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Economia

“Tenemos que frenar esta estafa”

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El diputado nacional planteó la necesidad de modificar el cuadro tarifario eléctrico para pasar a una tarifa plana de 150 a 200 pesos, más un cargo fijo a definir, para la gran mayoría de los usuarios, entre otras ideas para corregir “el festín de unos pocos”.

“Pasamos de la celebración de muchos a un festín íntimo para unos muy pocos”, sostuvo ayer el diputado Felipe Solá, en referencia a la enorme transferencia de recursos que generaron los tarifazos en luz y gas. El precandidato a presidente brindó una conferencia de prensa en la sede del sindicato de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (Apsee), en donde presentó una serie de propuestas para frenar el desaguisado en materia energética que generó el Gobierno. Entre las sugerencia que delineó junto a su equipo se destaca la posibilidad de aplicar una tarifa plana para la luz, de entre 150 y 200 pesos mensuales promedio, para la gran mayoría de los usuarios; y rediscutir la “oscura” estructura de costos del gas, desde boca de pozo hasta su distribución, pasando por el transporte. También insistió en la idea de reforzar los organismos de control de las empresas de servicios públicos. “Controlar es ahorrar plata, mejorar la ética, dejar de que jueguen con la (plata) de todos y frenar esta estafa”, disparó Solá.

El diputado hizo hincapié en la idea de identificar los servicios energéticos como un bien social. “Es un insumo para el bienestar y para el crecimiento y el desarrollo de un país. No sólo es una mercancía o un producto. Es una diferencia conceptual, ideológica y peronista con el Gobierno”, comenzó Solá el encuentro con técnicos y periodistas que se realizó en la sede de Apsee. “Han creado un ahorro forzoso de la energía en los consumidores, la cual pasó a ser un bien escaso y caro, mientras las empresas sólo hacen remiendos o parches que en sus balances los hacen pasar como inversiones”, apuntó el ex gobernador bonaerense. Entre los blancos de sus críticas se ubicó el ex ministro de Energía Juan José Aranguren, de quien dijo que “trabajaba contra la economía y a favor de la inflación”. “Tardaron en el Gobierno en darse cuenta de que tenían ahí un topo, aunque igual salió por burro y no por razones éticas”, señaló el diputado.

Aranguren no sólo fue el blanco principal de sus críticas, sino la cara principal de la primera diapositiva de su presentación. “Nunca se sintió con la necesidad de ser transparente, ocultó información de los componentes que hacen a las tarifas, dejó fuera de competencia a la industria por los tarifazos y autoboicoteó la inversión nacional y hasta la supuesta lluvia de inversiones”, reseñó Solá, tras considerar que “cuanto menos, faltó a los deberes de funcionario público”. El otro eslabón débil que permitió la actual situación de tarifas insostenibles es la falta de regulación de las empresas, sobre las que también dedicó una parte de su presentación. Respecto a los niveles de inversión, mostró a través de sus diapositivas que entre 2013 y 2015 las distribuidoras Edenor y Edesur invirtieron en conjunto 1420 millones de dólares y en 2016-2018 (hasta septiembre) el monto desembolsado fue menor, de 1072 millones.

“Las empresas no cumplieron con sus contratos. Ni siquiera con la revisión tarifaria de 2017, que es por cinco años. El ingreso de las distribuidoras sigue creciendo y el ENRE está colonizado”, afirmó. En este aspecto, se refirió directamente el presidente del ente, Andrés Chambouleyrón, sobre quien dijo ser “varias veces testigo de las empresas de servicios en denuncias contra el país ante el Ciadi”. “Con esos títulos no puede ser el controlador de un ente tan disminuido. Por eso proponemos cambios muy importantes”, sentenció. En las diapositivas destacó que el ENRE debe tener participación de organismos de la sociedad civil, incorporar en el Directorio asociaciones de usuarios, universidades y sindicatos y que el presidente sea elegido por el Ejecutivo con cargos rotativos cada dos años.

“También se necesitan cambios en Cammesa, donde están las distribuidoras, las transportadoras y los grandes usuarios. Cammesa es oscura. No explica nunca cómo saca los costos para subir las tarifas. Es una especie de caja negra que no se abre y determina los costos y nadie sabe cómo los determina. Cammesa debe ser intervenida por el próximo gobierno, en el caso de ser un gobierno popular. Así como el ENRE”, anticipó Sóla. “Ahora la energía en Argentina está en manos de extraños, pero todas amigas del Presidente como factor común”, continuó.

