Los otros ocho acusados, que están detenidos en La Plata, serán juzgados, posiblemente este año.

Si el contexto de la pandemia de coronavirus lo permite, seguramente este año se lleve adelante el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa y serán finalmente ocho los rugbiers que deberán comparecer ante un Tribunal Penal: este miércoles, la Cámara de Apelación y Garantías de Dolores, por mayoría, sobreseyó definitivamente a Alejo Milanesi (21).

Al tiempo que confirmaron esta medida, los camaristas Luis Defelitto, Fernando Sotelo y Mirian Darling Yaltone -votaron en ese orden- ratificaron la elevación a juicio que había hecho en febrero pasado el juez de Garantías David Mancinelli y, también, la prisión preventiva de los ocho rugbiers.

El 10 de febrero de 2020, tres semanas después del crimen del joven estudiante de Derecho, Milanesi había quedado en libertad junto a Juan Pedro Guarino (20). Así lo había dispuesto la fiscal del caso, Verónica Zamboni, quien no encontró pruebas en su contra.

Una imagen de Fernando Báez Sosa, durante una marcha para reclamar justicia. Foto Fernando de la Orden

Los dos recuperaron la libertad desde la Unidad Penal 6 de Dolores en medio de una nube de periodistas y desde entonces se recluyeron con sus familias en sus casas de Zárate.

En febrero de este año, Mancinelli confirmó el sobreseimiento de Guarino, pero por un pedido de los abogados de los papás de la víctima, del estudio de Fernando Burlando, determinó que la situación de Milanesi debía ser dilucidada en un juicio oral.

Su abogado defensor, Hugo Tomei -también del resto de los imputados-, apeló tal decisión y la Cámara Penal hizo lugar al pedido por dos votos a uno: dictó su sobreseimiento definitivo.      

En resumen, los camaristas avalaron la instrucción de Zamboni, que no había determinado pruebas en contra de ninguno de los dos amigos de Zárate.

“No puede atribuirse consistencia para imputar un homicidio, en mi opinión, la invocación de filmaciones (no dice cuáles) en las que se vería a Milanesi ‘en una actitud violenta’, o la cita de su salida del local bailable, es decir, mucho antes del hecho que motiva esta causa, o un difuso y dubitativo reconocimiento por un testigo, o las lesiones menores en los brazos del imputado. A todas estas cuestiones se refirió la Dra. Zamboni para explicar por qué las consideraba insuficientes, con argumentos que comparto”, apuntó el juez Sotelo.

Recuerda el magistrado que el Código Procesal “es terminante al exigir que el acusador debe contar con elementos para avanzar en la persecución. Pues bien, tales elementos no están visibles, y tampoco fueron invocados”.

Cuándo será el juicio

Una alta fuente judicial dijo a Clarín que el juicio contra los ocho rugbiers podría realizarse en el transcurso de 2021, siempre que los avatares de la pandemia lo permitan.

Así, Máximo Thomsen (21), Ciro Pertossi (21), Luciano Pertossi (19), Lucas Pertossi (22), Enzo Comelli (21), Matías Benicelli (21), Blas Cinalli (19) y Ayrton Viollaz (21) serán los juzgados por el crimen de Fernando. Desde mediados de 2020, los ocho están alojados en celdas de la alcaidía 3 del Penal de Melchor Romero, en La Plata.

Su abogado defensor, al tiempo que pidió diversas nulidades, había anticipado que los rugbiers descartaron la posibilidad de enfrentar un juicio por jurados, compuesto por una docena de vecinos de la región, por lo que lo harán ante un Tribunal Oral en lo Criminal.

El delito que les imputan contempla la máxima pena, prisión perpetua: “homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas“.

Alejo Milanesi, adelante, y Juan Pedro Guarino, detrás, tras ser liberados. Foto: Mario Quinteros.

Además, los jueces confirmaron que los acusados del crimen continuarán en prisión a la espera del juicio, tras rechazar una serie de nulidades que habían sido planteadas por la defensa.

Tomei había pedido el cese de la prisión preventiva de sus defendidos. Excepto el pedido por Milanesi, todas fueron rechazadas por los camaristas de Dolores.

Mancinelli, cuando en febrero no hizo lugar al cese de la prisión preventiva, lo que ahora avaló el Cámara Penal, había explicado que tuvo en cuenta, además de la pena expectativa (prisión perpetua), otros dos episodios: la actitud evasiva de los imputados ante policías después del asesinato y la introducción de una pista falsa, en referencia a la mención del remero de Zárate Pablo Ventura, que ni siquiera estaba en Gesell esa noche.

