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Roberto Baratta se negó a responder preguntas del juez por el caso Odebrecht

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El ex funcionario kirchnerista Roberto Baratta fue trasladado esta mañana desde el penal de Marcos Paz hacia los tribunales federales de Comodoro Py, donde lo esperaba el juez federal Sebastián Casanello, quien lo citó a defenderse en indagatoria en una de las tres causas judiciales en las que está involucrada la constructora brasileña Odebrecht.

En este expediente, Casanello presenta irregularidades en la construcción de dos plantas potabilizadoras de agua para AySa. Además de Baratta, entre los procesados están el  ex ministro de Planificación, Julio De Vido, y el ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner.

Fuentes de la investigación adelantaron a Infobae que el sospechoso se negó a responder preguntas y presentó un escrito. Durante este martes será trasladado nuevamente al penal donde se encuentra detenido por orden del juez Claudio Bonadio, que instruye la causa por las revelaciones del chofer Oscar Centeno. Los tres -Baratta, De Vido y Wagner- son parte de la asociación ilícita que investiga Bonadio.

Hay otros dos casos en curso donde se investigan negociados de la firma brasileña. En una se analizan obras vinculadas a gasoductos -interviene Daniel Rafecas- y la tercera bucea en la licitación por el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, a cargo del juez Marcelo Martínez De Giorgi.

En esta última investigación, el fiscal Franco Picardi pidió a las autoridades judiciales de Barail que envíen oficialmente las delaciones que hicieron en ese país los ejecutivos de la compañía involucrada en el Lava Jato.

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Politica

El juez Luis Rodríguez procesó y embargó al periodista de Clarín Daniel Santoro

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Es en una causa por un intento de extorsión de D’Alessio a un empresario. Lo hizo pese a que no hay ninguna prueba de que el hombre de prensa haya actuado con dolo en la cobertura de la causa de la Mafia de los Contenedores.

En un nuevo ataque a la libertad de prensa, el juez federal Luis Rodríguez procesó este lunes y embargó en 850 mil pesos al periodista de Clarín Daniel Santoro en la causa en que se investiga el intento de extorsión de Marcelo D’Alessio al despachante de aduana Gabriel Traficante.

En una resolución, Rodríguez –vinculado al operador judicial peronista Javier Fernández- consideró que Santoro fue “partícipe necesario” de la maniobra pese a que no hay ninguna prueba de que el periodista haya actuado con dolo o haya recibido un beneficio económico de parte del falso abogado.

Los a​bogados de Santoro, Mauricio De Nuñez y Guido Sciarreta, ya están trabajando en la apelación del fallo por “arbitraria”, “infundado” y por constituir otro ataque a la libertad de expresión. La causa empezó en el 2017 y Rodríguez recién imputó a Santoro en el 2020, en el marco del Operativo Puf contra la causa de los cuadernos de las coimas.

D’Alessio está acusado de haber cometido a fines de 2016 un intento de extorsión contra Traficante cuyos socios están procesados y en un juicio oral por un intento de contrabando en la causa de la Mafia de los Contenedores. El mismo Traficante tiene prohibición de salir del país y una investigación por la Unidad de Información Financiera (UIF) por supuesto lavado de dinero.

En sintonía con las sospechas de esa causa judicial, el ex jefe de la Aduana Gómez Centurión declaró en la causa D’Alessio Dolores: “Después de la causa Paolantonio o mafia de la Aduana, cuando aparece Traficante, ahí empiezo a entender…cuando hago una denuncia, le faltan piezas, le faltan vínculos y le faltan los aceleradores y los lugares por donde pasan las cosas, y Traficante era uno”.

Santoro conoció a D’Alessio recién el 24 de noviembre de 2016 cuando el falso abogado ya había usado su nombre y el de otros periodistas para presionar al empresario. Dos días después, Santoro le escribió un mensaje de Whatsapp a Traficante, en todo totalmente respetuoso, en el que le pedía que lo llame para consultarlo sobre la nota que iba a publicar. Traficante no contestó.

Al día siguiente publicó una nota en la que informó que el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky investigaba si Traficante era el jefe del grupo que intervino en la Mafia de los Contenedores. Traficante no terminó procesado en esa causa, pero sí sus socios.

