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Economia

Santa Cruz y Tierra del Fuego apelan a la Corte para frenar el congelamiento en las naftas

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Ambas provincias se suman al reclamo interpuesto por Río Negro, Neuquén y La Pampa contra la medida decretada por Macri.

Los gobiernos de Santa Cruz y Tierra del Fuego se suman a los de Río Negro, Neuquén y La Pampa y apelan a la Corte Suprema para intentar frenar el congelamiento del precio en las naftas.

Según informa Ámbito Financiero, Santa Cruz presentará este jueves un amparo ante el máximo tribunal para impedir la pérdida de hasta $500 millones en regalías petroleras y Tierra del Fuego lo hará la semana que viene.

Río Negro, Neuquén y La Pampa pidieron ayer a la Corte que se declare la inconstitucionalidad del decreto de Mauricio Macri para congelar el precio de los combustibles.

Como habían anticipado, las provincias petroleras acudieron a la Corte para impugnar el decreto del Gobierno ya que se trata de una norma “manifiestamente inconstitucional”.

Señalaron que “el Poder Ejecutivo Nacional se arrogó inconstitucionalmente, mediante el DNU el dictado de normas de carácter legislativo, en detrimento de las que son propias del Congreso de la Nación”.

“El DNU que impugnamos modifica inconstitucional y arbitrariamente el precio de las operaciones de venta de petróleo crudo y –consecuentemente- la base de cálculo para la liquidación y pago de las regalías petrolíferas e impuesto a los Ingresos Brutos que deben las concesionarias de explotación de la Provincia de Río Negro, y en su perjuicio, afectan de forma directa y actual la percepción de sus rentas públicas, que son cuantitativamente muy significativas, por ser un principal recurso corriente para atender los gastos y necesidades del Estado provincial”, dice el escrito presentado por el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilnek.

En el caso de Neuquén, según estimaciones oficiales, la medida le implicaría un costo de al menos $1500 millones. Además señalaron que la medida desincentiva la inversión y advirtieron sobre un desaceleramiento en la actividad de la industria.

Por su parte, La Pampa se expresó en el mismo sentido mediante una presentación que realizó ante el máximo tribunal el fiscal de Estado José Vainini para solicitar “que cese la medida y permita seguir cobrando lo que le corresponde” al distrito.

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Economia

Dólar: el Gobierno afloja el supercepo para intentar bajar la brecha cambiaria

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Reduce la cantidad de días que hay que tener un bono antes de venderlo para poder acceder a dólares en la Bolsa.

Con el dólar blue en baja -el miércoles cerró por debajo de los $ 158-, el Gobierno dio un pequeño paso para desarmar el supercepo que impuso sobre las operaciones bursátiles y que hicieron que lar brecha entre el oficial y el blue llegara a tocar un máximo de 150% en el peor momento.

Advertidos del malestar que genera esa brecha en el FMI, con una resolución de la Comisión Nacional de Valores, el Gobierno redujo de 3 a 2 el “parking” o la cantidad de días que el inversor tiene que tener un bono en su poder una vez que lo compra en pesos y antes de venderlo en dólares. Cuando se lanzó inicialmente el supercepo, para intentar frenar la suba del blue y el contado con liqui, el tiempo de espera se había estirado hasta 5 días, luego se bajó a 3 y ahora a 2.

Días atrás, el director argentino ante el FMI, Sergio Chodos, advirtió que “la brecha les preocupa”, pero al mismo tiempo sostuvo que tienen “bastante claro que va a ser necesario mantener el control de capitales durante un tiempo”. “La tendencia de la brecha es algo que siempre está en su horizonte de atención. La brecha subiendo los preocupa”, aseguró Chodos. Hoy la brecha entre el dólar mayorista oficial ($ 80,79) y el blue ($ 158) está en 95%.

En la resolución 871/20 firmada por Adrián Cosentino, titular de la CNV, se afirma que “se advierte necesario revisar las disposiciones” impuestas en su momento “en aras de incentivar una mayor oferta de moneda extranjera en el mercado local, estabilidad en su precio y con acceso libre, con especial atención a los pequeños inversores.”​

La CNV también dispuso:

* Disminuir el plazo de permanencia de tres a dos días hábiles para personas humanas y jurídicas que realizan una Transferencia Receptora y luego venden el valor negociable con liquidación en dólar MEP.

Eliminar el plazo de permanencia (hoy es de tres días hábiles) para personas humanas y jurídicas que realizan una Transferencia Receptora y luego venden el valor negociable con liquidación en moneda local.

* Las carteras propias de las sociedades de Bolsa (ALyCs) podrán volver a concertar operaciones como clientes en mercados del exterior sin restricciones vinculadas con la negociación local en modalidad Cable.

