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En medio de la discusión por la moratoria que podría beneficiar a Cristóbal López, se reactivó la quiebra de Oil Combustibles

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La jueza comercial Valeria Pérez Casado ordenó distribuir entre los acreedores de la petrolera quebrada bienes y efectivo por 100 millones de dólares.

Sin esperar el tratamiento del proyecto de moratoria fiscal en el Congreso, y planteando que no se sabe si podrá llegar a un acuerdo con el fisco para afrontar la multimillonaria deuda en cuotas, la justicia en lo civil y comercial decidió hace pocos días reactivar la quiebra de Oil Combustibles SA, la petrolera de Cristóbal López, y así liquidar todos sus activos. Pese a que el empresario K había pedido que este proceso se suspenda, se avanzará en la distribución entre los acreedores de los bienes que aún le quedan a la petrolera y los fondos ingresados a la cuenta judicial. Son 100 millones de dólares, y el principal acreedor es el fisco.

La titular del juzgado comercial 5, Valeria Pérez Casado, considera que el proceso de quiebra debe avanzar, es decir que hay que liquidar todos los activos de la compañía para hacer frente al pago de los acreedores, entre los cuales la AFIP es el principal. De esta manera, Oil Combustibles no tendrá ninguna posibilidad de lograr el levantamiento del proceso de quiebra, como buscaban sus dueños.

En la resolución a la que accedió Clarín, la magistrada sostiene que se continuará con “el trámite de la distribución” de los activos a favor de los acreedores. La medida se adoptó después de haber suspendido dicha instancia por unos meses a pedido de la defensa de Cristóbal López. Tal requerimiento se formuló por dos motivos: la empresa buscaba llegar a un acuerdo con su principal acreedor, la AFIP  ya que en el caso de concursados y quebrados que están procesados penalmente el fisco sólo puede ofrecer 12 cuotas. En la época de Ricardo Echegaray, estaba directamente vedada toda posibilidad de acceder a planes en esas circunstancias.

Si Cristóbal López lograba levantar la quiebra, podía obtener el beneficio de un plan de pagos y salvar la compañía. Aquel el plan de doce cuotas es una oferta que en el estado actual de la petrolera, no resulta conveniente. 

En el expediente, a este proceso para levantar la quiebra se denomina “por avenimiento”, que en otras palabras significa que se logró un consenso de las partes sobre otra modalidad de pago para no llegar a la liquidación de la empresa. Fue la alternativa en la que insistió Oil.

Sucede que pese a que ya se había dictaminado la quiebra de la petrolera, aún existe un margen para que la empresa acuerde con sus acreedores quitas y planes de financiación que luego pueden presentarse ante la Justicia para frenar la liquidación de la empresa. En el caso de Oil, el levantamiento de su quiebra requiere el consentimiento de todos los acreedores, pero el 90% de la deuda es con la AFIP, que por ley no puede dar quitas. Sólo podría ofrecer un plan de pago, como el régimen de doce cuotas que en su momento aceptó brindar Abad.

La oposición en el Congreso presentó una nota que detalla la deuda de Oil, señalando que la firma “ha manifestando su voluntad de acogerse a un plan de facilidades de pago para cancelar la totalidad de sus deudas tributarias verificadas en el concurso (6.739.449.633 pesos), en la quiebra (1.507.702.128 pesos) y pendientes de resolución (3.548.496.183 pesos)”. 

Sin un plazo para aquello se acuerde, la juez resolvió: “Resulta pertinente continuar con el trámite de la distribución (…)Sin que quepa seguir esperando ni al resultado del trámite de avenimiento, ni a la adhesión a una moratoria que hasta la fecha, no constituye más que un proyecto de ley (…) Máxime cuando en el caso no ha mediado suspensión de la distribución, y, las sumas se encuentran depositadas aguardando la aprobación del proyecto y el reparto, que beneficiará a todos los acreedores y que a nadie perjudicará, en tanto se han efectuado las reservas del caso, entre las que está la del organismo fiscal”. A otro tema.

