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EL FONDO AL PODER

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La propia Christine Lagarde anunció junto a Nicolás Dujovne el nuevo acuerdo con el FMI. A cambio de 7100 millones de dólares más y el adelantamiento de los desembolsos para alejar el fantasma del default, Argentina se compromete a un brutal ajuste fiscal y monetario.

Argentina recibirá 36.200 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional entre lo que resta de este año y todo 2019, y eleva a 57.100 millones de dólares el monto total del crédito Stand By otorgado al país. A cambio, el gobierno no sólo ratifica el plan presupuestario restrictivo para 2019, que elimina el déficit fiscal primario, sino que además asume una drástica política antiinflacionaria del Banco Central que reduce a cero la emisión monetaria desde ahora hasta junio de 2019, y pasa a un esquema de libre flotación cambiaria que limita las intervenciones de la autoridad monetaria en el mercado mayorista. La escasez de dinero circulante debería actuar como freno a la inflación, pero al costo de una fortísima caída en la actividad económica. El nuevo acuerdo con el Fondo fue anunciado por la directora gerente del Fondo junto a Nicolás Dujovne desde Nueva York. La instrumentación de la estrategia monetaria fue explicada, minutos más tarde, por el flamante titular del Banco Central, Guido Sandleris, en Buenos Aires.

Con la bandera argentina a su espalda, y el ministro de Hacienda a su izquierda, la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, encabezó en el consulado argentino en Nueva York el anuncio del nuevo acuerdo con Argentina “para fortalecer el Programa Stand By de 36 meses aprobado el 20 de junio pasado”. Dueña absoluta de la situación, Lagarde asentía con leves movimientos de cabeza la lectura del comunicado que hizo Dujovne. “El nuevo acuerdo comprende desembolsos totales por 57.100 millones de dólares, lo que representa un incremento de 7100 millones con respecto al acuerdo previo”, indicó el ministro. “Además, bajo el nuevo esquema los desembolsos estarán disponibles de manera más anticipada: hasta 2019 el FMI asegurará financiamiento por 36.200 millones de dólares; con respecto al acuerdo previo, se incrementa en 19.000 millones el financiamiento disponible hasta fines de 2019”, explicó. Desembolsados ya 15.000 millones en junio, quedarían, en consecuencia, unos 6000 millones de dólares pendientes para 2020. Como en anteriores ocasiones, Dujovne se centró en explicar la “consistencia del programa financiero” entre los compromisos y las fuentes de financiamiento, pero sin considerar su impacto nocivo sobre la economía real.

Por el contrario, el ministro de Hacienda volvió a afirmar que el brutal ajuste y política de endeudamiento que presentó ayer forman parte de “un conjunto de políticas orientadas al fortalecimiento de la economía argentina”. Desde la mirada del actual equipo económico, Argentina padece dos problemas que están por encima de cualquier otro: déficit fiscal e inflación. En coincidencia plena con el FMI, las medidas anunciadas ayer buscan “resolver” de manera drástica ambos conflictos, sin detenerse en los costos sociales que traerán aparejados. Lo fundamental para su sostenimiento está dado en “el apoyo de la comunidad internacional, que permitirá dejar atrás este camino de turbulencias”, y la decisión del FMI de “continuar respaldando la atención a los sectores más vulnerables”, señaló Dujovne, desviando la mirada hacia Lagarde en busca de aprobación. La recibió.

Lagarde solo tuvo una breve intervención verbal en la conferencia en el Consulado. Tras ello, Dujovne la excusó “por compromisos de agenda” y continuó solo. Antes de irse, la titular del FMI anunció que el acuerdo había sido “aprobado por la Gerencia” del FMI, incluyendo los desembolsos anticipados. Indicó que el programa Stand By acordado estaba “respaldado por un presupuesto adecuado y sustentable”. También se refirió al compromiso del Banco Central con una política de tipo de cambio flexible sin intervención e indicó, ante una pregunta, que “la clave del nuevo acuerdo está en las cifras 19 y 19: los 19.000 millones de dólares que Argentina recibirá por adelantado hasta 2019, con lo que conseguirá estabilizar su economía”.

“Hemos acordado avanzar más rápido hacia el equilibrio fiscal para 2019”, anunció Dujovne, como contrapartida del adelanto del cronograma de desembolsos para atender las urgencias financieras del gobierno a partir de la corrida iniciada en mayo y que no se frenó con el primer acuerdo.

