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La Cámara de Diputados le dio media sanción al impuesto a la riqueza que impulsa el kirchnerismo

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El debate terminó a la madrugada y el proyecto tuvo 133 votos a favor, 115 en contra y 2 abstenciones. Antes de la aprobación, hubo espacio para una foto de unidad con distintos funcionarios del gobierno

Tras una maratónica jornada, el oficialismo logró los votos necesarios y dio media sanción al proyecto de ley de Aporte Solidario por única vez o, como se lo conoce popularmente, impuesto a la riqueza.

En su regreso a la Cámara de Diputados luego del aislamiento por posible contagio de COVID-19, el presidente de la cámara baja, Sergio Massa, se refirió a que entiende “que haya algunos que puedan sentir que es doloroso tener que hacer un esfuerzo adicional en materia tributaria pero les pedimos un único y último esfuerzo para poner entre todos de pie a la argentina” y señaló en la previa a la votación que era “muy optimista” con respecto a que el oficialismo consiga los votos necesarios con “incluso el apoyo de diputados de Juntos por el Cambio”.

La frase de Massa no pasó inadvertida porque en el oficialismo sabían que contaban con los votos justos para lograr darle media sanción al proyecto. El Frente de Todos tiene 119 diputados y necesitaba 10 votos más a favor. En bloque del lavagnismo y del socialismo señalaron que iban a acompañar, pero no todos los legisladores de esos bloques lo iban a hacer.

A la hora del conteo final, lo que se pudo observar es que el oficialismo esta vez perdió dos votos: el de una habitual aliada como Alma Sapag, del Movimiento Popular Neuquino que dio un duro discurso (dijo que traerá “más costos políticos y sociales que beneficios económicos” y que se judicializará) y el del santiagueño del Frente de Todos, Bernardo Herrera, internado con coronavirus.

Asimismo, el conteo de los votos reflejó los acuerdos previos con gobernadores como Juan Schiaretti, de Córdoba Federal, y el radical Gerardo Morales que como en el Presupuesto 2021 aportaron votos. Con estos acompañamientos, la votación final mostró 133 votos a favor, 115 en contra y 2 abstenciones.

La militancia en la calle apoyó el impuestoLa militancia en la calle apoyó el impuesto

Para mostrar unidad, respaldo puertas adentro del oficialismo y desalentar rumores sobre enfrentamientos con Economía, el ministro Martín Guzmán pasó por el Congreso antes de la votación. También estuvieron el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo y el de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, además de las dirigentes de La Cámpora, Fernanda Raverta (Anses) y Luana Volnovich (PAMI).

Con estos números, el Gobierno festejó con los legisladores en las bancas, en las pantallas y en la calle con la militancia que se fue acercando a las adyacencias del Congreso Nacional desde el comienzo de la sesión alrededor del mediodía.

La foto de la unidad, el albertismo, el massismo, La Cámpora en el Congreso en apoyo del impuesto a la riquezaLa foto de la unidad, el albertismo, el massismo, La Cámpora en el Congreso en apoyo del impuesto a la riqueza

En Juntos por el Cambio la perspectiva siempre fue que iban a perder la votación y entonces en el seno del bloque de la Coalición Cívica, la UCR y el Pro, apuntaron su estrategia en dos ejes principales. El primero fue en señalar que la norma pensada por Máximo Kirchner y escrita por Carlos Heller no es una aporte único ni solidario, sino que es un impuesto, confiscatorio y poco federal porque no se coparticipa. El segundo, destacar que, aunque sea aprobado en ambas cámaras, no se modificará la relación de ricos y pobres y que terminará perjudicando a las pymes productivas.

Así lo expresó, el presidente del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, al momento de su cierre. “No hemos venido a declarar ninguna guerra, sino a discutir si es viable, si ese es el camino y el rumbo”, comenzó el dirigente radical. En ese sentido responsabilizó al Poder Ejecutivo por la situación económica en medio de la pandemia: “La cuarentena era para mantener y rearmar el sistema de salud, no para que sea un programa de gobierno; eso ha tenido una fuerte implicancia en una economía que de por sí era vulnerable”.

