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Justicia

Elevan a juicio el expediente por la compra de Gas Natural Licuado

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En un inicio, el caso abarcaba a 25 imputados, incluida Cristina Fernández de Kirchner, y señalaba una defraudación de 6900 millones de dólares. Pero se derrumbó por múltiples irregularidades, desde la actuación de un perito que plagió su informe hasta la declaración de Marcelo D’Alessio. Terminó incluyendo a cinco acusados, sin CFK, y apuntando a un supuesto fraude de 124 millones.

La elevación a juicio de la causa por la compra de Gas Natural Licuado (GNL) es una pintura de las andanzas de la coalición judicial–política–mediática con sede en Comodoro Py y alineada con Cambiemos. Al principio de la causa hubo 25 imputados. En la elevación terminan acusados cinco. La acusación tenía el objetivo principal de apuntar a Cristina Fernández de Kirchner, pero eso se cayó a pedazos, o sea que ella no va a juicio en esta causa. En la imputación original, fogoneada por el perito trucho David Cohen y el abogado trucho Marcelo D’Alessio, se habló de una defraudación de 6900 millones de dólares, pero ahora esa cifra bajó a 124 millones, cifra 55 veces menor que la original, lo que demuestra la manipulación. También se imputa por supuestas maniobras en el puerto, pero no se sabe la cifra ni cuál fue la mecánica ni quién hizo las maniobras. El juez Claudio Bonadio argumenta que no usó a Cohen y a D’Alessio para elevar la causa a juicio, pero lo único que hizo fue no nombrarlos: la acusación es la misma, usando lo que el perito y el falso abogado dijeron, aunque como quedaron evidenciadas las falsedades, las imputaciones terminaron reducidas a la mínima expresión.

Elevación

El expediente ya está en el Tribunal Oral Federal número 7 que tendrá que hacerse cargo de una causa en la que no hay peritajes, porque se cayeron por truchos, y tampoco hay testigos de peso, porque D’Alessio es impresentable. En la causa del GNL, el falso abogado fue llevado a declarar por el periodista Daniel Santoro cuando el expediente se había caído por el falso peritaje.

Por supuesto que D’Alessio declaró como abogado, o sea ya falseó su testimonio desde el primer minuto. Y, además, entregó cuatro carpetas que –según él– recibió de manera anónima. El contenido de esas cuatro carpetas ya estaba detallado en la computadora que le secuestró el juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla, o sea que también ese material nació de forma fraudulenta: lo escribió e imprimió el propio D’Alessio, quien obviamente mintió diciendo que el origen era desconocido.

Orígenes

La causa del GNL empezó en 2014 a raíz de una denuncia de Laura Alonso, Patricia Bullrich y Federico Pinedo. Los dirigentes del PRO simplemente dieron cuenta de una sospecha: que podría haber sobreprecios en las compras del gas, que empezaron en 2008, y que fueron necesarias a raíz del crecimiento de la economía y varias oleadas de frío.

El dúo del fiscal Carlos Stornelli y el juez Bonadio no se anduvo con chiquitas y fijó la defraudación en 6900 millones de dólares, una cifra tan descomunal que hasta el propio ministro macrista Juan José Aranguren sostuvo que era un delirio. El gas se compraba a las más grandes empresas del mundo British Petroleum; Gas Natural Fenosa, Shell, Stanley & Poors, Repsol y otras. Del lado argentino, fueron procesadas 25 personas. En cambio, ninguno del lado de los vendedores: se supone que si hubo sobreprecios debía haber complicidades de los dos lados del mostrador.

Lo cierto es que el peritaje realizado por David Cohen se cayó a pedazos. El juez tomó su trabajo y descartó los estudios de otros peritos, pese a que se demostró que lo hecho por Cohen fue copiado de estudiantes chilenos y no tenía el menor rigor científico. Falsificó siglas de centros de estudios inexistentes y puso como parámetro de costos un índice norteamericano –el Henry Hub– que en todas las instancias fue demolido por los expertos porque no sirve para comparar con los precios de gas trasladado en barcos. El perito ya afronta un juicio oral por falso testimonio agravado.

La cuestión es todavía más seria: en un entrecruzamiento de llamadas presentado por el ex funcionario de Infraestructura Roberto Baratta, se advierte que Cohen hablaba por teléfono con grandes estudios de abogados ligados al PRO, funcionarios de Cambiemos, abogados que trabajaban para la Agencia Federal de Inteligencia; el Ministerio de Seguridad, el de Justicia. La impresión es que estaba complotado con toda la trama judicial–política–mediática que respondía a la Casa Rosada.

