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EL FONDO AL PODER

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La propia Christine Lagarde anunció junto a Nicolás Dujovne el nuevo acuerdo con el FMI. A cambio de 7100 millones de dólares más y el adelantamiento de los desembolsos para alejar el fantasma del default, Argentina se compromete a un brutal ajuste fiscal y monetario.

Argentina recibirá 36.200 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional entre lo que resta de este año y todo 2019, y eleva a 57.100 millones de dólares el monto total del crédito Stand By otorgado al país. A cambio, el gobierno no sólo ratifica el plan presupuestario restrictivo para 2019, que elimina el déficit fiscal primario, sino que además asume una drástica política antiinflacionaria del Banco Central que reduce a cero la emisión monetaria desde ahora hasta junio de 2019, y pasa a un esquema de libre flotación cambiaria que limita las intervenciones de la autoridad monetaria en el mercado mayorista. La escasez de dinero circulante debería actuar como freno a la inflación, pero al costo de una fortísima caída en la actividad económica. El nuevo acuerdo con el Fondo fue anunciado por la directora gerente del Fondo junto a Nicolás Dujovne desde Nueva York. La instrumentación de la estrategia monetaria fue explicada, minutos más tarde, por el flamante titular del Banco Central, Guido Sandleris, en Buenos Aires.

Con la bandera argentina a su espalda, y el ministro de Hacienda a su izquierda, la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, encabezó en el consulado argentino en Nueva York el anuncio del nuevo acuerdo con Argentina “para fortalecer el Programa Stand By de 36 meses aprobado el 20 de junio pasado”. Dueña absoluta de la situación, Lagarde asentía con leves movimientos de cabeza la lectura del comunicado que hizo Dujovne. “El nuevo acuerdo comprende desembolsos totales por 57.100 millones de dólares, lo que representa un incremento de 7100 millones con respecto al acuerdo previo”, indicó el ministro. “Además, bajo el nuevo esquema los desembolsos estarán disponibles de manera más anticipada: hasta 2019 el FMI asegurará financiamiento por 36.200 millones de dólares; con respecto al acuerdo previo, se incrementa en 19.000 millones el financiamiento disponible hasta fines de 2019”, explicó. Desembolsados ya 15.000 millones en junio, quedarían, en consecuencia, unos 6000 millones de dólares pendientes para 2020. Como en anteriores ocasiones, Dujovne se centró en explicar la “consistencia del programa financiero” entre los compromisos y las fuentes de financiamiento, pero sin considerar su impacto nocivo sobre la economía real.

Por el contrario, el ministro de Hacienda volvió a afirmar que el brutal ajuste y política de endeudamiento que presentó ayer forman parte de “un conjunto de políticas orientadas al fortalecimiento de la economía argentina”. Desde la mirada del actual equipo económico, Argentina padece dos problemas que están por encima de cualquier otro: déficit fiscal e inflación. En coincidencia plena con el FMI, las medidas anunciadas ayer buscan “resolver” de manera drástica ambos conflictos, sin detenerse en los costos sociales que traerán aparejados. Lo fundamental para su sostenimiento está dado en “el apoyo de la comunidad internacional, que permitirá dejar atrás este camino de turbulencias”, y la decisión del FMI de “continuar respaldando la atención a los sectores más vulnerables”, señaló Dujovne, desviando la mirada hacia Lagarde en busca de aprobación. La recibió.

Lagarde solo tuvo una breve intervención verbal en la conferencia en el Consulado. Tras ello, Dujovne la excusó “por compromisos de agenda” y continuó solo. Antes de irse, la titular del FMI anunció que el acuerdo había sido “aprobado por la Gerencia” del FMI, incluyendo los desembolsos anticipados. Indicó que el programa Stand By acordado estaba “respaldado por un presupuesto adecuado y sustentable”. También se refirió al compromiso del Banco Central con una política de tipo de cambio flexible sin intervención e indicó, ante una pregunta, que “la clave del nuevo acuerdo está en las cifras 19 y 19: los 19.000 millones de dólares que Argentina recibirá por adelantado hasta 2019, con lo que conseguirá estabilizar su economía”.

