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Mientras se resiste a la cuarentena, Nicaragua se convierte en un sepelio de medianoche

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MANAGUA — Tan solo unas horas después de que Yamil Acevedo muriera en un hospital, los trabajadores de una funeraria —vestidos para manejar materiales peligrosos— amarraron su ataúd en la caja de una camioneta pick-up, lo llevaron a un cementerio y lo enterraron en la oscuridad de la noche.

Por toda Nicaragua, las familias se están viendo obligadas a tener estos “entierros exprés”, funerales apresurados a todas horas de la noche, sin tiempo para llamar a un cura o comprar flores.

Los servicios se realizan de una manera tan veloz, y tan aleatoria, que a los familiares les preocupa que puedan ocurrir errores.

“El doctor dijo: ‘Si pueden enterrarlo lo más pronto posible, háganlo’”, comentó Amani Acevedo, la hija de Yamil Acevedo. “Ni siquiera sé si la persona que está dentro del ataúd es él”.

Afuera de los hospitales hay largas filas, y se han agotado las medicinas básicas en las farmacias. La popular temporada de béisbol ha sido suspendida, y los jugadores se están rehusando a entrar al campo.

Por todas partes se ven señales de que el coronavirus está arrasando con Nicaragua.

Un hombre camina al lado de una valla publicitaria en Managua donde aparecen el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa, Rosario Murillo, la vicepresidenta, el 20 de mayo de 2020. (Inti Ocon/The New York Times)Un hombre camina al lado de una valla publicitaria en Managua donde aparecen el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa, Rosario Murillo, la vicepresidenta, el 20 de mayo de 2020. (Inti Ocon/The New York Times)

Sin embargo, el gobierno nicaragüense insiste en que el virus está perfectamente bajo control, con el número de víctimas más bajo por COVID-19 en Centroamérica.

Nicaragua, una nación de 6,4 millones de personas, es uno de los últimos países que se ha resistido a aceptar las medidas estrictas que se han desplegado por la mayor parte del mundo para detener la propagación de la enfermedad. Nunca cerró sus escuelas. No cerró los negocios. En el transcurso de la pandemia , el gobierno no solo permitió eventos masivos, sino que los organizó.

Las familias aseguran que se están enterrando las consecuencias de estas decisiones —literalmente—, debajo de una nube oscura. Sin realizar ninguna prueba de COVID-19, les dicen que sus seres queridos murieron de neumonía y —por temor al contagio— los instan a enterrarlos lo más pronto posible.

Las organizaciones sanitarias están teniendo problemas para obtener una cifra precisa de los casos. Las pruebas son limitadas y están controladas por el gobierno. Los doctores y activistas que observan cómo las enfermedades respiratorias se propagan por la nación se están preparando para un desastre, apenas dos años después de que los levantamientos antigubernamentales en contra del presidente Daniel Ortega se tornaron violentos.

Frente a una crítica devastadora, el lunes pasado, el gobierno divulgó un informe en el que aseveró que las críticas estaban sembrando el caos, y que la gran mayoría de la gente del país, el segundo más pobre del hemisferio, no podía darse el lujo de no ir a trabajar a causa de un estricto cierre de emergencia.

Sepultureros en el cementerio de las Sierras de Paz en Managua, Nicaragua, el sábado 30 de mayo de 2020. (Inti Ocon/The New York Times)Sepultureros en el cementerio de las Sierras de Paz en Managua, Nicaragua, el sábado 30 de mayo de 2020. (Inti Ocon/The New York Times)

En el documento, el cual fue publicado en línea, el gobierno comparó su estrategia con la de Suecia, y desafió las tácticas de “una misma política para todo país… ‘One size fits all’”, y arguyó que la respuesta de cada país frente a la pandemia debía ser diseñada con base en su propia realidad.

A los países que han cerrado totalmente su economía les incomoda el ejemplo de los países que no aplican un cierre draconiano y no destruyen su economía para afrontar la pandemia”, mencionó el gobierno en el documento.

El informe no mencionó a cuánta gente se le habían realizado pruebas del virus ni explicó por qué el gobierno había permitido que se llevaran a cabo eventos masivos según lo planeado: como festivales de comida y una marcha llamada “Amor en tiempos del COVID-19”.