* De forma transitoria y excepcional, las carteras propias de los ALyCs deberán ser oferentes netos de bonos soberanos en dólares ley local cuando los negocian en pesos, y demandantes netos de estos mismos activos cuando lo hacen en moneda extranjera, todo ello en el segmento de concurrencia de ofertas con prioridad precio-tiempo y de manera diaria.

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Economia

Qué dice la ley de 1974 que el Presidente aplicará a quienes acopien materiales de construcción

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Alberto Fernández dijo que será inflexible. La norma autoriza al Ejecutivo a realizar inspecciones, suspender comercios e incautar productos

El presidente Alberto Fernández anunció ayer en un acto por el Día de la Construcción que aplicará la ley de abastecimiento a quienes especulan con una suba de precios y retienen materiales.

Siempre consideré despreciable la conducta del especulador, pero especular en pandemia es mucho más que despreciable y no voy a permitir que eso ocurra. El ministro Kulfas tiene instrucciones para caer con todo el peso de la ley allí donde veamos que alguien está acaparando recursos para la construcción y está frenando la salida de la Argentina solo para buscar un mejor precio o un mejor resultado el día de mañana. No lo vamos a permitir. Es un acto de miserabilidad profundo hacer esto en medio de una pandemia”, aseguró.

El mandatario no dio nombres ni señaló a ningún sector concreto por esta actitud. Dijo que detectaron que hay “alguien” que tiene la “nefasta actitud” de comprar la producción de materiales de construcción y retenerla, lo que genera dificultades no sólo en la cadena de comercialización, sino también en la obra pública, uno de los motores de la economía.

Efectivamente, en las últimas semanas hubo desabastecimiento en diferentes ramas de la producción en medio de la escalada del dólar libre. La ley citada por Fernández fue sancionada en 1974 y modificada en 2014 por el kirchnerismo: faculta al Estado a intervenir en los mercados para fijar precios y márgenes de utilidad cuando lo considere necesario. Además, le permite aplicar sanciones, suspender comercios y realizar allanamientos y procedimientos en establecimientos industriales sin orden judicial.

Los artículos 4 y 5 establecen las sanciones para quienes “acapararen materias primas o productos”.

La norma prevé multas económicas de hasta 10 millones de pesos; clausura del establecimiento por 90 días; inhabilitación para el acceso al mercado de créditos; inhabilitación especial de 5 años para ejercer el comercio y la función pública; suspensión de 5 años en los registros de proveedores del Estado; pérdida de concesiones y privilegios en regímenes impositivos; comiso de la mercadería.

A su vez, el artículo 12 faculta al Estado a ingresar e inspeccionar establecimientos, secuestrar libros contables, intervenir el transporte de los materiales, realizar clausuras preventivas, inmovilizar mercadería y citar a presuntos infractores a prestar declaración.

Ya en 2019, el gobierno de Mauricio Macri anunció que iba a aplicar la Ley de Abastecimiento, en aquella instancia, para impedir el aumento de precios de los combustibles.

Perón había aplicado medidas similares

A continuación el texto completo:

Normas que regirán con respecto a la compraventa, permuta y locación de cosas muebles, obras y servicios.

Ley Nº 20.680

Sancionada: 20 de junio de 1974

Promulgada: 24 de junio de 1974

ARTICULO 1º — La presente ley regirá con respecto a la compraventa, permuta y locación de cosas muebles, obras y servicios —sus materias primas directas o indirectas y sus insumos— lo mismo que a las prestaciones —cualquiera fuere su naturaleza, contrato o relación jurídica que las hubiere originado, de carácter gratuito u oneroso, habitual u ocasional— que se destinen a la producción, construcción, procesamiento, comercialización, sanidad, alimentación, vestimenta, higiene, vivienda, deporte, cultura, transporte y logística, esparcimiento, así como cualquier otro bien mueble o servicio que satisfaga —directamente o indirectamente— necesidades básicas o esenciales orientadas al bienestar general de la población.

El ámbito de aplicación de esta ley comprende todos los procesos económicos relativos a dichos bienes, prestaciones y servicios y toda otra etapa de la actividad económica vinculada directamente o indirectamente a los mismos.

Quedan exceptuados del régimen establecido en la presente ley, los agentes económicos considerados micro, pequeñas o medianas empresas (MIPyMEs), de conformidad con lo previsto en la ley 25.300, siempre que no detenten posición dominante en los términos de los artículos 4° y 5° de la ley 25.156.

(Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N° 26.991 B.O. 19/09/2014)ARTICULO 2º — En relación a todo lo comprendido en el artículo 1°, en caso de configurarse alguno de los supuestos previstos en los incisos a), b), c), d), e), f) y g) del artículo 4°, la autoridad de aplicación podrá:

a) Establecer, para cualquier etapa del proceso económico, márgenes de utilidad, precios de referencia, niveles máximos y mínimos de precios, o todas o algunas de estas medidas;

b) Dictar normas reglamentarias que rijan la comercialización, intermediación, distribución y/o producción, a excepción de las cuestiones relativas a infracciones a los deberes formales previstos en la ley 11.683, t. o. 1998, y sus modificaciones;

c) Disponer la continuidad en la producción, industrialización, comercialización, transporte, distribución o prestación de servicios, como también en la fabricación de determinados productos, dentro de los niveles o cuotas mínimas que estableciere la autoridad de aplicación. A los efectos de la fijación de dichos niveles o cuotas mínimas, la autoridad de aplicación tendrá en cuenta, respecto de los obligados, los siguientes datos y elementos:

I) Volumen habitual de producción, fabricación, ventas o prestación de servicios.

II) Capacidad productiva, situación económica del sujeto obligado y ecuación económica del proceso o actividad.

La autoridad de aplicación en la disposición de la presente medida, deberá contemplar que la continuidad en la producción, industrialización, comercialización, transporte, distribución o prestación de servicios, como también en la fabricación de determinados productos, resulte económicamente viable, en su defecto, establecerá una justa y oportuna compensación;

d) Acordar subsidios, cuando ello sea necesario para asegurar el abastecimiento y/o la prestación de servicios;

e) Requerir toda documentación relativa al giro comercial de la empresa o agente económico; dicha información tendrá carácter reservado y confidencial, y será de uso exclusivo en el marco de las competencias asignadas a la autoridad de aplicación.

Asimismo, podrá requerir información sobre los precios de venta de los bienes o servicios producidos y prestados, como así también su disponibilidad de venta;

f) Exigir la presentación o exhibición de todo tipo de libros, documentos, correspondencia, papeles de comercio y todo otro elemento relativo a la administración de los negocios; realizar pericias técnicas;

g) Proceder, de ser necesario, al secuestro de todos los elementos aludidos en los incisos f) y h), por un plazo máximo de treinta (30) días hábiles;

h) Crear los registros y obligar a llevar los libros especiales que se establecieren;

i) Establecer regímenes de licencias comerciales.

Los que resulten obligados por la aplicación de la presente norma y que estimen que a consecuencia de ello sufrirán grave e irreparable perjuicio económico, podrán solicitar la revisión parcial o total de las medidas que los afectan. Sin embargo, ello no los excusará de dar estricto cumplimiento a las obligaciones impuestas, en tanto no se adopte resolución en relación a su petición, la cual deberá dictarse dentro de los quince (15) días hábiles del reclamo. En caso contario quedará sin efecto la medida.(Artículo sustituido por art. 2° de la Ley N° 26.991 B.O. 19/09/2014)

ARTICULO 3º — Los Gobernadores de Provincia y/o el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por sí o por intermedio de los organismos y/o funcionarios que determinen, podrán fijar —dentro de sus respectivas jurisdicciones— precios máximos y las pertinentes medidas complementarias, mientras el Poder Ejecutivo o el organismo nacional de aplicación no los establecieren, dando cuenta de inmediato a este último. Dichos precios subsistirán en tanto el Poder Ejecutivo no haga uso de las facultades que a ese objeto le acuerda esta ley. También podrán disponer las medidas autorizadas en los incisos e), f), g) y h) del artículo 2°.

Asimismo las mencionadas autoridades, y únicamente en cuanto se refiere al abastecimiento dentro de sus respectivas jurisdicciones, podrán modificar los precios fijados por la autoridad nacional de aplicación, en tanto la localización de la fuente de producción, la menor incidencia de los fletes o cualquier otra circunstancia o factor permitan una reducción de los mismos. En caso de que a la inversa, dichos factores determinaran la necesidad de incrementar aquéllos, deberá requerirse previa autorización al organismo nacional de aplicación; quien deberá expedirse en el término de quince (15) días hábiles; en caso contrario quedará aprobado el precio propuesto por la autoridad local.

