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El sector empresario pide un bono salarial “condicionado a cada situación”

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“Habrá que analizar caso por caso y en el marco de la paritaria cómo se paga el bono. Si la paritaria recompone el salario, el bono tendría que ser a cuenta de eso, pero ese tema quedó en analizarse”, dijo ayer Gustavo Weiss, presidente de la Cámara de la Construcción. Fue a la salida de la reunión entre el Gobierno, los líderes sindicales y los empresarios, con la amenaza de un nuevo paro general como mar de fondo. El Gobierno acordó con la CGT y las principales cámaras patronales la firma de un decreto que obliga a las empresas a pagar un bono de hasta 5 mil pesos en dos cuotas de 2500 pesos, la primera con el sueldo de este mes y la segunda en enero. Pero los empresarios insisten en que la medida deje la puerta “lo más abierta posible” para la discrecionalidad patronal. En esa línea, el Gobierno aclaró que el pago depende de la realidad sectorial. Además, se introducirían nuevas trabas burocráticas a los despidos, aunque el Gobierno nunca mostró una postura firme en contra de la pérdida de puestos de trabajo. “Cada sector deberá dialogar con sus gremios para establecer cuál es la situación, ya que el punto de partida es la heterogeneidad. Dependiendo de las regiones y los sectores, la realidad varía”, señaló ayer en un comunicado la UIA. El Gobierno adoptó la recomendación patronal.

El objetivo político del oficialismo, que estuvo encabezado por el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, es poner paños fríos al clima social, no sólo por la medida en ciernes de parte de la central obrera sino de cara a un fin de año que anota el peor resultado para los sectores populares desde 2002. Más allá de que la medida saldría a través de un bono, todavía hay grises que los empresarios buscan aprovechar para evitar el pago compulsivo. En promedio, los salarios perdieron 7,3 por ciento en el último año y 17,7 por ciento desde que asumió el gobierno de Cambiemos.

La falta de definiciones oficiales sobre los parámetros de la reunión con la CGT y las cámaras empresarias abre el juego para las especulaciones. Mientras los sindicalistas buscan cerrar el tema pronto para mostrar el bono como fruto de la amenaza del paro, los empresarios tratan de inclinar la cancha para que el pago sea lo más moldeable posible a la realidad de cada compañía. Las patronales perdieron “el primer chico”, ya que se estima que el bono saldrá por decreto oficial. Sin embargo, a diferencia de la primera versión que circuló por los medios, que planteaba que el bono compensador sería de 5 mil pesos en adelante, el Ministerio de Producción informó que el aumento será de “hasta” 5 mil pesos y que además la implementación no será compulsiva sino que dependerá de cada sector.

La laxitud en la implementación del bono está directamente en línea con la postura de la UIA. “Hay empresas que van a poder dar bonos o mejoras salariales y otras a las que no se les puede pedir eso. En este contexto, en las PyMEs los problemas están agudizados: hay suspensiones, adelantos de vacaciones, bajar los horarios laborales. Eso es claramente para tratar de pasar este momento”, señaló ayer el presidente de la UIA, Miguel Acevedo. Agregó que “es muy difícil cerrar paritarias del tenor de 40 por ciento, no todas las empresas pueden pagarlas, por eso hay que dar bonos”.

En una línea similar a Acevedo, el presidente del Foro de Convergencia Empresarial, Miguel Blanco, reconoció que “los salarios están retrasados, pero el otorgamiento de un bono de fin de año depende de cada sector”. En otras palabras, el empresariado cumple con la formalidad de dar cuenta de los estragos que hace la inflación sobre el poder adquisitivo del salario. Pero a la hora de mitigar ese deterioro, las respuestas son esquivas.

Por el lado de los despidos, el acuerdo para que las decisiones de achicamiento pasen por una instancia burocrática a cargo de Jorge Triaca tampoco implica una definición demasiado rotunda de defensa del empleo. Los propios empresarios recuerdan la situación de 2016, cuando se firmó un acuerdo tripartito que no impidió que las empresas aprovechen el contexto político pro-patronal para avanzar hacia los planes de “reestructuración”.

La UIA le pidió ayer al Gobierno la “agilidad y ampliación en el otorgamiento de los Programas de Recuperación Productiva (REPRO) para las empresas que atraviesan coyunturas más delicadas”.

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Proyecto en el Senado para quitarle la inmunidad a Stornelli

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El senador Fernando “Pino” Solanas presentó un proyecto donde le pide a la Procuración General el “enjuiciamiento” del fiscal Carlos Stornelli. De esta manera, entiende el legislador, dejará sin efecto la inmunidad de la que goza para que abandone así su actitud de “rebeldía” y finalmente declare como imputado ante el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, en la causa que investiga una “red paraestatal de espionaje” y que involucra a espías, miembros del Poder Judicial, medios de comunicación y legisladores oficialistas. La iniciativa cuenta con el respaldo del bloque del FpV-PJ y parte del peronismo federal. El jefe del interbloque de Cambiemos en Diputados, el radical Mario Negri, cuestionó el proyecto y defendió al fiscal.