Entre sus argumentos, el magistrado objetó la consulta previa que Santoro hizo a Traficante antes de la publicación.

Santoro se limitó a hacer su trabajo de periodista que es lo que hace desde hace 40 años.

El periodista no tenía por qué saber que el falso abogado usaba su nombre para extorsionar y no hay una sola prueba que contradiga sus dichos en indagatoria

En sus indagatoria de febrero de 2020, Santoro expresó “me contacto con Traficante a quien trato de `usted´; me presento con nombre y apellido, profesión y empleado de Clarín; le hago saber que le quiero hacer una consulta periodística”. Además “de ya contar con mi celular, le aporté mi número de teléfono directo del diario. Esa no es la conducta de un cómplice de un intento de extorsión”, agregó.

El juez señalo que “en el mensaje Santoro se habría limitado a decirle a Traficante que le gustaría hacerle una consulta periodística, lo cual dista de la gravedad de lo que realmente ocurriría (ubicarlo como jefe de la comisión de hechos de suma gravedad) y parece ser más una práctica para encubrir su desleal desempeño profesional”.

Rodríguez afirmó que le hizo saber a Santoro “que su actividad para desprestigiar públicamente a Traficante y crear un grado de participación inexistente del mismo en la investigación llevada a cabo ante el fuero penal económico, resultó determinante para que D´Alessio ejerciera el engaño y la presión ilícita que afectara a Gabriel Traficante”.

El periodista le aclaró al juez que no sabía del intento de extorsión a D’Alessio y le puso al magistrado a su disposición sus cuentas bancarias y sus bienes, una casa y un auto para que determine si había obtenido algún beneficio. Y dijo que “lo suyo fue un error profesional de no haberlo investigado a D´Alessio”.

Santoro indicó que en los audios de esta causa expresamente surge que se decía “Santoro no cobra, no es coimero” y que en esa época “había tenido un problema de salud, y su error fue dejarlo entrar a D’Alessio a su ámbito personal y recibirlo en su casa”.

Señaló que la secretaria de D´Alessio, Julieta Ciarmello, al deponer en el expediente de Dolores ante una pregunta puntual, respondió nunca haber entregado sobres de dinero a Santoro pero si a otros nombrados.

Luego el juez señaló que Traficante estaba efectivamente “mencionado en la causa nº 529/2016 del Juzgado Nacional en lo Penal Económico nº 6 a cargo del Dr. Marcelo Aguinsky”, incluso desde antes que conociera a D´Alessio”. Había sido nombrado por dos de los imputados.

Sin embargo, el juez Rodríguez dijo que “estimo que la conducta desplegada por el imputado Daniel Pedro Santoro encuadra prima facie en el delito de extorsión en grado de tentativa, en calidad de partícipe necesario (artículos 42, 45 y 168 del Código Penal)”.

“Ciertamente no es es equiparable el periodista que publica una información de interés público obtenida de manera ilegal por su fuente, con el supuesto de un profesional que trasmite información falsa para contribuir en una maniobra delictiva”, agregó.

Rodríguez es el mismo juez a quien Carolina Pochetti, la viuda del ex secretario de Cristina Kirchner, Daniel Muñoz, afirmó que le habrían pagado varios millones de dólares para que no avance con la causa. El juez fue investigado por esta denuncia y sobreseído.

En diciembre pasado, la cámara federal de Mar del Plata dictó la falta de mérito de Santoro en un intento de coacción –que no constituyó delito- y un intento de extorsión al empresario K, Mario Cifuentes, en un claro fallo a favor de la libertad de expresión.

Sobre ese fallo, el juez Rodriguez, sostuvo que “ningún detrimento constitucional puede sufrir quien publica información falsa con fines ilícitos”.

Citó que la Cámara Federal de Mar del Plata aclaró que “los Magistrados actuantes en causas judiciales no han sido investidos en sus cargos para juzgar la calidad o contenido de un trabajo periodístico, ni mucho menos, para apostrofar acerca de la manera en que un periodista se vincula con su fuente, cuestiones estas, que en todo, podrán quedar sujetas a un juicio ético o de credibilidad de su trabajo, que incumbe a la sociedad que consume su producto periodístico, y no a los jueces, siempre, claro está, que no se esté frente a la comisión de un delito”.