“En el terreno de la política monetaria y cambiaria, en las últimas semanas hemos enfrentado jornadas de mucha volatilidad que se han traducido en una importante depreciación del peso y un recrudecimiento de la inflación”, expresó luego el ministro. “En ese marco –anunció–, hemos decidido reemplazar el esquema de metas de inflación por una regla simple y verificable sobre los agregados monetarios, elemento que entendemos contribuirá decididamente a reducir la inflación”. Más tarde, en conferencia de prensa en el Salón Bosch del BCRA (ver nota aparte), su nuevo titular explicaba la implementación de “una banda de no intervención” ajustable por una “tablita” de aquí a fin de año, y una participación limitada cuando el valor mayorista saliera fuera de las bandas. “Mantenemos nuestro compromiso con el régimen de tipo de cambio flexible, aunque hemos incorporado elementos a la política cambiaria que nos permitirán evitar la excesiva volatilidad”, dijo confiado Dujovne.

El programa económico que surge del nuevo acuerdo con el FMI representa la renuncia del gobierno al “control de daños”. Asume todos los riesgos y sin red. Va hacia un recorte brutal en el gasto público en medio de un proceso recesivo. Se mete de cabeza en un proceso inflacionario, motorizado principalmente por la megadevaluación de los últimos cinco meses, soltando las amarras con las que pretendía controlar el dólar. Juega todas las fichas a la sequía monetaria, es decir congelar la emisión de dinero para que no haya dinero para convalidar nuevos aumentos de precios. Pero el propio Sandleris reconoció que hay un rezago de la devaluación previa que impactará en el nivel de inflación de septiembre, octubre y, “en parte”, en noviembre. La secuencia es previsible: aumentarán los precios, seguirá subiendo el dólar, se atrasarán los salarios, se profundizará la caída de la actividad y se expandirá la recesión con mayores suspensiones y despidos. Ahí, recién ahí, con muchas víctimas del desempleo y de la pérdida de capacidad de consumo, la escasez del dinero circulante podrá traducirse en atenuación de la inflación. Los costos en materia social son imposibles de proyectar. En los cementerios, dicen, no hay inflación.

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Economistas al cruce de Guzmán: advierten que el control estatal es insuficiente para bajar la inflación

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El ministro de Economía dijo en una entrevista con Clarín que la intervención del Estado es necesaria “cuando el mercado falla”. Los expertos desconfían de los resultados.

En medio de su gira europea, Martín Guzmán justificó el paquete de medidas que presentó su equipo económico la semana pasada. Para el ministro de Economía, una mayor intervención estatal ayudará a cumplir con la meta de inflación propuesta para este año. “El Estado debe jugar un rol en alinear comportamientos con aquello que macro económicamente es factible en una economía que aún no ha resuelto sus problemas de coordinación. Nosotros estamos llevando a cabo esas acciones para corregir los desvíos que se dieron entre lo que se proyectaba y lo que se realizó; y poder cumplir con los objetivos macroeconómicos del Presupuesto”, dijo Guzmán a este diario.

Sin embargo, los economistas consultados por Clarín coinciden en que la meta del 29% de inflación anual que se trazó Guzmán a fines del año pasado ya quedó distorsionada y que las estrategias que se plantearon la semana pasada de controles de precios e intervención sector por sector difícilmente consigan el efecto deseado. Reclamaron un plan consistente desde el punto de vista monetario y fiscal “para desarmar los efectos de la feroz emisión” del año pasado.

“Es cierto que hay una falta de coordinación entre las expectativas de los formadores de precios y lo que está ocurriendo… Pero no sabemos quién está equivocado. La gente no está siguiendo las pautas de inflación puestas en el Presupuesto porque hay un contexto que el Gobierno no previó en su diagnóstico: la caída de la demanda de dinero“, afirmó el economista Daniel Marx, de Quantum, quien añadió: “Esto ocurre en parte debido a la desconfianza hacia adelante. pero también porque las tasas de interés están muy por debajo del aumento de los precios. Al mismo tiempo, es cierto que hay un tema de oferta, pero el Gobierno tiene dificultades para entender cuáles son los incentivos necesarios para aumentarla”.

En este punto, Gabriel Zelpo advirtió: “En esta situación, una mayor intervención estatal solo disminuirá la oferta y agravará aún más el problema de los precios. Las anclas planteadas no están surtiendo efecto: el Gobierno disminuyó su tasa de depreciación del tipo de cambio y aún así los precios no se mutaron”.

El economista Pablo Goldin remarcó: “La historia argentina está llena de este tipo de iniciativas: con medidas puntuales, sectoriales, micro para bajar la inflación precio por precio, mercado por mercado. Pueden servir transitoriamente, dentro de un programa macro más integrado”, dijo y enfatizó: “La inflación es un problema macroeconómico. El control de precios puede ser un capitulito más dentro de un esquema general con foco en los problemas macro”.

