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Morales, gobernador de Jujuy, anunció que una “familia importante” quiere a la beba nacida de la cesárea a una niña

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El gobernador de Jujuy anunció que la beba prematura nacida de la cesárea a una niña violada podría ser entregada en adopción a “una persona importante”. Fuertes críticas de especialistas. Acusan a Gerardo Morales de eludir la ley de adopción.

Por si fuera poco la odisea de la niña jujeña de 12 años que quedó embarazada al ser violada por un hombre de 60 años y que fue sometida la semana pasada a un parto por cesárea, ahora el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, anunció que “una importante familia” de la provincia quiere adoptar a la beba prematura. Consultada por PáginaI12, Nora Schulman, directora ejecutiva en Argentina de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (Casacidn), consideró que “además de que le negaron a una niña que fue violada el derecho a interrumpir el embarazo, ahora el gobernador parece querer ponerse por encima de las normas legales de la adopción, por encima de las familias que figuran en las listas y que esperan desde hace años la posibilidad de adoptar, para hablar de una posibilidad que se parece mucho a un negocio, a esa vieja historia de quitarle los niños a los pobres para entregarlos a los poderosos”.

“Lo que dijo Morales es una barbaridad, es pasar por encima de los derechos de la familia de la niña-madre, en primer lugar, y de las familias que siguen las normas legales de adopción y además está hablando de una recién nacida, de una beba prematura cuyo estado de salud es delicado, de manera que toda la situación planteada es increíble”. Schulman sostuvo que “todo lo ocurrido ha sido una falta de respeto a las normas de salud que deberían haberse tenido en cuenta y ahora, además, el gobernador sale a dar su mirada política en una situación que no corresponde de ninguna manera. Para decirlo de manera sencilla, creo que se está pasando de la raya, sigue revictimizando a una niña que fue víctima de una violación”.

Puntualizó que “no se tuvo en cuenta la voluntad de la niña, que no quería ser madre, la solución era la interrupción del embarazo, para que esa niña pudiera volver al mundo habitual de una niña de su edad, a jugar con sus amiguitos en la Pelopincho en lugar de haber sido sometida a una cesárea”. Para Schulman “todo el manejo que se hizo en esta historia tiene que ver con la decisión clarísima del gobierno provincial de tomar la idea de ‘salvar las dos vidas’, como piden los grupos antiderechos, sin tomar en cuenta el riesgo de vida que corría la niña embarazada, aunque ese era el riesgo mayor”.

“Lo que hicieron fue poner en riesgo la vida de la madre con una operación que se hizo en medio de un conflicto que se politizó sin ningún sentido porque se hizo conocer en forma pública de donde es la chiquita, quienes son sus padres, cuando nadie tendría que haber tenido que conocer toda esa información, porque situaciones como estas dejan marcas en las víctimas y mucho más cuando se hacen públicas”. Schulman insistió en que “todo esto se tendría que haber solucionado pensando en la madre, en la interrupción del embarazo, para que la niña pudiera volver a su casa sin que nadie se enterara de lo que había sucedido, estas cuestiones se tienen que solucionar en el anonimato”.

Sobre las nuevas declaraciones del gobernador de Jujuy, recalcó que “se trata de una falta de respeto a la madre biológica, a la familia biológica, a la dignidad y a los derechos de la criatura, porque a Morales hay que decirle ‘zapatero a tus zapatos’, porque se está metiendo en algo que no le corresponde de ninguna manera, es increíble que siga manejando a su provincia como si fuera un feudo, porque la ha convertido en un feudo, y en este caso sigue el camino que le están marcando los grupos antiderechos, las Iglesias anti-derechos, porque lo que está haciendo es hablar de una apropiación, de un negocio que todos sabemos que existe en materia de adopción, pero que esta vez sale a la luz”.