Caído el peritaje de Cohen, la Cámara Federal anuló los procesamientos y les dijo al fiscal y el juez que debían demostrar sobreprecios con un nuevo estudio. La causa se elevó ahora a juicio sin que se haga el estudio ordenado por los camaristas Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia. Es más, el magistrado estima un sobreprecio, ya no de 6900 millones sino de 124 millones de dólares, otra vez sobre la base del Henry Hub, que los propios camaristas destrozaron.

O sea, el juez dice que sacó a Cohen de la causa, pero lo dejó tácitamente.

Rescate

Cuando la causa se hundía irremediablemente por el fraude del perito, a fines de 2018, el periodista Daniel Santoro presentó a D’Alessio, tal como lo reveló el fiscal Stornelli.

El 5 y el 12 de noviembre de 2018, D’Alessio declaró en la causa ante Stornelli, sin que el fiscal tuviera delegada la investigación: dijo ser abogado, entregó documentación robada de Enarsa, empresa en la que dijo que se había infiltrado y entregó cuatro carpetas que, según él, recibió de manera anónima en su estudio. La declaración de D’Alessio estuvo escondida: recién se incorporó al expediente en febrero cuando ya había estallado el escándalo en la causa de Dolores. Ramos Padilla desarmó toda la patraña basándose en lo que encontró en la computadora de D’Alessio, secuestrada durante el allanamiento a su vivienda.

¿Qué decía D’Alessio? Que en realidad hubo una defraudación con los seguros de los barcos y que Cristina Fernández de Kirchner llamó personalmente a Enarsa para interiorizarse de la cuestión. La mentira no se sostuvo: los camaristas Bruglia y Bertuzzi sacaron a CFK de la causa porque no se podía basar esa acusación en los dichos del oportuno D’Alessio.

Pero el falso abogado también mencionó defraudaciones en materia de gastos portuarios y por la intermediación del estudio de los hermanos Dromi. La Cámara ordenó entonces que se estudiara la cuestión, que se profundizara la investigación sobre una posible defraudación. El magistrado ignoró la orden y elevó el expediente a juicio mencionando una generalidad: que hubo facturaciones de hasta 700 mil dólares en cada barco, pero sin precisar si hubo maniobras o no, ni de cuánto podría ser el perjuicio. En una palabra dijo: “que se ocupe el Tribunal Oral”.

Como se ve, el juez dice que no usó a D’Alessio pero lo único que evitó fue nombrarlo. Mantuvo las acusaciones formuladas por el falso abogado, pese a que la Cámara ordenó la anulación de aquella declaración auspiciada por Santoro y concretada ante Stornelli.

Juicio

El TOF 7 recibe entonces el expediente sin que se hubieran hecho ni los peritajes ni los estudios que reclamaba la Cámara Federal. Pero, además, el magistrado dijo que no podía probar sobreprecios entre 2008 y 2011 porque no consiguió que le entregaran la documentación necesaria, que había pasado por la Auditoría General de la Nación. La Cámara le ordenó conseguir ese material. El juez tampoco lo hizo.

O sea que se pretende llegar a un juicio oral sin peritajes, sin la descripción ni datos reales sobre los supuestos delitos, sin la documentación pedida por los camaristas, con un testigo (D’Alessio) que está preso y con un perito (Cohen) procesado y camino a juicio.

Nada de eso importó. Es una causa que fue clave para la ofensiva política de Cambiemos: se usó para meter presos a Julio De Vido y Roberto Baratta; para acusar a CFK y dictarle otra prisión preventiva y luego, de manera grotesca, armaron sobre el expediente del GNL el de las fotocopias de los cuadernos, argumentando que eran los mismos acusados y la misma asociación ilícita.

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Justicia

Sergio Varisco fue condenado por narcotráfico a 6 años y medio de prisión

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El exintendente de Paraná Sergio Varisco fue condenado a 6 años y medio de prisión. Estaba acusado de narcotráfico junto a otras 32 personas de narcotráfico. El veredicto se dio a conocer esta tarde en los tribunales de la capital entrerriana.

Los jueces que dictaron la sentencia contra Varisco son Lilia Carnero, Noemí Berros y Roberto López Arango. El viernes pasado, durante las “últimas palabras” de los imputados, Varisco había afirmado ser víctima de una “campaña política”. También negó haber financiado operaciones narcos desde el municipio.

En ese contexto, el exintendente de Cambiemos dijo en los últimos dos años sufrió “un calvario, estigmatizado como narco” y fue agredido, pero aseguró que desde los ’80 sólo se dedicó a la política y no tiene auto, casa, ni cuenta bancaria.

En relación con su vínculo con el sindicado narcotraficante Daniel Celis, también acusado en el juicui, dijo que sólo tuvo una “relación política” vinculada a la incorporación de personal al municipio.

