En la presentación de su libro Sinceramente, en La Habana, Cristina Fernández de Kirchner le agradeció a los médicos y al gobierno de Cuba porque Florencia mejoró muchísimo y continuará con su tratamiento. A continuación, la hija de CFK publicó un par de fotografías donde se la veía sonriente y varios textos en los que mezcló lecturas con la mirada sobre su propia enfermedad. Ya en diciembre, el Tribunal Oral Federal 5 le había pedido al abogado de los Kirchner que presentara certificados médicos, pero sin ponerle siquiera una fecha al requerimiento, lo que demostraba que no había ningún apuro. De todas maneras, para los grandes medios, la oportunidad resultó buena para hostigar a la ex presidenta y, en este caso, presionar sobre su hija, dando a entender que el tribunal le estaba ajustando las clavijas.
El único juicio que afronta Florencia está a cargo de ese TOF 5 y consiste en la unificación de las dos causas que tienen que ver con los alquileres de hoteles y oficinas, es decir las sociedades familiares Los Sauces y Hotesur. Los jueces Daniel Obligado, Adrián Grünberg y Adriana Pallioti resolvieron hacer un único juicio porque en verdad originalmente era una sola causa y, por obra y gracia de Claudio Bonadío y Comodoro Py, se armaron dos expedientes paralelos. Bonadío fue echado de la causa Hotesur por irregularidades y entonces armó la causa Los Sauces para colarse por la ventana. Se produjo después la escandalosa maniobra de que procesó a toda la familia Kirchner y, tras hacerlo, se declaró incompetente.
En el caso Los Sauces –que abarca ocho pequeñas casas en Río Gallegos, alquiladas a empresas de Lázaro Báez para que alojen a su personal; tres unidades en Puerto Madero –una en la que tenía su oficina central Cristóbal López y otro en el que vivía la ex esposa de Fabián De Souza–; un hotel en El Chalten, el Aldea, el departamento en el que vive Florencia en la calle San José, en CABA y la casa de Cristina en Río Gallegos en la calle Moscariello– tanto la fiscalía, las querellas de la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera, así como la defensa de los Kirchner, pidió la realización de las pruebas preliminares antes del juicio. El tribunal ya aceptó mandarlas a hacer. Por ejemplo, se ordenó una pericia contable que tarda meses en terminarse, pese a que todos los alquileres fueron en blanco, declarados ante la AFIP y los cobros se ingresaron en bancos.
Pero en el caso de la sociedad Hotesur –propietaria únicamente del hotel Alto Calafate– la instrucción suplementaria todavía no se proveyó. Parece que hay un proyecto de aceptación de pruebas, pero el tribunal no se expidió aún. Y seguro que en ese caso también se ordenarán pericias que tardan meses, incluyendo otra pericia sobre los alquileres –tres años a la empresa de Lázaro Báez, Valle Mitre–, aunque igualmente todo fue hecho en blanco y bancarizado.
Si se toma en cuenta que los jueces del TOF 5 atienden hoy en día uno o dos juicios semanales, el cálculo es que no hay ninguna chance de que las audiencias por Los Sauces–Hotesur empiecen en este año. Las pericias y el resto de las pruebas difícilmente se terminen durante 2020 y están los que creen que el juicio ni siquiera empezará en 2021. El ejemplo más gráfico es el del juicio por el Plan Qunitas. La causa fue elevada a un tribunal oral en noviembre de 2016: pasaron más de tres años desde entonces sin que arranquen las audiencias ni hay fecha prevista para ese inicio, mientras que Hotesur se elevó a juicio recién en 2019, lo que hace previsible que en realidad las audiencias tampoco empiecen ni siquiera en 2021.
Todo ese análisis demuestra que, en el caso de Florencia, la insistencia de algunos medios es sólo presión sobre Cristina. No hay ninguna razón procesal que requiera a la hija de la vicepresidenta en la Argentina en 2020 y posiblemente tampoco en 2021. Por lo que se trata de pura persecución política. Todo eso más allá de que Florencia tenía 12 años cuando se constituyeron las sociedades, nunca firmó ningún contrato y nunca cobró ningún cheque de los alquileres. Es parte de Los Sauces y Hotesur porque heredó las acciones después de la muerte de su padre y por fallo de un magistrado en el juicio sucesorio.
Este último punto es de máxima importancia porque se está extendiendo un criterio en Comodoro Py: no tiene razón de ser imputar a accionistas o a personas que no fueron gerentes o directivos con mando en una empresa, porque no tuvieron el control, no firmaron, no tomaron las decisiones. Y Florencia está, precisamente, en esa situación.
