Sobre el exintendente pesaba un pedido de pena de 10 años de prisión formulado por el fiscal José Candioti, quien lo consideró coautor de “financiamiento de actividades de comercio de estupefacientes” junto a otros dos funcionarios municipales, el ex concejal Pablo Hernández y la ex secretaria de Seguridad local Griselda Bordeira, para quienes solicitó 9 años de cárcel.
Justicia
Ramos Padilla volvió a citar a indagatoria al fiscal Stornelli y convocó a Stiuso como testigo
El juez federal Alejo Ramos Padilla citó por sexta vez a indagatoria al fiscal Carlos Stornellien el marco de la causa que tiene como principal imputado al falso abogado Marcelo D’Alessio. La convocatoria es para el próximo 18 de julio, como consecuencia del fallo de la semana pasada de la Cámara Federal de Casación Penal que dejó firme su situación de “rebeldía”. Paralelamente, el mismo tribunal también ratificó la competencia de Ramos Padilla en el caso, uno de los argumentos del fiscal de la causa de los cuadernos para no ir a Dolores.
A la par, el magistrado convocó a Antonio Stiuso para que explique por qué quiere ser aceptado como querellante en la causa que se instruye en Dolores. En un escrito anticipado por Infobae, el ex hombre fuerte de la Secretaría de Inteligencia durante el kirchnerismo aseguró que es una víctima de D’Alessio, habló del asesinato de Alberto Nisman y apuntó contra Elisa Carrió.
El juez decidió citar al espía a testimonial el 19 de julio, a las 10, “a fin de ratificar personalmente dicha presentación, a ampliarla en cuanto fuere pertinente y a acompañar la documentación que refiere en su escrito”.
Carrió está imputada en la causa de Dolores, junto a sus diputadas Mariana Zuvic y Paula Oliveto. El juez las notificó de la querella en su contra y las invitó a presentarse en el expediente y declarar voluntariamente su versión. Las legisladoras ya buscaron presentarse en el expediente, según se desprende de esta resolución.
La sospecha en su contra es que Carrió se nutría o intercambiaba información que le brindaba D’Alessio con sus tareas de investigación. En televisión este fin de semana, la legisladora aseguró que el falso abogado era el sobrino de un amigo de toda la vida y que lo atendió por compromiso, pero que lo derivó a Oliveto porque le pareció un poco loquito.
Las convocatorias de Stornelli y Stiuso, más la ya fijada para el periodista Daniel Santoro, vuelven a dar un impulso mediático al caso que investiga una red de espionaje político judicial para llevar adelante extorsiones y aprietes. Por la asociación ilícita están presos el falso abogado Marcelo D’Alessio, los ex policías Aníbal Degastaldi y Ricardo Bogoliuk y el ex espía Rolando “Rolo” Barreiro. Por una investigación de lavado de dinero, también hay otro detenido.
En la causa además está procesado el fiscal de Mercedes Juan Ignacio Bidone, quien fue suspendido en su cargo por la Procuración bonaerenese, luego de haber reconocido judicialmente que había incluido en la causa del Triple Crimen de General Rodríguez una serie de informes pidiendo datos de movimientos migratorios de ciertas personas, que más tarde resultaron extorsionadas por D’Alessio. El falso abogado les advertía que estaban complicadas en expedientes penales y la prensa iba a difundir todo el escándalo, pero que a cambio de dinero podía solucionarlo.
El empresario ruralista Pedro Etchebest fue el que radicó la denuncia que dio origen a este escándalo con una situación similar: D’Alessio le mostró un supuesto dictamen fiscal en donde se detallaba que el arrepentido de la causa de los cuadernos Juan Manuel Campillo lo había nombrado en la causa de los cuadernos. Le aseguró que iban a detenerlo pero que él podía resolverlo si le pagaba el dinero para arreglarlo con Stornelli y el juez Claudio Bonadio.
