La causa se inició en enero pasado por el hallazgo de un sobre con USD 10 mil que habían quedado olvidados en un cajón de la oficina que solía ocupar mientras se desempeñó para el gobierno de Mauricio Macri, en el quinto piso del edificio de Paseo Colón 189. La denuncia fue hecha por el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas.
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Apenas se supo la noticia de la denuncia, el ex funcionario escribió un mensaje en su cuenta de Twitter diciendo que el dinero fue “plantado”. Al comenzar la investigación, Pollicita confirmó a través de las declaraciones juradas patrimoniales presentadas por Sbarra, correspondientes al período comprendido entre 2015 y 2019, aportadas por la Oficina Anticorrupción que “quedó demostrado que durante su tiempo como funcionario público el nombrado no declaró la existencia del lote adquirido a Nordelta S.A., además de que, teniendo en cuenta la fecha de las erogaciones, sus declaraciones juradas no reflejan la existencia del dinero que le habría permitido concretar la adquisición”.
A criterio del fiscal, se puede establecer “con el grado de probabilidad relativa requerido para esta instancia, que entre 2016 y 2019, mientras se desempeñaba como Subsecretario y Secretario de Coordinación del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación, respectivamente”, Sbarra “habría recibido una cantidad no individualizada de dinero cuya procedencia no fue justificada ni legalmente declarada, que luego puso en circulación en el mercado a través de la adquisición de diferentes propiedades que tampoco aparecen reflejadas en las declaraciones juradas patrimoniales presentadas ante los organismos competentes, lo que podría llegar a configurar lavado de activos”.
Y como “el Estado argentino ha asumido obligaciones a nivel internacional en materia de delitos vinculados a la criminalidad compleja con la firma, aprobación y ratificación de diversos instrumentos internacionales”, se solicitó la inhibición de sus bienes, en el marco del dictado de “todas las medidas precautorias necesarias para asegurar los activos susceptibles de ser decomisados, tanto como de aquellos útiles para garantizar la indemnización y las costas del proceso, y para evitar que siga disfrutándose del producto del ilícito”.
Tras el planteo del fiscal, el juez decretó la inhibición general de bienes, mientras se profundizan con más diligencias y recolección de testimonios.