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Nuevas pruebas complican a Lazaro Báez y Cristina Kirchner en el juicio de la obra pública

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Dos testigos revelaron que el empresario K se quedó en dos días con cuatro licitaciones millonarias sin control.

Durante el juicio contra Cristina Kirchner por el presunto direccionamiento en la obra pública, la lista de testigos es extensa. Entre los cuales se encuentran dos ex integrantes de la comisión de preadjudicación, responsable de analizar las ofertas de las empresas que concursaban, para avanzar hacia la adjudicación. Ante el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) declararon dos ex integrantes de ese espacio, cuyos testimonios reforzaron una hipótesis de la fiscalía: en dos días el Grupo Austral recibió, sin mayores controles, cuatro contratos por más de $ 714 millones. Las obras duplicaron y triplicaron sus plazos de obras, y se estimaron sobreprecios por encima del 56%. En estas licitaciones, Báez competía consigo mismo, tres de sus firmas ofertaban con diferencia de centavos. El dato: la comisión de preadjudicación “era ficticia y en 24 horas se entregaban los contratos”, señalaron fuentes judiciales.

La vicepresidenta es la principal acusada en este caso donde se la procesó como jefa de una asociación ilícita que defraudó al Estado al direccionar 51 licitaciones por $ 46.000 a favor de Lázaro Báez. La fiscalía a cargo de Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, sostuvo que esos contratos se otorgaron “bajo serias irregularidades”, sumado que “el 50% de los contratos no se terminaron y los sobreprecios rondaron el 65%”. Otro punto que remarcó la imputación, es que el Grupo Austral “no tenía capacidad técnica ni operativa para ganar tantas licitaciones”.

Cuando Austral Construcciones llevaba sólo tres años en el rubro de la obra pública, el Estado nacional le adjudicó 20 licitaciones, algunas de forma compulsiva: el 5 y 6 de marzos de 2007 le otorgó cuatro contratos por más de $ 714 millones, pero por las que Báez terminó cobrando $ 1.260 millones, duplicando y hasta triplicando los plazos de obra”. La imputación sostiene que para que esto ocurriera, había “connivencia de los funcionarios de Vialidad que no realizaban los controles correspondientes”.

Lázaro Báez recibió en dos días, cuatro contratos millonarios con otro dato no menor, en las licitaciones competían tres empresas de él, en un caso dos de ellas en una Unidad Transitoria de Empresas (UTE), pero seguía siendo el mismo dueño. El único por fuera del holding que ofertaba era Petersen (de la familia Eskenazi), pero en las cuatro ofertas, los descalificaron.

La situación mostraba a Báez compitiendo con Báez. No había ecuación que lo haga perder. Sus empresas, en lo que la fiscalía sostiene que eran “licitaciones simuladas”, ofertaban “con propuestas que mostraban una escasa diferencia en su cotización a favor de aquella que estaba preseleccionada para ganar”, sostiene la imputación.

Primero se autorizaba el llamado a licitación, una vez que se conocían las ofertas las mismas debían analizarse en la comisión de preadjudicación que debe integrarse con cuatro agentes de Vialidad. La comisión se modificaba siempre días previos a firmar el dictamen que siempre favorecía a Báez.

Por ejemplo, en la licitación 10.477 para repavimentar un tramo de la Ruta 281, el 26 de diciembre de 2006 se nombraron a los cuatro integrantes de la comisión. Sorpresivamente, el 22 de febrero de 2007 dicha conformación fue modificada, y sacaron a Gustavo Pereyra y a Claudio Helm. Fueron nombradas otros dos especialistas sin previas explicaciones. Cinco días después esa comisión se pronunció a favor de Báez que el 5 de marzo fue adjudicatoario a través de Kank y Costilla de un contrato por $ 108.048.052. La obra debía terminarse en 24 meses, su plazo de se duplicó y se terminó pagando $ 150.017.682. 

Llamó la atención a los investigadores el movimiento reiterado en la Comisión de preadjudicación. Previo a pronunciarse, se sacaban a dos de sus miembros, siempre los mismos (Pereyra y Helm) y colocaban a otros dos para que firmen el dictamen a favor del empresario K. “Nunca me enteraba cuando era parte de la comisión ni tampoco cuando me sacaban”, dijo en su declaración testimonial Pereyra. En sus dichos Helm fue más difuso, y señaló que “recordaba” algo respecto a esa comisión, pero no dio precisiones respecto a qué debía hacer en ella.

Dentro de las principales irregularidades “exponen una clara connivencia y tráfico de información con Báez” y “falta deliberada de controles” exponiendo “la complicidad de funcionarios”. En este punto, se señaló que la Comisión de preadjudicación en pocos días, “sin mayores controles y análisis, ni tiempo para analizar las ofertas” favorecían siempre a Báez.

Pero había otro dato que se observó en la licitación por la Ruta 9. Se llamó a licitación por 199.680.000 pesos, antes de la apertura de ofertas, se firmó un convenio donde se fijó el presupuesto en 238.248.064 pesos, que terminó siendo la oferta que realizó Austral Construcciones. “Fue realizado a la medida de la cotización” del empresario K.  La obra la ganó el Grupo Austral, después de modificarse la comisión de preadjudicación.