Santoro publicó en base a fuentes judiciales y de la Aduana, no solo lo que estaban en el expediente, que se investigaba si Traficante era el jefe del grupo. El juez dijo que “es falso que dos imputados “en la causa de la mafia de los contenedores que investiga Aguinsky señalaron a Traficante como supuesto `cerebro´ detrás de la organización”. El periodista no afirmó eso.

En base a análisis de llamadas telefónicas, afirmó el juez, de “Santoro se desprenden numerosas comunicaciones telefónicas con el Dr. Marcelo Aguinsky, Juez a cargo de la causa en cuestión. Puntualmente, se registraron llamados los días 25 de noviembre y 7 de diciembre de 2016, es decir, uno y dos días de antelación con las notas cuestionadas a Santoro del 26 de noviembre y 9 de diciembre de 2016”.

Hasta el momento, el periodista ni sus abogados sabían que se hubiese analizado las llamadas de Santoro, protegidas por el artículo 43 de la Constitución que consagra el secreto profesional. En las pruebas aportadas por Traficante aparecen supuestos mensajes de Whatsapp de D’Alessio, en el que éste afirma que “Santoro no es coimero”. Sin embargo, el juez alienta esta hipótesis.

Lo único que tiene es una foto de Santoro y D’Alessio juntos que el falso abogado se la pidió para su hijo que quería estudiar periodismo.

Sobre la prohibición de salida del país de Traficante, el juez Rodríguez dijo que “fue adoptada más de nueve (9) meses después de los hechos que aquí se someten a estudio, sino que dicha imposición se encuentra vinculada a un hecho posterior que tramita exclusivamente en ese Legajo, cuyo trámite se halla a cargo del Ministerio Público Fiscal en los términos del artículo 196 del CPPN y se vincula al intento de retirar un contenedor el día 14 de septiembre de 2017”.

En la causa de la mafia de los Contenedores, el juez Aguinsky procesó al socio de Traficante, Gabriel Garcés, y el contador Víctor Esteban Palomino Zitta, otro de los imputados, se encuentra prófugo de la Justicia.

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Hallaron más hacienda robada en otro campo que pertenece al senador José Alperovich

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Durante la semana habían hallado 400 animales en “La Galesa”, campo del ex gobernador de Tucumán. Ahora, el fin de semana allanaron otro establecimiento y secuestraron 399 animales más.

Durante los allanamientos en las últimas horas la justicia y la policía de Santiago del Estero encontraron más animales robados en campos del senador del Frente de Todos y ex gobernador de Tucumán, José Alperovich, que pertenecen a las firman San Eugenio S.A, El Tránsito S.A y El 38 S.A.

Tras encontrar en la semana 400 vacunos en el campo “La Galesa”, situado en Pozo Hondo, ahora descubrieron otros 399 animales más en otro establecimiento de Alperovich en el paraje Bandera Bajada, al norte de la provincia santiagueña,  al límite el Chaco.

También durante la semana se habían detectado 231 vacunos capitalizados por el fondo ganadero Adblick en el campo de la firma Agrolam. En total, las firmas damnificadas recuperan 1.030 vacunos de las 3.500 vacas que denunciaron que les faltaba.

Encontraron 400 vacunos robados en "La Galesa", un campo de José Alperovich en Santiago del Estero.

Encontraron 400 vacunos robados en “La Galesa”, un campo de José Alperovich en Santiago del Estero.

Desde las empresas damnificadas resaltaron en un comunicado la “llamativa impunidad con la que han actuado personas y sociedades, que en los meses previos no dudaron en ocultar la tenencia irregular de la hacienda de nuestra propiedad y que al ser sorprendidos por la acción de la justicia han apelado a la estrategia de la victimización”.

La historia del “robo de ganado del siglo” comenzó el 30 de enero del año pasado, cuando las firmas denunciantes comenzaron a enviarle ganado vacuno desde sus campos situados en Chaco, Formosa y Corrientes hasta los establecimientos de Oleos del Centro, conducido por Luis Magliano, situados en las localidades santiagueñas de Weisburd y Campo Gallo para la recría y engorde. En total, fueron 3.530 vacunos valuados en aproximadamente 150 millones de pesos.

