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Ordenan detener a Carlos Soto Dávila, juez federal de Corrientes acusado de beneficiar a narcotraficantes

Se trata de Carlos Soto Dávila, quien está acusado de ser el jefe de una asociación ilícita que encubría a vendedores de droga. También dispusieron el arresto de sus dos secretarios.

La Justicia Federal ordenó este martes la detención e indagatoria del juez federal de Corrientes Carlos Soto Dávila imputado en una causa por narcotráfico, informaron fuentes judiciales.

Aclararon que el arresto del juez Soto Dávila no puede concretarse por el momento por estar amparado por fuero de magistrado.

El magistrado está acusado de ser el jefe de una asociación ilícita que encubrió a narcotraficantes que operaban en Corrientes, desde donde transportaban grandes cantidades de marihuana para distribuir en Capital Federal y varias provincias.

El juez de la causa, Sergio Torres, también dispuso la detención de los dos secretarios del magistrado, Pablo Molina y Federico Grau, y de cinco abogados, uno de los cuales ya está detenido desde hace días, en otra causa impulsada junto al fiscal Carlos Stornelli y al titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) Diego Iglesias. Los dos secretarios están suspendidos desde hace tiempo y serán indagados a partir del próximo jueves.

La investigación de esta causa está vinculada a la de narcotráfico por la que está detenido el Intendente de Itatí Natividad Terán y su vice Fabio Aquino, además de gendarmes, policías federales y provinciales, en un caso que va camino al juicio oral. El modus operandi que se investiga era el siguiente: los narcos ingresaban marihuana desde Paraguay por balsas en el Río Paraná y, una vez en Corrientes, la distribuían hacia Capital Federal, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Chaco, Santiago del Estero y Mendoza.

El juez federal de Corrientes es señalado de pagar grandes sumas de plata para ser encubierto, sumado a escuchas telefónicas de su entorno que lo involucraron. Se investigan al menos una decena de pagos de coimas al magistrado, a cambio de protección.

La acusación concreta sobre el magistrado es de dictar resoluciones favorables hacia los narcos. Entre ellas, vinculadas a alivianar la acusación o bien otorgarles la libertad de forma muy controvertida. Al ser juez Soto Dávila posee fueros y no puede ser detenido, aunque sí indagado. En función de ello se comunicó la decisión y se puso al tanto de la acusación al Consejo de la Magistratura de la Nación, para que se proceda a su desafuero.

El juez Torres analiza un perfil patrimonial del magistrado así como los movimientos de la cuenta bancaria asignada a su juzgado. Mientras que la PROCUNAR evalúa unas 180 mil llamadas entre el magistrado y sus secretarios desde el 2015 a la fecha.

La investigación

El origen del caso se remite al 2013 cuando una banda de traficantes que comercializaba marihuana en la Villa 21, del barrio de Barracas, comenzó a ser investigada en el juzgado federal de Sergio Torres. En ese expediente (N° 8.606/13), 14 personas terminaron elevadas a juicio y se decomisaron unos 700 kilos de marihuana.

Lo que ocurrió esta madrugada fue la culminación de la cuarta etapa del proceso, una etapa que que se centró en lo más alto de la pirámide de encubrimiento: el entramado judicial que habría amparado a los narcotraficantes.

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