Para Hernán Hirsch, el diagnóstico oficial falla justamente debido a la poca coordinación de las variables macro: “Salvando las distancias, la situación económica resulta similar a lo que ocurría en el gobierno de Macri. No estaban dadas las condiciones macro para cumplir con una meta demasiado exigente. El Gobierno ahora tiene que recurrir a otros instrumentos, como el control de precios, porque tanto su política monetaria como su política fiscal no son consecuentes con los objetivos propuestos”.

Amilcar Collante coincidió: “Parece que Guzmán no va a ir a la raíz del problema, sino que que insistirán con más controles. Eso está probado que fracasó. Debería anunciar alguna señal fiscal ( achicar meta de déficit fiscal de 4,5%) y consecuentemente la emisión monetaria futura del BCRA. De fondo, no hay un ancla de expectativas .Porque que no hay un plan macroeconómico ( fiscal y monetario) de mediano plazo a la vista”, explicó.

A pesar de las dudas que genera el programa propuesto por el Gobierno, los analistas coinciden con Guzmán en que a partir del mes que viene podrían comenzar a bajar los precios, aunque muy lejos del ritmo esperado.”Si el dólar aumenta en torno al 1,3% mensual, los salarios cerca de 2,5% y las tarifas menos del 1% por mes, debería garantizarse que la inflación baje sin necesidad de un control de precios“, dijo Gabriel Rubinstein, que prevé que para fin de año la tasa de inflación sea de 40% anual.

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Carne, pollo, frutas: el Gobierno decidió imponer fuertes controles para darle pelea a la inflación

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Lo decidió el Gabinete económico esta tarde, al mismo tiempo que se conocía la inflación de marzo. Restringirán las exportaciones de carne.

Para intentar detener la suba de los precios, luego del salto inflacionario del mes pasado,  el Gobierno anunció un paquete de medidas, que básicamente hacen foco en dos estrategias: el acuerdo de precios con los empresarios que se extendería hasta fin de año y una mayor fiscalización por parte del Estado.

Según definió este jueves el Gabinete Económico, estas acciones “tienen el objetivo de garantizar el abastecimiento de la carne vacuna a precios accesibles y mejorar el funcionamiento y la competencia del sector; lograr acuerdos sectoriales para una mayor previsibilidad de los precios en los próximos meses y garantizar precios accesibles para los alimentos”.

La justificación oficial acerca del salto inflacionario del primer trimestre del año, sobre todo el pico de 4,8% alcanzado en marzo, radica en el incremento de los precios internacionales de los productos agropecuarios. “Se trata de uno de los mayores aumentos de precios de los últimos años”, dijeron y señalaron que si bien la mejora de los términos de intercambio es positiva para el país porque permite aumentar el ingreso de divisas vía exportaciones, tiene un costado negativo, ya que genera más presión sobre los precios en el mercado interno. “Vamos adaptando las medidas a cuenta de que un shock que es positivo para la economía no sea regresivo”, aseguró una fuente oficial.

Según detallaron, el precio de las carnes fue uno de los más afectados por este doble juego de mayor exportación. Por eso, las medidas anunciadas en conjunto con el Ministerio de Producción, el de Agricultura, Ganadería y Pesca, la Secretaría de Comercio y la supervisión a la distancia del MInistro de Economía, Martín Guzmán, ponen su atención en la producción y comercialización de carne vacuna como uno de los principales frentes a atacar, tanto a nivel interno como internacional.

Por un lado, se le pedirán a los productores y exportadores mayores requisitos a la hora de exportar. Además, se creará un nuevo registro donde deberán dejar asentadas estas operaciones para que la Secretaría de Comercio Interior controle y administre que las ventas al exterior no generen desabastecimiento en las góndolas.

La idea es que funcione como hoy en día se hace con las exportaciones de granos y así, garantizar la correcta liquidación de las divisas producto de esa venta al exterior y evitar la subfacturación y otras maniobras fraudulentas. “Vimos que los precios de exportación declarados muchas veces no coincidían con los del mercado internacional. Esa subfacturación mucha veces estaba vinculada a una fuga de dólares, que vía el contado con liquidación o las criptomonedas volvían a generar nuevas exportaciones y así más presión sobre los precios locales”, explicaron.

En lo que respecta al comercio interno, los Ministros de Desarrollo Productivo, Agricultura, Ganadería y Pesca y Trabajo, decidieron establecer el “troceo” como forma de comercialización obligatoria. Esto comenzará a ser la regla en todo el país desde 2022, y se les ofrecerá un financiamiento a tasas subsidiadas para aquellos productores que necesiten hacer inversiones para poder cambiar la forma de comercializar las reses.