“Hemos acordado avanzar más rápido hacia el equilibrio fiscal para 2019”, anunció Dujovne, como contrapartida del adelanto del cronograma de desembolsos para atender las urgencias financieras del gobierno a partir de la corrida iniciada en mayo y que no se frenó con el primer acuerdo.

“En el terreno de la política monetaria y cambiaria, en las últimas semanas hemos enfrentado jornadas de mucha volatilidad que se han traducido en una importante depreciación del peso y un recrudecimiento de la inflación”, expresó luego el ministro. “En ese marco –anunció–, hemos decidido reemplazar el esquema de metas de inflación por una regla simple y verificable sobre los agregados monetarios, elemento que entendemos contribuirá decididamente a reducir la inflación”. Más tarde, en conferencia de prensa en el Salón Bosch del BCRA (ver nota aparte), su nuevo titular explicaba la implementación de “una banda de no intervención” ajustable por una “tablita” de aquí a fin de año, y una participación limitada cuando el valor mayorista saliera fuera de las bandas. “Mantenemos nuestro compromiso con el régimen de tipo de cambio flexible, aunque hemos incorporado elementos a la política cambiaria que nos permitirán evitar la excesiva volatilidad”, dijo confiado Dujovne.

El programa económico que surge del nuevo acuerdo con el FMI representa la renuncia del gobierno al “control de daños”. Asume todos los riesgos y sin red. Va hacia un recorte brutal en el gasto público en medio de un proceso recesivo. Se mete de cabeza en un proceso inflacionario, motorizado principalmente por la megadevaluación de los últimos cinco meses, soltando las amarras con las que pretendía controlar el dólar. Juega todas las fichas a la sequía monetaria, es decir congelar la emisión de dinero para que no haya dinero para convalidar nuevos aumentos de precios. Pero el propio Sandleris reconoció que hay un rezago de la devaluación previa que impactará en el nivel de inflación de septiembre, octubre y, “en parte”, en noviembre. La secuencia es previsible: aumentarán los precios, seguirá subiendo el dólar, se atrasarán los salarios, se profundizará la caída de la actividad y se expandirá la recesión con mayores suspensiones y despidos. Ahí, recién ahí, con muchas víctimas del desempleo y de la pérdida de capacidad de consumo, la escasez del dinero circulante podrá traducirse en atenuación de la inflación. Los costos en materia social son imposibles de proyectar. En los cementerios, dicen, no hay inflación.

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Presión inflacionaria: la suba de los alimentos ya ronda el 3 por ciento en enero

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Las consultoras empiezan a medir lo que fueron los precios en la primera quincena y señalan que los valores se aceleraron. Diciembre, con 4%, fue el mes con más suba en un 2020 que totalizó un 36,1 por ciento anual

Uno de los principales conflictos que tiene el Gobierno para intentar empujar a la baja la inflación es contener el alza de los alimentos y bebidas.

Según datos de la consultora Focus Market, en diciembre pasado, el costo de una “canasta básica de alimentos de consumo masivo” aumentó 2,98%, menos que los datos difundidos por el Indec, pero cerró el año con una suba de 37,41% respecto de diciembre de 2019, mayor a la medición oficial de la inflación.

Pero el año terminó y ahora la preocupación es qué sucederá este 2021 con el rubro que hasta ahora no ha podido ser domado. Mientras se discute la posibilidad de desacoplar los precios internos a los de los mercados internacionales, la primera quincena de enero ya dejó una primera foto de cómo arrancó el año para el ítem que más pondera en el número final del índice de Costos de Vida.

“La primera quincena de enero arrancó más tranquila que diciembre. 

La inflación del último mes del año fue muy alta empujada principalmente por la aceleración de las carnes, pero que ya se frenó por lo que estamos viendo una inflación para enero más cerca de 3% que de 4%”, señaló Luciano Cohan de la consultora Seido.

“Lo que sí estamos notando es que está subiendo y lo hace mucho es frutas y verduras. Durante el 2020 fue uno de los rubros que más subió en todo el año y eso sigue sucediendo pero ya no estamos viendo a la inflación subiendo muy por arriba de los otros precios como pasó en diciembre”, agregó el economista.

Por su parte, Federico Furiase, director asociado de Eco Go, se mostró en la misma línea que Cohan y señaló que en el acumulado de dos semanas de enero en alimentos 2,8% eso incluye un arrastre de 0,6% de diciembre”.