Etchebest se encargó de grabar las conversaciones con D’Alessio y pidió viajar a Pinamar, donde estaba Stornelli de vacaciones, para registrar con una filmación el encuentro con D’Alessio. Eso fue lo que le permitió a Etchebest presentar la denuncia en Dolores y no en los tribunales de Comodoro Py 2002, algo que han cuestionado Stornelli y el propio D’Alessio que querían que el caso se tramitara en los tribunales de Retiro.
Con ese argumento, Stornelli rechazó presentarse en Dolores. El juez Ramos Padilla lo declaró en rebeldía por su inasistencia. La confirmación de esa decisión por parte de la Cámara de Mar del Plata derivó en un pedido de jury ante la Procuración General. El procurador interino Eduardo Casal abrió un sumario administrativo a fin de mayo que dio tiempo de 60 días hábiles para definir si hubo una inconducta.
Stornelli está acusado no solo por el caso de Etchebest y el supuesto pedido de dinero. También quieren interrogarlo por los casos sobre el ex directivo de PDVSA Gonzalo Brusa Dovat, llevado y filmado por D’Alessio cuando declaraba en su fiscalía, y por presuntas “tareas de espionaje ilegal relacionadas con Jorge Christian Castanon”, ex pareja de la mujer del fiscal, entre otros hechos.
El fiscal ha negado en varias entrevistas televisivas las acusaciones en su contra. Sostiene que se trata de un complot para atentar contra la causa de los cuadernos. Se basa en la llamada “operación Puf”, una investigación que nació por la denuncia de Carrió en base a unas transcripciones que llegaron a manos de la diputada y aludían a las escuchas que se hicieron en la cárcel -en el marco de otra causa-. Allí se podía oír que detenidos kirchneristas sabían de la denuncia que se estaba por hacer o se había hecho en Dolores. La investigación de Carrió quedó por sorteo en manos del juez Bonadio.
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En un inicio, el caso abarcaba a 25 imputados, incluida Cristina Fernández de Kirchner, y señalaba una defraudación de 6900 millones de dólares. Pero se derrumbó por múltiples irregularidades, desde la actuación de un perito que plagió su informe hasta la declaración de Marcelo D’Alessio. Terminó incluyendo a cinco acusados, sin CFK, y apuntando a un supuesto fraude de 124 millones.
La elevación a juicio de la causa por la compra de Gas Natural Licuado (GNL) es una pintura de las andanzas de la coalición judicial–política–mediática con sede en Comodoro Py y alineada con Cambiemos. Al principio de la causa hubo 25 imputados. En la elevación terminan acusados cinco. La acusación tenía el objetivo principal de apuntar a Cristina Fernández de Kirchner, pero eso se cayó a pedazos, o sea que ella no va a juicio en esta causa. En la imputación original, fogoneada por el perito trucho David Cohen y el abogado trucho Marcelo D’Alessio, se habló de una defraudación de 6900 millones de dólares, pero ahora esa cifra bajó a 124 millones, cifra 55 veces menor que la original, lo que demuestra la manipulación. También se imputa por supuestas maniobras en el puerto, pero no se sabe la cifra ni cuál fue la mecánica ni quién hizo las maniobras. El juez Claudio Bonadio argumenta que no usó a Cohen y a D’Alessio para elevar la causa a juicio, pero lo único que hizo fue no nombrarlos: la acusación es la misma, usando lo que el perito y el falso abogado dijeron, aunque como quedaron evidenciadas las falsedades, las imputaciones terminaron reducidas a la mínima expresión.
Elevación
El expediente ya está en el Tribunal Oral Federal número 7 que tendrá que hacerse cargo de una causa en la que no hay peritajes, porque se cayeron por truchos, y tampoco hay testigos de peso, porque D’Alessio es impresentable. En la causa del GNL, el falso abogado fue llevado a declarar por el periodista Daniel Santoro cuando el expediente se había caído por el falso peritaje.
