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Juicio a Cristina Kirchner por la obra pública: la Justicia secuestró 11 mil cheques por más de 400 millones de pesos

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La Justicia secuestró ayer más de 11.000 cheques por una suma superior a los $400 millonesligados a la causa de la obra pública por la que en febrero enfrentará su primer juicio oral la ex presidenta Cristina Kirchner, como jefe de una banda que integraron el ex ministro de Planificación Julio De Vido y el empresario Lázaro Báez, entre otros. Los enviados del juez Julian Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita se presentaron en las casas centrales de los bancos Macro y Santa Cruz, en el microcentro porteño, para secuestrar los cheques.

Según indicaron a Infobae fuentes judiciales, de un muestrario del 35% de los cheques secuestrados se puede inferir que el dinero fue a parar a las cuentas de Ernesto Clarens, señalado como el financista de los Kirchner y ahora “arrepentido” en la causa de los cuadernos de la corrupción.

En ese contexto, el fiscal Gerardo Pollicita pidió levantar el secreto fiscal y bancario de la firma Invernes SA, que pertenece a Clarens; y el secreto fiscal de la firma Juan Felipe Gancedo SA, una constructora de Viedma que creció durante la era K y que también aparece en la cadena de cobros.

Lázaro Báez, detenido por la ruta del dinero K

Lázaro Báez, detenido por la ruta del dinero K

Por las obras concedidas y pagadas a Lázaro Báez durante la gestión k en Santa Cruz, Cristina Kirchner, De Vido, el ex secretario de Obras Publicas José López, Carlos Kirchner –el primo de Néstor que está preso- y Báez, entre otros, enfrentarán a partir del 26 de febrero un juicio oral ante el Tribunal Oral Federal 2. Y aunque otras investigaciones indican que el dinero que Báez recibía volvía en “retornos” a la familia presidencial, a través de alquiler de propiedades como Los Sauces y Hotesur -por los que la ex presidenta y su familia también está procesada-, lo cierto es que el fiscal Pollicita puso ahora el foco en los mecanismos a través de los cuales se habría logrado, luego de un complejo proceso de ficticias intermediaciones comerciales y financieras, la libre disposición de una porción importante de esos fondos.

El análisis apuntó a las empresas Austral Construcciones, Kank y Costilla, Gotti y Loscalzo y Del Curso, así como a la sucesión de Adelmo Biancalani, todas del grupo Austral, en donde se “podrían haber simulado costos inexistentes con el fin de generar una salida contable que les permitiera disponer ilícitamente de esos fondos”. Con esa hipótesis, se le pidió a la Dirección Nacional de Vialidad y a la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz que remitieran toda la información disponible sobre “cómo fueron abonados los anticipos financieros otorgados en las 51 obras públicas viales financiadas con fondos nacionales” de la causa conocida como obra pública, y que ya llegó a juicio.

El fiscal Gerardo Pollicita (Foto de archivo: Adrián Escandar)

El fiscal Gerardo Pollicita (Foto de archivo: Adrián Escandar)

Con entrecruzamiento de datos contables, se detectaron las facturas apócrifas que tenían esas cuatro empresas. Y se interrogó a los funcionarios de la AFIP, Horacio Castagnola y Jaime Mecikovsky, que defendió Elisa Carrió en los últimos días.

Según se reconstruyó, los ingresos de Austral Construcciones “se originaban, en su abrumadora mayoría, en los pagos que la Dirección Nacional de Vialidad y la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz le giraban con motivo de las obras públicas viales irregularmente asignadas”, que provocaron un “millonario perjuicio al Estado”. Pero más de un cuarto de los ingresos fueron derivados hacia Gotti.