“Somos top ten en caída del PBI, en déficit fiscal, en nivel de desocupación y desigualdad. Queremos decirles que esto es ineficaz, por más que tenga un nombre bonito y sea épico”, continuó Negri. “Somos los que más hemos intoxicado en impuestos al sector privado en la región, si no generamos riqueza no va a haber inversión, ¿de dónde van a venir divisas”, se preguntó concluyendo las críticas.

El cierre final estuvo a cargo de Máximo Kirchner quien hizo uso de la palabra desde su casa ya que se tuvo que retirar del recinto, pasadas las 11 de la noche, luego de que le informaran que era contacto estrecho de un contagiado de COVID-19. El referente del oficialismo apuntó contra Juntos por el Cambio al señalar que se llegó a discutir el impuesto a la riqueza no solo por la pandemia “sino por el país que recibimos”. En ese sentido apuntó a la profundización de la crisis económica que se dio luego de las elecciones primarias del años pasado y señaló a Mauricio Macri a quien identificó como el “jefe político de la oposición”. “Después del berrinche del 12 de agosto comenzó un rápido drenaje las reservas del Banco Central, llegando al 25 de octubre con 43 mil millones de dólares; la Argentina perdió 20 mil millones de dólares porque el presidente decidió poner el cepo después de perder las generales. Sabía que si lo ponía antes -como debió haberlo hecho- el resultado electoral iba a ser mucho peor. Para juntar dos millones de votos más sacrificó 20 mil millones del Banco Central”, apuntó Kirchner.

Tras hacer hincapié en los índices negativos de pobreza y desempleo heredados del macrismo, el referente del Frente de Todos le respondió a la oposición que “los que desalientan las inversiones son los malos gobiernos”. Para Máximo Kirchner, “este aporte solidario tiene que servir para hacer un puente hacia una reforma tributaria en la Argentina que desburocratice la cantidad de impuestos que hay que realmente recaude sobre los sectores que tiene que recaudar”.

“Necesitamos del sector privado, actuando en conjunto con el sector público, invirtiendo juntos. Tenemos recursos naturales a los que les podemos dar valor agregado y poder buscar una salida en común”, invitó.

Por último, Kirchner sostuvo que el impuesto a la riqueza servirá para “conseguir más vacunas y tratar que el impacto, de llegar esa segunda ola (de coronavirus) sea lo menor posible. No es tiempo para insultos, es tiempo para construir una sociedad que tenga la conducta, la voluntad y la disciplina necesaria para afrontar esta última etapa hasta que la mayor cantidad de argentinos estén vacunados”, cerró.

El proyecto

El proyecto de ley de Aporte Solidario Extraordinario alcanzaría a poco más de 9.200 personas que tienen patrimonios declarados de más de 200 millones de pesos. En sus ejes centrales establece que es un aporte por única vez que va a alcanzar exclusivamente a las personas humanas de elevado nivel patrimonial. Sólo están incluidos quienes posean una riqueza declarada superior a los 200 millones de pesos, con una alícuota del 2%, que incrementa a medida que el patrimonio es mayor.

(Adrián Escandar)(Adrián Escandar)

Alrededor de la mitad de los 9200 personas que serían alcanzadas por este aporte tiene declarados una fortuna que va de los $ 200 millones a los 400 millones de pesos. En ese sentido, la tasa más alta del impuesto alcanza, según los datos aportados por la Afip, a menos de 300 personas.

En el caso de que los bienes declarados estén en el exterior, las alícuotas son un 50% mayores.

Un punto muy criticado por la oposición es que el proyecto grava el capital de trabajo, los bienes de cambio, la maquinaria, así como también a los accionistas locales.

El proyecto también tiene definido asignaciones específicas a lo recaudado que, según las estimaciones oficiales, serán de alrededor de $ 300.000 millones.

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La Cámara de Casación consideró que no fueron delitos de lesa humanidad las vejaciones a soldados en la guerra de Malvinas

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El tribunal penal dio la razón a un ex oficial del Ejército en el sentido de que se trataron de delitos comunes que ya prescribieron. El fallo podría hacer caer toda la causa que se instruye en el juzgado federal de Río Grande.

