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A un año del crimen de Fernando: la vida de los rugbiers en la cárcel y el cobarde secreto que esconden

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Los ocho acusados del ataque frente a la disco Le Brique pasan sus días en la Alcaldía N°3 de Melchor Romero sin el acoso de otros presos. Mientras tanto, quién acusó falsamente a Pablo Ventura sigue siendo un misterio

Máximo Thomsen era el chico alfa de la manada. Todos fueron acusados bajo la misma calificación en el expediente que busca llevar a juicio el ataque bestial que le provocó la muerte a Fernando Báez Sosa en la madrugada del 18 de enero de 2020 frente a la disco Le Brique en Villa Gesell, el delito de homicidio agravado por alevosía agravado por la participación de una o más personas. Pero las pruebas lo complicaban particularmente a él, ex jugador del Arsenal Náutico de Zárate como sus compañeros, luego en el CASI, un joven atleta de carrera. El video del crimen lo muestra de frente con su camisa negra abierta en la vereda de la disco con Fernando mientras comenzaba a morir, fuera de sí, los ojos lívidos del final. Un patovica de la disco lo había echado a la calle con fuerza extrema minutos antes: le aplicó una llave mata-leao de jiujitsu brasileño para reducirlo.

“Dale cagón, levantate”, le gritó Thomsen a su víctima, oyeron testigos, ocho contra uno, sin un policía en la cuadra que defendiera a Fernando. Había sangre del chico de Caballito en sus zapatillas de lona negra, incautadas por la Policía Bonaerense en la redada posterior a la casa donde Thomsen y sus amigos imputados convivían, Esas zapatillas luego fueron peritadas por el Laboratorio Scopométrico de la Policía Federal: peritos criminalistas determinaron que las marcas de los pies de Thomsen estaban allí.

La cárcel no fue amable: los presos en el penal de Dolores les gritaban amenazas, insultos, lanzaban sus apellidos al aire mientras comenzaban su encierro en un sector separado del resto de la población en uno de los penales más sobrepoblados de la provincia.

“¿Qué onda los rugby?”, se preguntaban veteranos del hampa encerrados allí, mientras en otros penales como la Unidad N°32 de Florencio Varela otros detenidos bromeaban en un video sobre combatirlos con facas y robarles las zapatillas.

La cárcel cambió para ellos, en parte: el Servicio Penitenciario Bonaerense enfrentaba una situación de alta volatilidad. Había rumores de privilegios VIP, de bienestar tumbero indebido. Sus familias los visitaban fuera del horario regular de visitas, marchaban vigilados a las duchas, consolados por un pastor y un psicólogo. Otro veterano de tres condenas, amontonado en una celda, razonaba: “A estos pibes no les pegás, los tenés cagados en las patas para que te traigan guita, mercadería, si las familias son chetas. ¿De qué te sirve meterles una puñalada? Encima son ocho. Un gallinero entero de gallinas de los huevos de oro”.

En una declaración en la causa investigada por la fiscal Verónica Zamboni, Thomsen aseguró:

“Quiero aclarar que en la cárcel no estamos como dicen los medios, que dicen que tenemos aire acondicionado, que tenemos ventiladores, que somos presos VIP cuando en realidad estamos toda la noche escuchando lo que nos dicen otros presos, que nos gritan que tienen precio nuestras cabezas, que Burlando los va a defender, que nos quieren violar. Nos gritan de todo por la ventana”.

Luego, fueron enviados a la Alcaldía N°3 de Melchor Romero luego de que el juez David Mancinelli y la Cámara de Dolores confirmaran su prisión preventiva, un penal en la periferia platense ocupado pungas y arrebatadores de celulares, de transas y chicos motochorros de la zona, de violentos que le pegan a sus mujeres. Allí también los ocho rugbiers escucharon los gritos al comienzo, separados del resto de la población, pero ningún preso puede gritar para siempre.

Thomsen, por lo pronto, es uno más.

Hoy, un año después del crimen, mientras aguardan la llegada del juicio en su contra, fuentes que conocen de cerca el encierro de Thomsen, Ciro Pertossi, Luciano Pertossi, Lucas Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Blas Cinalli y Ayrton Viollaz aseguran que no hay un líder entre ellos y que, todavía separados del resto de los presos de la cárcel, llevan adelante su encierro sin conflictos internos en el grupo, con los penitenciarios que los vigilan y con otros detenidos. “Hasta tienen buena relación con algunos presos”, asegura un oficial.