Otro de los puntos que se priorizarán para contener la inflación en lo que queda del año se basa en mayores acuerdos de precios. Por un lado, el Gobierno plantea un pacto con la línea de producción avícola, a la cual también se le otorgará un financiamiento especial en caso de necesitar invertir en mejoras. Pero también se firmará un acuerdo, tanto con los productores de insumos industriales como los relacionados con la construcción para mantener los precios vigentes en marzo en los próximos meses de 2021.

En esta misma línea, también se anunció un acuerdo de precios con los fabricantes y comercializadores de tecnología y electrodomésticos. Acá también se propone mantener los precios actuales sin cambios hasta octubre.

El tercer punto del paquete de medidas anunciado pone el foco en hacer llegar a las familias productos frescos a precios accesibles, Por un lado, explicaron el rol que cumplirá el Programa Mercado Federal Móvil, que en una primera etapa funcionará en el Gran Buenos Aires, pero que planea llevarse a distintos puntos del país. Estas ferias ofrecerán bolsones de frutas y verduras a valores de entre $120 y $250. También se prevé sumar cortes de carnes a precios accesibles y un nuevo acuerdo con alimenticias.

El cuarto de los puntos planteados apunta a profundizar la aplicación de la Ley de Góndolas y permitir que pequeños y medianos productores aumenten la oferta en los supermercados. Para esto, el Gobierno prepara cinco líneas de financiamiento por $4.800 millones.

El último de los objetivos planteados apunta a un mayor control estatal sobre los precios y las normas de abastecimiento. Se sumarán 500 nuevas personas que fiscalizarán en las góndolas que se cumpla lo que las empresas debieron informar previamente en el SIPRE, que entró en vigencia este mes. Además habrá control de rotulados y se pondrá en marcha el observatorio de precios

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Con aumentos del 4,8%, el Gobierno extendió Precios Cuidados por tres meses

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Se prorrogó hasta el 12 de julio. El programa abarca a 680 productos de consumo masivo.

Con la inflación aun en la zona del 4% mensual, el Gobierno resolvió extender hasta el 12 de julio el programa Precios Cuidados, con un incremento promedio de 4,8% en los valores de los que ya estaban incluidos en el esquema, informó esta tarde el Ministerio de Desarrollo Productivo.

Así, la canasta de productos representativos del consumo masivo local pasará desde hoy a contener 670 productos, diez más que en la versión anterior. Esta vez se incorporaron más artículos para protegerse del Covid, como una máscara protectora de plástico. El programa ya incluía productos como alcohol en gel, jabones, limpiadores antibacteriales y guantes.

Además, se suman nuevas variedades de alimentos como pastas, galletitas, budines y especias de primeras y segundas marcas. De este modo, el programa queda con un total de 670 productos que se comercializan a nivel nacional en todas las sucursales de las principales cadenas.

La Secretaría, que conduce Paula Español, destacó que desde el relanzamiento en enero de este año, el programa aumentó más del 65% la cantidad de referencias y cuenta con más del doble de productos de los que tenía a comienzos de 2020.

Más controles

La prórroga de este programa llega en medio de un incremento de la tensión entre el sector privado y el Gobierno por los mecanismos usados para controlar los precios.

La semana pasada la secretaría de Comercio Interior aplicó varias sanciones por incumplimiento y determinó que las empresas están obligadas a trabajar al 100% de su capacidad.

Además renovó otro programa, Precios Máximos, que a diferencia de Precios Cuidados que es consensuado, es definido por el Gobierno de manera unilateral. En esa extensión que será hasta el 31 de mayo no se autorizó ningún tipo de aumento.

En las últimas semanas también se estableció que las grandes empresas de consumo masivo están obligadas a detallar los precios de sus productos y el stock con el que cuentan. La medida fue resistida por la COPAL, que agrupa a las empresas de alimentos, y por la Amcham, que reúne a las compañías norteamericanas con intereses en el país.

Estas medidas llegan a pocas horas de que el próximo jueves se anuncie la inflación de marzo, que habría superado el 4%. Para este mes se espera un resultado unas décimas inferior.

El programa Precios Cuidados está presente en 54 cadenas de supermercados, que cuentan con un total de 2.800 bocas de expendio de todo el país.

Según relevamientos de oficinas nacionales y provinciales, el programa cuenta con un nivel de cumplimiento del abastecimiento en góndolas de los productos incluidos en la canasta superior al 80% y un 99,9% en el caso de los precios acordados.

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