En un video preparado por el gobierno, Paul Oquist, un asesor de Ortega nacido en Estados Unidos, mencionó que la gente del campo no podía resguardarse en casa porque estaba ocupada ordeñando vacas, recolectando huevos y buscando madera. Más o menos el 80 por ciento de los trabajadores de las ciudades nicaragüenses tiene un empleo informal, afirmó Oquist, y si no trabaja, no come.

Oquist agregó que el sistema de salud del país estaba preparado para el brote porque el gobierno de Ortega había aumentado la cantidad de hospitales y doctores durante los últimos trece años. Se designaron diecinueve hospitales para responder al coronavirus y estaba en curso una campaña masiva para desinfectar taxis, autobuses, escuelas y mercados.

Familiares de pacientes con COVID-19 esperan para llevarles comida a un hospital en Managua, Nicaragua, el 21 de mayo de 2020. (Inti Ocon/The New York Times)Familiares de pacientes con COVID-19 esperan para llevarles comida a un hospital en Managua, Nicaragua, el 21 de mayo de 2020. (Inti Ocon/The New York Times)

Durante casi dos meses, el gobierno reportó tan solo un puñado de infecciones. No obstante, a finales de mayo, a medida que se volvieron más evidentes las señales de la propagación del virus, el conteo del gobierno aumentó diez veces y actualmente el Ministerio de Salud ha confirmado 759 casos y 35 muertes.

El Observatorio Ciudadano, un grupo anónimo de 90 doctores, epidemiólogos y otros voluntarios del sector público de la salud que formaron una organización clandestina para monitorear los casos en Nicaragua, aseguró que el número de muertes en ese país era de 805. Hasta el sábado habían contado 3725 casos.

El gobierno asegura que los casos rutinarios de neumonía, los cuales no superan la media normal, se están confundiendo con el coronavirus.

La pandemia ha llegado en una época en la que hay poca confianza en el gobierno de Nicaragua. Hace dos años, los enormes levantamientos en contra de Ortega dejaron cientos de personas muertas o encarceladas.

En el documento divulgado el lunes pasado, el gobierno aseveró que sus opositores querían usar la pandemia para forzar un colapso económico y socavar la administración de Ortega mientras la economía se sigue tambaleando a causa de los levantamientos, los cuales costaron más de 150.000 empleos, según el gobierno.

Los sepultureros se desinfectan después de enterrar un cuerpo en Managua, Nicaragua, el 16 de mayo de 2020. (Inti Ocon/The New York Times)Los sepultureros se desinfectan después de enterrar un cuerpo en Managua, Nicaragua, el 16 de mayo de 2020. (Inti Ocon/The New York Times)

Algunos doctores mencionaron que temen alzar la voz, pues podría costarles sus trabajos —o algo peor—, como sucedió de manera rutinaria durante la crisis política.

Carlos Quant, director de la unidad de enfermedades infecciosas en el Hospital Manolo Morales en Managua, comentó que al menos 100 profesionales de la salud de su hospital estaban enfermos, pero que la institución había dejado de realizar pruebas de la enfermedad a los miembros del personal.

Quant señaló que no estaba claro si había una escasez de pruebas o un atascamiento en las instalaciones que las realizan —las cuales están centralizadas por el gobierno—, pero que cabía la posibilidad de que pocos de los pacientes que tal vez murieron de COVID-19 tuvieran la causa de muerte correcta registrada en sus certificados de defunción.

No sé si el error en el conteo y el ocultamiento de la información y de los datos fueron actos de mala fe, pero para el gobierno es muy fácil decir: ‘No, son casos de neumonías atípicas’”, comentó. “Además, claro que son neumonías atípicas, porque no se les hacen pruebas”.

Según datos oficiales, la pandemia ha causado 759 casos y 35 muertos en Nicaragua. Por su parte, el independiente Observatorio Ciudadano COVID-19 reporta 3.725 contagiados y 805 fallecidos. EFE/Jorge Torres/Archivo
Según datos oficiales, la pandemia ha causado 759 casos y 35 muertos en Nicaragua. Por su parte, el independiente Observatorio Ciudadano COVID-19 reporta 3.725 contagiados y 805 fallecidos. EFE/Jorge Torres/Archivo

Jarbas Barbosa da Silva, subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, la división regional de la Organización Mundial de la Salud, señaló que las autoridades sanitarias internacionales estaban teniendo problemas para obtener datos precisos de Nicaragua. La mayoría de los países ofrece cifras diarias, mientras que Nicaragua tan solo publica cifras semanales.

