Los síndicos designados por la Justicia para el caso de Oil Combustibles pidieron que la AFIP sea demandada por la quiebra de la empresa. Los encargados de la intervención de la compañía de Cristóbal López y Fabián De Sousa argumentaron que el organismo “coadyuvó dolosamente en la insolvencia” de la firma, es decir, que buscó empujar a la empresa a la quiebra en perjuicio de sus acreedores. La denuncia recae sobre el desempeño de la agencia de recaudación durante el período en el que fuera conducida por Alberto Abad bajo el gobierno de Mauricio Macri.

El Estudio Capurro, Rosello y Zaragoza -a cargo de la intervención de la petrolera- presentó al juzgado comercial un escrito en el que pidió iniciar una demanda por daños y perjuicios contra la AFIP bajo el argumento de que perjudicó a los acreedores al impedir que la firma entrara en un plan de pagos para regularizar su situación impositiva. En 2016, el organismo había permitido a la empresa atenerse a esa facilidad para luego decidir excluirla de ese régimen “en un giro de 180 grados que tuvo por inocultable objetivo a Oil”. Esto empujó a la empresa a declararse en concurso de acreedores, indicaron en su presentación.

El escrito, al que accedió el diario Ambito Financiero, pone el foco sobre más de 20 ejecuciones fiscales que generaron embargos y limitaron la capacidad operativa de la empresa en 2016, que se hicieron a pesar de que en ese momento Oil estaba adherido a planes de pago por sus deudas del Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC).

También sobre la decisión de Abad de modificar el régimen para empresas concursadas el día previo a que Oil se presentara en concurso. En ese momento, el organismo decidió que los contribuyentes que hubiesen sido denunciados en sede penal no podrían atenerse a ese régimen, semanas después de que el ente recaudador hubiera iniciado una denuncia de esa naturaleza. El objetivo para los síndicos, fue “privar” a la petrolera del régimen de facilidades, lo que habría violado no solo la igualdad ante la ley sino el principio de inocencia.

Una denuncia parecida ya había sido presentada en octubre del año pasado por Inversora M&S, una de las controlantes de la petrolera, en la que se pedía forzar a la AFIP a renunciar a todos sus derechos como acreedor. Según el argumento de los accionistas, y ahora también de la sindicatura, la actitud hostil de la agencia de recaudación en todo el proceso terminó por generar que la empresa perdiera su valor, a quedar imposibilitada de pagar sus dedudas y a tener que rematar sus activos por un precio inferior al de mercado, perjudicando a todo el resto de los acreedores.

El escrito de los síndicos alega que los cuestionamientos de la AFIP a la cesación de pagos, el planteo constante de nulidades y recursos, sabotearon cualquier petición que mejorara la situación de la compañía. También puso el foco sobre el embargo de las cuentas bancarias de la empresa y su resistencia a firmar contratos que hubieran permitido a Oil retomar la actividad comercial.

Más tarde, argumentó también la Sindicatura, cuando la petrolera inició un proceso de “cramdown” -la entrega de participación en la compañía como forma de pago de sus deudas- las objeciones de la AFIP causaron que el único oferente se retirara, lo que luego derivó en la quiebra.

El escrito de los síndicos argumenta, además, que “OCSA no se encontraba comprendida en ninguna de las causales de exclusión de la Ley 27.260” por lo que la maniobra de la AFIP fue “falsa” y no hubo una real causa para impedir que se acogiera, lo que fuerza a la demanda. El texto pide al juzgado, además, que cite a los 323 acreedores de Oil para saber si acompañan la demanda contra la AFIP.

Desde hoy, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) habilitará el aplicativo online para adherir a la moratoria para pequeñas y microempresas, Monotributistas, Cooperativas, Obras Sociales y Clubes de Barrio que se había anunciado en enero y que la AFIP reglamentó a fines de ese mes, cuando la titular del organismo, Mercedes Marcó del Pont, y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, adelantaron que tendrá una quita promedio del 42% y un plazo de pago de hasta 10 años (120 cuotas).

De hecho, aquella vez, ambos funcionarios también adelantaron que los contribuyentes con deudas acumuladas hasta fin de noviembre de 2019 podrían empezar a inscribirse el lunes 17 de febrero. El plazo de inscripción, también confirmado por la AFIP, vence el 30 de abril.

En un comunicado, el organismo precisó que los interesados en regularizar sus deudas tributarias, aduaneras y de la seguridad social deberán hacerlo a través del servicio con clave fiscal “Mis Facilidades” de la AFIP.

La moratoria alcanza a monotributistas, profesionales, comerciantes, sociedades y empresas, que para adherir deberán obtener el Certificado MiPyme del ministerio de Desarrollo Productivo, un trámite que debe hacerse online en la página web de la AFIP, en “unos pocos pasos”, dice el comunicado.

El organismo aclaró que solicitar el documento “no modifica la situación fiscal de los contribuyentes, sino que los habilita para acceder a beneficios como la moratoria”.

Además, precisó que durante los primeros dos meses del año 155.167 personas jurídicas y humanas obtuvieron el certificado, lo que llevó a que el registro Mipyme tenga en la actualidad más de 724.200 inscriptos.

“La moratoria ofrece un alivio para la situación de asfixia financiera a la que condujeron las políticas económicas del gobierno anterior”, dijo Marcó del Pont.

El plan ya estaba contemplado en la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva sancionada por el Congreso en diciembre pasado y es una herramienta “para atender la difícil situación que atraviesan las pequeñas empresas, los monotributistas y las entidades sin fines de lucro”.

Entre otros beneficios, ofrece “un tratamiento especial para las deudas acumuladas a lo largo de los últimos años como consecuencia del proceso de parálisis productiva y la imposición de condiciones prohibitivas de acceso al crédito”. También contempla “estímulos para promover el ingreso temprano al plan”. De hecho, la AFIP enfatizó ayer que “las empresas, monotributistas y entidades sin fines de lucro que se adhieran más rápido contarán con mayores beneficios” y, particularmente, que quienes adhieran en febrero y marzo (esto es, no esperen el último mes) tendrán menores pagos a cuenta y un período de espera más extenso.

Según las autoridades de la agencia recaudadora, la diferencia más importante respecto de los planes lanzados en los últimos veinte años es que la moratoria les da a las “empresas, entidades y ciudadanos asfixiados por sus deudas, un plazo de tiempo hasta mediados de julio para recuperarse y comenzar a pagar a partir de ese momento”.

Sobre el particular, Marcó del Pont enfatizó: “asumimos con los contribuyentes una posición similar a la que le solicitamos a los acreedores externos: tiempo para ordenarse y volver a crecer”.

Las principales características de la moratoria son:

– Plazo de inscripción: Del 17 de febrero al 30 de abril.

– Plazo de pago: Hasta 120 cuotas para obligaciones tributarias y aduaneras y hasta 60 cuotas para aportes y retenciones.

– Condonación: Parcial para los intereses y total para las multas.

– Tasa: 3% mensual fija por un año y a partir de ese momento, tasa variable.

– Empalme; La moratoria permite utilizar todas las devoluciones aprobadas y pendientes de pago que un contribuyente tenga a favor en AFIP, para restarlo de la deuda.

– Alcance: Se puede incluir deuda vencida hasta el 30 de noviembre de 2019 y planes de pago vigentes hasta el 23 de diciembre de 2019 o caducos.

– Beneficio inmediato: Levantamiento de embargos y suspensión de la acción penal.

– Requisito: Contar con el Certificado MiPyme que otorga el Ministerio de Desarrollo Productivo, documento que puede obtenerse hasta el 30 de abril.