Explicó que “este tipo de apropiaciones existieron siempre y en ese marco, los hijos de las madres pobres son entregados a las familias ricas, poderosas, con la idea de que eso ‘le hacen un bien’ a los niños que son víctimas de ‘una compra legal’, cuando se trata de una maniobra ilegal desde todo punto de vista”. En esos casos, denunciados con frecuencia en todo el país, “la adopción es un negocio y me parece terrible que de esto hable el gobernador Morales, sin tomar en cuenta a las familias que están esperando desde hace años para adoptar legalmente en una lista de espera; el gobernador está avalando que aparezca cualquiera y que se lleve a la beba, porque se trata de ‘una familia importante’, de una ‘buena familia’”.

“En este caso, le están arrebatando una beba a una niña que no quería ser madre y que tuvo que serlo por la idea impuesta de ‘salvar a las dos vidas’”. Recordó que “lamentablemente nos olvidamos muy rápido de estos casos, porque (el 6 de noviembre del año pasado) falleció en el Chaco la niña qom de 13 años que había llegado al hospital desnutrida y embarazada; en ese caso no sobrevivieron ni la madre ni la niña”. Schulman recalcó que ahora es necesario pensar “qué va a pasar con la beba nacida en Jujuy, que tiene una familia biológica, tiene abuelos, tiene otros parientes”. Nora Schulman señaló que “mientras se victimiza a la víctima y a la familia, el violador de 60 años sigue caminando por la calle, libre, sin problemas”. En su opinión, lo que dijo Morales “es algo vergonzoso, lo que propone Morales es una vergüenza reñida con la ley”.

Morales hizo las declaraciones a Radio Mitre. Entrevistado por tres periodistas, anunció que “una persona importante, una familia importante” quería adoptar a la beba. Luego reivindicó todo lo actuado en el caso. En ningún momento, nadie le insinuó que su anuncio, de concretarse, sería un acto que lesiona las leyes vigentes en materia de adopción.

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Ruta del dinero K: condenaron al empresario Lázaro Báez a 12 años de cárcel por lavado de dinero

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Lo decidió el Tribunal Oral Federal 4. También fueron condenados Jorge Chueco, Daniel Pérez Gadín, Martín Báez y Leonardo Fariña, entre otros. El juicio arrancó en octubre de 2018 y tuvo un total de 27 imputados. El empresario K estaba acusado de montar una maniobra para lavar más de USD 55 millones. La sentencia se postergó dos semanas por diferencias entre los jueces

Fin del misterio: el empresario Lázaro Báez fue condenado hoy a 12 años de cárcel por la maniobra de lavado de dinero de casi USD 55 millones que se conoce como “la ruta del dinero K”. También fueron condenados sus cuatro hijos. Martín, el único que permanece detenido en una cárcel, recibió una pena de 9 años.

Luego de largas discusiones, el tribunal no reveló durante la sentencia cuál es el delito precedente que se tomó en cuenta a la hora de acreditar la maniobra de lavado de dinero. No es un tema menor: el fiscal Abel Córdoba había hablado de la causa de la obra pública, donde la vicepresidenta Cristina Kirchner es una de las principales acusadas, y de la evasión fiscal. “Si los jueces dicen que el dinero de Báez venía de la obra pública, la complican seriamente a Cristina”, graficó una fuente judicial antes del veredicto.

La omisión sobre el delito precedente surgió de un acuerdo entre los jueces, pero Infobae pudo saber que dos de los magistrados, Néstor Costabel, Adriana Palliotti, votaron por tener en cuenta tanto la obra pública como la evasión. En cambio, López Iníguez fue solo del delito tributario.

Las diferencias previas entre los jueces, que obligaron a postergar la sentencia dos semanas, finalmente quedaron expuestas: el presidente del Tribunal Oral Federal 4, Néstor Costabel, tuvo que leer, al final del veredicto, cada una de las disidencias por los montos y las calificaciones de las penas.

La pena para Báez fue la misma que había pedido la Fiscalía. Pese al cambio de gobierno, las querellas que representan al Ejecutivo también habían solicitado penas muy altas para el principal responsable: 8 años y 6 meses, la Oficina Anticorrupción; 9 años, la Unidad de Información Financiera (UIF); y 8 años, la AFIP.