Respecto de la propuesta al bolsillo de los consumidores, se plantea “una tarifa plana, que cumpla con la idea de inclusión e integración y se relacione con el poder adquisitivo de los salarios, la promoción de la industria, los comercios y la transparencia. “También debe asegurar los costos a las empresas y ganancias razonables”, aclaró el diputado. En términos concretos, habría un cargo fijo (a definir) para mantenimiento de la red y uno variable que, según el consumo, sería “de 150 a 200 pesos, hasta los 1800 0 2000 pesos por mes para grandes consumidores”. “Con esto se daría alivio a la gente, mientras también se modificaría la tarifa de gas, en boca de pozo y transporte. Por último, debe volver la tarifa social y no cobrar hasta que haya un nuevo esquema tarifario. Creamos una tarifa social que no debe estar vinculada solamente al consumo sino al objeto social del usuario”, concluyó el ex gobernador.

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Alquileres: ya es obligatorio para los dueños registrar los contratos en la AFIP

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Este lunes comenzó a regir el RELI dentro de la página del organismo recaudador, donde se deben inscribir los contratos. Es obligatorio para el locador y también podrá ser informado por los inquilinos.

Los locadores de todo el país estarán obligados desde este lunes a registrar los contratos de alquiler de bienes inmuebles urbanos y rurales, locaciones temporarias y de espacios o superficies fijas o móviles, al comenzar a regir el Registro de Contratos de Locación de Inmuebles (RELI) de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Se deberán registrar las locaciones de inmuebles urbanos, sublocaciones, los arrendamientos sobre bienes inmuebles rurales, subarriendos, las locaciones temporarias de inmuebles con fines turísticos, de descanso o afines y las locaciones de espacios o superficies fijas o móviles como locales comerciales, stands, ferias, entre otros.

Solo queda excluida la administración pública, cuando en los contratos celebrados las partes sean exclusivamente el Estado nacional o los provinciales, el Gobierno de la CABA, los municipios y sus respectivas reparticiones, entes centralizados y descentralizados.

Si bien los locatarios no están obligados a registrarse en el RELI, pero podrán informar de forma voluntaria un contrato si el locador no lo hubiera hecho.

“Eso está previsto en la propia ley 27.551 (de alquileres), que obliga a registrar todos los contratos de locación, y es una declaración voluntaria, no es obligatoria”, dijo Hernán Cruells, jefe de Departamento del Sector Servicios de la AFIP, a la agencia de noticias Télam.

Según explicó Cruells, el inquilino “no tiene ninguna obligación con RELI, simplemente tiene las facilidades del sistema para informar de determinadas situaciones, para enterarse, para conocer en qué contratos figura como locatario y puede aceptar o no ese contrato, y además, si tiene algún tipo de diferencia la puede informar dentro del propio servicio”.

Por su parte, la subdirectora de Servicios al Contribuyente de la AFIP, Patricia Vaca Narvaja, sostuvo que “en el transcurso de la implementación de esta resolución y de este registro iremos viendo si va bien, cuáles son los problemas o complicaciones y las vamos a ir resolviendo de manera conjunta”.

¿Cómo hacerlo?

El RELI contempla la posibilidad de que los intermediarios (corredores, inmobiliarias y escribanos) registren un contrato en representación de sus clientes.

El artículo 16 de la Ley 27.551 dispuso que la AFIP ponga en marcha un régimen de facilidades para el registro de estas operaciones, por lo cual implementó, a través de la resolución 4933/2021, el Régimen de Registración de Contratos de Locación.

Para registrar tales contratos (o alguna modificación) se debe acceder al sitio web de AFIP con clave fiscal, al servicio “Registro de Locaciones de Inmuebles – RELI – Contribuyente”.

El locador, con clave fiscal de seguridad nivel 3, debe completar una serie de datos mínimos respecto del contrato y adjuntar el contrato celebrado en formato JPG o PDF.

Una vez que se realiza esta operación hay un acuse de recibo de la misma y un código verificador de la registración de contrato.

El servicio RELI estará disponible para declarar, consultar, modificar, renovar o dar de baja contratos de alquiler situados en el país.

Se deben registrar en el sistema las altas de contrato y las modificaciones que pudiera sufrir este contrato (rescisiones o extinciones anticipadas).

