Reformas laboral y previsional, las dos asignaturas pendientes del sector político

La contracara del mercado laboral son el desorden en lo legal y previsional, siendo una de las principales fuentes de pérdida de equilibrio profesional.

Según el SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino), perteneciente al Ministerio de Trabajo, se pagan 9 millones de jubilaciones y pensiones, de las cuales el 23% fueron otorgadas por el régimen general con la totalidad de los aportes, el 55% fueron otorgadas con las moratorias o no contributivas, es decir, sin aportes y el 22% fueron otorgadas con un régimen diferencial o especial, es decir 1 de cada 4 jubilaciones fueron otorgadas aplicando las reglas del régimen general con aportes.

LA CONTRACADA, EL DESORDEN PREVISIONAL

Como contracara al mercado laboral está el desorden previsional y como una de las principales fuentes de déficit fiscal. Para su ordenamiento se requiere la unificación para que todos los trabajadores tengan las mismas reglas previsionales, como así también dejar de crear y sostener regímenes especiales.

Considerando las cifras de la Secretaría de Seguridad Social, se pagan 9 millones de jubilaciones y pensiones, de las cuales el 23% fueron otorgadas por el régimen general con la totalidad de los aportes, el 55% fueron otorgadas con las moratorias o no contributivas, es decir, sin aportes y el 22% fueron otorgadas con un régimen diferencial o especial.

Lo cierto es que el sistema previsional representa más del 60% del presupuesto nacional incluyendo las jubilaciones de privilegio, las pensiones y jubilaciones otorgadas sin haber realizado los aportes, y los beneficios graciables y los planes sociales.

El sistema previsional es una institución muy delicada porque administra derechos que generan pasivos del Estado de largo plazo y un principio fundamental es preservar la equidad (que todos los trabajadores sean iguales ante la ley previsional). Los tratamientos especiales (envejecimiento prematuro, en el caso de los regímenes diferenciales, por mérito, en el caso de los regímenes especiales, o sin aportes, como son las moratorias) deberían ser diseñados con transparencia.

Hoy la realidad es que se pierde en plena crisis institucional con más del 50% de pobreza y valores la oportunidad de analizar tanto la realidad del mercado laboral como el estado del sistema previsional. Si bien (dada la presión que ejerce el déficit primario) los subsidios a las tarifas son un tema urgente, también lo es la modernización y la adecuación del sistema laboral y previsional de cara a darle viabilidad para los años venideros. Con una fuerte raíz fiscal, de no abordarlos, es muy probable que el escenario actual se agudice.

Si consideramos todo el sistema social sobre una población estimada de 47 millones de habitantes, unos 28 millones de ciudadanos recibieron ingresos monetarios directos de parte del Gobierno nacional a través de todos los sistemas de la seguridad social contributivos y no contributivos. Unos 9 millones de beneficiarios los paga la Anses, e incluyen la asignación por hijo (AUH), que ronda los 4,5 millones de beneficiarios, las jubilaciones otorgadas sin respaldo de aportes, 3,5 millones; y las pensiones no contributivas, con 1 (un) millón de beneficiarios.

Lamentablemente, las distorsiones se han generado a través de situaciones que fueron siempre ilegales, arbitrarias, o injustas. Entre los ejemplos lamentables tenemos a un ministro que mejoró su jubilación de privilegio y solo ocupó el cargo por un día, hubieron legisladores que accedieron a su jubilación de privilegio en determinados lapsos de nuestra historia reciente que juraron y renunciaron en 24 horas. En rigor, se impone un plan de saneamiento del régimen general y de los subsistemas. Elevar la edad jubilatoria o la fecha límite, defraudar a los jubilados con sistemas de corrección inconstitucionales, y pagar los juicios con bonos y otros medios ilegales, son pautas contrarias la más elemental ética.

La salida más adecuada se basa en incorporar al sistema más del 50% de la economía no registrada que obviamente no realiza los aportes y contribuciones ni paga impuestos, y en revisar todas las situaciones de privilegio, eliminándolas para el futuro. Los planes sociales deberían ser onerosos, con la obligación de seguir los planes de capacitación con salida laboral.

Hoy es un momento bisagra para la Argentina, en parte, y como punta de flecha vale destacar lo que se ha logrado con la Ley 27.555 de Teletrabajo, que por primera vez en cincuenta años fijó normas en relación con el futuro tecnológico, pero existen proyectos que hoy esta durmiendo el sueño eterno, los cuales se podría avanzar hacia una mejor calidad de vida para el caminante de pie y dejar de lado la anosognosia, con legislación vigente del periodo arbitrario, como fue la dictadura hace 50 años.

Algunos ejemplos para mejorar:

1) Revisión de los contratos de plazo;

2) Inclusión de contratos de promoción del empleo para pymes (menos de 100 trabajadores);

3) Revisión del régimen de jornada y reducción de las 48 horas semanales a 44 o a 40 horas;

4) La jornada dinámica y las variaciones de los nuevos modelos de trabajo virtual o híbrido;

5) Diferenciación específica de prestaciones no remuneratorias cuestionadas por la jurisprudencia;

6) Adecuación del régimen de descanso a las nuevas formas de organizar el trabajo;

7) Mayor seguridad jurídica en la fórmula de cálculo de la indemnización por despido sin justa causa (art. 245 LCT);

8) Revisión del régimen de multas por trabajo no registrado o registración anómala de las leyes 24.013 y 25.323;

9) Fondo de despido o regímenes análogos para gran parte de la actividad privada;

10) Reformulación del régimen de personería gremial de los sindicatos e igualación del sindicato simplemente inscripto;

11) Revisión del régimen de Obras Sociales sindicales hacia un sistema nacional de salud más eficiente y con aplicación sistémica de los recursos a las necesidades, frente a las exigencias de la pandemia, y a la aparición de nuevos virus y de plagas;

12) Reformulación del régimen de conflictos colectivos y reglamentación formal del ejercicio del derecho de huelga.

El modelo de relaciones laborales cambia minuto a minuto por el efecto transversal de las tecnologías exponenciales y la inteligencia artificial, la legislación no puede quedarse anquilosada en el escenario de cincuenta años atrás como es el caso de nuestro sistema legal que se consolidó hacia la década de los 70´.