Sobre el exintendente pesaba un pedido de pena de 10 años de prisión formulado por el fiscal José Candioti, quien lo consideró coautor de “financiamiento de actividades de comercio de estupefacientes” junto a otros dos funcionarios municipales, el ex concejal Pablo Hernández y la ex secretaria de Seguridad local Griselda Bordeira, para quienes solicitó 9 años de cárcel.

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Justicia

Envían a Cristina Kirchner a juicio oral por la cartelización y coimas en la obra pública

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El juez Bonadio finalizó la instrucción de este expediente, vinculado a los cuadernos de las coimas. Junto a la vicepresidenta, serán enjuiciados De Vido, López y medio centenar de empresarios.

La vicepresidenta Cristina Kirchner irá a juicio oral junto a Julio De Vido, José López y más de medio centenar de empresarios, entre ellos Carlos Wagner, Ángelo Calcaterra, Gerardo Ferreyra y Juan Chediack, por la cartelización en la obra pública y el circuito de sobornos que según la justicia funcionó alrededor de esos contratos. Se trata de la décima causa que la ex mandataria, tiene elevada a juicio oral. 

Con el expediente principal del caso cuadernos elevado a juicio oral, Bonadio dio por clausurada la instrucción del tramo que investigó el circuito de sobornos que vinculados a la Cámara de la Construcción.

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Justicia

Ramos Padilla procesó al fiscal Carlos Stornelli

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El juez federal de Dolores considera que Stornelli formó parte de una organización criminal clandestina compuesta por numerosas personas, entre ellas agentes inorgánicos y orgánicos de la AFI.

El fiscal Carlos Stornelli fue procesado este miércoles por el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, porque entiende que el fiscal fue parte de operaciones ilícitas vinculadas con espionaje ilegal en colaboración “con actividades propias de la fiscalía y en connivencia con el fiscal”. El juez considera que Stornelli formó parte de una organización criminal clandestina compuesta por numerosas personas, entre ellas agentes inorgánicos y orgánicos de la AFI, y que los objetivos fueron políticos, judiciales y económicos. Ramos Padilla dejó constancia que corresponde la prisión preventiva porque estuvo rebelde ocho meses y porque hay riesgos procesales, pero que –por ahora– respeta la inmunidad que tiene por el cargo de fiscal. De todas maneras le prohibió salir el país, le fijó un embargo de diez millones de pesos y volverá a evaluar la prisión preventiva si la Procuración lo termina destituyendo.

El procesamiento es por el delito de asociación ilícita, violación de la ley de inteligencia, coacción e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Según Ramos Padilla, el fiscal se “valió de ‘espías’, con quienes intercambiaba información sobre supuestas líneas de investigación, pero promoviendo denuncias asentadas en esas ilegalidad; buscando disuadir a abogados molestos (caso Ubeira), al tiempo que usaba esa relación y los métodos ilegales para cuestiones personales (caso Castañon)”.

El magistrado tomó en cuenta y dio por probados varios casos:

* D’Alessio armó carpetas que luego se presentaron como anónimas en la fiscalía de Stornelli en la causa de la compra de Gas Natural Licuado. La causa del GNL fue clave para meter presos a Julio De Vido y Roberto Baratta y luego se utilizó para armar la causa de las fotocopias de los cuadernos, que se la quedaron Claudio Bonadío y Stornelli con el argumento de que los cuadernos eran parte del expediente GNL. La causa empezó a naufragar después de una pericia fraudulenta del perito David Cohen, hoy procesado por falso testimonio agravado. En la vivienda del falso abogado se encontraron registros muy anteriores a la aparición de las carpetas anónimas y en esos registros se planteó la necesidad de “judicializar” documentación obtenida de manera ilícita. En el momento del naufragio de Cohen, hicieron aparecer la documentación y D’Alessio en persona se ofreció “voluntariamente” a declarar. Es decir que el falso abogado no se presentó de manera espontánea como se afirmó en el acta labrada por Stornelli, sino que hubo un plan previo. Toda esa secuencia es parte del procesamiento dictado al fiscal.

* La investigación ilegal al ex marido de la actual esposa de Stornelli. “El fiscal es quien pide y D’Alessio quien busca la información sobre Jorge Christian Castañon. Lo que incluyó la frase en un intercambio en el que D’Alessio le contestó a Stornelli: ‘vos decidís si lo corto en USA o acá’, es decir, plantarle droga en la valija”. Se trata de la utilización de espionaje ilegal en un tema personal, sin que tenga ninguna relación con una causa judicial. El juez sostiene que Stornelli admitió haberle pedido a D’Alessio la investigación ilegal, aunque lo justificó en una cuestión de violencia de genero, pese a que Castañón está sobreseído en esos casos que no fueron de violencia de genero sino de supuesta violencia familiar. Hoy Castañón tiene un régimen normal de visitas con sus hijas y se va de vacaciones con ellas, de manera que la defensa de Stornelli quedó en la nada. Peor aún, reconoció el encargo ilegal que le hizo a D’Alessio.

