El ex policía que está preso por matar por encargo, pero dice ser peluquero y “perejil“

Era lunes y, a pesar del invierno, en Santiago del Estero hacía calor. “Un veranito”, describían en los medios locales sobre los atípicos 28 grados. Eduardo Enrique Móttola (38) estaba en su taller de la calle Pedro León Gallo, en el centro de la ciudad.

Nadie sabe bien qué hacía ni cuántos autos había arreglado aquel 6 de agosto. Pero esa noche, cuando afuera estaba oscuro, alguien entró y le vació un cargador en el cuerpo. Lo mataron de seis disparos. Lo remataron, sin piedad, mientras estaba caído en el suelo.

Un año y dos meses tardaron en reconstruir una hipótesis de lo que pasó. Desde ese momento hay tres detenidos. Uno de ellos es Juan Pablo Fernández (44), un ex policía federal que terminó detenido y acusado de ser el sicario que ejecutó a Móttola por encargo.

Los otros son Yésica Paola Díaz (41), una peluquera con la que Eduardo había tenido una relación, y Damián Silva (26), un joven con el que Díaz también tenía un vínculo y que, según la acusación, le habría entregado 118 mil pesos a la mujer para pagar por el asesinato de Móttola.

Juan Pablo está preso. Pasa los días en una unidad para miembros de las fuerzas de seguridad y funcionarios públicos. Les miente, hace cuatro años, a sus hijos, que no saben que está en la cárcel.

Dice que es inocente y denuncia una red de corrupción detrás de una acusación “falsa”.

La versión oficial

Desde el momento del crimen, la investigación estuvo en manos de la fiscal Aída Farrán Serlé, que meses después dejó la causa y fue derivada a otra fiscalía.

Durante ese tiempo, el caso estuvo prácticamente paralizado. Se sabría después, para Farrán Serlé había detrás una hipótesis vinculada al narcotráfico pero no incorporó ninguna prueba que guiara todo en ese sentido.

Gabriel Coronel Chalfón es el abogado de Valentina Móttola, la hija de Eduardo. Para él, la hipótesis siempre estuvo vinculada a la paternidad de la hija de Díaz y la víctima.

“A mí me contacta la hija de Móttola, y las madres de sus otros dos hijos, mujeres de las que ya estaba separado pero que tenían buena relación. En ese momento, al principio de la investigación, me negaron la querella. Cuando logré que me aceptaran, la fiscal Farrán Serlé me negó las copias del expediente”, cuestionó.

Fue por eso que Coronel Chalfón tuvo que dejar de representar a la familia hasta que la derivaron a otra fiscalía: “No sólo me negó el expediente. Era un taller mecánico, había 16 vehículos dentro del lugar, que Móttola había reparado y la fiscal empieza a entregarlos sin el consentimiento de la familia, sin que pagaran -por ejemplo- por esos trabajos. Nunca nos notificaron. Por eso es que me corrí de la representación”, advirtió.

En ese momento, el fiscal coordinador el fiscal coordinador de Santiago del Estero, Mariano Gómez, se puso al frente de la investigación.

Fue en octubre de 2019 que Gómez planteó una línea de investigación y detuvo a tres personas que están a un paso del juicio, acusados de homicidio agravado.

“La fiscal Farrán Serlé tenía tres supuestas líneas de investigación: una era contra los familiares de Móttola porque una ex pareja lo tenía agendado como ‘mierdita’ y supuestamente por eso me negaba el acceso a la causa. Otra era que se había tratado de una mexicaneada por deudas con el taller o con la casa, pero él no tenía ninguna deuda. Y la tercera era la teoría narco, pero no había ningún elemento en el expediente que acompañara estas versiones”, sostuvo Coronel Chalfón.

El abogado agregó: “Todas morían porque no había pruebas. Nosotros, como querella, siempre creímos que la demanda por la impugnación de paternidad era el móvil del crimen“.

Fue así que, bajo esa línea de investigación, detuvieron a Juan Pablo Fernández, Yésica Paola Díaz y Damián Silva.

La hipótesis de la fiscalía, y por la que los tres imputados llevan cuatro años detenidos, es que el móvil del crimen se concretó luego de que Eduardo, que había tenido una relación con Yésica, reclamara la paternidad de la hija que había nacido producto de ese vínculo.

Ella estaba casada con un gendarme que viajaba cumpliendo servicio y, mientras no estaba, Díaz y Móttola tenían una relación extramatrimonial. Producto de ese amorío, nació una beba que el gendarme reconoció como propia.

Pero Móttola estaba seguro de que él era el padre de la niña y, por eso, inició una demanda judicial para que la nena llevara su apellido.

En medio de ese proceso empezó -siempre según la acusación- a gestarse el plan que terminaría en homicidio.

Para el fiscal Gómez, hay elementos suficientes que probar que Díaz le pidió dinero a Damián Silva, otro pretendiente con el que tenía un diálogo fluido, para contratar un sicario. Los 118 mil pesos que le transfirió quedaron registrados en sus movimientos bancarios y los habría conseguido por el pago de un juicio a la ART.

