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Economia

Suba en Bienes Personales, excepto para el campo

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El oficialismo logró esta madrugada otorgarle media sanción en la Cámara de Diputados al proyecto de reforma del régimen de Bienes Personales, que incluye un alza progresiva de la alícuota a medida que sube el patrimonio declarado. Con 130 votos afirmativos, 38 negativos y 8 abstenciones, el proyecto que eleva el mínimo no imponible de Bienes Personales a 2.000.000 pesos fue girada al Senado, en el marco de una sesión tensa en la que el plato fuerte fue la votación del Presupuesto 2019.

La iniciativa de Bienes Personales no consiguió el respaldo de buena parte de la oposición, por considerar que el piso no imponible fijado “golpea a la clase media”. Para la aprobación del proyecto, Cambiemos tuvo el respaldo de una parte del interbloque Argentina Federal (Justicialista y aliados), mientras que tanto que el Frente para la Victoria, como el Frente Renovador y el interbloque Red por Argentina lo rechazaron.

La iniciativa plantea que a partir de 2019 la base no imponible pase de 1.050.000 pesos -correspondiente al 2018- a 2.000.000 en 2019. En tanto, la alícuota que en 2018 fue del 0,25 por ciento (a pagar sobre el excedente), se mantendrá en ese nivel si el valor total de los bienes declarados fuera de entre 2.000.000 y 5.000.000, pero subirá al 0,5 por ciento entre 5.000.000 y 20.000.000, y al 0,75 cuando la suma declarada fuera superior a los 20.000.000.

Luego de varias idas y vueltas, el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda y miembro informante del oficialismo, Luciano Laspina, aceptó un pedido de la oposición para que los inmuebles rurales continúen exentos del pago de este tributo.

El dictamen original preveía que los propietarios del campo dejaran de percibir este beneficio, pero en el tratamiento en particular primó el pedido de un sector de la oposición y del oficialismo para que sigan afuera del régimen.  El argumento que se esgrimió es que el campo ya viene realizando un “esfuerzo” por la suspensión de la rebaja prevista en retenciones, por lo que no sería prudente incrementarle la presión impositiva.

La aprobación de la reforma de Bienes Personales es parte de un paquete fiscal que incluyó también la sanción del proyecto de revalúo de Ganancias por inflación, la adenda al Consenso Fiscal y el nuevo régimen del monotributo social para pequeños productores tabacaleros y cañeros.

La adenda, que desarma parcialmente el Pacto Fiscal firmado el año pasado por los gobernadores, flexibiliza ese acuerdo de manera tal de incrementar la recaudación de las provincias, por ejemplo postergando la rebaja del impuesto a los Sellos.

Esta reforma de la ley de Ganancias fue avalada por 140 votos afirmativos, 22 negativos y 23 abstenciones, mientras que el revalúo de Ganancias por inflación cosechó 139 afirmativos, 36 negativos y 8 abstenciones.

El año pasado, el Congreso había modificado la ley de Ganancias de manera tal de habilitar a las empresas a ajustar sus balances a la inflación por única vez cuando el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) superara el 100 por ciento en tres años, o cuando en cada período se superara el 33 por ciento anual.   Como ese porcentaje de inflación se superó en agosto último, la reforma dictaminada eleva el tope que activa la cláusula gatillo del ajuste por inflación, pasando del 33 por ciento al 55 por ciento para este año, al 30 por ciento para 2019 y al 15 por ciento para 2020.

Finalmente, el nuevo régimen de monotributo social para pequeños productores cañeros y tabacaleros recibió un amplio apoyo, con 183 votos positivos, uno sólo negativo y una abstención.

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Economia

El Fondo Monetario advierte sobre los desafíos legales y los riesgos de las criptomonedas

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Mientras la Unión Europea y China estudian la posibilidad de emitir dinero digital, el ente multilateral relevó la normativa de 174 Bancos Centrales. Halló una base endeble, varias limitaciones y un peligro clave: el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo

Mientras el bitcoin rompe récords de cotización y volatilidad, se debate su utilidad como “refugio de valor” y algunos economistas cuestionan si se trata realmente de dinero, el Banco Central Europeo y el Banco Popular de China evalúan la posibilidad de emitir sus propias criptomonedas, especie todavía inexistente pero a la que el FMI ya le puso nombre genérico: CBDC, siglas en inglés de “Moneda (o Dinero) Digital de Bancos Centrales”.

