Un acuerdo que, según la denuncia, viola el contrato de concesión y reglamento de suministro en la relación usuario y concesionario. “Por ello, y advirtiéndose que el gobierno nacional, con la finalidad de beneficiar de manera ilegítima a las empresas, ha modificado unilateralmente el destino de las multas que corresponden ser acreditadas en la cuenta de los usuarios individuales, sin que tuviera competencia para ello, se concluye con claridad que se han malversado fondos, dirigiéndolos hacia las concesionarias y sustrayéndoselos a los usuarios, únicos titulares de los montos dinerarios provenientes de las multas”, afirma la denuncia penal.