Luego de casi dos años y medio de juicio, el Tribunal Oral Federal 4 -integrado por los jueces Néstor Costabel, Gabriela López Iñíguez y Adriana Palliotti- también condenó al abogado Jorge Chueco y al contador Daniel Pérez Gadin. Ambos recibieron una pena de ocho años de cárcel.

En el caso de Leonardo Fariña, el tribunal decidió condenarlo a 5 años por su rol de arrepentido. “La pena fue reducida en tres años por su rol de imputado colaborador”, dijo el presidente del tribunal, que quedó a cargo de la lectura del veredicto desde su despacho de Comodoro Py.

Desde el punto de vista patrimonial, el tribunal ordenó el decomiso de USD 54.872.866,69 por la maniobra de lavado general y USD 5.000.000 por la compra del campo “El Carrizalejo”, en la provincia de Mendoza (conocido como el hecho B). Además, impuso a las firmas Austral Construcciones, Top Air S.A., OACI S.A. y Real Estate Investment Fiduciaria S.A. una multa por el doble de las operaciones en que intervinieron. En el caso de Helvetic Services Group, se ordenó la cancelación de la personería jurídica, y una multa correspondiente a siete veces el monto de las operaciones.

Todas las condenas y absoluciones

1) Lázaro Antonio Báez, 12 años

2) Jorge Oscar Chueco, 8 años

3) Daniel Rodolfo Pérez Gadín, 8 años

4) Jorge Leonardo Fariña, 5 años

5) Martín Antonio Báez, 9 años

6) Leandro Antonio Báez, 5 años

7) Melina Soledad Báez, 3 años

8) Luciana Sabrina Báez, 3 años

9) Walter A. Zanzot, 5 años

10) Julio Enrique Mendoza, 6 años

11) Claudio Bustos, 4 años y 6 meses

12) Eduardo César Larrea (absuelto)

13) Walter Santiago Carradori (absuelto)

14) Fabián Virgilio Rossi, 5 años

15) Federico Elaskar, 4 años y 6 meses

16) Juan Carlos Molinari, 4 años y 6 meses

17) Mario Lisandro Acevedo Fernández, (absuelto)

18) Daniel Alejandro Bryn, 3 años

19) Juan Ignacio Pisano Costa, 2 años y 6 meses.

20) Sebastián Ariel Pérez Gadín (absuelto)

21) Alejandro Ons Costa, 4 años

22) César Gustavo Fernández, 5 años

23) Jorge N. Cerrota, 2 años y 6 meses.

24) Christian Martín Delli Quadri (absuelto)

25) Eduardo Guillermo Castro, 5 años

26) Martín Andrés Eraso, 4 años y 6 meses

27) Juan Alberto De Rasis, 6 años

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La investigación judicial comenzó en abril de 2013, por ese entonces a cargo del juez Sebastián Casanello y del fiscal Guillermo Marijuán, a partir de un informe del programa Periodismo para Todos (PPT) y apuntó a la red de cuentas bancarias abiertas en el exterior y la maniobra, mediante la compra de bonos, para reingresar el dinero a la Argentina, justo cuando Báez necesitaba capitalizar su empresa para poder quedarse con la construcción de dos represas en Santa Cruz. Se trata de una causa con implicancias políticas por la cercanía del empresario con la familia Kirchner.

Durante el juicio también se debatió el traslado de dinero en los aviones privados de Báez desde el Sur hasta Buenos Aires, y la compra del campo “El Carrizalejo”. El otro campo, conocido como “El Entrevero”, quedó al margen en otro juicio.

La jornada de este miércoles arrancó con las últimas palabras de Martín Andrés Eraso y Juan Alberto De Rasis, dos ex empleados del banco suizo Lombard Odier que participaron de las maniobras para mandar a ese país parte del dinero del Grupo Austral. Luego, el presidente del tribunal, Néstor Costabel, ordenó un cuarto intermedio hasta las 13.30 horas.

Pasaron dos años y casi cuatro meses desde la primera audiencia. En todo ese tiempo declararon casi 100 testigos, renunciaron abogados, se sumaron dos imputados al juicio, y salieron de la cárcel los tres principales acusados: Lázaro Báez, Jorge Chueco y Daniel Pérez Gadín.