(Artículo sustituido por art. 2° de la Ley N° 26.991 B.O. 19/09/2014)

ARTICULO 4º — Serán pasibles de las sanciones que se establecen en el artículo 5° y, en su caso, en el artículo 6°, quienes:

a) Elevaren artificial o injustificadamente los precios en forma que no responda proporcionalmente a los aumentos de los costos, u obtuvieren ganancias abusivas;

b) Revaluaren existencias, salvo autorización expresa de la autoridad de aplicación;

c) Acapararen materias primas o productos, o formaren existencias superiores a las necesarias, sean actos de naturaleza monopólica o no, para responder a los planes habituales de producción o demanda;

d) Intermediaren o permitieren intermediar innecesariamente o crearen artificialmente etapas en la distribución y comercialización;

e) Destruyeren mercaderías o bienes; o impidieren la prestación de servicios o realizaren cualquier otro acto, sea de naturaleza monopólica o no, que tienda a hacer escasear su producción, venta o transporte;

f) Negaren o restringieren injustificadamente la venta de bienes o la prestación de servicios, o redujeren sin causa la producción habitual o no la incrementaren, habiendo sido intimados por la autoridad de aplicación a tal efecto con cinco (5) días hábiles de anticipación, en caso de tener capacidad productiva, para responder a la demanda;

g) Desviaren o discontinuaren el abastecimiento normal y habitual de una zona a otra sin causa justificada;

h) No tuvieren para su venta o discontinuaren, según el ramo comercial respectivo, la producción de mercaderías y prestación de servicios con niveles de precios máximos y mínimos, o márgenes de utilidad fijados, salvo los eximentes justificados que se establezcan por vía reglamentaria, teniendo en cuenta ramo, habitualidad, modalidad, situación de mercado y demás circunstancias propias de cada caso;

i) No entregaren factura o comprobante de venta, la información o documentación previstas en el artículo 2°, incisos e) y f) de la presente, o ejercieran su actividad fuera de los registros y licencias previstos en el artículo 2°, incisos h) e i) de esta ley, en caso de corresponder, todo ello en la forma y condiciones que establezcan las disposiciones reglamentarias;

j) Vulneraren cualesquiera de las disposiciones que se adoptaren en ejercicio de las atribuciones que se confieren por los artículos 2° y 3º de esta ley.

(Artículo sustituido por art. 3° de la Ley N° 26.991 B.O. 19/09/2014)

ARTICULO 5º — Quienes incurrieren en los actos u omisiones previstos en el artículo 4°, serán pasibles de las siguientes sanciones:

a) Multa de pesos quinientos ($500) a pesos diez millones ($ 10.000.000). Este último límite podrá aumentarse hasta alcanzar el triple de la ganancia obtenida en infracción;

b) Clausura del establecimiento por un plazo de hasta noventa (90) días. Durante la clausura, y por otro período igual, no podrá transferirse el fondo de comercio ni los bienes afectados;

c) Inhabilitación de hasta dos (2) años para el uso o renovación de créditos que otorguen las entidades públicas sujetas a la ley 21.526 de Entidades Financieras, y sus modificatorias;

d) Comiso de las mercaderías y productos objeto de la infracción;

e) Inhabilitación especial de hasta cinco (5) años para ejercer el comercio y la función pública;

f) Suspensión de hasta cinco (5) años en los registros de proveedores del Estado;

g) Pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales de que gozare.

Las sanciones previstas en este artículo podrán imponerse en forma independiente o conjunta, según las circunstancias del caso.(Artículo sustituido por art. 4° de la Ley N° 26.991 B.O. 19/09/2014)

ARTICULO 6º — En caso de reincidencia los límites máximos de los montos del inciso a) del artículo 5° y los términos de sus incisos b), c), e) y f) podrán elevarse hasta el doble de la sanción originaria.

(Artículo sustituido por art. 5° de la Ley N° 26.991 B.O. 19/09/2014)

ARTICULO 7º — Para la fijación de las sanciones de toda índole, pecuniarias o personales, se tomará en cuenta, en cada caso:

a) La dimensión económica de la empresa, negocio o explotación, atendiendo en especial al capital en giro;

b) La posición en el mercado del infractor;

c) El efecto e importancia socio-económica de la infracción;

d) El lucro generado con la conducta sancionada y su duración temporal;

e) El perjuicio provocado al mercado o a los consumidores.

(Artículo sustituido por art. 6° de la Ley N° 26.991 B.O. 19/09/2014)

ARTICULO 8º — Cuando las infracciones que se sancionan en esta ley hubieren sido cometidas en beneficio de una persona jurídica, asociación o sociedad, se le dará carácter de parte, sin perjuicio de la responsabilidad personal de los autores. En los casos de condena a una persona jurídica, asociación o sociedad se podrá imponer como sanción complementaria la pérdida de la personería y la caducidad de las prerrogativas que se le hubiesen acordado. Los directores, administradores, gerentes y miembros de tales entidades que hubieren participado en la comisión de los hechos sancionados obrando con dolo o culpa grave, serán pasibles de la sanción prevista en el artículo 5° inciso a), disminuyéndose a la cuarta parte los límites mínimos y máximos a imponer.

