El candidato de Alberto Fernández para ese cargo se negaría a aceptarlo si prospera el proyecto K de reducir la mayoría agravada del Senado para designarlo.

El cargo de Procurador General de la Nación es uno de los máximo a los cuales se aspirar en la carrera judicial. Ese pensamiento lo comparte Daniel Rafecas, juez federal porteño desde hace 16 años. Pero llegar a cubrir el puesto para el que lo eligió el presidente Alberto Fernández en febrero se convirtió para él en un desafío que por el momento tiene más interrogantes que certezas. El kirchnerismo quiere modificar las condiciones bajo las cuales se elige al jefe de todos los fiscales, y dejar de lado la mayoría especial de dos tercios del Senado, que obliga a un acuerdo político. Los que conocen a Rafecas dicen en estos días que aceptar la procuración bajo esas circunstancias sería “asumir debilitando al Ministerio Público Fiscal. Y él no va a ser ese Procurador”. El mismo juez había declarado eso en agosto.

El juzgado federal 3 es el que tiene como titular a Daniel Rafecas hace 16 años. Se había ilusionado en el verano,  cuando Alberto Fernández hizo circular la foto de ambos en el despacho presidencial para mostrarlo como el candidato para asumir el cargo de Procurador. El puesto se encuentra vacante hace tres años, por falta de un acuerdo en la política. Eduardo Casal está frente al Ministerio Público Fiscal en carácter de interino.

Poco querido por los radicales por haber impulsado la causa de las coimas en el Senado que avanzó sobre Fernando De la Rúa y gran parte de su gabinete, Rafecas sabe que tampoco es uno de los favoritos del kirchnerismo, pese a que fue quien en pocos días rechazó investigar la denuncia del malogrado fiscal Alberto  Nisman contra Cristina. Le bastaba, sin embargo, el respaldo de Alberto Fernández que por estos días parece no ser suficiente. El mayor temor cerca de Rafecas es que la Casa Rosada ceda ante el proyecto K que avanza en el Congreso, para que se modifique la ley que rige cómo debe elegirse al Procurador.

El debate se centra en la cantidad de votos que deben respaldar a quien asuma como jefe de los fiscales. Hasta ahora se requiere de una mayoría agravada de dos tercios del Senado, lo mismo que se necesita para asumir como ministro de la Corte Suprema de Justicia. La iniciativa cobra celeridad después del informe del comité de juristas que el Presidente designó, integrado entre otros por Carlos Beraldi, el abogado de Cristina Kirchner.

Por seis votos contra cinco, la Comisión Beraldi recomendó esta semana al presidente bajar la exigencia de los dos tercios del Senado por una mayoría absoluta para nombrar al nuevo Procurador General de la Nación. La sugerencia se conoció mientras se impulsa en el Congreso el proyecto del senador rionegrino Alberto Weretilneck para modificar la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal y elegir al futuro procurador bajando de dos tercios (48 votos sobre 72) a la mayoría absoluta (37 votos). Oscar Parrilli convocó a la comisión de Justicia para este viernes a las 10, con el fin de dictaminar sobre las modificaciones a la ley que fija la duración del mandato del jefe de los fiscales, como las mayorías necesarias tanto para su designación como remoción.

El juez Rafecas ya había anunciado en agosto que de concretarse esa modificación retiraría su candidatura. El mensaje es reiterado ahora. Quienes lo conocen aseguraron que el planteo es aún más explícito, no quiere ser “el Procurador que debilite al Ministerio Público Fiscal”. Entiende que de asumir con una mayoría simple del Senado recibiría un poder depreciado. Y no está dispuesto a que uno de los requisitos primordiales, que habla de la envergadura del cargo, sea manoseado.

La Procuración es un cargo de significancia, sobre todo en un país que se encamina hacia el sistema acusatorio, en el que los fiscales serán quienes conduzcan las investigaciones e impulsen los procesos. En Comodoro Py no desligan esta modificación con la pelea que está librando el kirchnerismo respecto al cargo. “El futuro procurador deberá decidir sobre causas que involucran a la vicepresidenta, como también en situaciones delicadas del futuro. Es un cargo más que relevante”, indicó un juez federal. El fiscal Carlos Rívolo fue más allá: “En este escenario, el sistema acusatorio antes de alumbrar ya nacería debilitado, máxime si tiene acogida el Proyecto donde el Procurador estará sujeto a que la Comisión Bicameral lo pueda remover”.

Rafecas aguarda que la discusión que libró la dirigencia política se dirima de tal manera que no se afecten los requisitos actuales para la elección del Procurador. Es lo único que lo mantendría en carrera, bajo la absoluta convicción de que tampoco será un camino allanado en el Congreso el debate sobre su pliego.