Nicaragua no ha aceptado la oferta de la organización de enviar expertos internacionales a realizar un análisis epidemiológico y una evaluación de los servicios de salud nicaragüenses, comentó. Sin embargo, agregó que, en semanas recientes, el gobierno por fin había accedido a limitar el tamaño de los eventos masivos.

Aunque el gobierno no ha cerrado escuelas, la mayoría de los salones de clases están vacíos: los padres mantienen a sus hijos en casa.

Todo el mundo debe entender la verdad del crimen que está cometiendo nuestro gobierno”, denunció Elena Cano, cuyo hijo de 46 años, Camilo Meléndez, el administrador de las instalaciones del edificio de la Asamblea Nacional, murió el 19 de mayo después de haber intentado obtener atención médica varias veces.

Su certificado de defunción dice que murió de una falla respiratoria aguda como consecuencia de una “inusual neumonía grave”.

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Cuáles serán las cinco etapas del plan de vacunación a los docentes

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Tras el escándalo del vacunatorio VIP, el Gobierno anunció que se inmunizará a los educadores con el millón de dosis de Sinopharm que llegará desde China

Luego de que Carla Vizzotti les comunicara a los ministros de Salud provinciales que comenzarán a inmunizar a los docentes con las dosis de Sinopharm que llegarán de China, el Gobierno definió cuáles serán los grupos prioritarios para ese plan de vacunación.

El anuncio lo hicieron la flamante Ministra de la cartera sanitaria nacional y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en la reunión del Consejo Federal de Salud que se llevó a cabo en la tarde de este martes. Posteriormente, confirmaron la decisión públicamente a través de un comunicado: “Se ha decido destinar las vacunas de Sinopharm al personal docente y no docente de las escuelas que abarca una población total de 1.458.000 en todo el país. Esta decisión ratifica los consensos construidos en el seno del Consejo Federal de Educación, conformado por los 24 ministros del país, para establecer el orden de vacunación docente”.

“El 2020 fue un año excepcional y esta vacuna nos permitirá ir recuperando la normalidad que nos arrebató la pandemia. Estamos en proceso de recuperación de la presencialidad en nuestras aulas, espacio donde se trabaja todos los días por igualar derechos y oportunidades. Son nuestras maestras y maestros quienes llevan adelante esta tarea en coordinación con los auxiliares, directivos y todo el personal que integra nuestra instituciones educativas”, completó el texto difundido.

De esta forma, a pocos días del comienzo de las clases en la mayor parte del país, el Gobierno de Alberto Fernández decidió empezar a vacunar al personal docente con el fin de inmunizar la mayor cantidad posible de maestros en el inicio del año electivo. Asimismo, la decisión es un paso más en el camino que quieren seguir en la Casa Rosada para poner el foco en la gestión, luego del escándalo por los vacunados VIP.

Vizzotti y Cafiero anunciaron la vacunación de los docentes en la reunión del Concejo Federal de la SaludVizzotti y Cafiero anunciaron la vacunación de los docentes en la reunión del Concejo Federal de la Salud

En esa dirección, las autoridades nacionales establecieron las 5 etapas del plan:

1) En el primer grupo estará el personal de dirección y gestión, el de supervisión e inspección, los docentes frente a alumnos y alumnas de nivel Inicial (incluye ciclo maternal), los de primer ciclo del nivel primario, (1°, 2° y 3° grado) y los de educación especial. Cantidad: 457.694.

2) En el segundo grupo se contempla al personal de apoyo a la enseñanza, todo otro personal sin designación docente pero que trabaja en establecimientos educativos de la educación obligatoria en distintas áreas y servicios. Cantidad: 247.413.

3) En el tercero estarán los docentes frente a alumnos y alumnas de nivel primario, del segundo ciclo de 4° a 6°/7° grados. Cantidad: 148.692.