El empresario K amagó varias veces con revelar sus secretos, pero terminó elogiando a su amigo Néstor Kirchner. Hoy el único detenido en la causa es el hijo mayor de Báez, Martín, que sigue con prisión preventiva hasta la primer semana de marzo.

El Tribunal Oral Federal 4 iba a dar a conocer la sentencia hace dos semanas pero de manera sorpresiva lo postergó para hoy, generando una catarata de especulaciones.

Luego de largas discusiones, el tribunal finalmente no expuso en el veredicto cuál es el delito precedente que se tomó en cuenta a la hora de acreditar la maniobra de lavado de dinero.

Durante su alegato, el fiscal Abel Córdoba había hablado de la defraudación mediante la obra pública, que se juzga en la causa de Vialidad -donde la vicepresidenta Cristina Kirchner es una de las principales imputadas- y la evasión impositiva de Austral Construcciones, que todavía se investiga en los tribunales de Bahía Blanca y de la Capital Federal. Las tres querellas, con algunas diferencias, coincidieron en esos delitos.

“Si los jueces dicen que el dinero de Báez venía de la obra pública la complican seriamente a Cristina”, graficó una fuente judicial antes del veredicto. Otro escenario posible era apoyarse solo en la evasión. En ese caso, asoma otro debate jurídico de fondo. “Está muy discutido si el delito de evasión puede ser un delito precedente porque el Estado otorga moratorias. De hecho, Austral está en una moratoria y la está pagando”, explicó uno de los principales abogados de la causa antes de la sentencia.

fiscal Abel Córdobafiscal Abel Córdoba

Durante los alegatos, la defensa de Báez denunció “una operación de inteligencia estatal y paraestatal, con participación de todos los medios de comunicación”. El abogado de Báez, Juan Martín Villanueva, sostuvo que “la causa tiene un objetivo político” y repasó varias tapas de diarios para concluir que “se buscó involucrar a la ex presidenta” Cristina Kirchner en la causa.

La defensa del empresario, en conjunto con otros abogados, también intentó voltear el testimonio de Leonardo Fariña, el arrepentido que cambió el curso de la investigación. Pero el fiscal y las tres querellas derrumbaron esa estrategia. En diciembre pasado, Córdoba aludió al fallo de la Cámara de Casación que ratificó la constitucionalidad de la ley del arrepentido. “La declaración de Fariña reunió los recaudos de la ley del arrepentido. El juicio está concluyendo, cualquier duda sobre el acuerdo se actualizó ante el tribunal. Fariña declaró durante cuatro audiencias”, sostuvo en ese momento.

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El juicio arrancó el 30 de octubre de 2018 con 25 imputados, pero terminó con 27. En mayo de 2019, el TOF 4 decidió sumar a Martín Andrés Eraso y Juan Alberto De Rasis.

Estaba previsto que el juicio dure un año, pero la cantidad de imputados y testigos demoró el desarrollo. Luego vino la cuarentena y las idas y vueltas por el sistema remoto. El debate recién se retomó el 21 de julio del año pasado, con el alegato de la Oficina Anticorrupción (OA).

Báez siguió la última audiencia desde la casa “secreta” donde cumple la prisión domiciliaria desde septiembre, cuando el TOF 4 le otorgó ese beneficio por una orden concreta de la Cámara de Casación. El empresario primero intentó vivir en el country Ayres del Pilar, pero los vecinos no lo dejaron entrar. Luego del escándalo, fue trasladado a una casa, donde tiene custodia permanente.

Recién sobre el final del juicio, el empresario intentó desligar a todos sus hijos. “Lazaro tomaba las decisiones junto con sus colaboradores y no con sus hijos”, dijo su abogado. No alcanzó.

Báez seguirá cumpliendo con la prisión domiciliaria, mientras se definen las apelaciones. Pero la historia no termina. El empresario está participando del juicio de Vialidad y tiene varios procesos pendientes.