Como representante de la Asociación de Fiscales, Rívolo coincide en plantear que lo que el kirchnerismo busca concretar terminará por “debilitar al Ministerio Público Fiscal”. Lograr esta reforma en el Congreso “debilita al Procurador y a todos los fiscales. Es inaudito que se piense en la reelección del Procurador, qué contenido de campaña habrá para que el Ejecutivo lo vuelva a elegir, es un disparate”, indicó Rívolo a Clarín.

Si así resolviera la Sala I, los procesamientos de la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, el ex ministro de Planificación Julio de Vido y el ex secretario de Obras Públicas José López quedarían sin efecto pese a la evidencia en contra

Los procesamientos de Cristina Fernández de Kirchner, Julio de Vido y José López, además de otro medio centenar dictados contra empresarios, contratistas y banqueros, pueden quedar anulados por la decisión de dos jueces de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal: Ana María Figueroa y Daniel Petrone.

Estos dos magistrados, con antecedentes cercanos al kirchnerismo, estudian emitir un fallo que podría declarar nulas las confesiones de todos los arrepentidos de la causa Cuadernos, alegando que se violó el artículo sexto de la ley 27.304.

El fallo de Figueroa y Petrone iría en linea con los argumentos de la defensa de ciertos imputados -De Vido, por caso-, que sostienen que las confesiones contra sus clientes “deberían caer” porque no se cumplió taxativamente con el registro material del descargo realizado por los arrepentidos.

“Las declaraciones que el imputado arrepentido efectuare en el marco del acuerdo de colaboración deberán registrarse a través de cualquier medio técnico idóneo que garantice su evaluación posterior”, sostiene el articulo 6 de la ley del Arrepentido.

Los abogados de los procesados -desde CFK a López- sostuvieron que la justicia de primera instancia violó la ley porque “no hay grabaciones ni filmaciones” de las confesiones. El juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, a cargo de la histórica pesquisa, afirmaron en cambio que se cumplió con el requisito normativo y que nada del expediente debería caer.

Es decir: no hay razones para anular los procesamientos alegando ausencia de “medio técnico idóneo que garantice su evaluación posterior”, como explica el artículo sexto de la ley del Arrepentido.

Para Bonadio y Stornelli las actas que registran las confesiones de los arrepentidos ya son un medio para garantizar su evaluación posterior en las instancias de apelación que tienen las defensas en el sistema jurídico penal. Y por lo tanto, es contrario a derecho descartar las confesiones en la causa Cuadernos aplicando una presunta violación del articulo sexto de la ley de Arrepentido.

Asimismo, Figueroa y Petrone analizan la posible inconstitucionalidad de la ley del Arrepentido, otro argumento presentado por la defensa de los principales implicados en la causa Cuadernos. Si Figueroa –vinculada a Justicia Legítima– y Petrone –conocido por su manejo de la causa de Antonini Wilson– firman esa controvertida sentencia, una hecatombe institucional habrá explotado en el Poder Judicial.

En primer lugar, el pedido de inconstitucionalidad fue pedido por la defensa de los imputados, entre ellos De Vido. Eso no debería tener procedencia porque los imputados no tienen legitimidad activa,ya que sólo sufren las consecuencias del arrepentimiento, pero no hay daño legal por la presunta aplicación retroctiva de la norma. Es decir: no tenían derecho para presentarse ante la Sala I.

Y en segundo término, las salas III y IV han afirmado –en causas diferentes– que la ley del arrepentido es constitucional y que, por ende, se puede ofrecer el 2×1 de detención a los arrepentidos que decidieron confesar a cambio de mejorar su situación en el expediente.

En este contexto, si la Sala I con la mayoría de Figueroa y Petrone afirma la inconstitucionalidad de la ley del arrepentido (con el voto en contra de Diego Barroetaveña), no habría otro camino institucional que convocar a un plenario de Casación Penal Federal para resolver las posiciones encontradas.

Julio de Vido, Cristina Kirchner y José López, cuando los tres aún integraban el Poder Ejecutivo

A su vez, la defensa de los imputados por presunta corrupción también se apalanca en una sala que ya benefició la situación procesal de Cristina Fernández de Kirchner, mientras que otra decidía exactamente lo contrario. En efecto: la Sala I levantaba la prisión preventiva de CFK, mientras que la Sala III confirmaba su procesamiento por una derivación procesal de la Causa Cuadernos.