La Cámara Federal de Casación Penal consideró esta semana que las vejaciones a soldados argentinos cometidas por oficiales durante la guerra de Malvinas 1982 no fueron delitos de lesa humanidad sino delitos comunes.

Los hechos denunciados, que se investigan en el juzgado federal de Río Grande, no pueden tomarse como crímenes de guerra porque “las presuntas víctimas tenían estado militar y por tanto estaban sometidos a la justicia militar, no resultando ser población civil o grupos perseguidos”, señaló un fallo del máximo tribunal penal antes de la Corte.

Los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña votaron por hacer lugar al recurso de casación de un oficial del Ejército y tomaron esa posición que haría prescribir las causas por vejaciones que, incluso ya tienen procesamientos.

“Se advierte que asiste razón a la defensa en cuanto a que en aquel fallo se ha insistido con una cuestión que fue zanjada por esta Cámara Federal de Casación Penal (en el 2009) en el decisorio reseñado en el punto precedente -el cual se encuentra firme-, al referirse a la categorización que corresponde otorgarle a los hechos por los cuales mediara requerimiento de instrucción por parte del Ministerio Público Fiscal”, sostuvo Petrone.

Tomó esa posición, al hacer lugar a un recurso de casación presentado por un ex militar acusado de cometer torturas durante la guerra de Malvinas llamado Jorge Oscar Ferrante, que tenía el cargo de subteniente y había oficiado como jefe de una sección de una compañía.

La Sala I, con las firmas de Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, aceptó el recurso de casación presentado por el abogado Manuel Eduardo Barros, defensor de Ferrante.

 Además, con el voto mayoritario de Barroetaveña y Petrone le devolvió el expediente a la Federal Cámara de Comodoro Rivadavia “para que dicte una nueva resolución de acuerdo con los lineamientos expuestos en la presente”.

Ferrante fue llamado a indagatoria por las supuestas torturas contra el soldado Julio César Más, quien “habría sido estaqueado entre doce y dieciocho horas y que habría culminado cuando otro conscripto lo liberó durante un bombardeo”.

“La cuestión sometida a inspección casatoria relativa a la categorización de los hechos juzgados en este legajo, fue dirimida por esta Sala –con diferente integración- en la ya citada causa de fecha 13 de noviembre de 2009, sentencia que adquirió́ firmeza tal como expresamente lo puso de relieve el más Alto Tribunal en su ya referenciado pronunciamiento en estos actuados, de fecha 13 de mayo de 2015″, agregó Barroetaveña.

La jueza Figueroa votó por rechazar el recursos de Ferrante y a favor de que se siga investigando: “Conforme el estado procesal de la causa y la totalidad de las constancias glosadas al expediente, se advierte que la decisión cuestionada cuenta con los fundamentos mínimos y necesarios que impiden su descalificación como acto jurisdiccional válido”.

El fallo podría llevar a la suspensión de las 15 indagatorias previstas desde el 8 de junio al 7 de julio próximos, además de la resolución de la situación procesal del exgeneral de Brigada Omar Edgardo Parada, indagado el pasado 21 de abril, y la elevación a juicio de la causa respecto de los tres primeros procesamientos firmes: el de Miguel Ángel Garde, Belisario Gustavo Affranchino Rumi y Gustavo Adolfo Calderini.

La Cámara de Casación Penal, con otra integración diferente de la actual, ya había dictado una resolución en 2009, considerando que los presuntos estaqueamientos y “enterramientos” de soldados durante el conflicto bélico de 1982 no podían ser clasificados como delitos de lesa humanidad porque no formaban parte de un plan sistemático del Estado.

La medida benefició a Jorge Eduardo Taranto, un exsubteniente del Regimiento 5 de Paso de los Libres, a quien señalaban como partícipe de cinco hechos de torturas a los soldados Edgardo Oscar Arnoldo, Daniel Mártires González, Gustavo Andrés Nadal, Rosendo Prado y Juan de la Cruz Martins.