El daño hecho: colecta por Fernando el fin de semana último en el Parque Rivadavia (Nicolás Stulberg)El daño hecho: colecta por Fernando el fin de semana último en el Parque Rivadavia (Nicolás Stulberg)

Alojados en calabozos para dos personas -algo inusual dada la sobrepoblación de las cárceles bonaerenses-, son visitados por un familiar a la vez dadas las reglas a causa de la pandemia luego de meses sin ver a nadie: reciben la misma comida que los otros detenidos mientras que sus familiares, que deben manejar 150 kilómetros desde Zárate para verlos, les llevan libros, ropas, elementos de higiene, yerba y cigarrillos. Tienen salidas al patio sin contacto con otros internos y allí se los puede ver caminando, trotando o simplemente tomando sol. A veces reciben asistencia espiritual de parte de un pastor. Se evita el contacto directo con otros detenidos.

“Están ansiosos por que empiece el juicio”, aseguran cerca de ellos.

Mientras tanto, los ocho rugbiers pidieron seguir presos pero en sus casas, según confirmaron fuentes judiciales. Invocaron que no están condenados por lo que son técnicamente inocentes, que tienen un arraigo -un domicilio- donde continuar la detención y que pueden ser controlados por una pulsera electrónica. El juez Mancinelli pidió tres informes antes de decidir. Uno fue determinar si sus domicilios son aptos para el monitoreo de la pulsera y otro un estudio socioambiental en sus casas. Los dos fueron favorables. Resta un peritaje psicológico sobre cada uno de los acusados que se demoró por la pandemia del coronavirus y que se realizará entre el 2 y el 11 de febrero. Cuando estén los resultados, el juez podrá decidir si siguen en la cárcel de Dolores o les otorga el arresto en sus casas.

Según la Ley 24.660, la prisión domiciliaria está prevista para mayores de 70 años, mujeres embarazadas, madres de un menor de 5 años o discapacidad y enfermos terminales. “De lo contrario, tiene que haber circunstancias de excepción que convenzan al juez que no existe peligro de fuga, ni entorpecimiento de pruebas. Desde mi punto de vista, es difícil que les otorguen la domiciliaria”, apuntó Diego Escoda, fiscal general de Dolores, la jurisdicción que investigó el crimen.

Al comienzo del caso, Pablo Ventura fue detenido en una cacería que llegó hasta la puerta de su casa de Zárate. Su padre casi pierde la vida al seguir al patrullero hasta Villa Gesell. Fue encerrado cuatro días y noches, luego liberado. Un video de una parrilla que lo ubicaba en su ciudad en el momento del crimen lo exoneró. Los rugbiers lo conocían bien. Ventura decía no tener problemas con ellos, pero otros chicos en Zárate hablaban de burlas crueles a sus espaldas. Encontraron memes con su cara cuando peritaron los teléfonos de los acusados.

Uno de ellos delató a Pablo mientras estaba esposado en el suelo, la pista que encendió a la Bonaerense. Hasta el día de hoy, nadie sabe quién fue. Los rugbiers se lo callan. El expediente, para empezar, no lo dice.

Solo habla de “averiguaciones”.

Pablo Ventura: ¿quién lo acusó falsamente?Pablo Ventura: ¿quién lo acusó falsamente?

Pablo aparece por primera vez en el expediente en la foja 38 del primero de los más de siete cuerpos de la investigación, en medio del acta de procedimiento de la detención de los rugbiers en la mañana del 18 de enero, a cargo de un comisario mayor jefe de la Departamental Pinamar junto a un comisario inspector, el jefe comunal de la Policía en Villa Gesell y otros tres efectivos locales de alto rango en comunicación con la UFI Nº8. Matías Franco Benicelli, luego acusado de ser partícipe necesario del crimen, fue quien abrió la puerta. Lo reconocieron de los videos de la noche del boliche Le Brique, gracias a la colita que llevaba en el pelo.