“Solicita al señor Procurador General de la Nación (Eduardo Casal), para que proceda al enjuiciamiento del titular de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal 4, doctor Carlos Stornelli, de conformidad con lo establecido por el artículo 12 de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal. Que sin perjuicio del enjuiciamiento solicitado, se disponga la inmediata comparecencia del fiscal Stornelli, a prestar declaración indagatoria al Juzgado Federal de Dolores”, reza el proyecto que presentó Solanas.

La iniciativa surgió tras la decisión de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal de rechazar la recusación que planteó Stornelli contra Ramos Padilla, quien lo investiga por presunta extorsión en el marco de la causa de espionaje ilegal que integra Marcelo D’Alessio.

El proyecto logró el respaldo de 17 senadores y senadoras: Anabel Fernández Sagasti, Silvina García Larraburu, María Inés Pilatti Vergara, María de los Angeles Sacnun, Sigrid Kunath, Nancy González, Ana María Ianni, Ana Almirón, y Marcelo Fuentes del FpV-PJ; peronistas federales como Juan Mario País, Norma Durango, José A. Ojeda, Julio Catalán Magni, Cristina López Valverde, Beatriz Mirkin y María Eugenia Catalfamo; además de Magdalena Odarda, alineada con Solanas.

“Aunque entiendo que cabría la remoción de su cargo como fiscal, tal hecho sería una medida extrema, que debe adoptarse más adelante, y que además conlleva un procedimiento de impredecible duración. Lo fundamental en este momento, es dejar sin efecto su inmunidad, y que comparezca a estar a derecho en el Juzgado Federal de Dolores, a los fines de ejercer el derecho de defensa ante los cargos que se le imputan, y ello solo puede ser decidido por una decisión suya”, agrega en sus fundamentos Solanas.

El senador de Proyecto Sur advierte sobre “la gravedad institucional de lo que ocurre debido a la actitud de Stornelli, en razón de lo cual deben adoptarse de inmediato las medidas previstas en la Ley, para terminar con una situación que afecta el funcionamiento del Poder Judicial, ante la reprochable actitud de un representante del Ministerio Público que elude la acción de la justicia”.

La propuesta desató el rechazo de una de las espadas parlamentarias del oficialismo. “Los senadores que defienden los fueros de CFK (más de diez procesamientos y cinco prisiones preventivas pesan sobre ella) quieren sacarle la inmunidad al fiscal Stornelli, que es justo el fiscal que lleva adelante la causa los cuadernos K. No tienen pudor”, manifestó Mario Negri a través de sus redes sociales, en un posteo realizado desde Córdoba, en el último tramo de la campaña electoral para la gobernación en la que el jefe de los diputados de Cambiemos competirá contra sus propios correligionarios.

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Dos personas murieron en Chaco: La tragedia de las inundaciones

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Un padre y su hijo murieron en Chaco y miles de personas fueron evacuadas en las provincias del noreste argentino –Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes– debido a las fuertes tormentas que azotaron la región el sábado y provocaron inundaciones, anegamiento de calles, caída de árboles y voladura de techos. Los gobiernos de las provincias afectadas ya pusieron en marcha planes para asistir a los damnificados.

“Dos personas murieron electrocutadas, un padre de 42 años y su hijo de 19, en la localidad chaqueña de Las Breñas cuando el agua ingresó en su vivienda, mientras que en toda la provincia se cuentan 1.800 evacuados”, informó Daniel Russo, subsecretario de Defensa Civil de la Nación. El funcionario sostuvo que “Chaco tuvo tres inundaciones en los últimos meses, lo que vuelve la situación más difícil aún”. Según Russo, una de las localidades más afectadas de la provincia es Corzuela, donde cayeron más de 300 milímetros en las últimas horas, “una cantidad de agua que ninguna ciudad en el mundo podría soportar”.

“Estamos en alerta constante, es una situación climática extraordinaria”, afirmó el gobernador de Chaco, Domingo Peppo. El sábado, después de mantener reuniones con el Comité de Emergencia y los ministros que integran su Gabinete, Peppo realizó una recorrida por zonas del Área Metropolitana de Gran Resistencia. El gobernador señaló que “la lluvia fue muy importante en toda la provincia, con una zona muy afectada como La Clotilde, La Tigra, San Bernardo, parte de Villa Ángela, Charata, Corzuela y Las Breñas, entre otras; con registros que superaron los 340 milímetros”, mientras que en Resistencia las mediciones no bajan de 150 milímetros. “Lo importante es poder responder ante la contingencia, pero también planificar todas las tareas de reconstrucción que las situaciones de esta magnitud demandan”, señaló Peppo.