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El impacto de las críticas de Cristina Kirchner en Comodoro Py: “La consigna es resistir los ataques”

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Las acusaciones de la vicepresidenta en la audiencia por el caso de “dólar futuro” llegaron a todos los jueces federales, para quienes ella intenta “desprestigiar a la justicia”.

Tres días después del duro discurso de Alberto Fernández contra el Poder Judicial, Cristina Kirchner no escatimó en críticas sobre el funcionamiento de la justicia que la investigó en ocho causas por presunta corrupción. En Comodoro Py, aunque varios magistrados federales aseguraron no haber escuchado el descargo de la vicepresidenta, sus puntos centrales contra jueces y fiscales circularon rápidamente. “La consigna es resistir los ataques”, dijeron algunos. Para otros, “se trató de un discurso político” con un marcado objetivo: “desprestigiar a la justicia”.

Lejos de apaciguarse, el fuego cruzado entre la Casa Rosada y la Justicia aumenta semana tras semana. Parecen ahora lejanas las 200 intimaciones a jueces y fiscales que realizó la ANSES para que decidan si se van a jubilar o no. También quedaron atrás el pedido de Alberto Fernández de hace tres días, para que se reforme a la Justicia, o los dichos de Wado de Pedro señalando que si los jueces no se “transforman, se van”.

En línea con sus declaraciones y posteos en las redes sociales de los últimos meses, este jueces Cristina volvió a acusar a los jueces por entrometerse “en las decisiones de la política”, de ser “cómplices del endeudamiento del país”, de actuar de manera “corporativa”, intervenir en “los procesos electorales” y de impulsar procesos judiciales “que son armados, sin sustento”.

El mensaje repercutió en Comodoro Py, donde la vicepresidenta tiene ocho causas elevadas a juicio oral por presuntos hechos de corrupción. En dos de ellas, por supuesto lavado de dinero, también están involucrados sus hijos Máximo y Florencia Kirchner.

“La consigna es resistir” señaló un magistrado que ocupa un importante despacho hace muchos años. Al interior de la gran mayoria de los actores del sistema judicial “se consideró que es demasiado todo esto y el mensaje es resistir”, insistió.

Quienes siguieron el descargo de Cristina Kirchner, entre ellos algunos integrantes del Ministerio Público Fiscal, consideraron que lo que debía ser una defensa vinculada al expediente judicial “se volvió un discurso político, centrado en una sola cosa que es una pericia que no se trata de la única medida de prueba en el caso”, dijeron a Clarín.

En los Tribunales federales de Retiro creen que hay un “hilo conductor entre todas las medidas impulsadas por la Casa Rosada”, desde la Reforma Judicial impulsada por Alberto Fernández para licuar el poder de los doce jueces de Comodoro Py, hasta la modificación del sistema previsional del sector.

De allí devino la intimación por parte de la Anses a 200 jueces y fiscales para que en el lapso de treinta días informen si continuarán con sus expedientes previsionales o si los retirarán.

El Gobierno también busca modificar la ley que rige al Ministerio Público Fiscal y el método de enjuiciamiento de los fiscales. “No quedó ni un sector de la Justicia que no quieran modificar”, señaló un fiscal con despacho en Comodoro Py.

Hay que recordar que el kirchnerismo también buscó desplazar de la Cámara Federal porteña a los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, quienes permanecen temporalmente en sus cargos por orden de la Corte Suprema de Justicia.

Las acusaciones son cruzadas: el Poder Judicial no disimuló sus diferencias con una gestión a la que acusa de intromisión y violación de la división de poderes.

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Jair Bolsonaro anunció que visitará a Alberto Fernández y respaldó las gestiones de la Argentina ante el FMI

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El presidente de Brasil indicó que su primera visita oficial a Buenos Aires será el 26 de marzo. “Hinchamos para que tengan éxito en las negociaciones”, agregó.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció este jueves su primer viaje oficial a la Argentina, que se concretará el 26 de marzo próximo, para reunirse con su par Alberto Fernández, en el marco de las celebraciones por los 30 años de la fundación del Mercosur. Además, con un gesto sorpresivo, apoyó las negociaciones argentinas con el FMI.

“El 26 de marzo estaré en Buenos Aires, en nuestra querida Argentina, celebrando los 30 años del Mercosur”, dijo Bolsonaro en una transmisión vía Facebook.

El mandatario brasileño visitará por primera vez a su tercer socio comercial y al primero dentro del Mercosur, que también integran Paraguay y Uruguay.

Con una frase que remitió a la pasión futbolera de ambos países, Bolsonaro también respaldó la negociación de Argentina para reestructurar su deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“El Covid causó dificultad económica en todo el mundo. Hinchamos para que Argentina tenga éxito en las negociaciones con el FMI, la situación es bastante complicada. Brasil es uno de los grandes interesados en eso. Y será la primera vez que voy a conversar con el presidente”, dijo Bolsonaro, acompañado por el ministro de Infraestructura, Tarcisio de Freitas.