Los funcionarios de AFIP que declararon en la causa contaron cómo se impugnó como falsas operaciones de compra de Gotti entre 2003 y 2007 “por un total de 495 millones de pesos, a nombre de 96 proveedores”. Pero “cuando se inició la etapa del procedimiento administrativo conocida como fiscalización propiamente dicha -en la que Gotti pasó a intervenir activamente, presentando escritos y cuestionando el accionar de la AFIP-, se puso en marcha un conjunto de maniobras por parte de las autoridades del Poder Ejecutivo Nacional tendientes a obstaculizar el avance de la fiscalización y remover a los funcionarios de AFIP comprometidos con ello”. Y luego de ello, dijo Pollicita ante Ercolini, la entonces presidenta Cristina Kirchner elevó al Congreso de la Nación un proyecto de ley que preveía una moratoria general por evasión tributaria, la cual fue finalmente sancionada como Ley de Regularización Impositiva bajo el n° 26.476. Gotti se acogió a la moratoria.

La investigación detalló que “en el curso del procedimiento administrativo ante la AFIP la empresa GOTTI acompañó una copia del Contrato de Cesión de Cobranza suscripto entre dicha firma e Invernes SA, por medio del cual se acordó que esta última actuara como agente cobrador de las ventas y pagador de las compras de Gotti SA” y fue “por esa razón que las compras cuestionadas por la AFIP fueron abonadas mediante cheques girados contra cuentas bancarias a nombre de INVERNES SA”.

El financista Ernesto Clarens (Foto de archivo: Julieta Ferrario)

El financista Ernesto Clarens (Foto de archivo: Julieta Ferrario)

El fiscal también apuntó a la firma Juan Felipe Gancedo SA, una constructora patagónica a la que el propio Báez señaló en el inicio de la causa por la ruta del dinero k como una de las que había obtenido más obra pública que él. Carrió también la había denunciado en los inicios de su denuncia por asociación ilícita contra el matrimonio Kirchner.

El dictamen fiscal señaló también que “según explicaron los funcionarios de la AFIP que efectuaron las investigaciones contra Gotti SA en la Dirección Regional Comodoro Rivadavia, en el caso de la firma Juan Felipe Gancedo SA no sólo existía una matriz coincidente de proveedores apócrifos, sino que los cheques eran cobrados por las mismas cooperativas, a las cuales se había llegado a fiscalizar”.

En base a todo esto, se activaron los procedimientos en los bancos del microcentro por los que pasaron esos cheques y ayer quedaron secuestrados en la causa. Según señalaron las fuentes a Infobae, “se secuestraron once mil cheques en los procedimientos. Con solo dos mil cheques, aparece el 80% de los montos, arriba de $400 millones y de un muestrario del 35% de los cheques, se puede sospechar que la plata fue a parar a las cuentas de Clarens”.

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El impacto de las críticas de Cristina Kirchner en Comodoro Py: “La consigna es resistir los ataques”

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Las acusaciones de la vicepresidenta en la audiencia por el caso de “dólar futuro” llegaron a todos los jueces federales, para quienes ella intenta “desprestigiar a la justicia”.

Tres días después del duro discurso de Alberto Fernández contra el Poder Judicial, Cristina Kirchner no escatimó en críticas sobre el funcionamiento de la justicia que la investigó en ocho causas por presunta corrupción. En Comodoro Py, aunque varios magistrados federales aseguraron no haber escuchado el descargo de la vicepresidenta, sus puntos centrales contra jueces y fiscales circularon rápidamente. “La consigna es resistir los ataques”, dijeron algunos. Para otros, “se trató de un discurso político” con un marcado objetivo: “desprestigiar a la justicia”.

Lejos de apaciguarse, el fuego cruzado entre la Casa Rosada y la Justicia aumenta semana tras semana. Parecen ahora lejanas las 200 intimaciones a jueces y fiscales que realizó la ANSES para que decidan si se van a jubilar o no. También quedaron atrás el pedido de Alberto Fernández de hace tres días, para que se reforme a la Justicia, o los dichos de Wado de Pedro señalando que si los jueces no se “transforman, se van”.

En línea con sus declaraciones y posteos en las redes sociales de los últimos meses, este jueces Cristina volvió a acusar a los jueces por entrometerse “en las decisiones de la política”, de ser “cómplices del endeudamiento del país”, de actuar de manera “corporativa”, intervenir en “los procesos electorales” y de impulsar procesos judiciales “que son armados, sin sustento”.