Ya cerrando el 2020, pandemia de por medio, las firmas damnificadas se dieron cuenta de la faltante de los animales cuando los fueron a retirar y realizaron la denuncia policial correspondiente. Así, por esta causa, ya están detenidos Magliano, quien estuvo prófugo por 10 días, y Damián Manzaneli, quien fuera el administrador del campo denunciado.

Una vez preso Magliano, quien también fuera presidente de la Sociedad Rural de Jesús María, comenzaron los allanamientos en diferentes campos para recuperar la hacienda robada.

El primero fue “La Galesa”, establecimiento situado en Pozo Hondo que pertenece al senador y ex gobernador de Tucumán, José Alperovich, quien también tiene una causa por abuso sexual. Allí encontraron hasta ahora 400 animales que pertenecían a las firmas denunciantes.

En su momento, Daniel Alperovich, hijo del político y socio gerente de “La Galesa”, había dicho que “nosotros teníamos un vínculo comercial con Magliano y nos pagó una deuda, con ganado. Todo documentado y registrado por el Senasa. Evidentemente fuimos estafados. La fiscal que lleva adelante la causa nos refirió que presuntamente ese ganado no era de propiedad de Magliano”, sostuvo.

Ya son más de 1.000 los animales recuperados y que fueron trasladados hasta Corrientes.

Ya son más de 1.000 los animales recuperados y que fueron trasladados hasta Corrientes.

El vocero explicó que “los animales están en depósito judicial hasta tanto se determine quienes son sus propietarios”, y aseguró que están “recolectando toda la documentación para aportar a la justicia y hacer la denuncia criminal contra Magliano por estafa”.

Luego, la justicia santiagueña allanó en Quimilí un campo correspondiente a la empresa Agrolam. Hasta el momento, encontraron 231 animales. Y por esta causa, detuvieron a Juan Pablo Miretti, director de Agrolam y ex presidente de la Sociedad Rural de Quimilí.

En este sentido, desde Agrolam emitieron un comunicado informando que desde el martes 13 al sábado 17, la justicia de Santiago del Estero realizó un procedimiento de control y verificación sobre 2.170 cabezas de ganado de propiedad de Adblick que ingresaron a través de un contrato de capitalización con toda la documentación legal exigida para ese tipo de operación. “Esta situación fue reconocida públicamente por Adblick en un comunicado oficial”, dijeron desligándose del problema. .

“Es menester destacar, además, que posteriormente se procedió a verificar las restantes 6.382 cabezas presentes en el establecimiento que no se vinculan al contrato con la firma Adblick y que son propiedad de otros capitalizadores y de Agrolam. no encontrándose ninguna cabeza perteneciente a la firma damnificada”, reconocieron.

Desde el fondo de inversión ganadero Adblick se defendieron de las acusaciones y apuntaron hacia Magliano También por medio de un comunicado, indicaron que decidieron incorporarse a la causa no solo para poner a disposición toda la documentación pertinente a la titularidad de la totalidad de las 2.128 cabezas en pastaje en Agrolam, sino reclamar la propiedad de las 230 cabezas secuestradas durante el procedimiento a los fines de demostrar que fueron debidamente adquiridas en su oportunidad por Adblick Ganadería.

Según el texto, durante el 2020 “Adblick mantuvo hacienda proveniente de compras anteriores a la cual se sumó una compra de hacienda debidamente adquirida a la misma Oleos Del Centro en junio 2020. Esta operación se realizó por 1.200 cabezas, con toda la documentación respaldatoria que se requiere y los certificados y autorizaciones debidas ante SENASA, llegando a tener en propiedad de Adblick con hotelería en dicho campo más de 2.500 cabezas, revisadas durante el allanamiento”.

En su oportunidad se trasladó la hacienda de propiedad del fondo de inversión al campo de Agrolam porque durante el segundo semestre del 2020, Oleos Del Centro les comunicó que estaba teniendo problemas con su planta de Bioetanol, a través de la cual obtenían burlanda para alimentar la hacienda, transmitiendo a Adblick la necesidad de retirar la hacienda por no poder cumplimentar los índices productivos pautados.