En un análisis reciente sobre la composición de las reservas internacionales de los bancos centrales, el Fondo llamó a las monedas de reserva (básicamente, el dólar y el euro, y algo menos la libra esterlina, el yen japonés y el yuan chino) “glaciares” de las finanzas globales, pero advirtió también que “así como en ocasiones el lento movimiento de los glaciares puede acelerarse de forma inesperada, la composición por monedas de las reservas tiene el potencial de experimentar una transformación repentina, inesperada y acelerada”, algo que vinculó a cuestiones geoestratégicas y comerciales, pero también a “la posible competencia de emisores privados, como es el caso de Diem, el sistema de pago de Facebook basado en cadenas de bloques”, esto es, la tecnología básica de “criptomonedas” como el bitcoin.

Algunos bancos centrales, sin embargo, no quieren quedar fuera de juego. El principal objetivo de las “criptomonedas” emitidas por los mismos sería, básicamente, aumentar la demanda de sus propias monedas, el euro y el yuan en los casos de la Unión Europea y China, por lo que el FMI avanzó en el estudio de la cuestión y en un flamante post en su blog resumió un estudio sobre cuestiones legales a tener en cuenta.

Moneda = Crédito = Deuda

“Cualquier emisión de moneda es una forma de deuda de los bancos centrales, por lo que debe tener una base sólida para evitar riesgos legales, financieros y reputacionales” a la institución emisora, dice el Fondo. Al respecto, un primer relevamiento arrojó que, al menos por ahora, esas bases son limitadas. Un estudio sobre las leyes de 174 Bancos Centrales de países miembros de la entidad multilateral arrojó que sólo 40 de ellos estarían autorizados, según sus propias normas, a emitir criptomonedas, mientras que en los 134 casos restantes esa posibilidad está vedada o es de dudosa base legal. Se trata, dice el paper, de asegurar que una innovación potencialmente significativa pero “contenciosa”, esté en línea con el mandato del respectivo Banco Central, para evitar desafíos legales y políticos.

Cualquier emisión de moneda es una forma de deuda de los bancos centrales, por lo que debe tener una base sólida para evitar riesgos legales, financieros y reputacionales” a la institución emisora

Para ser considerado legalmente dinero, un medio de pago debe ser así reconocido por las leyes del país y estar denominado en su unidad oficial. Típicamente una moneda debe tener curso legal, algo que normalmente se confiere a medios de pago de fácil entrega, recepción y uso por la mayoría de la población. Por eso los billetes y monedas son la forma más común. El uso de monedas digitales, señala el estudio, implica una infraestructura digital (latptops, smartphones, conectividad) que los gobiernos no pueden imponer a la población y representa un primer desafío, aunque el documento también reconoce que ciertos medios de pago de uso en economías avanzadas (como papeles comerciales) no son de curso legal.

Ilustración fotográfica de la criptomoneda Bitcoin. 13 marzo 2020. REUTERS/Dado RuvicIlustración fotográfica de la criptomoneda Bitcoin. 13 marzo 2020. REUTERS/Dado Ruvic

Cuentas o tokens, mayoristas o minoristas

Otra cuestión a dilucidar, dice el Fondo, es si las criptomonedas públicas se basarían en “cuentas”, como han funcionados los Bancos Centrales y los sistemas monetarios nacionales en los últimos siglos, o en “tokens”, piezas de información no conectadas a cuentas que los bancos comerciales registran en el Banco Central. Esta última posibilidad, dice el Fondo, significaría meterse en “aguas inexploradas”. Los “tokens” digitales, subraya, tienen una historia muy corta, un status legal poco claro y si bien algunos Bancos Centrales estarían en principio autorizados a emitir “cualquier tipo de moneda (dinero)”, una amplia mayoría, 61%, solo están legalmente autorizados a emitir billetes y monedas.

El uso minorista de dinero digital público sería un “cambio tectónico”. Según la normativa actual, sólo 10 de los 174 bancos centrales relevados por el FMI lo permitiría

Otra cuestión es si las criptomonedas públicas se limitarían al uso “mayorista”, por parte de bancos y entidades financieras, o serian accesibles al público general y de uso en el comercio minorista. La primera posibilidad sería menos riesgosa, pues las entidades bancarias son los “clientes” tradicionales de sus respectivos bancos centrales. El uso minorista sería en cambio un “cambio tectónico”. A tal punto, precisa el FMI, que la normativa de sólo 10 de los 174 bancos centrales relevados lo permitiría.

