El gobierno de los Estados Unidos reclamó el decomiso del avión venezolano-iraní retenido en Ezeiza

El gobierno de los Estados Unidos reclamó este jueves el decomiso del avión venezolano-iraní que se encuentra retenido en Ezeiza desde el 6 de junio pasado, por entender que se trata de un bien obtenido de manera ilegal, ya que fue adquirido por la empresa Emtrasur violando las leyes norteamericanas.

A través de una demanda presentada por el fiscal Matthew M. Graves ante la corte del distrito de Columbia, las autoridades estadounidenses solicitaron la extinción de dominio del Boeing 747-300, matrícula YV-3531, lo que les permitiría tomar posesión del mismo.

En este caso, la acción civil se basó en una investigación realizada por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), que confirmó que hubo una transferencia ilegal de la custodia y el control de la aeronave que ahora pretende ser recuperada.

Entre los argumentos esgrimidos, el fiscal Graves señaló que desde el 17 de marzo del 2008 rige una orden de denegación temporal (TDO) del Departamento de Comercio, Oficina de Industria y Seguridad de Estados Unidos contra Mahan Air, dueño original del avión, que le prohíbe a la firma participar en cualquier transacción de exportación o reexportación que involucren bienes de origen estadounidense.

Sin embargo, de acuerdo con lo que el estudio realizado por el FBI, en octubre de 2021 la compañía iraní le transfirió el control de la aeronave en cuestión a la Empresa de Transporte Aereocargo del Sur (Emtrasur), subsidiaria de la estatal Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa).

La demanda presentada por el fiscal Matthew M. Graves ante la corte del distrito de Columbia

A este accionar, que por sí mismo viola el TDO emitido por el Departamento de Comercio, se le suma que el vehículo además viajó a destinos como Teherán, en Irán, y Moscú, en Rusia, entre otros, sin la autorización correspondiente por parte del gobierno norteamericano.

Al ser Boeing, la fabricante del 747 retenido en Ezeiza, una empresa con sede central en Renton, Washington, en la demanda se consideró que se trata de un bien de origen estadounidense y, por lo tanto, debe ser decomisado y quedar en poder de la actual administración de Joe Biden.

Por otra parte, el fiscal Graves aseguró en su presentación que es la corte de Columbia la que tiene competencia jurisdiccional para resolver sobre este tema, ya que “los actos y omisiones que dieron lugar al (pedido de) decomiso” se originaron en este distrito.

“Específicamente, ni Mahan Air, Emtrasur, Conviasa, ni sus co-conspiradores solicitaron u obtuvieron una licencia del Departamento de Comercio, que se encuentra ubicado en Washington D.C., para transferir la custodia y el control de la aeronave demandada”, explicó.

La presentación fue acompañada por una nota firmada por los agentes especiales del FBI, Adam Mastianni, y del Departamento de Comercio, Robert Cunniff, en la que ambos juraron, bajo pena de perjurio, que los datos que le aportaron al fiscal se basan en reportes e información que tenían bajo su conocimiento o que recibieron de “otros representantes de las fuerzas del orden público”, y que “todo lo representado en este documento es verdadero y correcto”.

Por todo lo expuesto, el gobierno norteamericano solicitó el Boeing “sea decomisado a los Estados Unidos para su disposición conforme a la ley” y que se le conceda “otras reparaciones que este Tribunal considere justas y apropiadas, junto con los costos y desembolsos de esta acción”.

Además, pidió “que se emita un aviso sobre la aeronave demandada”, que “se dé la debida notificación a todas las partes para que comparezcan y demuestren si la causa del decomiso no debe ser decretada”.

A principios de agosto, el Ministerio de Justicia de los Estados Unidos ya le había requerido a la Argentina que incautara el avión venezolano-iraní, atento a que la nave podría llegar a ser confiscada por haber violado las leyes de control de exportaciones locales.

En tanto, días atrás, los últimos cinco tripulantes de este avión que aún permanecían en Buenos Aires partieron en la madrugada hacia Venezuela, luego de que el tribunal que está a cargo de la causa que investiga sus posibles vínculos con el terrorismo, les permitiera la salida del país y les devolviera sus pasaportes.