Habla de “graves violaciones a los derechos humanos” por uso excesivo de la fuerza en las calles y abusos en detención. Y llama a una urgente reforma policial. Lo recibió el presidente Sebastián Piñera.
Vivanco, chileno residente en Washington DC, detalló en una extensa alocución, que duró más de una hora, los hechos acreditados en el país tras visitar hospitales, comisarias, marchas y reunirse con altos representantes de todos los poderes del Estado y organizaciones sociales.
“Factores como el uso indiscriminado e indebido de armas y escopetas antidisturbios; los abusos contra personas detenidas mientras estaban a disposición de las autoridades y sistemas de control internos deficientes facilitaron que se produjeran graves violaciones de los derechos de muchos chilenos. Es justamente por ello que las autoridades deben impulsar una reforma policial urgente”, manifestó.
Continuó con un exhaustivo detalle de hechos que fueron acreditados por el organismo. “De las acusaciones más frecuentes fue que carabineros obligaron a detenidos, incluidos niños y niñas, a desvestirse y hacer sentadillas totalmente desnudos en comisarías. Esta práctica de desnudamientos se encuentra prohibida en los protocolos de Carabineros desde marzo de 2019 pero todavía ocurre, y ocurría incluso antes de las manifestaciones”.
Ronald Barrales al llegar al Hospital Santa María Hospital el 11 de noviembre. A la derecha, en una radiografía el perdigón que le impactó en el ojo se observa como un objeto redondo brillante.
“Los carabineros parecen ser más propensos a obligar a desnudarse a mujeres y niñas que a hombres, según estadísticas del INDH y entrevistas realizadas por Human Rights Watch”, continuó Vivanco. “Una abogada chilena de derechos humanos nos contó de un caso en donde, a pesar de que hombres y mujeres habían sido detenidos en las mismas circunstancias, carabineros obligaron a desvestirse únicamente a las mujeres. También mencionó otros casos en que carabineros tocaron los genitales de las mujeres tras obligarlas a quitarse la ropa”, expuso con crudeza.
El organismo acreditó también que, a pesar de haber sido prohibidas las escopetas anti disturbios producto del descubrimiento de la Universidad de Chile que certificó que los balines no eran de goma, se utiliza otra munición llamada “bean bag” (bolsa de frijoles), que es un calcetín de tela relleno de perdigones de acero. Producto de la percusión de esta munición, que no penetra la piel, manifestantes resultaron con fracturas en la cabeza al no ser disparado bajo la cintura, como acreditaron un caso en Valparaíso con explícitas fotos en el informe.
Una manifestante herida es detenida por miembros de las fuerzas de seguridad durante una protesta contra el gobierno de Chile en Santiago. /REUTERS/Henry Romero
Sin duda la crítica más contundente fue la falta de control sobre la labor de Carabineros. “Los abusos durante el período de detención y las graves lesiones sufridas por cientos de manifestantes ocurrieron en gran medida debido a falencias estructurales para asegurar una adecuada supervisión y rendición de cuentas por las actuaciones de carabineros, que ya existían antes de las manifestaciones del último mes, observó Human Rights Watch”, sostuvo, al entregar además una serie de reformas sugeridas a la autoridad política.
Sin embargo, consultado sobre si estas violaciones a los derechos humanos constituyen violaciones sistemáticas, Vivanco fue enfático en explicar qué significaría esa expresión y por qué no se puede asegurar ello, como lo hizo Amnistía Internacional la semana pasada: “No es un adjetivo cualquiera, tiene un enorme peso en el Derecho Internacional Penal, hablar de sistematicidad. Para que unos hechos puedan ser caracterizados como sistemáticos, no sólo es suficiente la reiteración de la conducta en distintos escenarios durante un periodo específico, sino también hace falta que exista evidencia de que esa conducta reiterada, que puede corresponder a prácticas de abusos, obedecen porque existe una especie de orden o ‘campaña’, que es la terminología del artículo séptimo del Tratado de Roma (…) que está originada en las autoridades máximas y que demuestran que esas prácticas que se documentan obedecen a un ataque formal y oficial que proviene de la pirámide del poder (…) No tenemos evidencia que nos permita sostener que estas conductas reiteradas obedecen a una orden, esquema o campaña que se ha diseñado para que eso ocurra”.
Claudio Muñoz el 21 de octubre, el día que fue liberado.
El director de HRW agregó que el gobierno de Sebastián Piñera fue receptivo con el informe y exigió a las autoridades, y clase política en general, a aplicar las reformas a la policía que sugieren en el documento.
Finalmente, y al ser consultado por el proyecto que busca que el gobierno pueda desplegar a fuerzas armadas para proteger infraestructura pública –y así liberar a 1500 carabineros destinados a ello, para que retornen a las calles-, el abogado declinó referirse a la medida por tratarse de una discusión propia de la política local.
Las protestas en Chile comenzaron como una reacción frente al aumento en las tarifas del transporte público y han continuado durante más de un mes, reflejando un descontento masivo por profundas deficiencias en los servicios públicos y la desigualdad económica.
Un manifestante herido durante una protesta contra el gobierno de Chile en Santiago de Chile. /REUTERS/Henry Romero
El 18 de octubre, el Presidente Piñera declaró el estado de emergencia en varias regiones del país, desplegando a los militares para asegurar su cumplimiento. El estado de emergencia, que incluyó un toque de queda y restringió la libertad de circulación, fue levantado el 28 de octubre.
Actualmente, la Fiscalía Nacional está investigando 26 muertes. Entre ellas está el caso de un manifestante que murió después de presuntamente recibir una golpiza de carabineros en la calle.