La confirmación de la visita por parte del presidente brasileño ocurre dos días después de que el canciller Ernesto Araújo alentara la flexibilización del Mercosur para que cada país pueda realizar acuerdos comerciales en forma unilateral, por fuera del bloque.

Bolsonaro y Fernández dialogaron en forma virtual el 30 de noviembre, día de la amistad binacional, en el marco de una estrategia de acercamiento iniciada en Brasilia por el embajador argentino, el ex vicepresidente Daniel Scioli.

Scioli se volcó a Twitter para confirmar el anuncio. Lo acompañó con un extracto de la transmisión del presidente brasileño.

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La Justicia acelera la quiebra del Correo Argentino y no descarta que la familia Macri deba pagar la deuda exigida por el Estado

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En medio del enfrentamiento entre la Casa Rosada y el expresidente, el fuero comercial dio curso a una presentación del procurador del Tesoro, Carlos Zannini, que coloca a la compañía al borde de la liquidación

En una resolución de apenas ocho renglones, la jueza comercial María Cirulli desmanteló la defensa que trataba de evitar que la posible quiebra del Correo Argentino S.A. provoque un efecto dominó contra la estabilidad económica del Grupo Socma y el patrimonio personal de los hermanos y sobrinos del expresidente Mauricio Macri.

“Por ello, lo establecido en la LCQ 48, restantes normas legales, precedentes jurisdiccionales vinculantes y doctrina citada, resuelvo:

1. Establecer que el paquete accionario de Correo Argentino S.A. carece de valor positivo.

2. Citar la audiencia informativa establecida en la LCQ 48, inciso 5, en el día 29 del mes de marzo de 2021 a las 12 hs.

3. Notifíquese por ministerio de la ley”, dictaminó la magistrada.

La traducción del argot jurídico es fácil de ejecutar. La juez Cirulli resolvió que las acciones de la familia Macri en el Correo Argentino no valen nada, y que por lo tanto -si en un plazo fijado por el Código de Procedimiento en lo Civil y Comercial- no acercan una nueva propuesta, se acelera la quiebra de la compañía familiar y ante la ausencia de fondos para resolver la deuda se podría avanzar sobre el Grupo Socma y el patrimonio de los familiares directos del exjefe de Estado.

Desde la perspectiva del Gobierno, la familia Macri y su empresa, Correo Argentino S.A. le estaría debiendo al Estado 4500 millones de pesos.

El presidente saliente de Argentina, Mauricio Macri, al entregar el bastón presidencial a Alberto Fernández en 2019El presidente saliente de Argentina, Mauricio Macri, al entregar el bastón presidencial a Alberto Fernández en 2019

Si la cifra alegada por Balcarce 50 fuera cierta, Socma y el patrimonio de la familia Macri no alcanzaría a satisfacer la deuda reclamada por el Estado Nacional al Correo Argentino.

En este contexto, la defensa del Correo Argentino sostiene que se trata de una ofensiva judicial que está teñida por las diferencias entre Alberto Fernández y su antecesor. Desde esta perspectiva, a los abogados del Correo Argentino les sorprendió que la jueza Cirulli accediera al expediente hacia fines de febrero y que apenas seis días hábiles después decidiera que no tiene sentido seguir con la instancia de “cramdown” y permita la posibilidad de iniciar la quiebra del Correo para luego avanzar sobre otros bienes del Grupo Socma y la familia Macri.

“Esa resolución se tomó hoy. Significa que la jueza de primera instancia, en un plazo llamativamente breve, no valoró ni tomó en cuenta las impugnaciones a la valuación del paquete accionario de Correo que hicieron Socma y otros interesados en adquirir el paquete accionario. Sorpresivamente, tampoco ordenó una notificación para que el estudio evaluador brinde explicaciones cómo hubiese correspondido en una valuación de tanta complejidad. Evidentemente la resolución va a ser apelada. Con respecto a la fecha establecida, corresponde al plazo para que Correo y/o los interesados acompañen las conformidades correspondientes para homologar una propuesta. Este plazo podría ser suspendido en caso de que prosperen los recursos que se han planteado”, aseguró a Infobae un vocero de la compañía.

Pese a los cuestionamientos jurídicos presentados por la defensa del Correo Argentino, en Casa Rosada explicaron que todo está ajustado a derecho, que se cumplieron los plazos, y que la decisión de la jueza Cirulli es irreprochable.

Al otro lado de la trinchera legal, los defensores del Correo Argentino aseguraron que el fallo de la jueza no quedará firme, que presentarán todas las apelaciones habilitadas por las leyes vigentes y no descartan llegar a la Corte Suprema a través de un recurso extraordinario.

La cita clave será el próximo 29 de marzo. Si la defensa del Correo Argentino no prospera, la Justicia comercial podría avanzar sobre los bienes del Grupo Socma y a continuación, sobre el patrimonio de los accionistas Gianfranco, Mariano, Florencia, y los hijos de Sandra Macri.

Todo en medio del enfrentamiento visceral entre Alberto Fernández y Mauricio Macri.

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