Pero en esta instancia la situación es más compleja. Ya no se trata de alivianar la situación coyuntural de la vicepresidente. Si se confirmara cualquiera de las dos decisiones de fondo de Figueroa y Petrone, toda la causa Cuadernos correría peligro de convertirse en una fallida anécdota en Comodoro Py.

Los camaristas federales Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi –desplazados por el actual Gobierno– dictaron un fallo que responsabiliza a CFK “por 175 supuestos de cohecho pasivo, en calidad de coautora, todos ellos en concurso real”.

La mayoría de los imputados en la causa confesaron como arrepentidos. Y esa confesión fue tomada como una prueba importantísima por la Sala III que confirmó los procesamientos que, a su vez, dictaron los camaristas Bruglia y Bertuzzi. Si Bruglia y Bertuzzi no hubieran dictado su fallo complicando la situación procesal de la vicepresidente, nunca habrían estado bajo fuego del kirchnerismo que al final resolvió sus traslados.

Ahora, la Sala I –con los posibles votos de Figueroa y Petrone– puede detonar el trabajo procesal del juez Claudio Bonadio –que falleció–, del fiscal Carlos Stornelli –que está bajo fuego del Gobierno–, de Bruglia y Bertuzzi –que ya fueron desplazados– y de las salas III y IV de Casación Penal que ratificaron que hay suficiente evidencia para sostener los procesamientos de Cristina Kirchner, sus funcionarios De Vido y López –conocido por sus millones y la ametralladora frente al convento– y los casi 50 empresarios que confesaron haber pagado una coima para recibir a cambio una obra pública.

José López dejando los bolsos con dinero en un convento en el año 2016

El debate terminó a la madrugada y el proyecto tuvo 133 votos a favor, 115 en contra y 2 abstenciones. Antes de la aprobación, hubo espacio para una foto de unidad con distintos funcionarios del gobierno

Tras una maratónica jornada, el oficialismo logró los votos necesarios y dio media sanción al proyecto de ley de Aporte Solidario por única vez o, como se lo conoce popularmente, impuesto a la riqueza.

En su regreso a la Cámara de Diputados luego del aislamiento por posible contagio de COVID-19, el presidente de la cámara baja, Sergio Massa, se refirió a que entiende “que haya algunos que puedan sentir que es doloroso tener que hacer un esfuerzo adicional en materia tributaria pero les pedimos un único y último esfuerzo para poner entre todos de pie a la argentina” y señaló en la previa a la votación que era “muy optimista” con respecto a que el oficialismo consiga los votos necesarios con “incluso el apoyo de diputados de Juntos por el Cambio”.

La frase de Massa no pasó inadvertida porque en el oficialismo sabían que contaban con los votos justos para lograr darle media sanción al proyecto. El Frente de Todos tiene 119 diputados y necesitaba 10 votos más a favor. En bloque del lavagnismo y del socialismo señalaron que iban a acompañar, pero no todos los legisladores de esos bloques lo iban a hacer.

A la hora del conteo final, lo que se pudo observar es que el oficialismo esta vez perdió dos votos: el de una habitual aliada como Alma Sapag, del Movimiento Popular Neuquino que dio un duro discurso (dijo que traerá “más costos políticos y sociales que beneficios económicos” y que se judicializará) y el del santiagueño del Frente de Todos, Bernardo Herrera, internado con coronavirus.

Asimismo, el conteo de los votos reflejó los acuerdos previos con gobernadores como Juan Schiaretti, de Córdoba Federal, y el radical Gerardo Morales que como en el Presupuesto 2021 aportaron votos. Con estos acompañamientos, la votación final mostró 133 votos a favor, 115 en contra y 2 abstenciones.

La militancia en la calle apoyó el impuesto

Para mostrar unidad, respaldo puertas adentro del oficialismo y desalentar rumores sobre enfrentamientos con Economía, el ministro Martín Guzmán pasó por el Congreso antes de la votación. También estuvieron el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo y el de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, además de las dirigentes de La Cámpora, Fernanda Raverta (Anses) y Luana Volnovich (PAMI).

Con estos números, el Gobierno festejó con los legisladores en las bancas, en las pantallas y en la calle con la militancia que se fue acercando a las adyacencias del Congreso Nacional desde el comienzo de la sesión alrededor del mediodía.

La foto de la unidad, el albertismo, el massismo, La Cámpora en el Congreso en apoyo del impuesto a la riqueza

En Juntos por el Cambio la perspectiva siempre fue que iban a perder la votación y entonces en el seno del bloque de la Coalición Cívica, la UCR y el Pro, apuntaron su estrategia en dos ejes principales. El primero fue en señalar que la norma pensada por Máximo Kirchner y escrita por Carlos Heller no es una aporte único ni solidario, sino que es un impuesto, confiscatorio y poco federal porque no se coparticipa. El segundo, destacar que, aunque sea aprobado en ambas cámaras, no se modificará la relación de ricos y pobres y que terminará perjudicando a las pymes productivas.