Amén de las normativas bancarias y monetarias sobre el dinero digital público (esto es, emitido por los bancos centrales), concluye el documento, obligaría a resolver otras cuestiones relativas al área impositiva, el régimen de propiedad, contratos, quiebras y liquidaciones, privacidad y protección de datos. Pero el desafío fundamental, dice el FMI, sería cómo prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

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Economia

Este sábado vuelven a aumentar los combustibles: es el segundo ajuste en dos semanas

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Las petroleras trasladarán una actualización impositiva. Se baraja un mínimo de 2%. La suba acumulada desde agosto trepará a alrededor del 32%.

Los precios de los combustibles aumentarán otra vez desde la hora 0 del sábado. Todo indica que habrá una suba mínima del 2%.

La causa del incremento es por una actualización de los impuestos que pagan los combustibles, que correrá desde el viernes. La misma se trasladaría en un 1,4% en el caso del gasoil y 2% para las naftas.

Los combustibles aumentaron el martes 5 de enero por un incremento en el componente de biocombustibles, que están forzados a utilizar.

El ajuste de estos días será para trasladar un incremento en los impuestos. Y las petroleras también analizaban algún porcentaje adicional para recomponer sus márgenes. La idea original del 2%, por el componente impositivo, era estudiada el jueves y podría llegar a 2,5% ó 3%, para agregar algo de recomposición de margen.

Como los combustibles ya subieron un 3% el martes de la semana pasada, si se le adicionan estos nuevos impuestos, terminarán con un ajuste acumulado cercano al 5% en menos de dos semanas.

Todo indica que el precio del combustible de nafta súper superará los $ 70 en Buenos Aires, lo que implica una suba del 32% con respecto a agosto.

En diciembre, el Gobierno decidió un aumento en los impuestos que pagan los combustibles. Se aplicó una suba del 5,4% desde el 15 de diciembre y ahora viene otra del 7,7% desde el 15 de enero. Esta sería la séptima suba desde agosto.

El incremento impositivo del 15 de diciembre se pasó a los surtidores, junto con una actualización de márgenes del negocio. En esa ocasión, el aumento fue de 4,5% promedio y 5,5% en la ciudad de Buenos Aires.

La suba  de la semana pasada, según petroleras consultadas, solo responde el mayor precio que tienen que pagar las petroleras por los biocombustibles que utilizan. El incremento impositivo no está cubierto, según aclararon la semana pasada. Por esa razón, frente a la actualización de esos tributos, viene este incremento.

Para evitar la suba de impuestos, el Gobierno debía realizar alguna modificación a la resolución ya publicada. Esa posibilidad no estuvo en los planes del Poder Ejecutivo, según la secretaría de Energía.

Hasta ahora, cada vez que subieron los impuestos, las petroleras terminaron trasladándolo a los precios. En las compañías no quisieron confirmar este aumento, pero entre estaciones lo daban casi por hecho. Y otras fuentes de la industria lo confirmaron. “No hay posibilidad de poder evitar un aumento de costos sin trasladarlo”. defienden.

“Los precios ya están retrasados más del 11%” dicen las compañías para justificar que no hay margen para no realizar un aumento. Es más, también definen si habrá una recomposición adiciona

De aplicarse esta suba, los importes de los combustibles habrán crecido un 10% entre mediados de diciembre y mediados de enero. Clarín adelantó este aumento en su edición del 6 de enero.

Nafta y gasoil pagan impuestos a los combustibles líquidos (ICL) y al dióxido de carbono (IDC). La actualización de esos tributos es trimestral. Los montos de Ios impuestos (ICL e IDC) se revisan en cada trimestre, sobre la base de las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC), del INDEC.

A través de un decreto, por la pandemia, el Poder Ejecutivo postergó la aplicación de los incrementos que debió realizar por el primer trimestre y el segundo trimestre. Lo hizo en octubre.

En octubre, se concretó el incremento en estos impuestos. El Poder Ejecutivo le pidió a YPF que no los trasladara de forma inmediata. Lo hizo a comienzos de mes. Pero, a mediados de mes, cuando el aumento se hizo efectivo, la petrolera estatal terminó aumentando. Lo mismo hicieron sus competidores.