Taranto fue sobreseído en 2010 por prescripción de la acción penal.

El fallo de Casación no fue apelado ni por la Fiscalía ni por las querellas y se consideró firme, mientras que, por ese motivo, la Corte Suprema de Justicia rechazó su revisión en 2015 y el caso fue planteado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Ahora, llegó a la instancia casatoria la situación de Jorge Oscar Ferrante, quien en 1982 era oficial del Regimiento de Infantería 5 y cuya defensa planteó ser alcanzado por el precedente de Taranto.

Ante ello, los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone entendieron, con la disidencia de la jueza Ana María Figueroa, que el organismo ya se había expedido sobre la cuestión en 2009 y que no podía volver a hacerlo, porque lo resuelto tenía valor de “cosa juzgada”.

“Es decir que, sin emitir su opinión personal, acerca de si se trata o no de delitos de lesa humanidad, correspondía hacer valer el criterio del tribunal en 2009, con lo que el efecto es el mismo y Ferrante será seguramente sobreseído también”, explicaron los voceros judiciales.

Por su parte el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (Cecim), que interviene como querellante en la causa, emitió un comunicado en el que criticó el fallo de Casación y consideró que “reproduce conceptos que se dan de patadas con las obligaciones que la República Argentina ha asumido”, además de ser “arbitrario, infundado, despótico, contrario al derecho internacional, multiplicador de prejuicios y revictimizante”.

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Federico Basualdo sigue en su puesto y se muestra en una actividad oficial

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Desde el kirchnerismo salieron a difundir un encuentro del subsecretario con el sindicato de Luz y Fuerza.

Desde uno y otro lado dejan trascender que el conflicto terminó. El ministro de Economía Martín Guzmán seguirá en su puesto, aunque no haya podido despedir a su subalterno, el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo.

El presidente Alberto Fernández respaldó a Guzmán. El Instituto Patria, a Basualdo.

Pero aunque pareciera que desde ambos “bandos” buscan bajarle la espuma al conflicto, este martes desde el kirchnerismo salieron a mostrar que Basualdo sigue con su actividad como si nada. Hace horas, sin embargo, desde Economía decían que Basualdo debería dejar su cargo más temprano que tarde.

La forma de dejarlo claro fue la difusión de un encuentro de Basualdo, y la Interventora del ENRE, el ente regulador de la electricidad, Soledad Manin, con representantes del Sindicato de Luz y Fuerza.

La pelea de fondo entre los funcionarios era el aumento de las tarifas. Mientras que Guzmán buscaba reducir los subsidios con subas similares a la inflación para así quitar combustible al déficit fiscal, desde el kirchnerismo más duro y La Cámpora pugnaban por un incremento mínimo, casi testimonial, para no afectar los bolsillos de los consumidores en el año electoral.

El sábado pasado se anunció un alza del 9% para Edenor y Edesur. Por ahora, ese sería el único aumento del año. Guzmán esperaba poder anunciar otro en julio para totalizar 15% en el año.

Según el comunicado del encuentro con Luz y Fuerza, la interventora del ENRE explicó que el organismo se encuentra completando la verificación de la ejecución de la primera etapa del plan de inversión y obras de infraestructura de distribución eléctrica en el AMBA, “impulsado por el Ente Regulador y la Subsecretaría de Energía Eléctrica”, para que no queden dudas.

“En este marco, las distribuidoras ejecutaron más de 800 millones de pesos en el primer trimestre del año, y se encuentra iniciada la segunda etapa con un compromiso de inversiones por 1.493 millones de pesos”, agregaron.

El hecho de que Guzmán tenga rango de ministro y Basualdo de subsecretario no quiere decir nada en un gobierno donde la vicepresidenta marca agenda. De hecho, el cristinismo ya forzó la salida de Guillermo Nielsen de la presidencia de YPF, donde recaló un hombre de Máximo Kirchner, Pablo González.