Así lo expresó, el presidente del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, al momento de su cierre. “No hemos venido a declarar ninguna guerra, sino a discutir si es viable, si ese es el camino y el rumbo”, comenzó el dirigente radical. En ese sentido responsabilizó al Poder Ejecutivo por la situación económica en medio de la pandemia: “La cuarentena era para mantener y rearmar el sistema de salud, no para que sea un programa de gobierno; eso ha tenido una fuerte implicancia en una economía que de por sí era vulnerable”.

“Somos top ten en caída del PBI, en déficit fiscal, en nivel de desocupación y desigualdad. Queremos decirles que esto es ineficaz, por más que tenga un nombre bonito y sea épico”, continuó Negri. “Somos los que más hemos intoxicado en impuestos al sector privado en la región, si no generamos riqueza no va a haber inversión, ¿de dónde van a venir divisas”, se preguntó concluyendo las críticas.

El cierre final estuvo a cargo de Máximo Kirchner quien hizo uso de la palabra desde su casa ya que se tuvo que retirar del recinto, pasadas las 11 de la noche, luego de que le informaran que era contacto estrecho de un contagiado de COVID-19. El referente del oficialismo apuntó contra Juntos por el Cambio al señalar que se llegó a discutir el impuesto a la riqueza no solo por la pandemia “sino por el país que recibimos”. En ese sentido apuntó a la profundización de la crisis económica que se dio luego de las elecciones primarias del años pasado y señaló a Mauricio Macri a quien identificó como el “jefe político de la oposición”. “Después del berrinche del 12 de agosto comenzó un rápido drenaje las reservas del Banco Central, llegando al 25 de octubre con 43 mil millones de dólares; la Argentina perdió 20 mil millones de dólares porque el presidente decidió poner el cepo después de perder las generales. Sabía que si lo ponía antes -como debió haberlo hecho- el resultado electoral iba a ser mucho peor. Para juntar dos millones de votos más sacrificó 20 mil millones del Banco Central”, apuntó Kirchner.

Tras hacer hincapié en los índices negativos de pobreza y desempleo heredados del macrismo, el referente del Frente de Todos le respondió a la oposición que “los que desalientan las inversiones son los malos gobiernos”. Para Máximo Kirchner, “este aporte solidario tiene que servir para hacer un puente hacia una reforma tributaria en la Argentina que desburocratice la cantidad de impuestos que hay que realmente recaude sobre los sectores que tiene que recaudar”.

“Necesitamos del sector privado, actuando en conjunto con el sector público, invirtiendo juntos. Tenemos recursos naturales a los que les podemos dar valor agregado y poder buscar una salida en común”, invitó.

Por último, Kirchner sostuvo que el impuesto a la riqueza servirá para “conseguir más vacunas y tratar que el impacto, de llegar esa segunda ola (de coronavirus) sea lo menor posible. No es tiempo para insultos, es tiempo para construir una sociedad que tenga la conducta, la voluntad y la disciplina necesaria para afrontar esta última etapa hasta que la mayor cantidad de argentinos estén vacunados”, cerró.

El proyecto

El proyecto de ley de Aporte Solidario Extraordinario alcanzaría a poco más de 9.200 personas que tienen patrimonios declarados de más de 200 millones de pesos. En sus ejes centrales establece que es un aporte por única vez que va a alcanzar exclusivamente a las personas humanas de elevado nivel patrimonial. Sólo están incluidos quienes posean una riqueza declarada superior a los 200 millones de pesos, con una alícuota del 2%, que incrementa a medida que el patrimonio es mayor.

(Adrián Escandar)

Alrededor de la mitad de los 9200 personas que serían alcanzadas por este aporte tiene declarados una fortuna que va de los $ 200 millones a los 400 millones de pesos. En ese sentido, la tasa más alta del impuesto alcanza, según los datos aportados por la Afip, a menos de 300 personas.

En el caso de que los bienes declarados estén en el exterior, las alícuotas son un 50% mayores.

Un punto muy criticado por la oposición es que el proyecto grava el capital de trabajo, los bienes de cambio, la maquinaria, así como también a los accionistas locales.

El proyecto también tiene definido asignaciones específicas a lo recaudado que, según las estimaciones oficiales, serán de alrededor de $ 300.000 millones.