La transcripción que llegó a la fiscalía de turno incluyó el nombre de Pablo VenturaLo que no incluyó fue una explicación de cómo se obtuvo, no especifica el nombre del rugbier que supuestamente lo marcó. Lo cierto es que hubo detalles, muchos, incluso de sus movimientos, con la pista del auto de su padre incluida. Quién marcó a Pablo no solo dio su nombre, sino que lo acusó de fugarse en el auto de su papá. Ese mismo día, las alertas para capturar el Peugeot 208 de José María Ventura fueron enviadas a Seguridad Vial.

Por lo pronto, cerca de Ventura hablan de la posibilidad de presentar una demanda en el fuero contencioso administrativo al final de la feria judicial, en busca de resarcimiento. Usan un término sumamente llamativo: “Mala praxis policial”.

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Crimen de Fernando Báez Sosa: Alejo Milanesi, el único rugbier que iba a juicio en libertad, fue sobreseído

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Los otros ocho acusados, que están detenidos en La Plata, serán juzgados, posiblemente este año.

Si el contexto de la pandemia de coronavirus lo permite, seguramente este año se lleve adelante el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa y serán finalmente ocho los rugbiers que deberán comparecer ante un Tribunal Penal: este miércoles, la Cámara de Apelación y Garantías de Dolores, por mayoría, sobreseyó definitivamente a Alejo Milanesi (21).

Al tiempo que confirmaron esta medida, los camaristas Luis Defelitto, Fernando Sotelo y Mirian Darling Yaltone -votaron en ese orden- ratificaron la elevación a juicio que había hecho en febrero pasado el juez de Garantías David Mancinelli y, también, la prisión preventiva de los ocho rugbiers.

El 10 de febrero de 2020, tres semanas después del crimen del joven estudiante de Derecho, Milanesi había quedado en libertad junto a Juan Pedro Guarino (20). Así lo había dispuesto la fiscal del caso, Verónica Zamboni, quien no encontró pruebas en su contra.

Una imagen de Fernando Báez Sosa, durante una marcha para reclamar justicia. Foto Fernando de la Orden

Una imagen de Fernando Báez Sosa, durante una marcha para reclamar justicia. Foto Fernando de la Orden

Los dos recuperaron la libertad desde la Unidad Penal 6 de Dolores en medio de una nube de periodistas y desde entonces se recluyeron con sus familias en sus casas de Zárate.

En febrero de este año, Mancinelli confirmó el sobreseimiento de Guarino, pero por un pedido de los abogados de los papás de la víctima, del estudio de Fernando Burlando, determinó que la situación de Milanesi debía ser dilucidada en un juicio oral.

Su abogado defensor, Hugo Tomei -también del resto de los imputados-, apeló tal decisión y la Cámara Penal hizo lugar al pedido por dos votos a uno: dictó su sobreseimiento definitivo.      

En resumen, los camaristas avalaron la instrucción de Zamboni, que no había determinado pruebas en contra de ninguno de los dos amigos de Zárate.

“No puede atribuirse consistencia para imputar un homicidio, en mi opinión, la invocación de filmaciones (no dice cuáles) en las que se vería a Milanesi ‘en una actitud violenta’, o la cita de su salida del local bailable, es decir, mucho antes del hecho que motiva esta causa, o un difuso y dubitativo reconocimiento por un testigo, o las lesiones menores en los brazos del imputado. A todas estas cuestiones se refirió la Dra. Zamboni para explicar por qué las consideraba insuficientes, con argumentos que comparto”, apuntó el juez Sotelo.

Recuerda el magistrado que el Código Procesal “es terminante al exigir que el acusador debe contar con elementos para avanzar en la persecución. Pues bien, tales elementos no están visibles, y tampoco fueron invocados”.

Cuándo será el juicio

Una alta fuente judicial dijo a Clarín que el juicio contra los ocho rugbiers podría realizarse en el transcurso de 2021, siempre que los avatares de la pandemia lo permitan.

Así, Máximo Thomsen (21), Ciro Pertossi (21), Luciano Pertossi (19), Lucas Pertossi (22), Enzo Comelli (21), Matías Benicelli (21), Blas Cinalli (19) y Ayrton Viollaz (21) serán los juzgados por el crimen de Fernando. Desde mediados de 2020, los ocho están alojados en celdas de la alcaidía 3 del Penal de Melchor Romero, en La Plata.

Su abogado defensor, al tiempo que pidió diversas nulidades, había anticipado que los rugbiers descartaron la posibilidad de enfrentar un juicio por jurados, compuesto por una docena de vecinos de la región, por lo que lo harán ante un Tribunal Oral en lo Criminal.