Por supuesto que D’Alessio declaró como abogado, o sea ya falseó su testimonio desde el primer minuto. Y, además, entregó cuatro carpetas que –según él– recibió de manera anónima. El contenido de esas cuatro carpetas ya estaba detallado en la computadora que le secuestró el juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla, o sea que también ese material nació de forma fraudulenta: lo escribió e imprimió el propio D’Alessio, quien obviamente mintió diciendo que el origen era desconocido.
Orígenes
La causa del GNL empezó en 2014 a raíz de una denuncia de Laura Alonso, Patricia Bullrich y Federico Pinedo. Los dirigentes del PRO simplemente dieron cuenta de una sospecha: que podría haber sobreprecios en las compras del gas, que empezaron en 2008, y que fueron necesarias a raíz del crecimiento de la economía y varias oleadas de frío.
El dúo del fiscal Carlos Stornelli y el juez Bonadio no se anduvo con chiquitas y fijó la defraudación en 6900 millones de dólares, una cifra tan descomunal que hasta el propio ministro macrista Juan José Aranguren sostuvo que era un delirio. El gas se compraba a las más grandes empresas del mundo British Petroleum; Gas Natural Fenosa, Shell, Stanley & Poors, Repsol y otras. Del lado argentino, fueron procesadas 25 personas. En cambio, ninguno del lado de los vendedores: se supone que si hubo sobreprecios debía haber complicidades de los dos lados del mostrador.
Lo cierto es que el peritaje realizado por David Cohen se cayó a pedazos. El juez tomó su trabajo y descartó los estudios de otros peritos, pese a que se demostró que lo hecho por Cohen fue copiado de estudiantes chilenos y no tenía el menor rigor científico. Falsificó siglas de centros de estudios inexistentes y puso como parámetro de costos un índice norteamericano –el Henry Hub– que en todas las instancias fue demolido por los expertos porque no sirve para comparar con los precios de gas trasladado en barcos. El perito ya afronta un juicio oral por falso testimonio agravado.
La cuestión es todavía más seria: en un entrecruzamiento de llamadas presentado por el ex funcionario de Infraestructura Roberto Baratta, se advierte que Cohen hablaba por teléfono con grandes estudios de abogados ligados al PRO, funcionarios de Cambiemos, abogados que trabajaban para la Agencia Federal de Inteligencia; el Ministerio de Seguridad, el de Justicia. La impresión es que estaba complotado con toda la trama judicial–política–mediática que respondía a la Casa Rosada.
Caído el peritaje de Cohen, la Cámara Federal anuló los procesamientos y les dijo al fiscal y el juez que debían demostrar sobreprecios con un nuevo estudio. La causa se elevó ahora a juicio sin que se haga el estudio ordenado por los camaristas Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia. Es más, el magistrado estima un sobreprecio, ya no de 6900 millones sino de 124 millones de dólares, otra vez sobre la base del Henry Hub, que los propios camaristas destrozaron.
O sea, el juez dice que sacó a Cohen de la causa, pero lo dejó tácitamente.
Rescate
Cuando la causa se hundía irremediablemente por el fraude del perito, a fines de 2018, el periodista Daniel Santoro presentó a D’Alessio, tal como lo reveló el fiscal Stornelli.
El 5 y el 12 de noviembre de 2018, D’Alessio declaró en la causa ante Stornelli, sin que el fiscal tuviera delegada la investigación: dijo ser abogado, entregó documentación robada de Enarsa, empresa en la que dijo que se había infiltrado y entregó cuatro carpetas que, según él, recibió de manera anónima en su estudio. La declaración de D’Alessio estuvo escondida: recién se incorporó al expediente en febrero cuando ya había estallado el escándalo en la causa de Dolores. Ramos Padilla desarmó toda la patraña basándose en lo que encontró en la computadora de D’Alessio, secuestrada durante el allanamiento a su vivienda.
¿Qué decía D’Alessio? Que en realidad hubo una defraudación con los seguros de los barcos y que Cristina Fernández de Kirchner llamó personalmente a Enarsa para interiorizarse de la cuestión. La mentira no se sostuvo: los camaristas Bruglia y Bertuzzi sacaron a CFK de la causa porque no se podía basar esa acusación en los dichos del oportuno D’Alessio.