El mensaje repercutió en Comodoro Py, donde la vicepresidenta tiene ocho causas elevadas a juicio oral por presuntos hechos de corrupción. En dos de ellas, por supuesto lavado de dinero, también están involucrados sus hijos Máximo y Florencia Kirchner.

“La consigna es resistir” señaló un magistrado que ocupa un importante despacho hace muchos años. Al interior de la gran mayoria de los actores del sistema judicial “se consideró que es demasiado todo esto y el mensaje es resistir”, insistió.

Quienes siguieron el descargo de Cristina Kirchner, entre ellos algunos integrantes del Ministerio Público Fiscal, consideraron que lo que debía ser una defensa vinculada al expediente judicial “se volvió un discurso político, centrado en una sola cosa que es una pericia que no se trata de la única medida de prueba en el caso”, dijeron a Clarín.

En los Tribunales federales de Retiro creen que hay un “hilo conductor entre todas las medidas impulsadas por la Casa Rosada”, desde la Reforma Judicial impulsada por Alberto Fernández para licuar el poder de los doce jueces de Comodoro Py, hasta la modificación del sistema previsional del sector.

De allí devino la intimación por parte de la Anses a 200 jueces y fiscales para que en el lapso de treinta días informen si continuarán con sus expedientes previsionales o si los retirarán.

El Gobierno también busca modificar la ley que rige al Ministerio Público Fiscal y el método de enjuiciamiento de los fiscales. “No quedó ni un sector de la Justicia que no quieran modificar”, señaló un fiscal con despacho en Comodoro Py.

Hay que recordar que el kirchnerismo también buscó desplazar de la Cámara Federal porteña a los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, quienes permanecen temporalmente en sus cargos por orden de la Corte Suprema de Justicia.

Las acusaciones son cruzadas: el Poder Judicial no disimuló sus diferencias con una gestión a la que acusa de intromisión y violación de la división de poderes.

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Jair Bolsonaro anunció que visitará a Alberto Fernández y respaldó las gestiones de la Argentina ante el FMI

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El presidente de Brasil indicó que su primera visita oficial a Buenos Aires será el 26 de marzo. “Hinchamos para que tengan éxito en las negociaciones”, agregó.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció este jueves su primer viaje oficial a la Argentina, que se concretará el 26 de marzo próximo, para reunirse con su par Alberto Fernández, en el marco de las celebraciones por los 30 años de la fundación del Mercosur. Además, con un gesto sorpresivo, apoyó las negociaciones argentinas con el FMI.

“El 26 de marzo estaré en Buenos Aires, en nuestra querida Argentina, celebrando los 30 años del Mercosur”, dijo Bolsonaro en una transmisión vía Facebook.

El mandatario brasileño visitará por primera vez a su tercer socio comercial y al primero dentro del Mercosur, que también integran Paraguay y Uruguay.

Con una frase que remitió a la pasión futbolera de ambos países, Bolsonaro también respaldó la negociación de Argentina para reestructurar su deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“El Covid causó dificultad económica en todo el mundo. Hinchamos para que Argentina tenga éxito en las negociaciones con el FMI, la situación es bastante complicada. Brasil es uno de los grandes interesados en eso. Y será la primera vez que voy a conversar con el presidente”, dijo Bolsonaro, acompañado por el ministro de Infraestructura, Tarcisio de Freitas.

La confirmación de la visita por parte del presidente brasileño ocurre dos días después de que el canciller Ernesto Araújo alentara la flexibilización del Mercosur para que cada país pueda realizar acuerdos comerciales en forma unilateral, por fuera del bloque.

Bolsonaro y Fernández dialogaron en forma virtual el 30 de noviembre, día de la amistad binacional, en el marco de una estrategia de acercamiento iniciada en Brasilia por el embajador argentino, el ex vicepresidente Daniel Scioli.

Scioli se volcó a Twitter para confirmar el anuncio. Lo acompañó con un extracto de la transmisión del presidente brasileño.