Hay otra instancia a la que apelaban los abogados de Oil Combustibles como vía para evitar la quiebra: el proyecto de Ley de Moratoria que el gobierno envió al Congreso. Ese texto pretende modificar, entre otros, el artículo 16 de la ley vigente, según la cual quedan excluidos de cualquier moratoria las empresas “declaradas en estado de quiebra, respecto de los cuales no se haya dispuesto la continuidad de la explotación”.

Recordemos, la petrolera de Cristóbal López y Fabián De Sousa está en proceso de quiebra desde junio de 2018. Su principal acreedor es la AFIP. La firma fue denunciada durante la gestión de Alberto Abad por no haber pagado durante el gobierno de Cristina Kirchner el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC), que se retenía a los usuarios de las estaciones de servicio de Oil. En el fuero federal se denunció un supuesto fraude al Estado por 8.000 millones de pesos. López sostiene que no adeuda más de 600 millones. 

Para Oil además habría otro beneficio puntual, pues el proyecto del oficialismo también modifica el artículo octavo, que impedía incluir en la moratoria deuda por el ITC. Si se aprueba, eso sí se podrá incluir, y aunque Oil ya no está operativa porque sus principales activos se remataron en el marco del concurso, “la deuda generada con el fisco es por ese impuesto puntualmente”, indicó una fuente del expediente.

Así, el proyecto le abre una posibilidad, porque a aquel artículo le incorpora una excepción: podrán acceder al beneficio fiscal aquellas empresas o empresas que estén en proceso de quiebra, y para ellos impone requisitos que son excluyentes. Oil podría ingresar provisoriamente a una eventual moratoria, si lograra concluir su quiebra en un plazo de 90. Para hacerlo, requiere de la conformidad de al menos dos tercios de sus acreedores. En el caso de Oil, el principal damnificado es la propia AFIP.

Pero la jueza en lo Civil y Comercial, consideró que esto por ahora es un proyecto y que debe avanzar en la liquidación de la compañía, con lo cual la quiebra por el momento no se levantará. Sólo podría ocurrir en caso de que el proyecto se convierta en ley velozmente y así pueda acogerse a la moratoria Oil.

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El impacto de las críticas de Cristina Kirchner en Comodoro Py: “La consigna es resistir los ataques”

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Las acusaciones de la vicepresidenta en la audiencia por el caso de “dólar futuro” llegaron a todos los jueces federales, para quienes ella intenta “desprestigiar a la justicia”.

Tres días después del duro discurso de Alberto Fernández contra el Poder Judicial, Cristina Kirchner no escatimó en críticas sobre el funcionamiento de la justicia que la investigó en ocho causas por presunta corrupción. En Comodoro Py, aunque varios magistrados federales aseguraron no haber escuchado el descargo de la vicepresidenta, sus puntos centrales contra jueces y fiscales circularon rápidamente. “La consigna es resistir los ataques”, dijeron algunos. Para otros, “se trató de un discurso político” con un marcado objetivo: “desprestigiar a la justicia”.

Lejos de apaciguarse, el fuego cruzado entre la Casa Rosada y la Justicia aumenta semana tras semana. Parecen ahora lejanas las 200 intimaciones a jueces y fiscales que realizó la ANSES para que decidan si se van a jubilar o no. También quedaron atrás el pedido de Alberto Fernández de hace tres días, para que se reforme a la Justicia, o los dichos de Wado de Pedro señalando que si los jueces no se “transforman, se van”.

En línea con sus declaraciones y posteos en las redes sociales de los últimos meses, este jueces Cristina volvió a acusar a los jueces por entrometerse “en las decisiones de la política”, de ser “cómplices del endeudamiento del país”, de actuar de manera “corporativa”, intervenir en “los procesos electorales” y de impulsar procesos judiciales “que son armados, sin sustento”.

El mensaje repercutió en Comodoro Py, donde la vicepresidenta tiene ocho causas elevadas a juicio oral por presuntos hechos de corrupción. En dos de ellas, por supuesto lavado de dinero, también están involucrados sus hijos Máximo y Florencia Kirchner.