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Alberto Fernández y López Obrador se comprometieron a fortalecer la relación bilateral, fijaron una estrategia común frente al COVID-19 y cuestionaron a la OEA

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Los presidentes de Argentina y México firmaron una declaración conjunta que ratifica la voluntad política de actuar juntos en América Latina con una agenda abierta vincula a la pandemia y al rol de la Organización de Estados Americanos en los procesos electorales

(Enviado especial – Ciudad de México) Alberto Fernández y Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acordaron fortalecer las relaciones bilaterales entre ambos países con una agenda común que incluye la economía post pandemia, la necesidad de acceder sin trabas a las vacunas contra el COVID-19 y la pretensión geopolítica de modificar el sentido de las misiones electorales que envía la Organización de Estados Americanos (OEA).

En este sentido, a través de un documento que firmaron ambos, Alberto Fernández y AMLO “acordaron hacer frente común para atender la crisis sanitaria y sus efectos socioeconómicos en la etapa post-pandemia, con la finalidad de mejorar las condiciones de las sociedades de ambos países y de la región en su conjunto”.

Desde esta perspectiva, el jefe de estado argentino y su par mexicano eligieron el G20 para proponer un nuevo sistema global tras los efectos devastadores sobre la economía y las instituciones causadas por el COVID-19.

El documento bilateral destaca además que “el papel del Grupo de los Veinte (G20) en la construcción de consensos globales en este sentido, y convinieron mantener y profundizar los esfuerzos que ambos gobiernos realizan de manera coordinada para impulsar un enfoque basado en la solidaridad, la inclusión social y el desarrollo sostenible, en todos los temas de interés común en la agenda de este mecanismo”.

Durante la conferencia de prensa que compartieron, y a continuación en el desayuno de trabajo, Alberto Fernández y AMLO coincidieron en cuestionar el acaparamiento de las vacunas contra el COVID-19 ejecutado por las potencias centrales. Los dos presidentes consideran que el acaparamiento profundiza las asimetrías entre países ricos y países pobres y acordaron actuar en conjunto en Naciones Unidas.

A partir de esta estrategia diplomática, el documento conjunto sostiene que Alberto Fernández y López Obrador “coincidieron en que hoy, más que nunca, la pandemia por COVID-19 ha puesto en evidencia la importancia de mantener a América Latina y el Caribe, fuerte, unida y solidaria, donde ningún país de la región quede excluido del acceso universal, justo, equitativo y oportuno a medicamentos, vacunas e insumos médicos. Con este fin, continuarán colaborando estrechamente para que la región logre la autosuficiencia en la producción de vacunas y que éstas sean consideradas como bienes comunes globales, así como sus patentes”.

Al margen del trabajo conjunto en los organismos multilaterales para lograr un acceso directo a las vacunas y proponer un cambio de reglas en la gobernanza global, Alberto Fernández y AMLO ratificaron su voluntad de profundizar la relación bilateral en todos sus andariveles.

El acuerdo firmado hace instantes entre los dos mandatarios reconoce “el potencial de la relación económica entre la Argentina y México y coincidieron en la necesidad de incrementar las inversiones recíprocas, la diversificación e intensificación del comercio bilateral, tanto para productos primarios como manufacturas agropecuarias, industriales y servicios, así como también a partir de la promoción de asociaciones estratégicas entre empresarios argentinos y mexicanos, como por ejemplo en la economía del conocimiento, con miras a seguir construyendo un vínculo maduro entre los sectores productivos de ambas naciones”.

Hacia el final del documento conjunto, Alberto Fernández y López Obrador analizaron la actual situación de la OEA. Ambos jefes de Estado ratificaron el valor geopolítico de este foro regional, pero plantearon un cambio de lógica al momento de enviar misiones de observación de los comicios en América Latina.

Alberto Fernández está convencido de que Luis Almagro, secretario General de la OEA, envió una misión en las penúltimas elecciones de Bolivia para perjudicar a Evo Morales, y ese cuestionamiento se puede observar en el último párrafo del documento bilateral.