Pero el falso abogado también mencionó defraudaciones en materia de gastos portuarios y por la intermediación del estudio de los hermanos Dromi. La Cámara ordenó entonces que se estudiara la cuestión, que se profundizara la investigación sobre una posible defraudación. El magistrado ignoró la orden y elevó el expediente a juicio mencionando una generalidad: que hubo facturaciones de hasta 700 mil dólares en cada barco, pero sin precisar si hubo maniobras o no, ni de cuánto podría ser el perjuicio. En una palabra dijo: “que se ocupe el Tribunal Oral”.
Como se ve, el juez dice que no usó a D’Alessio pero lo único que evitó fue nombrarlo. Mantuvo las acusaciones formuladas por el falso abogado, pese a que la Cámara ordenó la anulación de aquella declaración auspiciada por Santoro y concretada ante Stornelli.
Juicio
El TOF 7 recibe entonces el expediente sin que se hubieran hecho ni los peritajes ni los estudios que reclamaba la Cámara Federal. Pero, además, el magistrado dijo que no podía probar sobreprecios entre 2008 y 2011 porque no consiguió que le entregaran la documentación necesaria, que había pasado por la Auditoría General de la Nación. La Cámara le ordenó conseguir ese material. El juez tampoco lo hizo.
O sea que se pretende llegar a un juicio oral sin peritajes, sin la descripción ni datos reales sobre los supuestos delitos, sin la documentación pedida por los camaristas, con un testigo (D’Alessio) que está preso y con un perito (Cohen) procesado y camino a juicio.
Nada de eso importó. Es una causa que fue clave para la ofensiva política de Cambiemos: se usó para meter presos a Julio De Vido y Roberto Baratta; para acusar a CFK y dictarle otra prisión preventiva y luego, de manera grotesca, armaron sobre el expediente del GNL el de las fotocopias de los cuadernos, argumentando que eran los mismos acusados y la misma asociación ilícita.
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El exintendente de Paraná Sergio Varisco fue condenado a 6 años y medio de prisión. Estaba acusado de narcotráfico junto a otras 32 personas de narcotráfico. El veredicto se dio a conocer esta tarde en los tribunales de la capital entrerriana.
Los jueces que dictaron la sentencia contra Varisco son Lilia Carnero, Noemí Berros y Roberto López Arango. El viernes pasado, durante las “últimas palabras” de los imputados, Varisco había afirmado ser víctima de una “campaña política”. También negó haber financiado operaciones narcos desde el municipio.
En ese contexto, el exintendente de Cambiemos dijo en los últimos dos años sufrió “un calvario, estigmatizado como narco” y fue agredido, pero aseguró que desde los ’80 sólo se dedicó a la política y no tiene auto, casa, ni cuenta bancaria.
En relación con su vínculo con el sindicado narcotraficante Daniel Celis, también acusado en el juicui, dijo que sólo tuvo una “relación política” vinculada a la incorporación de personal al municipio.
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El juez Bonadio finalizó la instrucción de este expediente, vinculado a los cuadernos de las coimas. Junto a la vicepresidenta, serán enjuiciados De Vido, López y medio centenar de empresarios.
La vicepresidenta Cristina Kirchner irá a juicio oral junto a Julio De Vido, José López y más de medio centenar de empresarios, entre ellos Carlos Wagner, Ángelo Calcaterra, Gerardo Ferreyra y Juan Chediack, por la cartelización en la obra pública y el circuito de sobornos que según la justicia funcionó alrededor de esos contratos. Se trata de la décima causa que la ex mandataria, tiene elevada a juicio oral.
Con el expediente principal del caso cuadernos elevado a juicio oral, Bonadio dio por clausurada la instrucción del tramo que investigó el circuito de sobornos que vinculados a la Cámara de la Construcción.
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