4) El cuarto grupo estará conformado por los docentes frente a alumnos y alumnas de nivel secundario, de educación permanente para jóvenes y adultos en todos sus niveles e instructores de formación profesional. Cantidad: 331.099.

5) Finalmente, en el último grupo estarán los docentes y no docentes de institutos de educación superior y universidades. .Cantidad 273.185.

Un avión de Aerolíneas Argentinas partió rumbo a Beijing para traer al país un millón de vacunas de SinopharmUn avión de Aerolíneas Argentinas partió rumbo a Beijing para traer al país un millón de vacunas de Sinopharm

A su vez, se aclaró que el millón de dosis de la vacuna Sinopharm no será exclusivo para los docentes, pero que esas son las líneas prioritarias. Es decir que, a medida que se vayan destinando las vacunas, se avanzará en esa priorización por grupos.

Este martes, cerca de las 13, partió el vuelo AR1050 de Aerolíneas Argentinas con destino a Beijing para traer el container de dosis chinas. El vuelo llegará el jueves a las 21:50. En el envío vendrán 904.000 dosis, mientras que en los días siguientes arribará un vuelo de línea con 96.000 dosis más que completan el 1.000.000 de dosis adquiridas. Las vacunas serán repartidas durante el fin de semana.

 El 1° de marzo, fecha de inicio de clases en la mayor parte del país, comenzaría la vacunación al personal docente, una preocupación que tenían los gremios docentes y que la semana pasada se la plantearon al Presidente, quien les había prometido un anuncio en el corto plazo.

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Brasil aprobó el uso de la vacuna de Pfizer y BioNTech contra el coronavirus

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El regulador sanitario brasileño le otorgó una autorización para su uso en general, no sólo de emergencia, como es el caso de los inoculantes de Sinovac y AstraZeneca. Sin embargo, el gobierno de Bolsonaro no ha adquirido ninguna dosis del preparado estadounidense

La Agencia Nacional de vigilancia Sanitaria (Anvisa) de Brasil concedió este martes el registro en carácter definitivo para la vacuna Cominarty, desarrollada por la farmacéutica estadounidense Pfizer y el laboratorio BioNtech, el primero en esa instancia otorgado por el país sudamericano.

“Después de un período de análisis de 17 días, la Gerencia General de Medicamentos, de la Segunda Directiva (del ente regulador), concedió el primer registro de una vacuna contra el COVID-19, para su uso amplio, en las Américas”, señaló la Anvisa en un comunicado.

Sin embargo, el inmunizante no está disponible en el país y las negociaciones para su adquisición se han visto trabadas por una negativa del Gobierno brasileño, al igual que lo han hecho Argentina y Venezuela, de aceptar una supuesta cláusula de eximir de responsabilidad al fabricante por eventuales efectos colaterales.

La Cominarty presentó una eficacia del 90 % en los análisis preliminares de la tercera fase de sus estudios.

Jeringas de la vacuna Pfizer-BioNTec en EEUU (REUTERS/Kamil Krzaczynski)Jeringas de la vacuna Pfizer-BioNTec en EEUU (REUTERS/Kamil Krzaczynski)

La vacuna germano-estadounidense “tuvo su seguridad, calidad y eficacia, comprobadas y atestadas por el equipo técnica de la Anvisa que prosigue en su trabajo de proteger la salud de los brasileños. Esperamos que otras vacunas estén en breve siendo evaluadas y aprobadas”, destacó el director de la Anvisa, Antonio Barra Torres.

Las vacunas Coronavac, de la farmacéutica china Sinovac, y Covishield, del laboratorio anglo-sueco AstraZeneca y la universidad británica de Oxford, tienen un registro en carácter de emergencia y son las únicas que están siendo aplicadas en el país, que también analiza la rusa Sputnik V y la india Covaxin, de Bharat Biotech.

AstraZeneca y Oxford ya pidieron el registro definitivo de su vacuna ante las autoridades sanitarias de Brasil, mientras que Sinovac deberá hacerlo en próximos días.

Frascos de la vacuna Pfizer-BioNTech (REUTERS/Denis Balibouse)Frascos de la vacuna Pfizer-BioNTech (REUTERS/Denis Balibouse)

En agosto del año pasado, el Gobierno descartó la compra del inmunizante de Pfizer y apostó en el de AstraZeneca y Oxford, del cual compró anticipadamente 110 millones de dosis para ser envasadas y luego fabricadas localmente en el laboratorio estatal Fiocruz.