Como parte del protocolo de emergencias, el gobierno chaqueño dispuso la apertura de 16 escuelas en toda la provincia para que alberguen a las familias que debieron evacuar sus hogares a causa de las inundaciones. “Somos un gran equipo y trabajamos mancomunadamente y con la visión del gobernador Domingo Peppo, para que las familias albergadas y aquellas que necesitan de un Estado presente, en momentos de adversidad como los que estamos pasando, puedan sentirse acompañados y ayudados por sus hermanos chaqueños”, afirmó la ministra de Educación, Marcela Mosqueda.

En la ciudad de Corrientes, la tormenta provocó anegamientos, caídas de árboles y postes y accidentes viales. “No tenemos evacuados ni víctimas y la prestación de servicios como el transporte de pasajeros y retiro de árboles caídos se realiza con normalidad”, aseguró el jefe de Operaciones de Defensa Civil de Corrientes, Orlando Bertoni. El funcionario puntualizó que “se brindó asistencia con raciones alimentarias en barrios de la capital con casas anegadas y por las descargas de la tormenta eléctrica se debió poner a resguardo una peregrinación a la Basílica de Itatí”.

La tormenta comenzó el sábado a la mañana y, luego del mediodía se registraron 150 milímetros. Si bien ese mismo día el Servicio Meteorológico Nacional determinó el cese del alerta que registraba Corrientes, se anunció que camiones desobstructores continuarán realizando limpieza de desagües para evitar posibles anegamientos en caso de que haya nuevas precipitaciones.

En Formosa se autoevacuaron 3337 personas por la crecida del río Pilcomayo, causada por la tormenta. “Seguramente de a poco se irán sumando los que quedan, que aguantan hasta el final porque tienen miedo de dejar sus casas, pero se les hace entender que si llega a llover se va a complicar más la crecida, entonces se les explica y la Municipalidad les da transporte para trasladar a cada uno y llevar sus cosas”, afirmó El Concejal de la ciudad de Clorinda y encargado de Emergencia de Puerto Pilcomayo, Isaac Villamayor.

Asimismo, el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir), informó que en Misiones hubo lluvias y tormentas que afectaron principalmente a las localidades de Wanda y El Dorado, aunque no hubo evacuados. “Las lluvias afectaron a varias casas en los barrios bajos de la capital, cuyos habitantes son asistidos por las autoridades”, detallaron en un comunicado.

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Condenaron a Alberto Samid a 4 años de prisión efectiva

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El empresario de la carne está acusado de liderar una asociación ilícita que evadió impuestos. La pena es de cumplimiento efectivo. El 26 de abril, el tribunal dará a conocer los fundamentos.

El empresario de la carne Alberto Samid fue condenado este miércoles por asociación ilícita para evadir impuestos a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo, más accesorias legales y costas por la suma de más de 281 mil pesos, según el veredicto del Tribunal Oral en lo Penal Económico 1.

El empresario de la carne escuchó con resignación el veredicto que fue leído puntualmente a las 16 y 30 por el juez José Michilini, presidente del Tribunal Oral en lo Penal Económico 1.

Samid fue detenido el 6 de abril pasado en Belice tras ser haber estado una semana prófugo.

El tribunal dejó en stand by el pedido de arresto domiciliario que hizo la defensa de Samid, debido a su edad, tiene 71 años y algunos problemas de salud.

“Si sigo encerrado así, me voy a cortar las venas”, había dicho Samid al tribunal en lo que fueron sus últimas palabras antes del veredicto.

Dijo además que está aislado en una habitación del Hospital Penitenciario Central (HPC) de la cárcel de Ezeiza.

El juez Michilini, presidente del Tribunal, le dijo al empresario que enviaron una comunicación al Servicio Penitenciario Federal para que se modifiquen las condiciones de detención ya que no está ni incomunicado ni aislado.

“En la vida hay dos cosas que no se pueden ocultar: la tos y la plata. Vivo en la misma casa hace 50 años, jamás tuve cuentas en el exterior ni blanquee plata”, dijo al tribunal.

Por ahora continuará en prisión y a la espera de que el tribunal lo beneficie con la domiciliaria.

También fueron condenados los otros integrantes de la asociación para evadir impuestos, entre ellos la hermana de Samid, Alicia Samid a tres años de prisión en suspenso.

Mas temprano el tribunal rechazó un planteo de prescripción del caso, que comenzó en 1996.

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