caso de “dólar futuro” llegaron a todos los jueces federales, para quienes ella intenta “desprestigiar a la justicia”.

Tres días después del duro discurso de Alberto Fernández contra el Poder Judicial, Cristina Kirchner no escatimó en críticas sobre el funcionamiento de la justicia que la investigó en ocho causas por presunta corrupción. En Comodoro Py, aunque varios magistrados federales aseguraron no haber escuchado el descargo de la vicepresidenta, sus puntos centrales contra jueces y fiscales circularon rápidamente. “La consigna es resistir los ataques”, dijeron algunos. Para otros, “se trató de un discurso político” con un marcado objetivo: “desprestigiar a la justicia”.

Lejos de apaciguarse, el fuego cruzado entre la Casa Rosada y la Justicia aumenta semana tras semana. Parecen ahora lejanas las 200 intimaciones a jueces y fiscales que realizó la ANSES para que decidan si se van a jubilar o no. También quedaron atrás el pedido de Alberto Fernández de hace tres días, para que se reforme a la Justicia, o los dichos de Wado de Pedro señalando que si los jueces no se “transforman, se van”.

En línea con sus declaraciones y posteos en las redes sociales de los últimos meses, este jueces Cristina volvió a acusar a los jueces por entrometerse “en las decisiones de la política”, de ser “cómplices del endeudamiento del país”, de actuar de manera “corporativa”, intervenir en “los procesos electorales” y de impulsar procesos judiciales “que son armados, sin sustento”.

El mensaje repercutió en Comodoro Py, donde la vicepresidenta tiene ocho causas elevadas a juicio oral por presuntos hechos de corrupción. En dos de ellas, por supuesto lavado de dinero, también están involucrados sus hijos Máximo y Florencia Kirchner.

“La consigna es resistir” señaló un magistrado que ocupa un importante despacho hace muchos años. Al interior de la gran mayoria de los actores del sistema judicial “se consideró que es demasiado todo esto y el mensaje es resistir”, insistió.

Quienes siguieron el descargo de Cristina Kirchner, entre ellos algunos integrantes del Ministerio Público Fiscal, consideraron que lo que debía ser una defensa vinculada al expediente judicial “se volvió un discurso político, centrado en una sola cosa que es una pericia que no se trata de la única medida de prueba en el caso”, dijeron a Clarín.

En los Tribunales federales de Retiro creen que hay un “hilo conductor entre todas las medidas impulsadas por la Casa Rosada”, desde la Reforma Judicial impulsada por Alberto Fernández para licuar el poder de los doce jueces de Comodoro Py, hasta la modificación del sistema previsional del sector.

De allí devino la intimación por parte de la Anses a 200 jueces y fiscales para que en el lapso de treinta días informen si continuarán con sus expedientes previsionales o si los retirarán.

El Gobierno también busca modificar la ley que rige al Ministerio Público Fiscal y el método de enjuiciamiento de los fiscales. “No quedó ni un sector de la Justicia que no quieran modificar”, señaló un fiscal con despacho en Comodoro Py.

Hay que recordar que el kirchnerismo también buscó desplazar de la Cámara Federal porteña a los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, quienes permanecen temporalmente en sus cargos por orden de la Corte Suprema de Justicia.

Las acusaciones son cruzadas: el Poder Judicial no disimuló sus diferencias con una gestión a la que acusa de intromisión y violación de la división de poderes.

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Jair Bolsonaro anunció que visitará a Alberto Fernández y respaldó las gestiones de la Argentina ante el FMI

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El presidente de Brasil indicó que su primera visita oficial a Buenos Aires será el 26 de marzo. “Hinchamos para que tengan éxito en las negociaciones”, agregó.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció este jueves su primer viaje oficial a la Argentina, que se concretará el 26 de marzo próximo, para reunirse con su par Alberto Fernández, en el marco de las celebraciones por los 30 años de la fundación del Mercosur. Además, con un gesto sorpresivo, apoyó las negociaciones argentinas con el FMI.

“El 26 de marzo estaré en Buenos Aires, en nuestra querida Argentina, celebrando los 30 años del Mercosur”, dijo Bolsonaro en una transmisión vía Facebook.

El mandatario brasileño visitará por primera vez a su tercer socio comercial y al primero dentro del Mercosur, que también integran Paraguay y Uruguay.

Con una frase que remitió a la pasión futbolera de ambos países, Bolsonaro también respaldó la negociación de Argentina para reestructurar su deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“El Covid causó dificultad económica en todo el mundo. Hinchamos para que Argentina tenga éxito en las negociaciones con el FMI, la situación es bastante complicada. Brasil es uno de los grandes interesados en eso. Y será la primera vez que voy a conversar con el presidente”, dijo Bolsonaro, acompañado por el ministro de Infraestructura, Tarcisio de Freitas.