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La Justicia acelera la quiebra del Correo Argentino y no descarta que la familia Macri deba pagar la deuda exigida por el Estado

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En medio del enfrentamiento entre la Casa Rosada y el expresidente, el fuero comercial dio curso a una presentación del procurador del Tesoro, Carlos Zannini, que coloca a la compañía al borde de la liquidación

En una resolución de apenas ocho renglones, la jueza comercial María Cirulli desmanteló la defensa que trataba de evitar que la posible quiebra del Correo Argentino S.A. provoque un efecto dominó contra la estabilidad económica del Grupo Socma y el patrimonio personal de los hermanos y sobrinos del expresidente Mauricio Macri.

“Por ello, lo establecido en la LCQ 48, restantes normas legales, precedentes jurisdiccionales vinculantes y doctrina citada, resuelvo:

1. Establecer que el paquete accionario de Correo Argentino S.A. carece de valor positivo.

2. Citar la audiencia informativa establecida en la LCQ 48, inciso 5, en el día 29 del mes de marzo de 2021 a las 12 hs.

3. Notifíquese por ministerio de la ley”, dictaminó la magistrada.

La traducción del argot jurídico es fácil de ejecutar. La juez Cirulli resolvió que las acciones de la familia Macri en el Correo Argentino no valen nada, y que por lo tanto -si en un plazo fijado por el Código de Procedimiento en lo Civil y Comercial- no acercan una nueva propuesta, se acelera la quiebra de la compañía familiar y ante la ausencia de fondos para resolver la deuda se podría avanzar sobre el Grupo Socma y el patrimonio de los familiares directos del exjefe de Estado.

Desde la perspectiva del Gobierno, la familia Macri y su empresa, Correo Argentino S.A. le estaría debiendo al Estado 4500 millones de pesos.

El presidente saliente de Argentina, Mauricio Macri, al entregar el bastón presidencial a Alberto Fernández en 2019El presidente saliente de Argentina, Mauricio Macri, al entregar el bastón presidencial a Alberto Fernández en 2019

Si la cifra alegada por Balcarce 50 fuera cierta, Socma y el patrimonio de la familia Macri no alcanzaría a satisfacer la deuda reclamada por el Estado Nacional al Correo Argentino.

En este contexto, la defensa del Correo Argentino sostiene que se trata de una ofensiva judicial que está teñida por las diferencias entre Alberto Fernández y su antecesor. Desde esta perspectiva, a los abogados del Correo Argentino les sorprendió que la jueza Cirulli accediera al expediente hacia fines de febrero y que apenas seis días hábiles después decidiera que no tiene sentido seguir con la instancia de “cramdown” y permita la posibilidad de iniciar la quiebra del Correo para luego avanzar sobre otros bienes del Grupo Socma y la familia Macri.

“Esa resolución se tomó hoy. Significa que la jueza de primera instancia, en un plazo llamativamente breve, no valoró ni tomó en cuenta las impugnaciones a la valuación del paquete accionario de Correo que hicieron Socma y otros interesados en adquirir el paquete accionario. Sorpresivamente, tampoco ordenó una notificación para que el estudio evaluador brinde explicaciones cómo hubiese correspondido en una valuación de tanta complejidad. Evidentemente la resolución va a ser apelada. Con respecto a la fecha establecida, corresponde al plazo para que Correo y/o los interesados acompañen las conformidades correspondientes para homologar una propuesta. Este plazo podría ser suspendido en caso de que prosperen los recursos que se han planteado”, aseguró a Infobae un vocero de la compañía.

Pese a los cuestionamientos jurídicos presentados por la defensa del Correo Argentino, en Casa Rosada explicaron que todo está ajustado a derecho, que se cumplieron los plazos, y que la decisión de la jueza Cirulli es irreprochable.

Al otro lado de la trinchera legal, los defensores del Correo Argentino aseguraron que el fallo de la jueza no quedará firme, que presentarán todas las apelaciones habilitadas por las leyes vigentes y no descartan llegar a la Corte Suprema a través de un recurso extraordinario.

La cita clave será el próximo 29 de marzo. Si la defensa del Correo Argentino no prospera, la Justicia comercial podría avanzar sobre los bienes del Grupo Socma y a continuación, sobre el patrimonio de los accionistas Gianfranco, Mariano, Florencia, y los hijos de Sandra Macri.

Todo en medio del enfrentamiento visceral entre Alberto Fernández y Mauricio Macri.

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