“La consigna es resistir” señaló un magistrado que ocupa un importante despacho hace muchos años. Al interior de la gran mayoria de los actores del sistema judicial “se consideró que es demasiado todo esto y el mensaje es resistir”, insistió.

Quienes siguieron el descargo de Cristina Kirchner, entre ellos algunos integrantes del Ministerio Público Fiscal, consideraron que lo que debía ser una defensa vinculada al expediente judicial “se volvió un discurso político, centrado en una sola cosa que es una pericia que no se trata de la única medida de prueba en el caso”, dijeron a Clarín.

En los Tribunales federales de Retiro creen que hay un “hilo conductor entre todas las medidas impulsadas por la Casa Rosada”, desde la Reforma Judicial impulsada por Alberto Fernández para licuar el poder de los doce jueces de Comodoro Py, hasta la modificación del sistema previsional del sector.

De allí devino la intimación por parte de la Anses a 200 jueces y fiscales para que en el lapso de treinta días informen si continuarán con sus expedientes previsionales o si los retirarán.

El Gobierno también busca modificar la ley que rige al Ministerio Público Fiscal y el método de enjuiciamiento de los fiscales. “No quedó ni un sector de la Justicia que no quieran modificar”, señaló un fiscal con despacho en Comodoro Py.

Hay que recordar que el kirchnerismo también buscó desplazar de la Cámara Federal porteña a los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, quienes permanecen temporalmente en sus cargos por orden de la Corte Suprema de Justicia.

Las acusaciones son cruzadas: el Poder Judicial no disimuló sus diferencias con una gestión a la que acusa de intromisión y violación de la división de poderes.

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Jair Bolsonaro anunció que visitará a Alberto Fernández y respaldó las gestiones de la Argentina ante el FMI

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El presidente de Brasil indicó que su primera visita oficial a Buenos Aires será el 26 de marzo. “Hinchamos para que tengan éxito en las negociaciones”, agregó.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció este jueves su primer viaje oficial a la Argentina, que se concretará el 26 de marzo próximo, para reunirse con su par Alberto Fernández, en el marco de las celebraciones por los 30 años de la fundación del Mercosur. Además, con un gesto sorpresivo, apoyó las negociaciones argentinas con el FMI.

“El 26 de marzo estaré en Buenos Aires, en nuestra querida Argentina, celebrando los 30 años del Mercosur”, dijo Bolsonaro en una transmisión vía Facebook.

El mandatario brasileño visitará por primera vez a su tercer socio comercial y al primero dentro del Mercosur, que también integran Paraguay y Uruguay.

Con una frase que remitió a la pasión futbolera de ambos países, Bolsonaro también respaldó la negociación de Argentina para reestructurar su deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“El Covid causó dificultad económica en todo el mundo. Hinchamos para que Argentina tenga éxito en las negociaciones con el FMI, la situación es bastante complicada. Brasil es uno de los grandes interesados en eso. Y será la primera vez que voy a conversar con el presidente”, dijo Bolsonaro, acompañado por el ministro de Infraestructura, Tarcisio de Freitas.

La confirmación de la visita por parte del presidente brasileño ocurre dos días después de que el canciller Ernesto Araújo alentara la flexibilización del Mercosur para que cada país pueda realizar acuerdos comerciales en forma unilateral, por fuera del bloque.

Bolsonaro y Fernández dialogaron en forma virtual el 30 de noviembre, día de la amistad binacional, en el marco de una estrategia de acercamiento iniciada en Brasilia por el embajador argentino, el ex vicepresidente Daniel Scioli.

Scioli se volcó a Twitter para confirmar el anuncio. Lo acompañó con un extracto de la transmisión del presidente brasileño.

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La Justicia acelera la quiebra del Correo Argentino y no descarta que la familia Macri deba pagar la deuda exigida por el Estado

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En medio del enfrentamiento entre la Casa Rosada y el expresidente, el fuero comercial dio curso a una presentación del procurador del Tesoro, Carlos Zannini, que coloca a la compañía al borde de la liquidación

En una resolución de apenas ocho renglones, la jueza comercial María Cirulli desmanteló la defensa que trataba de evitar que la posible quiebra del Correo Argentino S.A. provoque un efecto dominó contra la estabilidad económica del Grupo Socma y el patrimonio personal de los hermanos y sobrinos del expresidente Mauricio Macri.