El delito que les imputan contempla la máxima pena, prisión perpetua: “homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas“.

Alejo Milanesi, adelante, y Juan Pedro Guarino, detrás, tras ser liberados. Foto: Mario Quinteros.

Alejo Milanesi, adelante, y Juan Pedro Guarino, detrás, tras ser liberados. Foto: Mario Quinteros.

Además, los jueces confirmaron que los acusados del crimen continuarán en prisión a la espera del juicio, tras rechazar una serie de nulidades que habían sido planteadas por la defensa.

Tomei había pedido el cese de la prisión preventiva de sus defendidos. Excepto el pedido por Milanesi, todas fueron rechazadas por los camaristas de Dolores.

Mancinelli, cuando en febrero no hizo lugar al cese de la prisión preventiva, lo que ahora avaló el Cámara Penal, había explicado que tuvo en cuenta, además de la pena expectativa (prisión perpetua), otros dos episodios: la actitud evasiva de los imputados ante policías después del asesinato y la introducción de una pista falsa, en referencia a la mención del remero de Zárate Pablo Ventura, que ni siquiera estaba en Gesell esa noche.

Fernando, de 18 años, fue atacado a golpes la madrugada del 18 de enero de 2020 a la salida del boliche “Le Brique”, en avenida 3, pleno centro de Villa Gesell, adonde había ido a bailar con unos amigos. Un altercado en la pista del boliche hizo que los hombres de seguridad expulsaran a ambos grupos.

La mamá de Fernando Báez Sosa, en Parque Rivadavia. Foto Maxi Failla.

La mamá de Fernando Báez Sosa, en Parque Rivadavia. Foto Maxi Failla.

Fernando tomaba un helado con un amigo cuando los rugbiers lo atacaron por la espalda. Lo molieron a golpes. También les pegaron a sus amigos que intentaron intervenir.

Horas después de la muerte del joven estudiante de Derecho, que vivía en la Ciudad de Buenos Aires y había viajado a la Costa a pasar unos días de vacaciones, la Policía detuvo a los 10 rugbiers de Zárate que habían alquilado una casa a pocas cuadras de la escena del crimen.

Se vieron en principio las imágenes de aquellas detenciones, con los rugbiers esposados boca abajo en el parque de esa casa, y luego las que shockearon al país, repetidas una y otra vez por la TV.

Porque lo que ocurrió esa madrugada quedó filmado por cámaras de seguridad públicas y privadas, y de teléfonos, de punta a punta. Mostraron cómo la banda de rugbiers esa vez (en su pueblo eran famosos por sus acometidas en patota) asesinaban, escapaban y, en una esquina antes de irse a dormir, se felicitaban por el ataque.

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Causa Maradona: la justicia pidió investigar los movimientos bancarios de los médicos de Diego

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Buscan recabar información sobre los movimientos financieros del neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Diaz en el periodo en que trabajaron para el Diez

Los fiscales de San Isidro que investigan la muerte de Diego Armando Maradona solicitaron al juez de la causa Orlando Diaz que se libren tres oficios a diferentes bancos con el objetivo de recabar información sobre los movimientos financieros del neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Diaz en el periodo en que trabajaron para el Diez.

El objetivo de la solicitud es conocer si hubo algún ingreso de dinero fuera de lo común en alguna de esas cuentas y si efectivamente cobraban el dinero que se supone por cuidar al ex capitán de la Selección Argentina.

En el expediente figuran los montos de los honorarios que cobraban cada uno de los médicos pero eso debe ser corroborado oficialmente, por eso se libraron los oficios a las entidades bancarias. “Queremos sacarnos la duda de si alguno recibió, además de su sueldo, alguna suma exagerada de dinero y si eso tuvo que ver con su actividad médica relacionada a Maradona aunque no creemos que haya sucedido”, señaló a Infobae una de las fuentes consultadas.

La solicitud a las entidades bancarias se produce mientras los investigadores esperan los resultados de la junta médica que, se estima, expedirá sus conclusiones recién dentro de 10 o 12 días. En total son 24 las preguntas que deben contestar los especialistas, incluidos, los peritos de parte.