Fernando, de 18 años, fue atacado a golpes la madrugada del 18 de enero de 2020 a la salida del boliche “Le Brique”, en avenida 3, pleno centro de Villa Gesell, adonde había ido a bailar con unos amigos. Un altercado en la pista del boliche hizo que los hombres de seguridad expulsaran a ambos grupos.

La mamá de Fernando Báez Sosa, en Parque Rivadavia. Foto Maxi Failla.

Fernando tomaba un helado con un amigo cuando los rugbiers lo atacaron por la espalda. Lo molieron a golpes. También les pegaron a sus amigos que intentaron intervenir.

Horas después de la muerte del joven estudiante de Derecho, que vivía en la Ciudad de Buenos Aires y había viajado a la Costa a pasar unos días de vacaciones, la Policía detuvo a los 10 rugbiers de Zárate que habían alquilado una casa a pocas cuadras de la escena del crimen.

Se vieron en principio las imágenes de aquellas detenciones, con los rugbiers esposados boca abajo en el parque de esa casa, y luego las que shockearon al país, repetidas una y otra vez por la TV.

Porque lo que ocurrió esa madrugada quedó filmado por cámaras de seguridad públicas y privadas, y de teléfonos, de punta a punta. Mostraron cómo la banda de rugbiers esa vez (en su pueblo eran famosos por sus acometidas en patota) asesinaban, escapaban y, en una esquina antes de irse a dormir, se felicitaban por el ataque.

Buscan recabar información sobre los movimientos financieros del neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Diaz en el periodo en que trabajaron para el Diez

Los fiscales de San Isidro que investigan la muerte de Diego Armando Maradona solicitaron al juez de la causa Orlando Diaz que se libren tres oficios a diferentes bancos con el objetivo de recabar información sobre los movimientos financieros del neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Diaz en el periodo en que trabajaron para el Diez.

El objetivo de la solicitud es conocer si hubo algún ingreso de dinero fuera de lo común en alguna de esas cuentas y si efectivamente cobraban el dinero que se supone por cuidar al ex capitán de la Selección Argentina.

En el expediente figuran los montos de los honorarios que cobraban cada uno de los médicos pero eso debe ser corroborado oficialmente, por eso se libraron los oficios a las entidades bancarias. “Queremos sacarnos la duda de si alguno recibió, además de su sueldo, alguna suma exagerada de dinero y si eso tuvo que ver con su actividad médica relacionada a Maradona aunque no creemos que haya sucedido”, señaló a Infobae una de las fuentes consultadas.

La solicitud a las entidades bancarias se produce mientras los investigadores esperan los resultados de la junta médica que, se estima, expedirá sus conclusiones recién dentro de 10 o 12 días. En total son 24 las preguntas que deben contestar los especialistas, incluidos, los peritos de parte.

El sábado, los médicos de distintas especialidades se juntaron de manera presencial en un lugar reservado donde se les proyectó el video completo de la autopsia al cadáver de Maradona. Allí cada uno tomo nota y además debatieron un largo rato. Luego existió una nueva reunión entre todos pero esta vez por Zoom.

Según trascendidos, los peritos de parte puestos por la defensa del médico Luque son los que más objeciones presentan ante cada punto. Por eso motivo los plazos se están extendiendo más de lo previsto. El resto de los médicos, en general, coinciden en la mayoría de los tópicos planteados por la fiscalía.

Para los investigadores las conclusiones de la junta serán fundamentales. Una vez que ese documento aterrice en el escritorio de los fiscales se tomarán unos días para analizar cuidadosamente todos los puntos y determinar si efectivamente se da un cambio de calificación en la causa que por el momento se mantiene en homicidio culposo.

También se evaluarán las supuestas falencias de la internación domiciliaria en el country San Andrés de Tigre, donde murió sin un llamador de cama, suero, tubo de oxígeno, siquiera un aparato para tomarle la presión, con sus teléfonos manipulados por su entorno según testimonios y sin siquiera un baño propio en su habitación.

Para los fiscales Cosme Iribarren, Patricio Ferrari y Laura Capra, dirigidos por John Broyad, fiscal general de San Isidro, el resultado de la junta médica será el punto de inflexión, con el análisis de 17 cuerpos de expediente que incluyen al menos 9 historias clínicas de diversos centros médicos como el Sacre Coeur, que en 2004 ya adelantaba que Maradona sufría una “miocardiopatía dilatada con lesiones de microinfartos”. En esos 17 cuerpos de expediente hay al menos 400 fojas de desgrabaciones de chats de teléfonos, donde se incluye la mezquindad y el destrato de quienes debían cuidar a Diego.