En cuanto al plazo establecido para informar la celebración de contratos y/o sus modificaciones, se indicó que es de 15 días corridos desde su celebración.

Los contratos pactados a partir del 1° de julio de 2020 y que continúen vigentes, así como aquellos concretados durante marzo de 2021, gozarán de un plazo excepcional para su registración, hasta el 15 de abril próximo, inclusive.

En relación a las sanciones por no registración, Cruells indicó que “es un incumplimiento a deberes formales y les cabe las multas previstas en la ley de procedimiento fiscal“.

Además, alertó el funcionario, habrá “un perjuicio por el inicio de una demanda por cobro de pesos, ya que el juzgado va a exigir esa registración del contrato ante AFIP”.

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Por la brecha cambiaria, los productores guardan soja por 4.700 millones de dólares

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Pese al buen precio del cultivo, el ritmo de comercialización es similar al año pasado. El “dólar soja” cotiza a 60 pesos, muy lejos del dólar blue o dólar MEP.

Los productores tienen en sus manos 8,4 millones de toneladas de soja de la campaña pasada. Y pese a los buenos precios del cultivo que se vienen dando en el mercado internacional, prefieren conservar los granos por la brecha cambiaria del dólar y porque la utilizan como “moneda” de cambio.

Hasta el momento, los chacareros se desprendieron de 40,6 millones de toneladas de soja de las 49 millones de toneladas que se produjeron en 2020, según los últimos datos oficiales actualizados al 27 de febrero. De ese total, 32 millones de toneladas fueron compradas por la industria para procesar el grano y luego exportar como subproducto (harina y aceite) mientras que los exportadores se quedaron con 8,6 millones de toneladas para enviar al exterior como poroto.

De esa manera, los productores tienen en su poder 8,4 millones de toneladas del cultivo, lo que representa unos 4.700 millones de dólares, teniendo en cuenta la cotización del viernes del Valor FOB del poroto (el valor de la mercadería puesta en el puerto) que era de 562 dólares por tonelada, una cifra que aliviará las cuentas del Gobierno una vez que ingresen las divisas.

El ritmo de comercialización de la soja sigue resultando similar a lo que sucedió en el ciclo 2018/19 pesar del alto valor del poroto en el mercado de Chicago (mercado de referencia del mundo) donde este viernes cerró la jornada con 516 dólares, un 60% más que lo que cotizaba a igual fecha de febrero de 2020.

A esta altura de 2019, los chacareros habían vendido 46 millones de toneladas de las 55 millones de soja que se había cosechado. O sea, les faltaba vender un 17%, similar guarismo de lo que sucede en la actualidad.

El principal motivo por el cual los productores no quieren vender los granos, pese al buen precio, pasa principalmente por la brecha cambiaria. A precios de hoy, el dólar soja, como lo denominan al dólar que recibe cada productor luego del descuento del 33% de las retenciones que tributa el cultivo del dólar oficial, es de 60 pesos, muy lejos de los 145 pesos que cotiza el dólar blue o los 140 pesos del dólar MEP.

“En una situación donde el productor pudiera comprar dólares sin límites, como fueron años anteriores, habría mayor cantidad de ventas”, explicó David Miazzo, economista de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA).

En este sentido, algunos productores, que tienen espalda financiera, venden la soja a medida que necesitan comprar insumos para la siguiente campaña y otros directamente lo utilizan como “moneda”, ya que cada vez más empresas agropecuarias se aggiornaron a la venta de bienes con el plan canje de granos, sobre todo las automotrices, marcas de maquinaria agrícola y empresas de insumos agrícolas.

“Si no necesitás la plata proveniente de la soja, los productores no la venden. Sólo lo hace si llega sin liquidez y venden cuando debe afrontar el pago de insumos para la próxima campaña, que es desde marzo en adelante”, remarcó Miazzo.

En tanto, también los productores guardan 7 millones de toneladas de maíz, continuando con los datos del Ministerio de Agricultura, valuados en casi 1.700 millones de dólares (el Valor Fob del viernes fue de 262 dólares) . De las 51 millones de toneladas que se produjeron en 2020, 38,8 millones de toneladas fueron compradas por la exportación y 5,1 millones por la industria.