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Sin otras vacunas a la vista, el Gobierno espera que Joe Biden libere dosis para la Argentina

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En Estados Unidos hay más de 60 millones de dosis fabricadas por AstraZeneca que no se usan. China no mandará más vacunas por ahora y nadie sabe cuándo seguirán llegando las Sputnik V.

La farmacéutica AstraZeneca ya le advirtió al Ministerio de Salud que las vacunas cuyo principio activo se elabora en la planta de Mabxience en Garín, provincia de Buenos Aires, siguen atrapadas en una cadena de retrasos y fallos. Lo más probable es que no regresen envasadas al país durante mayo. China ya había avisado antes a la Cancillería que no enviará más dosis de la vacuna Sinopharm durante los próximos meses, ya que Pekín se concentrará en inocular a sus propios ciudadanos.

Con ese panorama, y sin otros contratos con laboratorios a la vista, Alberto Fernández sólo podrá esperar durante este mes a que el Fondo Ruso de Inversión Directa libere cargamentos de la Sputnik V de manera aleatoria y con una frecuencia imposible de predecir para los funcionarios argentinos.

Esa situación podría cambiar si Joe Biden se decide a fortalecer su programa de “diplomacia de las vacunas” y anunciar la transferencia de dosis guardadas en depósitos estadounidenses hacia zonas en situación crítica por la pandemia, como India y varios países de América latina, entre los que se destaca la Argentina, asfixiada por la falta de vacunas en el horizonte inmediato.

En la Casa Rosada esperan que ese cuadro de escasez desesperante se modifique en los próximos días con un anuncio de Biden, que este martes dijo en Washington que el 70% de los adultos estadounidenses estará vacunado dentro de dos meses.

El presidente norteamericano, que acaba de ganarse los aplausos de Cristina Kirchner y también de Alberto Fernández por su plan destinado a promover que el Estado compre bienes y servicios producidos en terreno estadounidense y a gravar las superganancias de las grandes empresas, tiene sectores dentro del propio partido demócrata que lo presionan para que acelere la transferencia de vacunas.

Este lunes, la mayoría oficialista de la Subcomisión para la Crisis del Coronavirus de la Cámara de Representantes, publicó en Washington una carta que les envió el 30 de abril al Secretario de Salud Xavier Becerra y el Secretario de Estado Antony Blinken, en la que les piden una reunión para que expliquen cómo y en qué fechas piensa la Casa Blanca distribuir las vacunas que se encuentran almacenadas en Estados Unidos y que no se usarán para inocular a su propia población.

En su carta, los miembros de la Cámara de Representantes Raja Krishnamoorthi, Carolyn B. Maloney, James E. Clyburn y Stephen F. Lynch les adelantan a Blinken y Becerra que su objetivo es que Biden “distribuya las más de 60 millones de dosis de AstraZeneca” que están en depósitos estadounidenses cuyo uso no ha sido aprobado por las autoridades sanitarias de Estados Unidos pero sí por las de otros países.

Puntualmente, los miembros de la Subcomisión dicen que esas vacunas podrían enviarse a “países como India, Argentina y Brasil, afectados por contagios masivos” en este momento.

La Subcomisión legislativa, según le recuerdan en la carta los representantes demócratas a los ministros de su propio gobierno, tiene la atribución de “conducir una investigación completa y exhaustiva” de las “cuestiones relacionadas a la crisis del coronavirus”, incluidas la “preparación de la respuesta a la crisis y el desarrollo de las vacunas y tratamientos” y el resto de las decisiones sobre esa materia tomadas por el Poder Ejecutivo en Washington.

En la Casa Rosada creen que esa decisión de Biden podría ocurrir incluso en esta misma semana. “Estamos esperando una buena noticia desde Estados Unidos”, le dijo a Clarín este martes un funcionario que conoce el detalle de las negociaciones entre el Gobierno y Washington. En el Frente de Todos se ilusionan incluso con que los envíos alcancen los 5 millones de dosis, una cifra que podría servirle a la Argentina para sobrellevar la sequía de vacunas durante las próximas semanas. Sin embargo, ningún miembro del Gobierno se arriesga a mencionar fechas ni números precisos.

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