Una vez alcanzado el estado de preadjudicada, a Igeotest solo le restaba esperar el plazo reglamentario de tres días hábiles para que los restantes oferentes ejercieran el derecho a impugnar, tal como lo consagra el decreto 1023/01 que rige el sistema de compras del Estado Nacional. Pero no fue un contendiente comercial quien “pateara el tablero”, sino la Dra. Valeria Carreras, quien en su carácter de representante de un grupo minoritario de familiarespresentó dos impugnaciones basadas en la supuesta falta de idoneidad, insolvencia financiera e incumplimiento de las condiciones exigidas en el pliego de contratación.