No obstante, el estado de San Pablo se adelantó y adquirió 46 millones de dosis de Coronavac para ser luego envasadas y fabricadas por el Instituto Butantan, lo que hizo que el Gobierno federal comprase las dosis de la vacuna china para suplir la falta de la anglo-sueca.

Este martes, el Gobierno recibió en el aeropuerto de Guarulhos -que opera para San Pablo- un segundo lote de dos millones de dosis de la vacuna de Astrazeneca y Oxford para continuar la campaña de inmunización junto con las de Coronavac, que alcanzan los 17 millones de frascos entregados.

El Gobierno, además, firmó la semana pasada un contrato para la compra de una producción adicional de 54 millones de Coroavac, para un total de millones de dosis del inmunizante chino.

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Uruguay comenzará su campaña de vacunación contra el COVID-19 el 1 de marzo

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Así lo anunció el presidente Luis Lacalle Pou. Se espera que entre el 25 y 26 de febrero lleguen 192.000 dosis de la vacuna de Sinovac, mientras que el 8 de marzo arribarán 460.000 de aquella desarrollada por Pfizer

El presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, anunció este lunes que la campaña de vacunación contra el COVID-19 en el país sudamericano comenzará el próximo 1 de marzo.

Su administración espera que pocos días antes -entre la noche del 25 de febrero y la madrugada del 26- lleguen 192.000 dosis de la vacuna desarrollada por el laboratorio chino Sinovac, mientras que el 8 de marzo esperan el arribo de 460.000 dosis de los inoculantes de Pfizer.

En una conferencia de prensa desde la Torre Ejecutiva, Lacalle Pou detalló que esta última será destinada al personal de salud, mientras que la otra se utilizará, en la primera etapa de la campaña, en personal educativo, de seguridad y bomberos en actividad y trabajadores del Instituto Nacional del Niño y Adolescente (INAU). Todos los receptores serán menores de 60 años.

Una decisión de la misma naturaleza con respecto a fue tomada en Chile, cuyas autoridades citaron falta de evidencia sobre su efectividad en mayores de ese grupo etario. Previo a ellos se vacunará el personal que administrará los inoculantes. Ese proceso se llevará a cabo entre el 27 y 28 de febrero.

La vacuna de Pfizer, en tanto, será utilizada para inocular al personal sanitario. El mandatario indicó que ello responde a “razones técnicas”. Es decir, una mayor efectividad (la de Pfizer tiene un 95 por ciento contra el 50,3 de Sinovac). “Por la tarea del personal de la salud de estar en primera línea se decidió vacunar con las dosis de Pfizer a todos los profesionales”. Y dijo que para finales del tercer mes del año el país contará con dos millones de dosis. El resto de las esperadas también son alrededor de 1,5 millones de Sinovac, que están agendadas para el 15 de marzo.

En otro orden, Lacalle Pou indicó que “aquellos que hayan tenido la enfermedad y tengan un test de anticuerpos podrán entrar a Uruguay sin hacer cuarentena”. A nivel general, el 19 de febrero el país prorrogó el la limitación del derecho de reunión por 30 días.

La normativa aprobada en el Parlamento, que ya establecía la posible prórroga de un mes y por ello no precisa un nuevo trámite legislativo, limita el derecho de reunión, reflejado en el artículo 38 de la Constitución cuando haya “aglomeraciones de personas que generen un notorio riesgo sanitario”.

La nueva disposición del Ejecutivo estableció en sus consideraciones que “si bien no se han alcanzado las cifras proyectadas por los científicos expertos y que motivaron la adopción de las referidas medidas restrictivas, se verifica que aún no se ha logrado disminuir ni mantener el índice de positividad” en el país.

Poco antes del anuncio del presidente, la entidad sanitaria del país reportó 500 nuevos casos positivos de la enfermedad, más de la mitad de ellos en montevideo. Desde el comienzo de la pandemia, el país sudamericano ha registrado 53.310 contagios de COVID-19. 583 de ellos resultaron en fallecimientos, 9 de ellos durante las últimas 24 horas.

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