A Fernández lo acusan de viajar desde la zona oeste del Gran Buenos Aires hasta La Banda, Santiago del Estero, para matar a Móttola y regresar, pasando por Córdoba, para no ser descubierto.

Fernández dice que es “un perejil”. Que lo acusan “injustamente” por un crimen que, según él, no cometió.

“Soy inocente”

Juan Pablo Fernández había trabajado en la comisaría de Palermo. Era policía de la Federal y lo describen como “muy trabajador” siempre haciendo adicionales, buscando algo para revender o intentando poner algún negocio. En 2017 sufrió un accidente en moto y en 2018 “empezó a ver qué negocio hacer”.

Fue así que, cuentan, montó una peluquería que se llamaba Real Cut junto a una socia. Luego abrió la academia y barbería Master Face.

Ese camino es el que -siempre según su versión- lo llevó de Hurlingham a Santiago del Estero.

“El tiene 19 años de policía en la Federal, yo lo conocí hace 13 años. Me dijo que quería ponerse un negocio aparte de su trabajo, que le gustaba la idea de tener una barbería y así empezó con una barbería pequeña. Como le fue bien, quiso abrir una academia. Lo acompañé también en eso”, contó Ángela María Marín Cruz (31), su esposa y madre de dos de sus tres hijos.

Juan Pablo niega la acusación en su contra. Pidió varias veces la excarcelación. La última vez, el 28 de diciembre, se la negaron al considerar que las “estrategias dilatorias” de su defensa atrasaron los plazos y por eso aún no llegaron a juicio.

Tuvo tres abogados particulares. Dice que renuncian por “presiones”.

“Es muy difícil, él está lejos y no hizo nada. Lo que hicieron es tergiversar toda la información para tenerlo detenido, pero él no tiene nada que ver”, lamentó Ángela.

Fernández -dijo- había ido a Santiago del Estero a dar cursos de peluquería luego de que una mujer lo contactara por Facebook.

En uno de esos viajes había conocido a Yésica Díaz y por eso “entablaron una amistad”. Siempre según la versión del ex policía, habían acordado regresar a dar cursos y le había dejado mercadería en consignación para vender pero no se la había pagado.

Por eso tenían conversaciones y él le reclamaba dinero.

Para la Justicia, de esas comunicaciones surgió la planificación del crimen.

“Cuando se lo llevaron, fue impresionante. En ese momento mis hijos eran chiquitos, uno tenía 4 años y el otro 6. Se llevaron celulares, ropa negra, dos armas que tenía él, la reglamentaria y otra que estaba registrada. Al nene le arrebataron el celular de las manos, cero tacto. Fue una pesadilla”, recordó Ángela sobre los allanamientos.

“Ese día (por el 6 de agosto) viajó a pagar la seña en un salón para volver a dar los cursos porque le había ido muy bien. Fue y vino en el mismo día porque al día siguiente era el cumpleaños de su hija mayor”, justificó Ángela, según la versión de su esposo.

Los investigadores apuntan contra él porque tomó la ruta 9, diferente a la que había usado para llegar. Su excusa es que “tenía que pasar por Córdoba por una peluquería” para dejarles insumos “pero no había nadie, entonces volvió a Buenos Aires”.

También presentó una carta en la que Yésica Paola Díaz le pide “mil perdón” y cuestiona la investigación judicial. “Muchas veces me pongo a pensar y me duele mucho recordarte a vos y al otro chico que está involucrado. Cuánta injusticia y corrupción. Cómo puede ser que sin pruebas pueden tener a gente detenida“, escribió la mujer.

“Todo lo que él dice está documentado, sus compañeros se ofrecieron a declarar. Pero no nos escuchan. Creemos que está metida la política detrás y que por eso necesitan tapar todo acusando a mi marido”, denunció la mujer.

Escándalo judicial

Mientras esperan que la causa llegue a juicio, se viralizó un audio de la fiscal Aída Farrán Serlé en el que dice: “Cómo llegan a tu marido me parece una locura“, se escucha. “¿Cuál es la justificación de que el hombre lleve cuatro años detenido. Toda detención tiene un plazo razonable y se han cumplido“, objetó.

Quizá en uno de los puntos más polémicos, en el audio señala: “Yo sé cuál es la línea investiga que esa causa tendría que haber seguido, no este coso. Si voy a contratar un sicario ¿le voy a depositar la plata en la cuenta del sicario? Es un pobre hombre que le ha tocado esta situación porque han necesitado cerrar una causa“.

La viralización del audio generó un revuelo en el Poder Judicial de Santiago del Estero. Y Juan Pablo Fernández sostiene que es la prueba de que él está detenido injustamente y de que lo “usaron” para desviar la investigación.

Para el abogado de la querella, el audio también resulta ser un escándalo: “Si ella tenía elementos para sostener las otras líneas de investigación ¿por qué no están en el expediente? Si no la cita el Ministerio Público Fiscal, lo voy a hacer yo porque ella ha incurrido en el delito de omisión de los deberes de funcionario público. Si sabía que había corrupción detrás del caso, como dice, ¿por qué no lo denunció?”, planteó Coronel Chalfón.

EMJ