Denuncia gremial ante el acuerdo Dietrich-Larreta que “alentaría un negocio inmobiliario millonario”

La entidad gremial alude a que, en los últimos días, se ha hecho público que el Ministerio de Transporte de la Nación y el Gobierno de la CABA “avanzan sobre un proyecto de convenio urbanístico sobre los terrenos que conforman Puerto Sur, con la finalidad de vender, subastar y desarrollar un polo urbano sobre la zona”. Tal cual informó Página 12, este proyecto no sólo tiene un cronograma de las distintas etapas hasta la enajenación de los terrenos, en documentos oficiales del Gobierno de la Ciudad (Horacio Rodríguez Larreta), sino que además tiene como uno de sus principales impulsores al desarrollador inmobiliario y constructor Nicolás “Nicky” Caputo, que además aparece ligado a la operadora PSA, de Singapur, firma ubicada en primera línea para la adjudicación de la concesión de las terminales del Puerto de Buenos Aires en la licitación nacional planificada para antes de fin de año.

Apedefa advierte, además, que “cualquier medida que pretenda adoptarse con la finalizada de materializar la transferencia jurisdiccional del Puerto Buenos Aires en favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sin la previa intervención del Poder Legislativo, implicaría que el Estado Nacional se está arrogando prerrogativas que no tiene y, lo que es peor, demuestra a las claras la voluntad del poder político gobernante de despojar a la Nación del pleno ejercicio del control soberano sobre su comercio exterior”.

El gremio del personal de dirección de ferrocarriles y puertos ya le había advertido al interventor en la Administración General de Puertos, Gonzalo Mórtola, en otra nota, que “se vienen denunciando una serie de maniobras que derivarían en un inminente decreto de necesidad y urgencia por parte del Poder Ejecutivo, a fin de traspasar la jurisdicción y competencia del Puerto Buenos Aires al ámbito del Gobierno de la Ciudad”. En la nota que envió el gremio a Macri le señala, a su vez, que “la transferencia del Puerto Buenos Aires a la Ciudad Autónoma no sólo importará una sensible limitación al ejercicio de control, fiscalización y fomento del Poder Ejecutivo sobre su comercio exterior”, sino que, además, “violentaría la norma del art. 15 bis de la ley 25.917 que dispone la expresa prohibición, durante los dos últimos trimestres de mandato, de cualquier disposición legal y administrativa que implique la donación y/o venta de activos fijos del Estado nacional”.