El sábado, los médicos de distintas especialidades se juntaron de manera presencial en un lugar reservado donde se les proyectó el video completo de la autopsia al cadáver de Maradona. Allí cada uno tomo nota y además debatieron un largo rato. Luego existió una nueva reunión entre todos pero esta vez por Zoom.

Según trascendidos, los peritos de parte puestos por la defensa del médico Luque son los que más objeciones presentan ante cada punto. Por eso motivo los plazos se están extendiendo más de lo previsto. El resto de los médicos, en general, coinciden en la mayoría de los tópicos planteados por la fiscalía.

Para los investigadores las conclusiones de la junta serán fundamentales. Una vez que ese documento aterrice en el escritorio de los fiscales se tomarán unos días para analizar cuidadosamente todos los puntos y determinar si efectivamente se da un cambio de calificación en la causa que por el momento se mantiene en homicidio culposo.

También se evaluarán las supuestas falencias de la internación domiciliaria en el country San Andrés de Tigre, donde murió sin un llamador de cama, suero, tubo de oxígeno, siquiera un aparato para tomarle la presión, con sus teléfonos manipulados por su entorno según testimonios y sin siquiera un baño propio en su habitación.

Para los fiscales Cosme Iribarren, Patricio Ferrari y Laura Capra, dirigidos por John Broyad, fiscal general de San Isidro, el resultado de la junta médica será el punto de inflexión, con el análisis de 17 cuerpos de expediente que incluyen al menos 9 historias clínicas de diversos centros médicos como el Sacre Coeur, que en 2004 ya adelantaba que Maradona sufría una “miocardiopatía dilatada con lesiones de microinfartos”. En esos 17 cuerpos de expediente hay al menos 400 fojas de desgrabaciones de chats de teléfonos, donde se incluye la mezquindad y el destrato de quienes debían cuidar a Diego.

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Los mensajes con los que la Justicia viene respaldando el caso de los Cuadernos de las Coimas

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Varias condenas y confirmaciones de sentencias contra Julio De Vido, José López, Ricardo Jaime y Lázaro Báez cierran le camino para desmentir la acusación en esa causa.

Además de la crucial convalidación de los testimonios de los arrepentidos en esa causa por parte de la Cámara Federal de Casación, en los últimos meses las condenas a Julio De Vido y Lázaro Báez, y la muy probable e inminente ratificación de la sentencia por enriquecimiento ilícito contra José López respaldan la acusación central del expediente de los Cuadernos de las Coimas: que en los gobiernos K existió una asociación ilícita para convertir el ministerio de Planificación Federal en una virtual “oficina de sobornos” a gran escala y a través del tiempo.

Cristina Kirchner no escatimó en críticas hacia la justicia en su último paso, virtual, por Comodoro Py. Sostiene que las ocho causas que tiene elevadas a juicio oral por corrupción, sólo responden al lawfare: una persecución política para desprestigiarla. Su explicación va más allá, y desde esa argumentación puso en duda el funcionamiento del fuero que investiga diferentes delitos vinculados al proceder de los funcionarios públicos, tanto en ejercicio de la función como fuera de ella.

En los últimos meses, la Justicia federal dictó varias condenas y confirmó otras, por hechos de corrupción y lavado de dinero en distintos expedientes, en los que se reitera la misma tesis: una presunta estructura para cobrar sobornos que funcionó desde el extinto Ministerio de Planificación Federal, que dirigió durante doce años Julio De Vido.

En medio del enfrentamiento del gobierno con el Poder Judicial, la Cámara de Casación confirmó la condena contra Julio De Vido por administración fraudulenta en la Tragedia de Once, la confirmación de las acusaciones en uno de los casos de Odebrecht donde se investiga una ruta de coimas aplicada a dos plantas potabilizadoras de AySA.

Viejos colegas. José López y Julio De Vido en los 90, cuando eran funcionarios de Néstor Kirchner en Santa Cruz.

Viejos colegas. José López y Julio De Vido en los 90, cuando eran funcionarios de Néstor Kirchner en Santa Cruz.

Por otro lado, en febrero se condenó hace un mes a Lázaro Báez por lavado de dinero en la Ruta del Dinero K con doce años de prisión: el juicio analizó las maniobras del ex socio de Néstor y Cristina Kirchner para lavar al menos 55 millones de dólares provenientes de contratos de obras públicas que según se juzga en otra causa fueron pactadas con sobreprecios y en muchos casos ni siquiera se terminaron. Un episodio absolutamente congruente con la acusación de la causa Cuadernos.