“Por ello, lo establecido en la LCQ 48, restantes normas legales, precedentes jurisdiccionales vinculantes y doctrina citada, resuelvo:

1. Establecer que el paquete accionario de Correo Argentino S.A. carece de valor positivo.

2. Citar la audiencia informativa establecida en la LCQ 48, inciso 5, en el día 29 del mes de marzo de 2021 a las 12 hs.

3. Notifíquese por ministerio de la ley”, dictaminó la magistrada.

La traducción del argot jurídico es fácil de ejecutar. La juez Cirulli resolvió que las acciones de la familia Macri en el Correo Argentino no valen nada, y que por lo tanto -si en un plazo fijado por el Código de Procedimiento en lo Civil y Comercial- no acercan una nueva propuesta, se acelera la quiebra de la compañía familiar y ante la ausencia de fondos para resolver la deuda se podría avanzar sobre el Grupo Socma y el patrimonio de los familiares directos del exjefe de Estado.

Desde la perspectiva del Gobierno, la familia Macri y su empresa, Correo Argentino S.A. le estaría debiendo al Estado 4500 millones de pesos.

El presidente saliente de Argentina, Mauricio Macri, al entregar el bastón presidencial a Alberto Fernández en 2019El presidente saliente de Argentina, Mauricio Macri, al entregar el bastón presidencial a Alberto Fernández en 2019

Si la cifra alegada por Balcarce 50 fuera cierta, Socma y el patrimonio de la familia Macri no alcanzaría a satisfacer la deuda reclamada por el Estado Nacional al Correo Argentino.

En este contexto, la defensa del Correo Argentino sostiene que se trata de una ofensiva judicial que está teñida por las diferencias entre Alberto Fernández y su antecesor. Desde esta perspectiva, a los abogados del Correo Argentino les sorprendió que la jueza Cirulli accediera al expediente hacia fines de febrero y que apenas seis días hábiles después decidiera que no tiene sentido seguir con la instancia de “cramdown” y permita la posibilidad de iniciar la quiebra del Correo para luego avanzar sobre otros bienes del Grupo Socma y la familia Macri.

“Esa resolución se tomó hoy. Significa que la jueza de primera instancia, en un plazo llamativamente breve, no valoró ni tomó en cuenta las impugnaciones a la valuación del paquete accionario de Correo que hicieron Socma y otros interesados en adquirir el paquete accionario. Sorpresivamente, tampoco ordenó una notificación para que el estudio evaluador brinde explicaciones cómo hubiese correspondido en una valuación de tanta complejidad. Evidentemente la resolución va a ser apelada. Con respecto a la fecha establecida, corresponde al plazo para que Correo y/o los interesados acompañen las conformidades correspondientes para homologar una propuesta. Este plazo podría ser suspendido en caso de que prosperen los recursos que se han planteado”, aseguró a Infobae un vocero de la compañía.

Pese a los cuestionamientos jurídicos presentados por la defensa del Correo Argentino, en Casa Rosada explicaron que todo está ajustado a derecho, que se cumplieron los plazos, y que la decisión de la jueza Cirulli es irreprochable.

Al otro lado de la trinchera legal, los defensores del Correo Argentino aseguraron que el fallo de la jueza no quedará firme, que presentarán todas las apelaciones habilitadas por las leyes vigentes y no descartan llegar a la Corte Suprema a través de un recurso extraordinario.

La cita clave será el próximo 29 de marzo. Si la defensa del Correo Argentino no prospera, la Justicia comercial podría avanzar sobre los bienes del Grupo Socma y a continuación, sobre el patrimonio de los accionistas Gianfranco, Mariano, Florencia, y los hijos de Sandra Macri.

Todo en medio del enfrentamiento visceral entre Alberto Fernández y Mauricio Macri.

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