Así, entre soja y maíz, los dos principales cultivos de Argentina, quedan sin comercializar 6.400 millones de dólares de la campaña pasada que seguramente en los próximos días se irán liquidando para solventar la compra de insumos para la campaña de trigo que se viene ya que como sucede todos los años, tanto la soja como el maíz, se termina vendiendo en su totalidad.

Así se ven las sojas de primera cerca de Junín, en el norte de Buenos Aires.

Así se ven las sojas de primera cerca de Junín, en el norte de Buenos Aires.

Con respecto a la nueva campaña de soja que empieza con la cosecha de fines de marzo, se encendieron las alarmas por el deterioro del cultivo en los últimos 15 días por la falta de lluvias y altas temperaturas. Por lo que la Bolsa de Comercio de Rosario advirtió que volvió a subir la condición regular y mala del cultivo de primera a un 30% y muchos cuadros buenos pueden derrumbarse.

En febrero solamente llovió el 23% de lo histórico y no hay pronósticos a favor en los próximos días. La media mensual de los últimos 30 años en la principal zona agrícola es de 100 a 120 milímetros en este mes. Pero a la fecha tan sólo el acumulado llegó a 25 milímetros, siendo el oeste cordobés y noroeste bonaerense las zonas más beneficiadas.

Ante esta situación adversa, en principio, la soja de primera puede bajar el rendimiento de 200 a 1000 kilos por hectárea el rinde, por lo que haría caer la producción total de soja, que fue estimada recientemente en 49 millones de toneladas.

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Suben los biocombustibles y empujarán otro aumento en los precios de las naftas

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El 12 también sube el componente impositivo. Hasta ahora, las petroleras siempre lo trasladaron a los importes que pagan los consumidores.

A partir de este lunes, las petroleras deberán pagar más por los biocombustibles con los que cortan sus productos. Ese importe -decidido por el Poder Ejecutivo- se reflejará en el precio de los combustibles, que aumentarán desde el lunes. La duda es si el incremento comprenderá solo el traslado por los biocombustibles o también será aprovechado para una mejora de márgenes de las compañías.

El biodiesel que deben utilizar las petroleras sube un 3,6%. Como se lo utiliza en un 10% de la mezcla, eso impactaría en un 0,36% del precio del gasoil. En el caso del alcohol para la nafta sube un 1,9% y se lo utiliza en un 12% de la mezcla. El aumento final al consumidor es de 0,2%.

En el Gobierno no quieren más aumentos en el precio de los combustibles. Pero además de la corrección por los biocombustibles, también hay una suba en los impuestos que pagan estos productos, que será desde el 12 de marzo.

Hasta ahora, las petroleras -encabezadas por YPF– nunca dejaron de trasladar los incrementos de sus costos a precios finales. De esa forma, el lunes ya debería darse una primera remarcación, para ajustar por biocombustibles.

La duda del sector es si YPF aprovechará esa suba para realizar una mejora en sus márgenes de refinación. El precio del barril de petróleo crudo Brent está en ascenso y eso impactará en los importes al consumidor, ya que es uno de los principales costos.

La combinación de la suba de dos costos (biocombustibles e impuestos) obligará a las petroleras a realizar algún ajuste. Se espera que el lunes los surtidores ya reflejen una parte de eso.

“Lo lógico sería un aumento del 2%, chico, que refleje el peso de biocombustibles, sirva un poco de mejora de margen y ya vaya corrigiendo el tema impuestos”, sugieren estacioneros consultados.

YPF es el principal jugador del sector y sus pasos marcan el ritmo de sus competidores. “Aun sin trasladar el precio del Brent, no hay posibilidad de no traspasar a precios los mayores costos. Los márgenes son muy finitos y las cuentas de YPF no le permiten mucho relajarse al respecto”, cuenta un competidor.

YPF también podria hacer un solo aumento ahora, que junte bicombustibles, impuestos y mejora de márgenes. Pero, en ese caso, el incremento podría estar por arriba del 2%.

La discusión llega en plena negociación del Gobierno para que las empresas no suban sus precios más allá de la pauta anual (del 29%), y que los salarios le ganen a la inflación. En una reunión del jueves pasado, las compañías de consumo masivo acusaron a la logística, el transporte y el encarecimiento del gasoil como uno de los principales factores que presionaban sobre sus costos.

En la industria dicen que YPF estará condicionada por el calendario electoral. Durante los meses de elecciones, la petrolera congelará sus precios. Para ello, debería aplicar aumentos anteriores para no llegar presionada a esa instancia.

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