Minutos después de las 11 de este martes y –como pocas veces ocurre- casi la totalidad de los senadores y diputados que componen la Comisión Bicameral que investiga las responsabilidades políticas en la tragedia del ARA San Juan ocuparon sus asientos. Además lo hicieron los asesores expertos de la Armada y la Marina Mercante que brindan apoyo a los legisladores, como así también el triunvirato de submarinistas que integran la comisión de investigación del siniestro que conformó el Ministerio de Defensa, oficiales superiores de la Armada, peritos navales, familiares y un nutrido grupo de periodistas.

Cuando el presidente de la comisión, el senador José Ojeda, se ubicó en su sitial ya era un secreto a voces en el Salón Presidente Illia del Senado que la presencia del único testigo de la jornada podría no concretarse.

En efecto, por secretaría se procedió a la lectura de una nota emitida por el subsecretario de asuntos legales del Ministerio de Defensa, Juan Manuel Mocoroa, en la que se solicitaba autorización para darle a la reunión el carácter de reservada. Los motivos del pedido guardaban relación con la presentación del informe final que la comisión de submarinistas había presentado horas antes al propio ministro Aguad.

Más de una hora insumió a los legisladores analizar el pedido ministerial, quedando atascado el debate en la “esencial” cuestión a resolver y que refería a dilucidar si se hacía primero una reunión pública y luego una reservada o si por el contrario, se iría primero por la reservada y luego se convocaría al interrogatorio público.

Luego de todo tipo de argumentaciones políticas y doctrinarias, una cuota de sentido común pareció zanjar la cuestión y, considerando que las familias de los submarinistas fallecidos ya estaban ubicadas y que todos los medios de prensa habían montado sus cámaras y equipos de sonido, se habilitó el inicio de la sesión pública en primera instancia.

Un ministro enojado y enérgico 

Cerca de las 12:30 se hizo presente en el recinto el ministro Oscar Aguad, flanqueado por la secretaria de Gestión Presupuestaria Graciela Villata, el director general de Material de la Armada contraalmirante David Burden, el ex vocero naval capitán de navío Enrique Balbi y un nutrido grupo de asesores.

“En primer lugar permítanme aclarar que yo no soy ni un reo ni un testigo, soy el ministro de Defensa de la Nación. Ustedes y yo no somos pares, representamos a poderes distintos del Estado. Ustedes están aquí para intentar averiguar dos cosas. La primera es la causa de desaparición del submarino San Juan y la segunda es todo lo relacionado con la búsqueda, pero como ya lo encontramos esa segunda deviene abstracta”, anunció.

Los allegados al ministro consultados por Infobae creyeron ver en esta arenga inicial una necesaria aclaración ministerial, luego de que se filtraran audios y videos de una reunión anterior de la bicameral en la que un grupo de miembros acuerda la mejor forma de “apestillar” al ministro al momento de tomarle declaración.

Durante varios minutos más, el titular de la Defensa fue marcando uno a uno los distintos miembros de la comisión, los distintos desplantes y desconsideraciones que a su entender habían tenido para con él y con la cartera de Defensa en general. De poco valieron los intentos de rebatir los argumentos iniciales de Aguad, quien a partir de allí marcó el tono del debate.

Dado que el grueso de las familias de los tripulantes del ARA San Juan han retornado mayoritariamente a sus hogares, solo un pequeño grupo de los mismos se hizo presente en la reunión. Por moción del diputado Guillermo Montenegro, la ronda de preguntas se inició precisamente con las consultas y exposiciones de los familiares presentes.

Las pocas preguntas del grupo de familias aludieron a los temas que tradicionalmente perturban la tranquilidad de quienes perdieron a un ser querido y se refirieron al momento de la pérdida de contacto con la nave, al tiempo transcurrido para iniciar la búsqueda, a la posibilidad de haber sido atacado, al tiempo insumido en la tareas de búsqueda y en la posibilidad del izado a la superficie de los restos de la nave.

A su turno los legisladores formularon sus propias preguntas. Abrió el fuego la ex ministra de Defensa Nilda Garré, quien se interesó por la forma en que la Armada manejó la información sobre el siniestro en las primeras horas del suceso y en especial acerca de los detalles que el ex jefe de la marina de guerra le trasmitió al actual ministro. En este sentido, Aguad le recordó a la legisladora que “por algún motivo el jefe de la Armada había sido relevado”.

También Garré requirió de Aguad precisiones sobre el estado actual de la reparación del submarino Santa Cruz presuntamente detenida por falta de presupuesto. “Estamos analizado qué hacer con los submarinos Santa Cruz y Santa Fe (aún en construcción); son buenos submarinos pero tal vez convenga comprar unidades nuevas”, replicó el ministro.

Las siguientes preguntas de diputados y senadores tuvieron que ver con los pormenores de las licitaciones efectuadas tanto por la cartera ministerial como por la Armada, los sumarios oportunamente ordenados para los principales mandos navales relacionados con la operación del San Juan, los mecanismos a adoptar para preservar la escena del siniestro, el estado general de los medios de las FFAA y el destino final de toda la información que el buque noruego Seabed Constructor recopiló durante los dos meses de trabajo en la plataforma continental argentina.

A puertas cerradas

Sin lugar a dudas, el momento más esperado a más de ocho meses de trabajo parlamentario fue el que se concretó cuando los miembros de la “junta de expertos” integrada por los almirantes Trama, Kenny y el capitán de navío Bergallo expusieron en forma reservada el meticuloso trabajo técnico que desarrollaron sobre las probables causas del fatal accidente del San Juan.

No fue un único informe: se trabajó en cuatro hipótesis calificadas de acuerdo a su grado de probabilidad. Si bien el trabajo hace mención al estado del material, también destaca las posibles consecuencias del poco entrenamiento y la incidencia de este factor a la hora de tener que tomar decisiones bajo presión o en condiciones climáticas adversas, la falta de un plan de contingencias adecuado y el infaltable error humano junto a la realización de maniobras específicamente desaconsejadas en el manual de operaciones de la unidad.

“Este trabajo no pretende inculpar a persona alguna, pero es evidente que la jueza, a partir de su lectura, tendrá muy en claro quiénes en la cadena de mandos naval podrían tener que enfrentar responsabilidades penales”, señalan en el entorno de Aguad.

La reunión reservada terminó con resultado satisfactorio tanto para las autoridades ministeriales como para los legisladores. Casi al mismo tiempo en el aeropuerto de Ezeiza, la jueza federal Marta Yáñez recibía de manos del capitán de navío Rubén Colombo, la valija diplomática con las 67.000 imágenes digitales de los restos del ARA San Juan. Una comisión especial de la Policía Federal acompañó a la magistrada que ahora tiene toda la información disponible en su poder. Peritos en Máquinas Navales, Electricidad, Comunicaciones y Casco entre tanto, se preparan para integrar el equipo naval interdisciplinario que traerá algo de luz sobre las causas del naufragio del ARA San Juan, la mayor tragedia naval en los últimos 70 años. Se acerca la hora de las certezas a más de un año de absoluta incertidumbre.