El precio de la carne vacuna aumentó la primera semana de eneroEl precio de la carne vacuna aumentó la primera semana de enero

Para el especialista la primera semana de aumentos de precios de los alimentos estuvo impulsado “por el incremento de carne, básicamente vacuna, y la segunda semana lo que está pegando fuerte es pollo. Ahí está el desafío del gobierno con una inflación de alimentos que se acelera y con un 2020 que cuando se anualiza la inflación general del último trimestre estamos en un ritmo anualizado del 54 por ciento.

Respecto a este último punto, Furiase señaló que el 2020 dejó inflación “reprimida en términos de congelamiento tarifario, de paritarias muy contenidas por la recesión y muchos precios que estuvieron afuera mucho tiempo del año por la cuarentena. A esto se le sumó una velocidad de circulación del dinero que se desplomó en la cuarentena y, además, en diciembre estuvo el aumento estacional de la demanda de pesos. Cuando esto se empieza a desarmar junto con la circulación de dinero hay un alto riesgo que se potencie el traslado a precio sobre todo de la brecha cambiaria y si hay mucha restricción a las importaciones”.

La inflación de enero. Fuente: Seido AlphacastLa inflación de enero. Fuente: Seido Alphacast

A partir de esto es que el economista de EcoGo señaló que el problema a enfrentar por la administración nacional es que hoy la Argentina tiene un ritmo mensual de la inflación “que viaja al 4%, un ritmo del crolling peg –la fijación de arrastre es un régimen de tipo de cambio– del tipo de cambio oficial del 4% cuando la tasa de interés está al 3% y esto genera un problema si el crolling del tipo de cambio oficial acompaña inflación esto va retroalimentando el IPC para el período siguiente. Entonces eso el gobierno debería dar vuelta esa ecuación y subir la tasa de interés al 4% para anclar expectativa”.

Por su parte, la consultora Ecolatina publicó su IPC GBA que trepó 3,9% entre la primera quincena de enero y el mismo período de diciembre. “Esta dinámica se explicó por algunos alimentos –carne, frutas, comidas elaboradas– y por el incremento en combustibles, seguros y servicios vinculados al mantenimiento del hogar. Asimismo, durante la primera mitad del mes el IPC Núcleo se mantuvo por encima de 4%”, explica el informe.

Las frutas y verduras se incrementaron durante la primera quincena del añoLas frutas y verduras se incrementaron durante la primera quincena del año

En consecuencia, desde la consultora proyectan que la suba de precios se ubicará en torno del 3,5% en el primer mes del año. Esto implica una mínima desaceleración respecto a diciembre 2020, pero refleja que la suba de precios persiste en niveles muy elevados (50% anualizado).

Lorenzo Sigaut Gravina, director de Ecolatina, anticipó que “la inflación en 2021 cerraría en torno a 45%. Esto se corresponde con presiones cambiarias que reaparecerán en la previa electoral, aumentos tarifarios que serán impostergables al cierre del año y unas negociaciones paritarias que serán más dinámicas que el año pasado, en un contexto sanitario crítico pero que, a diferencia de 2020, no vendría acompañado de fuertes restricciones a la circulación/actividad”.

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El Fondo Monetario advierte sobre los desafíos legales y los riesgos de las criptomonedas

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Mientras la Unión Europea y China estudian la posibilidad de emitir dinero digital, el ente multilateral relevó la normativa de 174 Bancos Centrales. Halló una base endeble, varias limitaciones y un peligro clave: el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo

Mientras el bitcoin rompe récords de cotización y volatilidad, se debate su utilidad como “refugio de valor” y algunos economistas cuestionan si se trata realmente de dinero, el Banco Central Europeo y el Banco Popular de China evalúan la posibilidad de emitir sus propias criptomonedas, especie todavía inexistente pero a la que el FMI ya le puso nombre genérico: CBDC, siglas en inglés de “Moneda (o Dinero) Digital de Bancos Centrales”.