* Respecto del denunciante original de la causa, Pedro Etchebest, el juez detalló la forma en la que se hizo la extorsión. En forma pública, en entrevistas, D’Alessio creó el ambiente de que Etchebest estaba implicado en irregularidades en la compra de GNL y aportó a la “puesta en pánico” de Etchebest sugiriendo que iría a prisión. Ese clima es el que permitió luego la extorsión, alimentada por el encuentro entre Stornelli y D’Alessio en Pinamar, en plenas vacaciones del fiscal. La síntesis es que “se utilizó la estructura ilegal para crear la ilusión de un severo peligro de pérdida de la libertad y ofrecer los servicios ilegales para conjurar ese peligro”. En otras palabras, le hicieron creer a Etchebest que lo iban a meter preso y luego D’Alessio le exigió dinero para salvarlo. Hay un mensaje del falso abogado al fiscal en el que le dijo: “de Pedro me ocupo yo personalmente de avanzar con ese sujeto”. Esa es otra base del procesamiento.

El armado de una cámara oculta al abogado José Manuel Ubeira. Stornelli niega que le haya encomendado esa tarea ilegal a D’Alessio, pero el juez transcribe un mensaje enviado el 28 de diciembre de 2018. El mensaje que le mandó D’Alessio a Stornelli dice lo siguiente: “yo llego el 6, le hago la cámara oculta y la presento en tu fiscalía por un tercero”. La prueba parece lapidaria y se engancha con una operación que le estaban haciendo a Ubeira porque éste mantenía diálogo con el arrepentido Leonardo Fariña y había alguna chance de que Fariña cambiara su testimonio. Grabando a Ubeira querían demostrar que estaba intentando una especie de complot con Fariña. Como el supuesto complot no existió, no pudieron grabar la cámara oculta pedida por Stornelli.

* El caso del espionaje ilegal en Montevideo y una supuesta organización terrorista. Stornelli escribió en un mensaje, “me interesa”, pese a que D’Alessio le envió material ilegal, cámaras ocultas, tomadas a ciudadanos comunes del vecino país. El falso abogado le dijo a Stornelli que se trataba de una “embajada paralela de Irán en Uruguay” y que “Macri te va a premiar por esto”. En verdad lo que buscaba D’Alessio era sacar de la cancha a dos o tres empresas que competían en el rubro petrolero sindicándolas como parte de un aparato terrorista de Irán. Ramos Padilla considera que es una prueba más de que Stornelli permitió y amparó el espionaje ilegal de D’Alessio, porque el falso abogado le mandaba material y Stornelli no hizo nada. O más bien lo contrario: alentó el espionaje y se disponía a armar una causa.

* La coacción al ex gerente de la petrolera venezolana Pdvesa, Gonzalo Brusa Dovat. El juez procesa a Stornelli por este caso porque D’Alessio llevó, coaccionado, a Brusa Dovat a declarar a la fiscalía de Stornelli. La jugada fue tan grotesca que D’Alessio entró a las oficinas del fiscal sin ser siquiera abogado y hasta filmó parte de la declaración. Y el sentido del delito es que obligaron a Brusa Dovat a declarar en determinado sentido, poniéndolo en pánico porque de lo contrario terminaría preso en una causa armada en el fuero penal económico.

Stornelli trató de sacarse de encima a D’Alessio en su defensa, diciendo que es un charlatán, que él casi no leía los mensajes del falso abogado, que no le creía nada y que no había tanta relación entre ellos. El juez desestima esos razonamientos señalando que los mensajes constatados por las pericias no eran unidireccionales, que eran intercambios y que resulta difícil de creer, en un fiscal con tanta trayectoria, que se hubiera prestado a intercambios, sin ninguna prevención, con un charlatan o delirante, como Stornelli ahora califica a D’Alessio.

Ramos Padilla enumeró las veces que el fiscal eludió la declaración indagatoria, con maniobras que las querellas consideraron dilatorias y de obstrucción de la causa. En concreto el juez afirma que la rebeldía es un indicio de que se eludió a la justicia y que el fiscal, en su vinculación con D’Alessio, mostró sobradamente capacidad de alteración y obstrucción de causas. La conclusión es que correspondería la prisión preventiva, pero que no se dicta por la condición de fiscal de Stornelli. Sin embargo, dice el magistrado, que volverá a considerar la prisión preventiva si el trámite en la Procuración remueve los obstáculos que impiden ahora la detención de Stornelli.

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