(Artículo sustituido por art. 7° de la Ley N° 26.991 B.O. 19/09/2014)

ARTICULO 9º — Todos aquellos que obstruyeren o dificultaren la acción de los encargados de aplicar las disposiciones emergentes de esta ley o vigilar y controlar la observancia de la misma o de las disposiciones que en su consecuencia se dicten, o no cumplieren los requerimientos de los organismos de aplicación, serán pasibles de una multa de hasta pesos un millón ($ 1.000.000).

(Artículo sustituido por art. 8° de la Ley N° 26.991 B.O. 19/09/2014)

ARTICULO 10.— La verificación de las infracciones a la presente ley y a las normas que se dicten en su consecuencia, y la sustanciación de las actuaciones que por ellas se originen, se ajustarán al procedimiento que seguidamente se establece y demás formalidades que las autoridades de aplicación determinen:

a) Se labrará un acta de comprobación con indicación por el funcionario actuante, especialmente afectado por el organismo de aplicación, del nombre y domicilio de los testigos, si los hubiere, y en el mismo acto se notificará al presunto infractor, o a su factor o empleado, que dentro de los diez (10) días hábiles podrá presentar por escrito su defensa y ofrecer las pruebas, si las hubiere, debiéndose, asimismo, indicar la autoridad ante la cual deberá efectuar su presentación y entregar copia de lo actuado. En dicha acta se explicitará la conducta imputada y las circunstancias relevantes del tipo correspondiente a la infracción; cualesquiera de los nombrados podrá dejar asentadas las constancias que estime oportunas y que se refieran al hecho o hechos motivo de la misma y a los testigos presentes;

b) Las pruebas se admitirán solamente en caso de existir hechos controvertidos y siempre que no resulten manifiestamente inconducentes.

c) La prueba deberá producirse dentro del término de diez (10) días hábiles prorrogables cuando haya causa justificada, teniéndose por desistidas aquellas no producidas dentro de dicho plazo, por causa imputable al infractor;

d) Concluidas las diligencias sumariales, dentro del término de cinco (5) días hábiles, se dictará la resolución definitiva, la que deberá contar con dictamen jurídico previo.

(Artículo sustituido por art. 9° de la Ley N° 26.991 B.O. 19/09/2014)

ARTICULO 11. — Las constancias del acta labrada en forma que no sean enervadas por otras pruebas, constituirán prueba suficiente de responsabilidad del infractor. En el caso de que éste se negare a firmarla, se dejará constancia de ello y se considerará formalmente válida con la sola firma del funcionario actuante y servirá como principio de prueba.

ARTICULO 12. — Para el cumplimiento de su cometido, los funcionarios actuantes podrán:

a) Requerir el auxilio de la fuerza pública;

b) Ingresar e inspeccionar en horas hábiles y días de funcionamiento, los locales industriales, comerciales y establecimientos, y solicitar a los jueces competentes órdenes de allanamiento cuando deba practicarse este procedimiento en días y horas inhábiles o en la morada o habitación del presunto infractor;

c) Secuestrar libros y todo otro elemento relativo a la administración de los negocios por un plazo máximo de hasta treinta (30) días hábiles;

d) Intervenir la mercadería en infracción, aun cuando estuviera en tránsito, nombrando depositario;

e) Clausurar preventivamente hasta por tres (3) días los locales en los que se hubiere constatado la infracción, cuando ello fuere indispensable para el mejor curso de la investigación o si existiere riesgo inminente de que se continúe cometiendo la infracción. La autoridad de aplicación podrá solicitar judicialmente la extensión de este plazo, hasta un máximo de treinta (30) días;

f) Intervenir y declarar inmovilizadas las mercaderías que hubieren sido objeto de una maniobra tendiente a reducir la oferta;

g) Citar a los presuntos infractores para que concurran a prestar o ampliar declaración en fecha que fijará, la que deberá ser posterior a los dos (2) días siguientes al acto. Igualmente podrá citarse a las personas perjudicadas por una infracción o a los testigos presenciales de la misma, incluyendo a quienes se negaren a suscribir como tales el acta correspondiente.

(Artículo sustituido por art. 10 de la Ley N° 26.991 B.O. 19/09/2014)

ARTICULO 13. — En todos los casos de clausura, sea preventiva o temporaria, los infractores podrán retirar de inmediato los bienes perecederos, siempre que no constituyan elementos de pruebas indispensables. Mientras dure la clausura preventiva o temporaria, los prevenidos o sancionados deberán pagar íntegramente las remuneraciones correspondientes al personal en relación de dependencia.