En un análisis reciente sobre la composición de las reservas internacionales de los bancos centrales, el Fondo llamó a las monedas de reserva (básicamente, el dólar y el euro, y algo menos la libra esterlina, el yen japonés y el yuan chino) “glaciares” de las finanzas globales, pero advirtió también que “así como en ocasiones el lento movimiento de los glaciares puede acelerarse de forma inesperada, la composición por monedas de las reservas tiene el potencial de experimentar una transformación repentina, inesperada y acelerada”, algo que vinculó a cuestiones geoestratégicas y comerciales, pero también a “la posible competencia de emisores privados, como es el caso de Diem, el sistema de pago de Facebook basado en cadenas de bloques”, esto es, la tecnología básica de “criptomonedas” como el bitcoin.

Algunos bancos centrales, sin embargo, no quieren quedar fuera de juego. El principal objetivo de las “criptomonedas” emitidas por los mismos sería, básicamente, aumentar la demanda de sus propias monedas, el euro y el yuan en los casos de la Unión Europea y China, por lo que el FMI avanzó en el estudio de la cuestión y en un flamante post en su blog resumió un estudio sobre cuestiones legales a tener en cuenta.

Moneda = Crédito = Deuda

“Cualquier emisión de moneda es una forma de deuda de los bancos centrales, por lo que debe tener una base sólida para evitar riesgos legales, financieros y reputacionales” a la institución emisora, dice el Fondo. Al respecto, un primer relevamiento arrojó que, al menos por ahora, esas bases son limitadas. Un estudio sobre las leyes de 174 Bancos Centrales de países miembros de la entidad multilateral arrojó que sólo 40 de ellos estarían autorizados, según sus propias normas, a emitir criptomonedas, mientras que en los 134 casos restantes esa posibilidad está vedada o es de dudosa base legal. Se trata, dice el paper, de asegurar que una innovación potencialmente significativa pero “contenciosa”, esté en línea con el mandato del respectivo Banco Central, para evitar desafíos legales y políticos.

Cualquier emisión de moneda es una forma de deuda de los bancos centrales, por lo que debe tener una base sólida para evitar riesgos legales, financieros y reputacionales” a la institución emisora

Para ser considerado legalmente dinero, un medio de pago debe ser así reconocido por las leyes del país y estar denominado en su unidad oficial. Típicamente una moneda debe tener curso legal, algo que normalmente se confiere a medios de pago de fácil entrega, recepción y uso por la mayoría de la población. Por eso los billetes y monedas son la forma más común. El uso de monedas digitales, señala el estudio, implica una infraestructura digital (latptops, smartphones, conectividad) que los gobiernos no pueden imponer a la población y representa un primer desafío, aunque el documento también reconoce que ciertos medios de pago de uso en economías avanzadas (como papeles comerciales) no son de curso legal.

Ilustración fotográfica de la criptomoneda Bitcoin. 13 marzo 2020. REUTERS/Dado RuvicIlustración fotográfica de la criptomoneda Bitcoin. 13 marzo 2020. REUTERS/Dado Ruvic

Cuentas o tokens, mayoristas o minoristas

Otra cuestión a dilucidar, dice el Fondo, es si las criptomonedas públicas se basarían en “cuentas”, como han funcionados los Bancos Centrales y los sistemas monetarios nacionales en los últimos siglos, o en “tokens”, piezas de información no conectadas a cuentas que los bancos comerciales registran en el Banco Central. Esta última posibilidad, dice el Fondo, significaría meterse en “aguas inexploradas”. Los “tokens” digitales, subraya, tienen una historia muy corta, un status legal poco claro y si bien algunos Bancos Centrales estarían en principio autorizados a emitir “cualquier tipo de moneda (dinero)”, una amplia mayoría, 61%, solo están legalmente autorizados a emitir billetes y monedas.

El uso minorista de dinero digital público sería un “cambio tectónico”. Según la normativa actual, sólo 10 de los 174 bancos centrales relevados por el FMI lo permitiría

Otra cuestión es si las criptomonedas públicas se limitarían al uso “mayorista”, por parte de bancos y entidades financieras, o serian accesibles al público general y de uso en el comercio minorista. La primera posibilidad sería menos riesgosa, pues las entidades bancarias son los “clientes” tradicionales de sus respectivos bancos centrales. El uso minorista sería en cambio un “cambio tectónico”. A tal punto, precisa el FMI, que la normativa de sólo 10 de los 174 bancos centrales relevados lo permitiría.