Alberto Fernández y López Obrador “coincidieron en que las Misiones de Observación Electoral de la OEA deben apegarse estrictamente a criterios técnicos objetivos, así como fortalecer las capacidades nacionales en materia electoral. Los mandatarios pusieron de relieve el peligro de que estas misiones extralimiten sus facultades y alcances, y evitar que se repita lo ocurrido en Bolivia en 2019. Asimismo, acordaron seguir con atención los procesos electorales en la región, como el que se desarrolla actualmente en Ecuador, haciendo votos para que éste culmine en tiempo y forma, y se garantice la continuidad democrática”, sostiene el documento.

La firma de este comunicado bilateral fue la última actividad oficial de Alberto Fernández en México. Cerca de las once de la noche de Argentina (tres horas menos en México), el presidente abordará un avión privado que lo llevará sin escalas a Yapeyú, en la provincia de Corrientes, adonde retomará su agenda local.

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Pidieron la suspensión de un diputado del PRO que está procesado por violencia de género

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El legislador de Juntos por el Cambio Eduardo Cáceres había sido acusado en diciembre por agredir a la dirigente del partido que fundó Mauricio Macri, Gimena Martinazzo

Un grupo de legisladoras de la Cámara de Diputados pidió la expulsión del diputado del PRO Eduardo Cáceres, que forma parte del interbloque de Juntos por el Cambio. El legislador está procesado en una causa por violencia que inició quien fuera su pareja, Gimena Martinazzo, también dirigente del partido que fundó Mauricio Macri.

Desde la cúpula del PRO adelantaron a Infobae que si bien la denuncia y la posterior imputación de Cáceres datan de diciembrela diputada resolvió pedir la suspensión del diputado luego de que fuera procesado sin prisión preventiva. El legislador sanjuanino está acusado por lesiones agravadas por el vínculo y fue embargado por $250.000.

La presentación ante las autoridades de la Cámara de Diputados la hizo Graciela Caselles y adhirieron las legisladoras Jimena López, Mónica Macha, Mara Brawer, Carolina Moises, Liliana Schwindt, Verónica Cáliva, Liliana Yambrun, Patricia Mounier, Estela Beatriz Hernández, Melina Delú, María Graciela Parola, Alcira Figuero y Victoria Rosso.

“La violencia de género en el hogar constituye una flagrante transgresión de los principios consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entre otras cosas, la violencia contra las mujeres es una violación del derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona (art. 3); del derecho a no ser sometida a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes (art. 5); de la igualdad ante la ley y el derecho a igual protección de la ley (art. 7); del derecho a recurrir a un tribunal imparcial (arts. 8 y 10); del derecho a circular libremente (art. 13), y de la libertad de reunión y asociación”, sostuvo Caselles en su presentación, que envió a Sergio Massa, presidente del cuerpo.

Uno de sus brazos, también con lesionesUno de sus brazos, también con lesiones

Cáceres y Martinazzo habían iniciado una relación a comienzos de 2013 que llegó a su fin en febrero del año pasado. Sin embargo, terminaron en buenos términos y se frecuentaron en más de una oportunidad, ya que los dos hijos de él y el hijo de ella tenían buena relación.

Algunos meses después de finalizada la relación, el 23 de noviembre de 2020, ambos se encontraban en el departamento de Cáceres, en Libertador y San Juan de Ameghino, en la ciudad de San Juan, cuando él empezó a preguntarle por un supuesto romance que tenía con un amigo en común. En un momento, Cáceres le arrebató el celular a Martinazzo y le mandó un mensaje al supuesto tercero en discordia, un hombre llamado Víctor Castro Ciotti, amigo en común de ambos, y que ya había sido confrontado por Cáceres por este tema.

A pesar de que Martinazzo le decía que no había tenido ningún tipo de relación con Castro Ciotti, Cáceres decidió enviarle un mensaje desde el teléfono de ella: “¿Estás”, le preguntó, y a continuación le envió un emoji de un beso.

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Mientras Cáceres esperaba la respuesta de Castro Ciotti, Martinazzo vio cómo su ex pareja descargaba en su celular la aplicación Warm con el objetivo de recuperar mensajes robados de una supuesta conversación entre ella y Castro Ciotti.