(Artículo sustituido por art. 10 de la Ley N° 26.991 B.O. 19/09/2014)

ARTICULO 14. — Las mercaderías que se intervinieren en virtud de lo que establece el artículo 12, incisos d) y f), podrán ser vendidas, locadas o consignadas cuando fueren perecederas y/o cuando el abastecimiento de ellas sea insuficiente, para lo cual no será necesario depósito previo ni juicio de expropiación. En caso de recaer resolución que exima de responsabilidad a su propietario, se fijará el monto de la indemnización que eventualmente le correspondiere, siguiéndose para ello las pautas establecidas en materia de expropiaciones en lo que resultara pertinente.

(Artículo sustituido por art. 11 de la Ley N° 26.991 B.O. 19/09/2014)

ARTICULO 15. — El Poder Ejecutivo designará la autoridad de aplicación de la presente ley en el ámbito nacional, con facultades para dictar las normas complementarias que fueren menester para su cumplimiento.

Las infracciones a la presente ley afectan los derechos e intereses económicos de los ciudadanos y la Nación. Las que se cometieren en territorios de jurisdicción nacional o cuando afectaren o pudieren afectar el comercio interjurisdiccional, serán controladas y juzgadas en sede administrativa por la autoridad de aplicación, a excepción de las sanciones de clausura e inhabilitación especial para ejercer el comercio o la función pública que serán impuestas, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el Juez Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal, y en las demás jurisdicciones, a petición de la autoridad de aplicación, por el juez federal correspondiente.

A los efectos de esta norma se entenderá por comercio interjurisdiccional el que se realiza con las naciones extranjeras, el que efectúan las provincias entre sí o con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el que practica una provincia o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con un establecimiento de utilidad nacional, y el que realiza este último con las primeras.

(Artículo sustituido por art. 12 de la Ley N° 26.991 B.O. 19/09/2014)

ARTICULO 16. — La resolución administrativa que imponga sanciones podrá ser impugnada solamente por vía de recurso directo ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal o ante las cámaras federales de apelaciones competentes, según el asiento de la autoridad que dispuso la sanción.

El recurso deberá interponerse y fundarse ante la misma autoridad que impuso la sanción, dentro de los diez (10) días hábiles de notificada la resolución; la autoridad de aplicación deberá elevar el recurso con su contestación a la Cámara en un plazo de diez (10) días, acompañado del expediente en el que se hubiera dictado el acto administrativo recurrido.

(Artículo sustituido por art. 13 de la Ley N° 26.991 B.O. 19/09/2014)

ARTICULO 17. — En todos los casos, para interponer el recurso directo contra una resolución administrativa que imponga sanción de multa, deberá depositarse el monto de la multa impuesta a la orden de la autoridad que lo dispuso, y presentar el comprobante del depósito con el escrito del recurso, sin cuyo requisito será desestimado, salvo que el cumplimiento del mismo pudiese ocasionar un perjuicio irreparable al recurrente.

(Artículo sustituido por art. 14 de la Ley N° 26.991 B.O. 19/09/2014)

ARTICULO 18. — Las infracciones cometidas en las provincias y que afecten exclusivamente al comercio de sus respectivas jurisdicciones serán juzgadas en sede administrativa por los organismos que determine cada una de ellas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3º.

ARTICULO 19. — La resolución que imponga pena de multa podrá disponer que la misma se convertirá en la de clausura, en caso de no ser aquélla abonada en el plazo establecido en dicha resolución. — El término de la clausura se fijará en el equivalente entre PESOS QUINIENTOS ($ 500.-) y en PESOS UN MILLON ($ 1.000.000) por cada día de clausura, pero no podrá exceder de noventa (90) días. (Montos sustituidos por art. 3º del Decreto Nº 496/2002 B.O. 13/03/2001)

ARTICULO 20. — La falta de pago de las multas hará exigible su cobro por el procedimiento de ejecución fiscal, constituyendo título suficiente de ejecución el testimonio de la resolución condenatoria firme expedida por el organismo de juzgamiento.

ARTICULO 21. — Los bienes decomisados serán vendidos o locados por la autoridad de aplicación en un plazo máximo de treinta (30) días corridos desde su decomiso, atendiendo a la naturaleza y características de aquellos. En el caso de que los bienes decomisados sean perecederos, el plazo se reducirá a cinco (5) días corridos; el producto de la venta o locación ingresará a rentas generales de la Nación.

(Artículo sustituido por art. 15 de la Ley N° 26.991 B.O. 19/09/2014)

ARTICULO 22. — Las infracciones a esta ley y sus normas complementarias prescribirán a los tres (3) años. La prescripción se interrumpirá por la comisión de nuevas infracciones o por el inicio de las actuaciones administrativas o judiciales.