Amén de las normativas bancarias y monetarias sobre el dinero digital público (esto es, emitido por los bancos centrales), concluye el documento, obligaría a resolver otras cuestiones relativas al área impositiva, el régimen de propiedad, contratos, quiebras y liquidaciones, privacidad y protección de datos. Pero el desafío fundamental, dice el FMI, sería cómo prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

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Este sábado vuelven a aumentar los combustibles: es el segundo ajuste en dos semanas

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Las petroleras trasladarán una actualización impositiva. Se baraja un mínimo de 2%. La suba acumulada desde agosto trepará a alrededor del 32%.

Los precios de los combustibles aumentarán otra vez desde la hora 0 del sábado. Todo indica que habrá una suba mínima del 2%.

La causa del incremento es por una actualización de los impuestos que pagan los combustibles, que correrá desde el viernes. La misma se trasladaría en un 1,4% en el caso del gasoil y 2% para las naftas.

Los combustibles aumentaron el martes 5 de enero por un incremento en el componente de biocombustibles, que están forzados a utilizar.

El ajuste de estos días será para trasladar un incremento en los impuestos. Y las petroleras también analizaban algún porcentaje adicional para recomponer sus márgenes. La idea original del 2%, por el componente impositivo, era estudiada el jueves y podría llegar a 2,5% ó 3%, para agregar algo de recomposición de margen.

Como los combustibles ya subieron un 3% el martes de la semana pasada, si se le adicionan estos nuevos impuestos, terminarán con un ajuste acumulado cercano al 5% en menos de dos semanas.

Todo indica que el precio del combustible de nafta súper superará los $ 70 en Buenos Aires, lo que implica una suba del 32% con respecto a agosto.

En diciembre, el Gobierno decidió un aumento en los impuestos que pagan los combustibles. Se aplicó una suba del 5,4% desde el 15 de diciembre y ahora viene otra del 7,7% desde el 15 de enero. Esta sería la séptima suba desde agosto.

El incremento impositivo del 15 de diciembre se pasó a los surtidores, junto con una actualización de márgenes del negocio. En esa ocasión, el aumento fue de 4,5% promedio y 5,5% en la ciudad de Buenos Aires.

La suba  de la semana pasada, según petroleras consultadas, solo responde el mayor precio que tienen que pagar las petroleras por los biocombustibles que utilizan. El incremento impositivo no está cubierto, según aclararon la semana pasada. Por esa razón, frente a la actualización de esos tributos, viene este incremento.

Para evitar la suba de impuestos, el Gobierno debía realizar alguna modificación a la resolución ya publicada. Esa posibilidad no estuvo en los planes del Poder Ejecutivo, según la secretaría de Energía.

Hasta ahora, cada vez que subieron los impuestos, las petroleras terminaron trasladándolo a los precios. En las compañías no quisieron confirmar este aumento, pero entre estaciones lo daban casi por hecho. Y otras fuentes de la industria lo confirmaron. “No hay posibilidad de poder evitar un aumento de costos sin trasladarlo”. defienden.

“Los precios ya están retrasados más del 11%” dicen las compañías para justificar que no hay margen para no realizar un aumento. Es más, también definen si habrá una recomposición adiciona

De aplicarse esta suba, los importes de los combustibles habrán crecido un 10% entre mediados de diciembre y mediados de enero. Clarín adelantó este aumento en su edición del 6 de enero.

Nafta y gasoil pagan impuestos a los combustibles líquidos (ICL) y al dióxido de carbono (IDC). La actualización de esos tributos es trimestral. Los montos de Ios impuestos (ICL e IDC) se revisan en cada trimestre, sobre la base de las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC), del INDEC.

A través de un decreto, por la pandemia, el Poder Ejecutivo postergó la aplicación de los incrementos que debió realizar por el primer trimestre y el segundo trimestre. Lo hizo en octubre.

En octubre, se concretó el incremento en estos impuestos. El Poder Ejecutivo le pidió a YPF que no los trasladara de forma inmediata. Lo hizo a comienzos de mes. Pero, a mediados de mes, cuando el aumento se hizo efectivo, la petrolera estatal terminó aumentando. Lo mismo hicieron sus competidores.

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