El Gobierno no valida las paritarias y desata otra guerra con la CGT: qué pasa con los aumentos ya pactados

“Los que tienen techo son los salarios”. La queja de Andrés Rodríguez, el líder del gremio de estatales de UPCN, desde el escenario del encuentro organizado este martes por Amcham resumió el malestar mayor que en la última semana ganó a la cúpula de la CGT en su enfrentamiento abierto con el gobierno de Javier Milei. Ni la insistente presión oficial por la reforma laboral ni la inminente designación de un hombre de Techint y de la UIA al frente de la Secretaría de Trabajo explican la bronca sindical. El principal encono tiene una razón excluyente y con efectos directos en el corto plazo: la decisión de la administración libertaria de no homologar los acuerdos paritarios cerrados en el sector privado, una situación que ya pone en jaque el pago de los aumentos salariales convenidos en negociaciones entre empresas y gremios.

La luz de alarma se encendió un par de semanas atrás con la decisión del ahora despedido secretario de Trabajo, Omar Yasin, de demorar la homologación por parte de las autoridades laborales, un mecanismo obligatorio para la vigencia de las subas salariales consensuadas en paritarias, del acuerdo firmado por Hugo y Pablo Moyano en representación del sindicato de Camioneros con las cámaras empresarias de la actividad.

Desde lo formal los funcionarios argumentaron que un sector de la representación empresaria había rechazado algunos puntos del convenio. Pero cerca del propio Yasin justificaron la no homologación de la paritaria en una decisión explícita del ministro de Economía, Luis Caputo. “La orden de Caputo es no validar aumentos mayores al 14% en marzo y 9% en abril”, explicaron voceros de Trabajo ante la consulta de Clarín.

Los Moyano habían acordado con las cámaras un incremento de 25% para marzo y otro 20% para abril y ya anunciaron conflictos en las distintas ramas del transporte de cargas si las empresas no pagan en término el aumento pactado.

El caso de Camioneros no fue el único. Otra decena de actividades que convinieron sus aumentos paritarios a partir de marzo con subas por encima del tope de Caputo corrieron la misma suerte de la no homologación. En el listado figuran actividades como carga y descarga, que pactó una mejora para marzo de 17% más cláusula gatillo por inflación, los trabajadores gráficos que firmaron para este mes un aumento de 20% y los encargados de edificio que acordaron desde febrero una suba de 45%. “Hay algunos acuerdos que no se van a homologar nunca“, aseguraron en Trabajo en referencia directa al incremento negociado por el Suterh, el gremio de Víctor Santamaría.

Pero la novedad de la última semana que terminó de crispar los nervios en la CGT fue la determinación de las autoridades laborales de no validar tampoco los convenios firmados entre enero y principios de febrero, previo a la comunicación informal del techo impuesto por Caputo. “No se homologa nada, salvo el sector público. Esto va a generar problemas”, advirtió un referente de la primera línea de la CGT.

El sindicato de Comercio, el más numeroso que representa a más de 1,2 millón de trabajadores, es uno de los afectados: Trabajo no aprobó el acuerdo de febrero, que fijó un incremento salarial de 17,6%. “Prometen paritarias libres que luego no las homologan, insólito. La mayoría de las empresas igual paga el aumento como un ítem a cuenta, pero en el interior hay comercios que decidieron no pagar hasta que no este homologado. Lo mismo le está pasando a todos”, advirtieron cerca de Armando Cavalieri, el titular del gremio mercantil.

Tampoco Gerardo Martínez, el jefe de la Uocra, consiguió que las autoridades laborales validaran el último entendimiento que selló con los representantes de la Cámara de la Construcción (Camarco) y que estableció un aumento de 14% para febrero en medio de la fuerte crisis que atraviesa la actividad, con más del 50 mil puestos de trabajo directos perdidos por el parate de la obra pública.

La situación se replica con los convenios paritarios de la industria de la alimentación, las fábricas textiles, los bancarios, la producción molinera, el sector del vidrio, del plástico, los acuerdos de la UOM con el sector siderúrgico y metalúrgico, pasteleros, gastronómicos, entre otros. Llamativamente el sector aceitero, que firmó su acuerdo a principios de enero con una suba de 41% para el primer bimestre y retomará sus discusiones en las próximas semanas para negociar un nuevo aumento, tampoco logró que le aprueben su entendimiento. “Hay una decisión política de licuar los salarios por eso no homologan nada”, acusan desde el gremio que conduce Daniel Yofra.

Entre los sindicatos sostienen que por ley existe un plazo máximo de 30 días para que las autoridades laborales convaliden los convenios, tras lo cual rige una especie de homologación tácita, lo que ya ocurrió con el caso del acuerdo de encargados de edificio de Santamaría. Pero también advierten que en muchas empresas se amparan en la no validación de Trabajo para no pagar los aumentos consensuados y obligan a los gremios a reclamar ante la Justicia para que se abonen las subas pactadas, con las demoras habituales de los tribunales.

En la opinión de Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA, además de un “claro ataque a la negociación colectiva”, detrás de la decisión del Gobierno de no aprobar los acuerdo “hay un aval implícito para que los empleadores no paguen hasta que esté la homologación y así financiarse a costa del salario de los trabajadores”.

Otro de los afectados por la situación es el co-titular de la CGT Héctor Daer, que tras un paro general en el sector asistencial, acordó un incremento de 45,6% en dos tramos acumulativos para los trabajadores de Sanidad. Sin embargo, diversas clínicas y centros médicos del interior optaron por no abonar el aumento a la espera de que sea homologado, denunciaron desde el gremio.