El 14 de abril habrá una audiencia en la Cámara de Casación, luego del a cual sus jueces tendrán veinte días para analizar la condena contra José López, ex secretario de Obras Públicas, acusado de enriquecimiento ilícito por aquellos bolsos con nueve millones de dólares que buscó esconder en el convento de General Rodríguez en junio de 2016. El dinero ilícito de López -que también está acusado por los Cuadernos- habría provenido de las coimas que se gestionaban desde distintas oficinas de Planificación.

Otro ex secretario de esa cartera, Ricardo Jaime, tiene un pedido de elevación a juicio en otra causa por corrupción y ya admitió el cobro de sobornos cuando buscó un juicio abreviado.

Aquellas causas vinculadas a Odebrecht, tanto el caso de Aysa como el expediente sobre la ampliación de los gasoductos NOA-NEA, investigan un circuitos de sobornos por los cuales ya están procesados De Vido, Roberto Baratta, López y el ex secretario de Energía Daniel Cameron, entre otros. Todos integrantes del ministerio de Planificación.

Algunos de esos mismos ex funcionarios también tienen casos elevados a juicio por desvío de fondos que desde el Ministerio de Planificación debían dirigirse a la mina de carbón de Río Turbio, atravesados por denuncias de sobreprecios en obras que debían realizarse.

En todos los casos son expedientes individuales, pero que -como dijo la justicia- demuestran una “matriz de corrupción instaurada desde el Ministerio de Planificación Federal que funcionó desde 2003 a 2015”. Ese textual es parte de la imputación del caso de los Cuadernos de las Coimas.

“Parecen ser todas maniobras en diferentes momentos de ese lapso, que a su vez son partes de una gran maniobra criminal“, explicó una fuente judicial cercana al caso Cuadernos.

Cristina Kirchner, flanqueada por su ministro de Planificación Federal, Julio de Vido y el secretario de Obras Públicas, José López en un acto, en 2010. Foto Télam.

Cristina Kirchner, flanqueada por su ministro de Planificación Federal, Julio de Vido y el secretario de Obras Públicas, José López en un acto, en 2010. Foto Télam.

Así, mientras la Justicia sigue resolviendo en casos que rozan de cerca a la vicepresidenta, como lo fue la confirmación por parte de la Corte Suprema de Justicia de la sentencia contra Amado Boudou en el caso Ciccone, en Comodoro Py otros trámites judiciales siguen alimentando la hipótesis del caso Cuadernos.

El fallecido juez Claudio Bonadio, describió el expediente como “la principal organización criminal” de las últimas décadas, dedicada a la “recaudación de fondos ilegales” que se volcaron en algunos casos “a operaciones de lavado de dinero en el país y fuera de él”.

El año pasado, la Cámara de Casación avaló la Ley del Arrepentido y así los 31 testimonios con los que cuenta el expediente Cuadernos, cuya acusación principal se convirtió en el esqueleto de seis expedientes más, en los que se buscó analizar área por área en la que el Ministerio de Planificación otorgó contratos. Así, se abrieron causas por las coimas en importación de gas licuado, en la concesión de peajes, el otorgamiento de los subsidios a las empresas de colectivos y trenes, la cartelización de obra pública y las operaciones de lavado de activos en el exterior atribuidas al ex secretario privado de Kirchner, Daniel Muñoz.

En todas estas áreas “se vienen confirmando fallos en otras instancias que alimentan ese esquema que funcionó desde Planificación Federal”, indicó otra fuente que trabaja sobre el caso ya elevado para su debate oral.

Las investigaciones conexas a Cuadernos están relacionadas con el cuerpo principal del caso, en el que la vicepresidenta está procesada como jefa de la asociación ilícita. Esa imputación se replicó en las derivaciones del caso, pero la Cámara Federal porteña redujo a la mitad los procesamientos contra Cristina por no encontrarla directamente relacionada. A ella sólo le quedaron la imputación en la “causa madre”, en el tramo que investigó la cartelización de la obra pública y en el que se centró en los subsidios al servicio de trenes. Misma suerte corrieron los pedidos de prisión preventiva: todos fueron revocados.

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