(Artículo sustituido por art. 16 de la Ley N° 26.991 B.O. 19/09/2014)

ARTICULO 23. — El importe de las multas y/o producido de los decomisos ingresará al Fisco Nacional o Provincial, según el Organo que hubiera dictado la resolución condenatoria.

Los gobiernos locales dispondrán el destinos de los fondos que se perciban en sus respectivas jurisdicciones.

(Artículo sustituido por art. 40 de la Ley Nº 23.110 B.O. 09/11/1984. Vigencia: a partir de la finalización del ejercicio presupuestario 1984.)

ARTICULO 24. — Los funcionarios y empleados que de cualquier forma participen en la aplicación de esta Ley estarán obligados a mantener el secreto sobre todos los datos de actuaciones que lleguen a su conocimiento en el ejercicio de sus funciones. La infracción de esta norma será considerada falta grave a los efectos administrativos, sin perjuicio de las sanciones penales que correspondieren.

ARTICULO 25. — (Artículo derogado por art. 19 de la Ley N° 26.991 B.O. 19/09/2014)

ARTICULO 26. — (Artículo derogado por art. 19 de la Ley N° 26.991 B.O. 19/09/2014)

ARTICULO 27. — Frente a una situación de desabastecimiento o escasez de bienes o servicios que satisfagan necesidades básicas o esenciales orientadas al bienestar general de la población, la autoridad de aplicación podrá disponer mediante resolución fundada su venta, producción, distribución o prestación en todo el territorio de la Nación, cualquiera sea su propietario, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de imponer las sanciones previstas en el artículo 5°. Dicha medida durará el tiempo que insuma la rehabilitación de la situación de desabastecimiento o escasez y será proporcional en su alcance a la gravedad de los hechos que la motivan.

(Artículo sustituido por art. 17 de la Ley N° 26.991 B.O. 19/09/2014)

ARTICULO 28. — Para resolver cuestiones no previstas expresamente en la presente ley, se aplicarán supletoriamente las disposiciones de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos 19.549 y su reglamentación.

(Artículo sustituido por art. 18 de la Ley N° 26.991 B.O. 19/09/2014)

ARTICULO 29. — La presente Ley es de orden público; regirá desde el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial y deroga el Decreto Ley 19.508/72,modificado por el 20.125/73. Las infracciones consumadas durante la vigencia de estos últimos serán penadas según sus disposiciones, aunque se hubieren comprobado con posterioridad.

ARTICULO 30. — Comuníquese el Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los veinte días del mes de junio del año mil novecientos setenta y cuatro.

—Registrada bajo el Nº 20.680—

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Euforia bursátil: las principales bolsas del mundo recuperaron los precios anteriores a la pandemia

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El Dow Jones escaló 62% en ocho meses. El Índice MSCI World, que pondera el desempeño de las acciones a nivel global, recuperó un 50% desde el mínimo de marzo. Y el Merval en dólares progresó 47%

La expectativa por una pronta normalización de la economía global empuja a nuevas ganancias bursátiles que consiguieron, en un plazo de ocho meses, borrar las pérdidas por el avance del coronavirus.

Para ilustrar esta dinámica, el proveedor de índices bursátiles MSCI (anteriormente Morgan Stanley Capital Internacional) elabora un indicador que refleja el desempeño de las empresas con mayor capitalización bursátil de 23 países desarrollados, que representan aproximadamente el 88% de la capitalización bursátil a nivel mundial.

El MSCI World Index –excluido Estados Unidos– rebotó un 50% desde los mínimos de 2020 y superó los 2.000 puntos en los que cotizaba antes del derrumbe bursátil. Esa caída, iniciada a partir del 24 de febrero –en coincidencia con la escalda de casos y decesos por Covid-19 en Europa, durante la primera ola– recortó un 33% del valor de este índice, que alcanzó niveles no vistos desde junio de 2012.

En los últimos ocho meses, el Dow Jones subió 61% y el S&P Merval, medido en dólares, recuperó 41%

El Nikkei de la Bolsa de Tokio alcanzó niveles máximos desde 1991 y ya está 9% por encima del valor que marcaba antes de la propagación de los contagios de coronavirus.

El FTSE de la Bolsa de Londres recuperó un 21% desde el piso de precios de este año, el pasado 11 de marzo, aunque todavía está 15% debajo de la puntuación de cierre de 2019. El DAX de Fráncfort está -1% en 2020, aunque desde el 18 de marzo –su mínimo anual– recuperó un 36 por ciento.