“En función a ello, Adbllick comenzó a retirar hacienda trasladando 2170 cabezas a campos de la firma Agrolam en Quimili, quienes prestan servicios de capitalización y cuidado de la misma. Estos movimientos se realizaron hasta los primeros días de diciembre 2020 y corresponden a la hacienda de ADBlick conforme los contratos debidamente suscriptos, retirando la hacienda que fue entregada por Oleos Del Centro con las respectivas guías firmadas por el titular de ODC y cumpliendo con todos los requisitos legales según las existencias de ADBlick en dicho establecimiento, las cuales se encontraban informadas a Sensa”, indicaron defendiéndose de las acusaciones.

Y ahora, la novedad fue se descubrieron otros 399 animales más en otro establecimiento de Alperovich, quien también fue denunciado recientemente por abuso sexual y que está con licencia.

La intención de las firmas denunciadas es poder localizar y recuperar la mayor cantidad de cabezas de ganado por lo que se espera que sigan los allanamientos en otros campos. Es así que impulsarán las acciones penales y civiles que correspondan contra los que finalmente resulten involucrados por la justicia en la maniobra. “Frente a las irregularidades detectadas y elementos reunidos en la causa, no hay tenedor de hacienda de terceros de buena fe”, dijeron.

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Coronavirus

Internaron a la jueza María Servini en terapia intensiva por complicaciones con el coronavirus

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Sufrió dificultades respiratorias y la trasladaron al Sanatorio Otamendi. Había recibido al primera dosis de la Sputnik V.

La jueza María Romilda Servini fue internada este miércoles en el Sanatorio Otamendi tras sufrir complicaciones de su cuadro de coronavirus. La magistrada se había contagiado de Covid hace menos de una semana y según confirmaron fuentes de su entorno el martes empezó a tener dificultades para respirar que se agravaron hoy y hoy decidieron internarla.

Está alojada en terapia intensiva. Además de una fuerte tos, la magistrada empezó a saturar oxigeno por debajo de los niveles recomendados. Tras ingresar le empezaron a realizar una batería de análisis para detectar si tiene problemas pulmonares que podrían derivar en una neumonía, una de las complicaciones típicas del coronavirus.

Servini, jueza federal y a cargo del juzgado electoral, tiene 84 años y por su edad integra uno de los grupos de riesgo por el coronavirus.

La jueza había sido vacunada con la primera dosis de Sputnik V en febrero pasado y según contó el 26 de marzo pasado le tenían que aplicar la segunda dosis en el Club Italiano en el barrio porteño de Caballito pero le suspendieron el turno. “Estoy enojada. Si me hubieran dado la segunda dosis, a lo mejor no me hubiera contagiado”, protestó Servini el jueves pasado cuando confirmó que tenía coronavirus.

Incluso contó que se quejó ante las autoridades de la Ciudad y que llamó al vicejefe de Gobierno Diego Santilli. “Después llamé a Diego Santilli. Le pedí que si estaban haciendo alguna excepción, trataran de darme la segunda dosis, porque yo estoy trabajando. Quedó en ocuparse, no me llamaron”, cerró.

Servini empezó con los síntoma típicos del coronavirus antes de que le dieran el resultado positivo. Tuvo tos, estornudos y un resfrío muy fuerte además de un “cansancio brutal” según contó. Los médicos le habían recomendado que intentara calmar los síntomas con paracetamol.

Cuando arrancó la cuarentena en 2020, Servini dejó de ir a su juzgado en Comodoro Py. Pero luego retomó la actividad presencial dos veces por semana. Antes de que le dieran su resultado de covid, cuatro empleados de su juzgado dieron positivo de coronavirus.

La jueza había criticado la campaña de vacunación oficial y al propio presidente Alberto Fernández. “Todo este tema de las vacunas se ha manejado muy mal. Lo siento, porque se lo estoy diciendo también al señor Presidente”, dijo Servini tras su contagio. “Se han manejado irresponsablemente, hay provincias a las que mandaron la segunda dosis de la Sputnik y no habían mandado la primera”, agregó.

Y puso condiciones para garantizar las PASO. Pidió que un “plantel de 25 personas” entre sus colaboradores reciban ambas dosis de la vacuna contra el Covid. “No los voy a exponer a que se enfermen los 25. Mi equipo son como 300 personas, estos son los 25 urneros, como los llamamos, que preparan las urnas con lo que debe contener en cada mesa. No voy a exponerlos a que se enfermen, porque ahí no puedo hacer burbuja”, afirmó.

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