La confirmación de la visita por parte del presidente brasileño ocurre dos días después de que el canciller Ernesto Araújo alentara la flexibilización del Mercosur para que cada país pueda realizar acuerdos comerciales en forma unilateral, por fuera del bloque.

Bolsonaro y Fernández dialogaron en forma virtual el 30 de noviembre, día de la amistad binacional, en el marco de una estrategia de acercamiento iniciada en Brasilia por el embajador argentino, el ex vicepresidente Daniel Scioli.

Scioli se volcó a Twitter para confirmar el anuncio. Lo acompañó con un extracto de la transmisión del presidente brasileño.

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La Justicia acelera la quiebra del Correo Argentino y no descarta que la familia Macri deba pagar la deuda exigida por el Estado

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En medio del enfrentamiento entre la Casa Rosada y el expresidente, el fuero comercial dio curso a una presentación del procurador del Tesoro, Carlos Zannini, que coloca a la compañía al borde de la liquidación

En una resolución de apenas ocho renglones, la jueza comercial María Cirulli desmanteló la defensa que trataba de evitar que la posible quiebra del Correo Argentino S.A. provoque un efecto dominó contra la estabilidad económica del Grupo Socma y el patrimonio personal de los hermanos y sobrinos del expresidente Mauricio Macri.

“Por ello, lo establecido en la LCQ 48, restantes normas legales, precedentes jurisdiccionales vinculantes y doctrina citada, resuelvo:

1. Establecer que el paquete accionario de Correo Argentino S.A. carece de valor positivo.

2. Citar la audiencia informativa establecida en la LCQ 48, inciso 5, en el día 29 del mes de marzo de 2021 a las 12 hs.

3. Notifíquese por ministerio de la ley”, dictaminó la magistrada.

La traducción del argot jurídico es fácil de ejecutar. La juez Cirulli resolvió que las acciones de la familia Macri en el Correo Argentino no valen nada, y que por lo tanto -si en un plazo fijado por el Código de Procedimiento en lo Civil y Comercial- no acercan una nueva propuesta, se acelera la quiebra de la compañía familiar y ante la ausencia de fondos para resolver la deuda se podría avanzar sobre el Grupo Socma y el patrimonio de los familiares directos del exjefe de Estado.

Desde la perspectiva del Gobierno, la familia Macri y su empresa, Correo Argentino S.A. le estaría debiendo al Estado 4500 millones de pesos.

El presidente saliente de Argentina, Mauricio Macri, al entregar el bastón presidencial a Alberto Fernández en 2019El presidente saliente de Argentina, Mauricio Macri, al entregar el bastón presidencial a Alberto Fernández en 2019

Si la cifra alegada por Balcarce 50 fuera cierta, Socma y el patrimonio de la familia Macri no alcanzaría a satisfacer la deuda reclamada por el Estado Nacional al Correo Argentino.

En este contexto, la defensa del Correo Argentino sostiene que se trata de una ofensiva judicial que está teñida por las diferencias entre Alberto Fernández y su antecesor. Desde esta perspectiva, a los abogados del Correo Argentino les sorprendió que la jueza Cirulli accediera al expediente hacia fines de febrero y que apenas seis días hábiles después decidiera que no tiene sentido seguir con la instancia de “cramdown” y permita la posibilidad de iniciar la quiebra del Correo para luego avanzar sobre otros bienes del Grupo Socma y la familia Macri.

“Esa resolución se tomó hoy. Significa que la jueza de primera instancia, en un plazo llamativamente breve, no valoró ni tomó en cuenta las impugnaciones a la valuación del paquete accionario de Correo que hicieron Socma y otros interesados en adquirir el paquete accionario. Sorpresivamente, tampoco ordenó una notificación para que el estudio evaluador brinde explicaciones cómo hubiese correspondido en una valuación de tanta complejidad. Evidentemente la resolución va a ser apelada. Con respecto a la fecha establecida, corresponde al plazo para que Correo y/o los interesados acompañen las conformidades correspondientes para homologar una propuesta. Este plazo podría ser suspendido en caso de que prosperen los recursos que se han planteado”, aseguró a Infobae un vocero de la compañía.

Pese a los cuestionamientos jurídicos presentados por la defensa del Correo Argentino, en Casa Rosada explicaron que todo está ajustado a derecho, que se cumplieron los plazos, y que la decisión de la jueza Cirulli es irreprochable.

Al otro lado de la trinchera legal, los defensores del Correo Argentino aseguraron que el fallo de la jueza no quedará firme, que presentarán todas las apelaciones habilitadas por las leyes vigentes y no descartan llegar a la Corte Suprema a través de un recurso extraordinario.

La cita clave será el próximo 29 de marzo. Si la defensa del Correo Argentino no prospera, la Justicia comercial podría avanzar sobre los bienes del Grupo Socma y a continuación, sobre el patrimonio de los accionistas Gianfranco, Mariano, Florencia, y los hijos de Sandra Macri.

Todo en medio del enfrentamiento visceral entre Alberto Fernández y Mauricio Macri.

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