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Coronavirus

Ante el rebrote de coronavirus, el Gobierno evalúa retomar el IFE y el programa ATP aunque en una versión acotada

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Tendrían un alcance menor, montos más bajos y podrían hasta tener otro nombre. El gabinete económico comenzará a analizar esas medidas

El Gobierno analizará en los próximos días volver a implementar programas de asistencia a familias y empresas en medio del rebrote de coronavirus en todo el país. Según pudo saber Infobae de fuentes oficiales, en la próxima reunión de gabinete económico los funcionarios discutirán la posibilidad de poner en marcha una versión acotada del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y extender ayudas salariales a través del ATP.

La idea que ronda en la Casa de Gobierno es retomar las medidas que aplicó el Poder Ejecutivo en la peor parte de la pandemia aunque tendrían montos y alcances más cortos, por los contextos diferentes de situación sanitaria y de restricciones a la actividad que hubo en marzo y abril de 2020 en comparación con la actualidad. Incluso los nuevos planes de asistencia a los salarios de los hogares y al sector privado podrían tener nombres distintos.

En los próximos días tendrá lugar la reunión semanal de gabinete económico que coordina el jefe de ministros Santiago Cafiero. Será la primera vez que se pone sobre la mesa esa posibilidad. El diagnóstico oficial es que la probabilidad más alta es la de reimplementar un programa similar al IFE, mientras que la ayuda para el pago de salarios como el ATP quedaría circunscripta a sectores todavía golpeados como el turístico o el entretenimiento.

En la reunión de gabinete económico de este jueves los funcionarios discutirán la posibilidad de poner en marcha una versión acotada del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y extender ayudas salariales a través del ATP.

La propuesta, que todavía está bajo análisis del presidente Alberto Fernández, fue alcanzada por los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, de Desarrollo Social Daniel Arroyo y de Trabajo Claudio Moroni. Los funcionarios plantearon que una nueva crisis sanitaria que obligue al Gobierno a tomar medidas restrictivas va a significar que la economía se vuelva a resentir, aún cuando los niveles de actividad no terminan de recuperarse desde el primer impacto de la pandemia.

Desde los tres ministerios asumen que, en un año en que el Gobierno deberá encarar un proceso de reducción del déficit fiscal en medio de la negociación con el Fondo Monetario Internacional, un aumento presupuestario no previsto para afrontar este tipo de medidas solo podría realizarse con reasignación de partidas y no con un aumento del gasto público.

El IFE alcanzó a 8,9 millones de personas con tres pagos bimestrales de $10.000. El Gobierno piensa en un programa de ayuda más acotado.El IFE alcanzó a 8,9 millones de personas con tres pagos bimestrales de $10.000. El Gobierno piensa en un programa de ayuda más acotado.

Las medidas de auxilio a los hogares y a las empresas demandó al Estado en 2020 un gasto equivalente a casi 5 puntos del Producto Bruto Interno, lo que significaría más de un billón de pesos, entre el IFE, ATP y el resto del paquete contra el coronavirus.

El IFE tuvo un alcance de 9 millones de personas durante tres pagos bimestrales de $10.000 que realizó el Gobierno entre abril y noviembre. El programa incluyó a sectores que quedaron desprotegidos por la irrupción de la pandemia y las restricciones a la circulación, como desocupados, trabajadores y trabajadores informales, personal de casas particulares, y monotributistas sociales o de las categorías A y B.

Las medidas de auxilio a los hogares y a las empresas demandó al Estado en 2020 un gasto equivalente a casi 5 puntos del Producto Bruto Interno, lo que significaría más de un billón de pesos, entre el IFE, ATP y el resto del paquete contra el coronavirus.

De acuerdo a datos oficiales, en total, prácticamente el 30% de la población argentina pidió a Anses cobrar los $10.000 de asistencia. Además de los 8,9 millones de casos aprobados, casi 4,6 millones de personas tuvieron sus solicitudes rechazadas, principalmente por tener un ingreso en blanco, ya sea el solicitante o un integrante de la familia.

El ATP llegó a cubrir, en el peor momento de la pandemia y con las restricciones de actividad y movimiento más rígidas en todo el país, los salarios de empleados de unas 234.000 compañías, principalmente comercio e industria. En esa primera ronda del Programa ATP, según estimaciones oficiales, la ayuda salarial incluyó a 2,3 millones de empleados en relación de dependencia.

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