El MSCI World Index es un referente de renta variable global amplio que representa el rendimiento de acciones de mediana y alta capitalización en los 23 países con mercados de capitales desarrollados.

Hoy el índice Dow Jones de Industriales alcanzó por primera vez a los 30.000 puntos, un récord histórico

En Wall Street, el índice Dow Jones de Industriales alcanzó este martes por primera vez los 30.000 puntos. El referente de las bolsas de Nueva York gana este martes más de un 1% a un nuevo máximo histórico. En ocho meses transcurridos desde el “piso” de precios de 2020, el pasado 23 de marzo, el Dow Jones acumuló una ganancia de 62 por ciento.

En 2020, el Dow Jones está un 6% positivo, mientras que el tecnológico Nasdaq conserva una extraordinaria mejora del 38% en el año, una ganancia que impide ver los efectos recesivos de la pandemia.

José Ignacio Bano, gerente de Research de InvertirOnline, advirtió que en las últimas semanas “están virando los sectores. Los ganadores al principio del año fueron los títulos tecnológicos, mientras que con la irrupción de la vacuna y el cambio de presidente en los EEUU reactivó al sector financiero, y el de consumo básico o discrecional ahora se está recuperando. El Dow Jones viene ahora ‘performando’ mejor, por encima del S&P 500, y el Nasdaq está tranquilo”.

Ramiro Marra, director en Bull Market Brokers, acotó que “se aceleraron muchos procesos con la tecnología. Hay que ver si las tecnológicas van a poder seguir creciendo con la ‘post-nueva normalidad’ pasado el coronavirus. La gran discusión es qué pasa cuando un proceso se acelera tanto, si se puede mantener en el tiempo o va a venir un ajuste. Es una cuestión más sociológica que de mercado”.

La Bolsa argentina se acopla a los movimientos en el exterior, pero con sus particularidades, pues la economía nacional atraviesa su tercer año consecutivo de caída –que en 2020 superaría el 10%– y el peso reincide en un permanente sendero de depreciación. El panel S&P Merval gana en el año un 28% en pesos, mientras que medido en dólares –contado con liqui– aún está un 35% debajo de los valores del cierre de 2019. No obstante, desde el piso del 18 de marzo, el Merval en dólares experimentó un rebote del 47 por ciento.

En la jornada de hoy, el S&P Merval subió un 5,3% en una rueda con alzas generalizadas entre las que se destacó la acción de YPF, que creció un 11,6%. En el mes, el papel de la petrolera estatal se elevó un 59%.

En el mundo las acciones y el crudo subían, mientras que el dólar de EEUU caía frente a otras divisas, ya que los inversores ponían sus esperanzas de una recuperación económica en las vacunas contra el coronavirus, aun con el creciente número de contagios a nivel global y los retrasos en la aprobación de nuevos estímulos en Estados Unidos.

La transición presidencial en EEUU y el desarrollo de las vacunas contra el covid-19 despejaron las principales incógnitas que llevaban incertidumbre a los inversores

La vacuna desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford es el tercer gran ensayo que reporta datos exitosos después de la estadounidense Moderna y la asociación de Pfizer con la alemana BioNTech, lo que llevó a los inversores a buscar activos de mayor riesgo debido a las esperanzas de una rápida recuperación económica.

Por el otro, la elección de Janet Yellen como secretaria del Tesoro por parte de Biden da indicios de que planea actuar agresivamente para reactivar la economía más grande del mundo, al poner al mando de su política económica a una ex presidente de la Reserva Federal que se caracterizó por dar curso a los estímulos monetarios.

Los mercados financieros prevén que, con Yellen a cargo, el Departamento del Tesoro de Biden estará preparado para unirse a las políticas del presidente de la Fed, Jerome Powell, de bajas tasas de interés por más tiempo, con un gasto gubernamental ampliado y expansivo.

Medidas en dólares, las acciones argentinas aún están -en promedio- un 38% debajo de los precios de fines de 2019

Ezequiel Zambaglione, Head of Strategy de Balanz Capital, subrayó que “toda esta expansión monetaria es un desafío para el mundo, para ver cómo se van a reacomodar las tasas de interés y la inflación. Algunos prevén que las tasas en cero llegaron para quedarse y otros prevén una aceleración de la inflación”.

Lucas Gardiner, director de Portfolio Personal Inversiones, recordó que “este 2020 fue atípico, con muchísima volatilidad por un evento disruptivo que nadie esperaba, pero el paradigma del mercado viene cambiando hace tiempo: desde el 2008 que las tasas siguen bajas y tenemos que pensar en cómo adaptarnos a tasas de inflación y de rentabilidad muy bajas. Ir contra la corriente es dejar pasar muchas oportunidades”.

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