“Mientras esperaba la respuesta del mensaje que había enviado Cáceres a Castro Ciotti desde el teléfono de la deponente, el denunciado se empezó a ofuscar y comenzó a sacar él mismo conclusiones. Así transcurrieron varias horas en las cuales la damnificada tomaba mates esperando que el denunciado le restituyera el teléfono, sin dormir ambos en toda la noche”, sostuvo Martinazzo en su declaración cuando realizó la denuncia.

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Se hizo el 24 de noviembre, y no hubo novedades. Ninguno de los dos durmió esa noche, y por la mañana Martinazzo le pidió a Cáceres que le volviera a escribir a Castro Ciotti para aclararle que había sido él quien le había escrito el mensaje la noche anterior. En vez de hacer eso, Cáceres volvió a escribirle a Castro Ciotti, esta vez a través de Telegram.

“A las 9:00 horas aproximadamente, el Sr. Castro Ciotti, se comunicó al teléfono particular de Eduardo Cáceres, le manifestó que había recibido una llamada y un mensaje de la suscripta y le preguntó qué pasaba al acusado. Cáceres y Castro Ciotti entablaron una conversación telefónica, tras lo cual este último le dijo que no sucedía nada entre él y la deponente”, declaró Martinazzo.

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Cerca del mediodía, cuando la mujer ya había recuperado su celular, Cáceres volvió a arrebatarle el teléfono móvil. Esta vez Martinazzo reaccionó con vehemencia: “El acusado le arrebató el teléfono y dio media vuelta, tras lo cual la deponente (Martinazzo) se colgó del cuello del acusado en un intento de sacarle el celular. El imputado comenzó un forcejeo. Inmediatamente la tiró al piso, quedando la suscripta boca arriba y luego Cáceres se le subió encima y se sentó arriba de ella, dándole la espalda y con las manos intentaba taparle la boca, ya que la deponente pedía a gritos auxilio. En un momento dado, el acusado giró y la agarró de los pelos y la tiró al sillón. Una vez en el mismo, la dicente comenzó a defenderse golpeándolo con el taco de su bota que tenía puesta en el hombro del acusado”.

“En ese momento (Martinazzo) se defendió con las manos, lo que provocó rasguños en el rostro, en la mano, en el pecho y en la espalda del encartado (Cáceres). Ella le suplicaba a Cáceres que la dejara respirar y que le diera el teléfono, mientras estaba aprisionada con el cuerpo de él y con el sillón no logrando respirar, estando casi sin fuerzas, temiendo en ese momento por su vida”, amplió la mujer en la denuncia.

Cáceres le envió estos mensajes a MartinazzoCáceres le envió estos mensajes a Martinazzo

A continuación, la mujer denunció que mientras la golpeaba, Cáceres nunca soltó el teléfono celular de la víctima y seguía buscando información de otras supuestas relaciones sentimentales de ella.

Como si haberla agredido no fuera poco, Martinazzo declaró que luego del hecho, “el imputado le sugirió que se pusiera una remera o una camisa manga larga a los fines de ocultar las lesiones que le habían quedado en los brazos, ya que no podía llegar marcada por los golpes a su domicilio y que la vieran así sus hijos”. “En un momento dado, el acusado se acercó, la abrazó, le dijo que la amaba y le pidió disculpas sobre cómo se había portado con ella, ofreciéndole llevarla a su casa en su camioneta”, concluyó Martinazzo. Después de un rato, él la llevó a su casa.

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Finalmente, al otro día Cáceres se hizo el desentendido y le escribió como si nada hubiera pasado: “Gordita, te amo. Estaba por decirte que vinieras a almorzar”.

Para Martinazzo, las consecuencias de esa noche de violencia fueron un rasguño a la altura de la ceja izquierda, un rasguño en el mentón, un rasguño en la parte derecha de cuello, hematomas en ambos antebrazos producto del forcejeo, en ambos codos, rasguños en la mano izquierda, hematomas en la muñeca y mano izquierda, un rasguño en la espalda en la región derecha y hematomas en la pierna derecha y rodilla izquierda.

Ahora la causa seguirá su camino judicial. Por la acusación, lesiones agravadas por el vínculo, Cáceres se enfrenta a una posible condena con prisión efectiva.

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